Diputado Mulet (FRVS) valoró aprobación de comisión investigadora que fiscalizará efectividad de acciones del gobierno por COVID-19

El parlamentario señaló que “es urgente saber si las medidas anunciadas por la autoridad están llegando a quienes corresponden, como son los desempleados, autoempleados o pymes, y no a las grandes empresas, pues tenemos tantos reclamos al respecto que nos asiste la fundada duda de que los universos de beneficiarios anunciados por el Ejecutivo no son tales”.

De madrugada este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por 73 votos a favor, 63 en contra y 10 abstenciones, la creación de una Comisión Investigadora impulsada por la Bancada Regionalista e Independiente, que busca fiscalizar los actos del gobierno relacionados con las medidas adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

Al respecto, el autor de la solicitud, el diputado Jaime Mulet (FRVS), valoró la aprobación de dicha comisión y explicó que “nos interesa sobre todo revisar a través de nuestras facultades fiscalizadoras, cada una de las acciones que ha emprendido el Estado y que tienen que ver con las acciones de orden sanitario, económico-social, limitación de las libertades a propósito de la declaración de excepción constitucional por catástrofe, y en general fiscalizar al Ejecutivo y a los distintos órganos del Estado respecto de su comportamiento frente a las medidas tomadas por el coronavirus.

En este sentido, el parlamentario señaló que “tenemos fundadas sospechas de que el bono COVID de 50 mil pesos llegó a un universo menor al que se había presupuestado por parte del Ejecutivo, y tememos que muchas de las medidas de orden económico que apuntan, por ejemplo a reprogramar las deudas o otorgar un préstamos del FOGAPE, que el gobierno lo presenta como apoyo a las micro y pequeñas empresas, fundamentalmente son medidas que van en ayuda de las grandes empresas y tenemos que saber bien y con urgencia hasta dónde se está ayudando a los pequeños empresarios  o más bien se está ayudando solo a los grandes”.

“Acá se ha dicho que el bono COVID va a más de 2 millones de personas y, aparentemente, ha llegado a muchas menos personas, de hecho muchos potenciales beneficiarios nos están golpeando las puertas porque no les ha llegado nada. Se ha dicho que hay medidas que tienen un costo de miles de millones de dólares y resulta que los recursos están y corresponden más bien a reasignaciones del propio Gobierno. Queremos ver y revisar cada una de las cifras, si están llegando o no los recursos a quienes el Gobierno ha dicho o si no están llegando o están llegando a las grandes empresas, esperando una especie de “política del chorreo”, esperando que la economía funcione y que después llegue a las personas. Además, vemos que hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, microemprendedores, autocontratados que no están recibiendo nada y que hoy día no tienen ingresos, como los taxistas, los colectiveros, los feriantes, los artesanos y cientos de miles de personas que hoy día no tienen ingresos y que no están en ninguno de los planes de ayuda del Gobierno, porque en todo hay letra chica y los recursos como que llegan a las grandes empresas”.

De ahí la importancia de una Comisión Investigadora, indicó que Mulet, que “muy por el contrario a lo que pueda pensar el oficialismo, no busca obstruir, sino despejar las permanentes dudas que nos presentas los eventuales beneficiarios, y las propias dada la letra chica a la que nos tiene acostumbrados el gobierno, y cumplir nuestra labor fiscalizadora.

“Queremos transparentas qué es lo que está verdaderamente llegando, pues no podemos dejarle todo el Gobierno, sin fiscalización a Piñera y a Mañalich, o sea sería una irresponsabilidad de parte nuestra, por eso estamos hoy contentos que esta Comisión Investigadora, promovida por la Bancada Regionalista Verde se haya aprobado anoche y bueno, vamos a luchar por la presidencia de la misma y por hacer las cosas bien sin obstruir las medidas del Gobierno, pero sí fiscalizar, que la gente sepa en qué y cómo se han gastado los recursos, si las medidas que se han tomado han tenido la efectividad que se ha dicho o no y, obviamente, para que haya claridad absoluta de lo que se hace con los recursos de todos los chilenos y para que se asuman las responsabilidades de las buenas medidas y también de las malas”, concluyó.




Carlos Insunza: «Gobierno se aprovecha de la contingencia para apelar al uso de la fuerza, reprimiendo duramente las legítimas expresiones del movimiento social»

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales acusó un abuso por parte de las autoridades, del Estado de Excepción Constitucional dictado a partir de la pandemia por el Covid 19 tras la fuerte represión sufrida este 1 de mayo por dirigentes sindicales y sociales que se manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de La Moneda en el marco del Día Internacional de los trabajadores.

Así lo denunció el dirigente nacional de la ANEF, Carlos Insunza, quien señaló que tal como ocurrió durante el estallido social, el gobierno hoy se aprovecha de una contingencia  para apelar al uso de la fuerza, reprimiendo duramente  las legítimas expresiones del movimiento social.

 

Del mismo modo, el representante de los empleados fiscales denunció una incongruencia  e hipocresía del Ejecutivo pues por una parte condena e impide que los dirigentes sindicales se manifiesten en las calles por un supuesto temor al contagio del Covid 19, sin embargo aplaude y promueve la apertura de los malls y centros comerciales, que son verdaderos focos de propagación del virus.

 

Carlos Insunza  lamentó que Sebastián Piñera y su administración  hayan utilizado a los empleados públicos como carne de cañón en su plan de imponer un pseudo” estado de normalidad”, que no es otra cosa que un gesto de respaldo a los grandes grupos económicos, a quienes  urge seguir expandiendo su enorme nivel de ganancias.

 

Finalmente el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Carlos Insunza   señaló que a diferencia de lo que ha pretendido el Ejecutivo transmitirle a la ciudadanía, los trabajadores del Estado han colaborado siempre de manera presencial o mediante la modalidad del teletrabajo con el efectivo cumplimiento de la función pública , pese a los intentos del oficialismo  por relativizar su trascendental misión, concluyó Carlos Insunza.




Crece rechazo a idea del gobierno y la derecha de volver a postergar plebiscito constituyente

Un rechazo general surgió en diversos sectores de la oposición  por los dichos del mandatario Sebastián Piñera, quien afirmó que la recesión económica producto del coronavirus “puede ser tan grande” que podría obligar a “volver a discutir” un cambio de fecha del plebiscito constituyente, el cual por causa de la pandemia debió posponerse para el 25 de octubre próximo.

Es así que líderes de la oposición acusaron al gobierno y sus adherentes, de aprovechar la dramática situación sanitaria y económica que vive el país, a propósito de la pandemia del Coronavirus, para eventualmente  suspender el plebiscito constituyente  que recordemos debió realizarse el pasado domingo 26 de abril.

Al respecto el presidente del partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que esta relativización que plantea Sebastián Piñera y la Derecha más dura, en contra de la consulta constitucional, demuestra que antes aceptaron su realización sólo como una válvula de escape ante los efectos del estallido social.

 

Sobre los argumentos esbozados por el propio Sebastián Piñera respecto a que “la crisis económica que sufre Chile obliga a replantear la ejecución  del plebiscito en octubre próximo”,  Guillermo Teillier señaló que precisamente lo que persigue este proceso democrático es terminar con las enormes brechas salariales y sociales que agobian a la mayoría de nuestro país.

 

Finalmente el timonel comunista advirtió una contradicción y un marcado oportunismo del Ejecutivo, pues por un lado señala que no están dadas las condiciones necesarias para efectuar el plebiscito el 25 de octubre, sin embargo si existen, a juicio de Piñera, para abrir los centros comerciales, las escuelas, las reparticiones públicas, obligando a los trabajadores públicos y privados a volver presencialmente a sus labores durante  el peak de la pandemia.

«Al gobierno le falta voluntad democrática»

Para el senador y presidente del partido Socialista Álvaro Elizalde las excusas de Piñera revelan un profundo sentido antidemocrático y no responden a motivos sanitarios, sino más bien a cálculos políticos por parte de su sector.

 

Del mismo modo, el timonel del partido Radical Carlos Maldonado sostuvo que el Ejecutivo debe estar preocupado de la crisis sanitaria y el orden público, y no de sacar dividendos políticos especulativos respecto a sus propios intereses.

 

«Blumel y el gobierno están sometidos a los grandes intereses de los grandes grupos económicos que no quieren nueva Constitución»

En tanto, el diputado socialista Fidel Espinoza advirtió que un oficialismo  que parecía moderno y dialogante ha revelado su verdadera cara, la cual está supeditada a los grandes capitales financieros a quienes nos les conviene un cambio a la Constitución.

 

Fidel Espinoza acusó a Piñera y su ministro del Interior Gonzalo Blumel de elaborar estrategias para impedir que se cumpla el amplio sentir ciudadano, que es  terminar con la Carta Fundamental de la Dictadura.

 

Todos los personeros de oposición refutaron las intenciones del Ejecutivo en torno a suspender el plebiscito constituyente, tomando en cuenta que por un lado pretenden normalizar el país y por otro ponen en duda la realización de los hitos comprometidos desde el punto de vista electoral.




Como temerario y parte de la falsa «nueva normalidad» califican anuncio de Piñera de ingreso gradual a clases a partir de mayo

Diversas críticas generaron los anuncios de Sebastián Piñera en cadena nacional, luego de que el mandatario comunicara que se postergara el retorno a clases programado para el próximo 27 de abril, pero que sin embargo, se empezarán a reanudar de forma gradual a partir de mayo.

La dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena, consideró ilógico que el ministerio de educación plantee el distanciamiento al interior de las escuelas, tratándose de una acción que cuesta mucho llevar a cabo en la práctica tratándose de niños y adolescentes.

 

En ese sentido, Paulina Cartagena reiteró el llamado a que el gobierno escuche a los diversos actores sociales ligados a la educación, revirtiendo así sus medidas arbitrarias y unilaterales.

 

La diputada y presidenta de la comisión de educación, Cristina Girardi, calificó como un acto temerario que el gobierno fije fechas para el retorno a clases presenciales, sin considerar posibles escenarios de contagio en el mediano plazo.

 

La diputada Girardi sostuvo que el Gobierno debiera tener la humildad suficiente para reconocer que es difícil fijar plazos para el retorno a clases en un escenario de tanta incertidumbre.

 

Camilo Bass, vicepresidente del Colegio Médico Regional de Santiago, afirmó que la propuesta de retomar las clases presenciales a partir de mayo se traduce en una falta de coordinación entre la presidencia y los diferentes ministerios.

 

Asimismo, Camilo Bass emplazó al gobierno a ser más cauteloso y menos temerario en la toma de decisiones, tomando en cuenta que la proximidad del invierno podría hacer que el virus se comporte de otra manera.

 

El vicepresidente del Colegio Médico Regional de Santiago, llamó finalmente al gobierno a actuar con cautela y humildad, en vez de seguir creando confusión.




Renta de emergencia: Parlamentarios y alcaldes cuestionan anuncio de Piñera cuyo monto «deja a las familias por debajo de la línea de la extrema pobreza» y «que no excluya a la clase media».

Presidentes de partidos, Parlamentarios de las bancadas de oposición y alcaldes llamaron al gobierno a corregir el «completamente insuficiente» anuncio de un ingreso familiar de emergencia, por 3 meses, que alcanzaría los 260 mil pesos para una familia de 4 personas, en el primer pago.
La medida apunta a 1,8 millones de hogares, que recibirían -en el mismo ejemplo- 221 mil pesos el segundo mes y 193 mil el tercero.
En una carta pública, diputados, senadores y jefes edilicios afirman que el anuncio de La Moneda «deja a una familia de cuatro personas por debajo incluso de la pobreza extrema, siendo aún peor el escenario para una familia que se encuentre entre el 40 y 60% de vulnerabilidad, y dejando fuera además a las familias cuyos ingresos totales superen los 700 mil pesos».
Por ello, hay que «seguir el camino de los países desarrollados, implementando una verdadera Renta Básica de Emergencia, que no excluya a la clase media».
La ayuda fiscal ante la crisis económica que vive el país por el Covid-19 «debe ir en ayuda de todas las y los trabajadores informales, por cuenta propia y a honorarios que vean mermados en sus ingresos y mujeres que realizan trabajos no remunerados».
El monto «también debe cubrir también a trabajadoras de casa particular, a quienes no cumplen con los requisitos para hacer uso del Seguro de Cesantía y quienes lo están usando pero están recibiendo un monto inferior a la renta básica de emergencia».
La misiva propone «un piso mínimo de 300 mil pesos por trabajador, que iría subiendo según el tamaño de la familia, llegando a 500 mil para una familia de cuatro personas», depositados vía Cuenta RUT y por al menos 3 meses.
«El gobierno ha anunciado la utilización de 2.000 millones de dólares de reasignación presupuestaria para socorrer a los trabajadores independientes. Sin duda un esfuerzo valioso, pero se necesitará al menos el doble para poder financiar completamente la Renta Básica de Emergencia que nuestro país necesita», agregan

Firman la carta, entre otros:

Catalina Pérez, diputada y presidenta de Revolución Democrática; Gael Yeomans, diputada y presidenta de Convergencia Social; Álvaro Elizalde, senador y presidente del Partido Socialista; Guillermo Teillier, diputado y presidente del Partido Comunista; Javiera Toro, presidenta del Partido Comunes; Luis Ramos, presidente del Partido Liberal; Catalina Valenzuela, presidenta del Partido Humanista; y Jaime Mulet, diputado y presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social.

Además, se suman a la petición los diputados y diputadas:

Alejandra Sepúlveda, diputada y jefa de bancada Federación Regionalista Verde Social Camila Vallejo, diputada y jefa de bancada Partido Comunista Claudia Mix, diputada del Partido Comunes y jefa de bancada Comité Mixto Giorgio Jackson, diputado y jefe de bancada Revolución Democrática Alejandro Bernales, diputado Partido Liberal Amaro Labra, diputado PC Andrea Parra, diputada Partido Por la Democracia Boris Barrera, diputado PC Camila Rojas, diputada Comunes Carmen Hertz, diputada PC Cosme Mellado, diputado Partido Radical Cristina Girardi, diputada PPD Daniel Núñez, diputado PC Daniella Cicardini, diputada Partido Socialista Diego Ibáñez, diputado Convergencia Social Emilia Nuyado, diputada PS Esteban Velásquez, diputado FRVS Fidel Espinoza, diputado PS Gabriel Boric, diputado CS Gabriel Silber, diputado Democracia Cristiana Gastón Saavedra, diputado PS Gonzalo Winter, diputado CS Hugo Gutiérrez, diputado PC Jaime Naranjo, diputado PS Joanna Pérez, diputada DC Jorge Brito, diputado Revolución Democrática Juan Luis Castro, diputado PS Juan Santana, diputado PS Karim Bianchi, diputado independiente Karol Cariola, Diputada PC Loreto Carvajal, diputada PPD Maite Orsini, diputada RD Manuel Monsalve, diputado PS Marcelo Díaz, diputado independiente Marcos Ilabaca, diputado PS Mario Venegas, diputado DC Marisela Santibáñez, diputada PC Matías Walker, diputado DC Maya Fernández, diputada PS Miguel Crispi, diputado RD Natalia Castillo, diputada RD Pablo Vidal, diputado RD Patricio Rosas, diputado independiente Raúl Leiva, diputado PS René Saffirio, diputado independiente Ricardo Celis, diputado PPD Tucapel Jiménez, diputado PPD Víctor Torres, diputado DC Vlado Mirosevic, diputado PL Felipe Harboe, senador PPD Francisco Huenchumilla, senador DC Isabel Allende, senadora PS Juan Ignacio Latorre, senador RD Juan Pablo Letelier, senador PS Rabindranath Quinteros, senador PS Ximena Rincón, senadora DC Yasna Provoste, senadora DC Adolfo Millabur.

Alcaldesas y alcaldes:

Alcalde de Tirúa Alejandro Huala, alcalde de Coyhaique Arturo Aguirre, alcalde de Cerrillos Brunilda González, alcaldesa de Caldera César Orellana, alcalde de Freirina Claudio Castro, alcalde de Renca Cristián Tapia, alcalde de Vallenar Daniel Jadue, alcalde de Recoleta Gerardo Espíndola, alcalde de Arica Gonzalo Durán, alcalde de Independencia Gonzalo Montoya, alcalde de Macul Isaías Zavala, alcalde Diego de Almagro Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso Juan Carrasco, alcalde de Quilicura Marcos López, alcalde de Copiapó Mario Morales, alcalde de Tierra Amarilla Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia Ramona Reyes, alcaldesa de Paillaco Ricardo Ibarra, alcalde de Chile Chico Rodrigo Loyola, alcalde de Huasco Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín.




Carlos Insunza y orden presidencial de volver a trabajo presencial: «No seremos cómplices de quienes privilegian el mercado por sobre la vida»

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional Empleados Fiscales (ANEF), denunció que el gobierno y Sebastián Piñera, están cursando una nueva ofensiva contra la función pública, para restablecer el flujo económico garantizando grandes utilidades al gran empresariado.

En su diagnóstico, la instrucción presidencial para que los funcionarios públicos regresen a sus puestos de trabajo responde a ese criterio gerencial y no al resguardo del derecho a la vida y la salud que es lo esencial en este tiempo.

 

El dirigente de la ANEF añadió que los profesionales del sector público no cuentan con los elementos de protección personal básicos a la hora de atender público, debido a los propios recortes presupuestarios que ha hecho el gobierno, pero que sin embargo todos los servicios han seguido funcionado en distintas modalidades.

 

Carlos Insunza criticó que Sebastián Piñera pretenda normalizar la vida de las personas en un contexto donde aún no se alcanza el peak de contagios de Coronavirus según la propia información oficial.

 

El dirigente de la ANEF concluyó que una vez más el Ejecutivo está privilegiando las utilidades empresariales a costa de la función pública, y en este caso, la vida de sus funcionarios.

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[Podscat] Entrevista completa de la periodista Macarena Vergara con lo que está pasando con los funcionarios públicos a Carlos Insunza dirigente nacional de ANEF.




Como «autoritarismo irresponsable» calificó PC de Chile y diputado Teillier orden presidencial de vuelta al trabajo presencial

El partido Comunista de Chile acusó una suerte de “autoritarismo irresponsable “por parte del gobierno, el que se traduce , por ejemplo, en la obligación impuesta a los trabajadores fiscales a regresar este lunes 20 de abril a sus labores, intentando dar una falsa sensación de normalidad  en el país, pese al aumento creciente de contagios por el Covid 19.

Al respecto, el timonel de dicha colectividad y diputado Guillermo Teillier acusó un interés por parte del Ejecutivo de defender los intereses de los grandes empresarios, en desmedro de la gran mayoría de la población que está sufriendo los costos humanos y económicos de esta pandemia.

 

Guillermo Teillier junto con advertir  lentitud en la ayuda social que debe entregar este Gobierno, lamentó que sean los trabajadores quienes deban soportar sobre sus hombros las consecuencias de una crisis sanitaria que ha derivado en un incremento importante los niveles de cesantía  y pobreza en el país.

 

el presidente del partido Comunista  insistió en que se está injustamente culpando a los trabajadores fiscales de la inoperancia del gobierno, condenándolos de paso a un riesgo inminente, pues muchos de ellos, especialmente del sector salud, no cuentan los elementos de prevención mínima  para ejercer su labor.

 

El partido Comunista denuncia que esta defensa de intereses minoritarios, privilegiados, que se ha hecho de forma institucionalizada, se está trasformando en la instalación de un autoritarismo irresponsable del gobierno, que no mide las consecuencias sociales de su proceder.

Por este motivo la colectividad de oposición hizo un llamado a la ciudadanía “a organizarse, a denunciar y oponerse a la imposición de medidas insuficientes, denigrantes para los trabajadores y para la gran mayoría del pueblo”, concluye el texto.




[Declaración] Alcaldesas y alcaldes rechazan llamado presidencial para vuelta al «trabajo normal» de funcionarios públicos

ALCALDESAS Y ALCALDES CONSTITUYENTES

Frente al unilateral e irresponsable anuncio, por parte del gobierno, del retorno al trabajo de las y los funcionarios públicos, lo que sumado a la publicación de un protocolo para reabrir los Centros Comerciales y otras áreas de la economía, además del intento, también autoritario, del retorno a clases, los Alcaldes y Alcaldesas abajo firmantes venimos a declarar públicamente lo siguiente:

  1. Si bien los municipios somos autónomos y esta medida no afecta a nuestros funcionarios y funcionarias, expresamos toda nuestra solidaridad con la ANEF y con los las funcionarias y funcionarios públicos del resto de los organismos y servicios centralizados del Estado, que se ven afectados una vez más  por medidas insensatas del Gobierno de turno.
  2. Nuestro primer compromiso debe ser el cuidado de la salud y el bienestar de todas y todos aquellos que viven bajo nuestra administración y muy principalmente, de nuestros funcionarios públicos, por lo que junto con rechazar este intento forzado de retornar a la normalidad, en la misma línea de la imposición absurda del retorno a clase y la posibilidad de reabrir los centros comerciales justo en el tiempo para el cual está proyectado el pick de contagio, deseamos informar que la modalidad de trabajo remoto, con turnos éticos esenciales y rotativos, se mantendrá en todas las dependencia de nuestras municipalidades, Servicios Traspasados y Corporaciones Municipales, mientras no hayamos superado el Pick de contagio y se tenga bajo control la Pandemia que enfrentamos, objetivos que al parecer, el actual gobierno no comparte.
  3. Que a pesar de las dificultades que implica la modalidad de trabajo remoto, este se ha cumplido de buena forma y ha contribuido a llevar tranquilidad a nuestras y nuestros colaboradores y a sus familias, con lo que podemos dar plenas garantías de la continuidad de nuestros servicios, pero manteniendo en primer lugar el cuidado de la salud de las personas y de nuestros trabajadores y trabajadoras.
  4. Aprovechamos de reiterar las medidas de autocuidado, de higiene de manos y de uso de mascarilla, así como las medidas de distanciamiento físico recomendado para aquellas y aquellos que permanecen en sus puestos de trabajo y para aquellos que ante la falta de ayuda y la compleja situación económica, están impedidos de quedarse en casa y deben seguir trabajando.
  5. Reiteramos el llamado a nuestros vecinas y vecinos a quedarse en sus casas, y al Gobierno reiteramos la solicitud de cuarentena total, sobre todo después de tomar conocimiento de las significativas diferencias que muestra la evolución de la Pandemia y las cifras de aumento de casos, entre aquellas comunas que fueron protegidas por esta medida, que solo presentan un aumento del 8%, y aquellas en donde dicha medida no ha llegado, que en promedio, presentan aumentos en torno al 80% y en algunos casos, se han triplicado. Nos parece que seguir corriendo detrás de la Pandemia y forzar a retornar a la normalidad económica como quiere este gobierno, puede constituir un error fatal cuyo costo lo pagaran nuestras vecinas y vecinos.
  6. Reiteramos la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal para ir en ayuda directa de quienes más lo necesitan, las familias de Chile, mediante una Renta Básica de Emergencia de carácter universal, mientras contenemos la Pandemia.
  7. Por último, reiteramos también la necesidad de poner fin al secretismo, de actuar con mayor rigurosidad y transparencia y establecer una relación de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de Gobierno.

Audito Retamal, Alcalde San Pedro de la Paz

Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta

Brunilda González, Alcaldesa de Caldera

Isaías Zavala, Alcalde de Diego de Almagro

Ramona Reyes, Alcaldesa de Paillaco

Gonzalo Montoya, Alcalde de Macul

Juan Carrasco, Alcalde de Quilicura

Mauro Tamayo, Alcalde de Cerro Navia

Rodrigo Sánchez, Alcalde de La Ligua

Boris Chamorro, Alcalde de Coronel

Bernardo Leighton, Alcalde de Canela

Manuel Marcarian, Alcalde de Los Vilos

Alejandro Huala, Alcalde de Coyhaique

Enrique Olivares, Alcalde de Rauco

Cristian Tapia, Alcalde de Vallenar

Juan Carlos Reinao, Alcalde de Renaico

Rodrigo Loyola, Alcalde de Huasco

Cesar Orellana, Alcalde de Freirina

Adolfo Millabur, Alcalde de Tirúa

Manuel Painiqueo, Alcalde de Lumaco

Alfonso Coque, Alcalde de Cunco

Gustavo Valdenegro, Alcalde de Petorca

Patricio Aliaga, Alcalde de Cabildo

Gonzalo Durán, Alcalde de Independencia

Gerardo Espíndola, Alcalde de Arica

Juan Paillafil, Alcalde de Saavedra

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

Marcos López, Alcalde de Copiapó

Claudio Sepúlveda, Alcalde de Mafil

Mario Morales, Alcalde de Tierra Amarilla




Aprojunji rechaza retorno a la «normalidad laboral»

La asociación gremial expresó su malestar ante la decisión del gobierno, ya que según indican no están las condiciones sanitarias para cumplir con ese mandato.

Una petición que haga efectivo el dictamen 3610 del 17 de marzo del presente año decretado por la autoridad de la cartera de educación solicitó la Aprojunji a la Subsecretaría de Educación Parvularia.

El gremio de trabajadoras y trabajadores de Junji, exige a la autoridad que se resguarde el derecho a la vida y salud  de todos nuestros funcionarios/as ya que lo peor según la misma autoridad de salud “está por venir”.

En un comunicado oficial el Directorio Nacional APROJUNJI, manifestó su rechazo a la medida de retorno a las labores presenciales en las direcciones regionales y provinciales, porque según dice “ya estamos cumpliendo a través del trabajo remoto estas funciones y salvaguardando las funciones criticas de este servicio”.

El comunicado es claro en precisar que las medidas y el control de la gestión que se está realizando demuestran un pronto colapso sanitario si no se siguen las instrucciones de autocuidado. Es en este contexto, dice el directorio nacional que “las medidas tomadas en la institución han sido básicas, qué no aseguran la entrega de insumos de aseo y contención para evitar el contagio como mascarillas, guantes y pecheras desechables, como también la sanitización y desinfección”.
Agrega la comunicación pública que esta medida se adopta en momentos que las estadísticas de contagio y fallecimientos en el país están en aumento. “Los países de Europa están pagando un alto costo en vidas humanas, por la temprana decisión de normalizar el trabajo en los servicios públicos del país. Nos parece una medida apresurada que no es consensuada con el Colegio Médico y organismos internacionales que llaman a resguardar la salud psíquica y física ante esta enfermedad”, señala.

Así también advierte  “que los espacios físicos en las direcciones regionales no garantizan la distancia que asegure la no propagación del coronavirus”, y que el aumento de atención de público promoverá el contagio en los trabajadores/as en las direcciones regionales

A partir de esta posición el Directorio Nacional de Aprojunji está a la espera de la respuesta de la autoridad nacional de Junji. “Estamos a la espera de la respuesta de la autoridad para evaluar próxima acción a seguir”, se informa.




Bárbara Figueroa: «Gobierno usa esta pandemia para dar celeridad a proyectos de su agenda laboral que ya habían sido rechazados por impopulares y abusivos»

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, criticó el proyecto del gobierno que busca suspender las negociaciones colectivas mientras dure el Estado de Catástrofe, extendiendo también las vigencias de las directivas sindicales y sus delegados durante dicho lapso.

La líder de la multisindical aclaró que la elección de directivas sindicales no es un hecho administrativo, sino parte de un ejercicio democrático que debe ser asegurado por el gobierno.

Asimismo, Bárbara Figueroa miró con preocupación el escenario de abusos que se prevé fruto de esta iniciativa, sumada a la norma que permite la suspensión de jornada laboral.

 

La presidenta de la CUT señaló que el gobierno debiese resguardar que no se cometan abusos laborales, lejos de operar en función de la protección del empleador como lo ha hecho hasta ahora mediante diversos proyectos de ley.

 

A juicio de la dirigenta, el gobierno busca aprovecharse de esta pandemia para dar celeridad a proyectos de su agenda laboral que ya habían sido rechazados por impopulares y abusivos.

 

Bárbara Figueroa ejemplificó el oportunismo del gobierno en el proyecto de subvención a la educación inicial y el de teletrabajo, cuya urgencia legislativa no ameritaba para efectos de la emergencia sanitaria, pero sí en función de sus intereses empresariales..

 

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa concluyó que el gobierno busca avanzar en una agenda que anteriormente no había logrado votos por ser sumamente reaccionaria y contraria a los derechos de los trabajadores.