Candidatas y candidatos a Alcaldías se comprometen con programas de cannabis medicinal

En el marco del primer foro de candidatas y candidatos a Alcaldías comprometidas con programas de cannabis medicinal, organizado por Fundación Daya y Mamá Cultiva, postulantes del Pacto Chile Digno, Verde y Soberano, anunciaron que implementarán iniciativas por la defensa de los usuarios de cannabis y la democratización del acceso a tratamientos en base a ésta planta medicinal, una vez electos.

Así lo expuso la candidata por Ñuñoa, Alejandra Placencia, señalando que urge desde los territorios una política pública que permita a las familias cultivadoras, llevar a cabo un tratamiento esencial para la salud de alguno de sus integrantes.

 

Por su parte el postulante por San Bernardo, Wladimir Bolton, se centró en un apoyo y empadronamiento  a los usuarios medicinales de la comuna para protegerlos de una forma integral.

 

Iraci Hassler, quien busca ser jefa comunal de Santiago, consideró que la cannabis medicinal debe representar  para los vecinos una oportunidad de mejorar su calidad de vida  sin prejuicios o estigmas que pesen sobre ellos.

 

Desde Quilpué, Cesar Torres afirmó  que en  la órbita municipal debe existir un compromiso amplio y profundo en impulsar esta política desde la base popular, no sólo por el uso del cannabis medicinal sino que también la medicina autóctona y alternativa.

 

Daniel Moraga, candidato para   liderar Peñalolén, expresó que nuestro país  sufre un excesivo uso de medicamentos, por lo que el advenimiento de nuevas  alternativas  medicinales rompe el monopolio  y el abuso de muchas firmas farmacológicas.

 

El Primer Foro De Candidatas y Candidatos a Alcaldías Comprometidas Con Programas De Cannabis Medicinal, organizado por Fundación Daya y Mamá Cultiva, reunió a 20 postulantes al sillón edilicio de distintas comunas, que implementarán iniciativas por la defensa de los usuarios de cannabis y la democratización del acceso a tratamientos en base a ésta planta medicinal, una vez electos. Con miras a las elecciones de abril, la actividad comenzó con una breve exposición de la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, estableciendo un contexto de la realidad del uso medicinal del cannabis en Chile y el mundo. Enfatizó la alarmante alza en la persecución de usuarios y la necesidad urgente de despachar la Ley Cultivo Seguro, detenida en el Senado desde marzo del el 2019.

Todos los candidatos coincidieron en que la salud es un derecho, y este derecho debe contemplar todas las alternativas terapéuticas, en la línea de mejorar la calidad de vida de todas las personas, de ahí la importancia de abordar en los gobiernos locales esta temática tan urgente.




El (In)debido proceso judicial chileno: La vulneración del principio de inocencia, a propósito de los presos y presas políticas del estallido social

(Por Miguel Ángel Lagos Yáñez, abogado DD.HH. San Bernardo). Nuestro actual proceso penal tiene principios rectores que lo gobiernan[1]y a los cuales las autoridades que intervienen (Tribunales y Fiscalía) deben someterse como límite del poder estatal. De esta forma la Constitución Política dispone, a propósito de las garantías procesales, en el artículo 19 N°3 que “La Constitución asegura a todas las personas: La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (…) la ley no podrá presumir derecho la responsabilidad penal[1]. Este deber insoslayable del Estado, quedó consagrado en el nuevo Código Procesal Penal al disponer: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme” [2].

Con estos cimientos normativos tenemos un primer acercamiento al objetivo original que se persiguió por el país al transformar el antiguo sistema procesal penal -que era eventualmente arbitrario y menos garantista- a este sistema acusatorio en el cual la labor de investigar, acusar y juzgar se divide entre dos entes, el persecutor y acusador-ministerio público- y el juez de Garantía o Juez del Tribunal Oral en lo Penal.  Esta metamorfosis significó que el nuevo sistema procesal penal, desde el punto de vista del Ministerio Público y los jueces, someterían todo su poder y prerrogativas a los límites que impone el debido proceso, sin embargo, al transcurrir el tiempo ha quedado al descubierto una maquinaria Institucional que violenta los Derechos Humanos, la cual hasta el día de hoy no ha tenido la sanción que el pueblo reclama.

El debido proceso, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 19 N° 3, dispone los elementos por los cuales se rige este sistema de enjuiciamiento: a) Derecho a la defensa letrada e intervención del juez (2° y 3°); b) Juez natural y anterior al hecho y prohibición de comisiones especiales (4°); c) Legalidad del proceso (5°): d) No presunción de derecho de la responsabilidad penal (6°) y e) en materia penal, ley previa y expresa (7 y 8°). El debido proceso sume toda su existencia a la ley, establece la forma de proceder, ante quien proceder (el juez), quien se encarga de investigar los hechos denunciados (fiscal), establece plazos y garantías, en fin, un sin número de elementos que lo constituyen como la más digna “Carta Magna”.

Desde la óptica de la jurisprudencia se define el debido proceso como aquel límite de la potestad punitiva que tiene el Estado contra el imputado, quien en este caso es el perseguido y el interviniente más débil, y que por ello como defensa primordial tiene el principio de inocencia que debe sostener durante todo el proceso[3]. Pues bien, acá aparece el principio de presunción de inocencia, un agente rector que debería ser el límite a esta actuación del Estadoun filtro a los hechos denunciados y a los actos ejecutados por la fiscalía y sus auxiliares (policía).

El principio de presunción de inocencia se entiende como el derecho que tiene una persona en el proceso penal para considerar que ha actuado de acuerdo con los deberes y normas del estado, el cual tiene un proceder social sujeto a las leyes. Por otro lado entendemos ese derecho al principio de inocencia como el deber del ente persecutor a desacreditar o romper este principio con la prueba rendida, desde su primera intervención en el proceso hasta la dictación del fallo.[4]

¿Qué importancia tiene entonces el principio de inocencia?, especialmente, en los Estados que se dicen democráticos y respetuoso de los derechos humanos. Evidentemente, es en este punto donde interesa demostrar que se produce una distorsión respecto a la sumisión de dicho principio a la actuación del poder Estatal, ya que actualmente existe una infracción de garantías jurídico-procesales. Por parte del ente persecutor que se reitera a propósito del estallido social, y que tiene como cómplice muchas veces a los jueces.

Esta disyuntiva se origina toda vez que existen procesos penales en los cuales el respeto al principio de inocencia derechamente no existe. A modo de ejemplo, un día cumpliendo mi labor como abogado defensor en un juzgado de garantía, me llamo la atención la manifestación de un padre por el estado actual de su hijo llamado VICTOR HUGO MONTOYA, quien llevaba más de un año privado de libertad, por una presunta colocación de artefactos explosivos en el retén las Vizcachas el 09 de febrero de 2013. Después de 14 meses privado de libertad, la fiscalía no lograba obtener alguna prueba sobre la participación VICTOR HUGO MONTOYA en los hechos, solo la declaración de dos testigos encubiertos, pero nada de pruebas periciales, o científicas, que nos llevara a la verdad judicial. Ese padre me contaba que su hijo, quien no tiene antecedentes, el día de los hechos iba tranquilo en su auto a buscar a su pareja, pero lamentablemente paso en el lugar equivocado. Producida la explosión, carabineros sin más que hacer y desprovisto de toda rigurosidad inculpo sin prueba a este joven.

La fiscalía, cuando se ve incapaz de conseguir pruebas que acredite y destruyan el principio de inocencia, ofrece un juicio abreviado para que el imputado se declare culpable o acepte participación en los hechos con la finalidad de salir en libertad. Generalmente, una persona, aunque sea inocente, acepta esta “oferta”, puesto que la desesperación que produce estar privado de libertad lo lleva a admitir culpabilidad. Sin embargo, VICTOR HUGO MONTOYA no aceptó la solicitud de la fiscalía debido a que es inocente, jamás participó en  los hechos imputados, y la única forma de demostrar aquello es finalizando el proceso con un juicio oral ( que es la única garantía de verdadera justica).

Ahora bien, lo que interesa aclarar es que no es un problema de principios o la ley aplicada. Concurre una grave falta de rigurosidad en la toma declaraciones en el parte policial confeccionado por carabineros, como también se reiteran las inducciones descaradas en el reconocimiento de imputados. La fiscalía no puede formalizar con meras declaraciones, o imputar delitos sin antecedentes concretos que acrediten la existencia de tal y pedir asimismo la prisión preventiva como medida cautelar.

NO se instauró la prisión preventiva como una condena anticipada o un castigo ejemplar, es  más, si se interpretara y aplicara el principio de inocencia como ente rector y limite a la actividad punitiva, muchas de estas medidas privativas de libertad serian rechazadas, sin embargo desde el estallido social, la prisión preventiva, que debe ser la última ratio, se ha utilizado como castigo político en contra de las personas que se manifiestan por sus derechos o por una mejor sociedad, a pesar de ello los agentes del Estado que han violado los derechos humanos de manera retirada y sistemática, siguen gozando de sus privilegios a costa de todos los chilenos.

Con todo, la solución es clara: NECESITAMOS que se haga una reforma general a la institución del Ministerio Público, que exista a nivel legal un agente externo que fiscalice la labor de estos funcionarios, que se establezcan métodos más exhaustivos para tomar declaraciones de víctimas y reconocimientos de imputados, o análisis de prueba científica. Que se sancionen de manera eficaz a los fiscales que realicen formalizaciones arbitrarias e infundadas sin aportar antecedentes fidedignos para acreditar los hechos que investigan, en consecuencia, que exista en el debido proceso un real y efectivo respeto al principio de inocencia.

[1][1] Énfasis nuestros

[2] Esta es la fuente del principio de inocencia consagrado a nivel Constitucional y por los tratados internacionales ratificados por Chile, así el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS ESTABLECE; Toda persona que es acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. También lo señala la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SU ARTICULO 8°; “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente la culpabilidad”.




Rechazo y estado de alerta ante anuncio de comodato de parte del cerro Chena a la ANFP

Autoridades locales, parlamentarias y activistas por los DD.HH. rechazaron el anuncio hecho por el gobierno referente  a la construcción de un nuevo complejo deportivo que está llamado a reemplazar el actual recinto donde entrena la selección chilena de fútbol, Juan Pinto Durán, en el sector del cerro Chena, en San Bernardo, lugar considerado  sitio de memoria.

Al respecto, el alcalde de San Bernardo, Leonel Cádiz, recalcó que el cerro Chena posee una vocación ambiental y de un gran simbolismo, pues representa un lugar donde se mató y torturó a chilenos y chilenas, pretendiendo  hoy   destruirlo en  favor del gran negocio que representa el fútbol profesional.

 

Para el diputado representante  del distrito 14, Leonardo Soto, esta decisión inconsulta del gobierno rompe la esperanza  de miles de vecinos de San Bernardo que aspiran que este sector del cerro Chena sea un gran parque de DD.HH., que recuerda el calvario que sufrieron allí muchas víctimas de la Dictadura.

 

El legislador socialista agregó que tras la construcción de este nuevo recinto deportivo se están regalando  16 hectáreas del mejor terreno que tiene San Bernardo, en  favor de la ANFP, institución que no precisa estas donaciones, al manejar un suculento negocio como es el futbol rentado.

 

Desde la Corporación Memorial Cerro Chena, su dirigenta Mónica Monsalves recordó que el Cerro Chena fue uno de los más grandes centros de tortura, de la zona sur metropolitana  y donde fueron asesinados 100 hombres , reteniendo  también a más de 590 prisioneros sobrevivientes .

 

Mónica Monsalves expresó que durante muchos años han luchado para que se visibilice el lugar como monumento nacional, sin embargo ahora se pretende ocultar los hechos de horror que allí sucedieron, mediante la construcción  de este centro deportivo.

 

Es así que desde la Corporación Memorial Cerro Chena advirtieron que este recinto aún está siendo investigado por la Corte de San Miguel, por causas abiertas por querellas, torturas y ejecución, las que requieren diligencias y reconstitución de escenas,  que pueden verse perjudicadas  si se emplaza ahí el nuevo complejo deportivo de las selecciones chilenas de futbol.

En tanto la diputada Marisela Santibáñez, junto a la Comunidad Sanbernandina, manifesto “toda nuestra preocupación por la construcción del nuevo #JuanPintoDuran en el Cerro Chena. Cómo autoridad fiscalizaremos el proyecto por respeto al Memorial, a los DDHH y a todo #SanBernardo que debe ser escuchado!”




Dirigenta social de San Bernardo denuncia amenaza telefónica de alcaldesa Nora Cuevas

Una solicitud de pronunciamiento dirigido al Contralor General de La Republica, fue interpuesto por parte de Andrea Manzor Castillo, vecina y dirigente comunitaria de la comuna de San Bernardo, acompañada por los abogados Miguel Yañez Lagos y Alamiro Cerda Marilaf y el dirigente social Wladimir Bolton, por vulneración de los principios de probidad, legalidad y de derechos fundamentales en contra de la alcaldesa de la comuna de San Bernardo Nora Cuevas Contreras.

La acción se presenta por amenaza de querellas realizada por la primera autoridad municipal vía telefónica por una la publicación de un comentario de la solicitante, Andrea Manzor, en Facebook, señalando la solicitud de pronunciamiento que, en el llamado amenazante, se utilizaron funcionarios, teléfonos y recursos públicos.

Los hechos presentados hacen referencia a un llamado telefónico por parte de la edil de San Bernardo a la vecina de la comuna y dirigente social, donde entre otras cosas señala: “(…) usted sería tan amable o yo voy a su casa hablar con usted porque voy a ir con un abogado, voy a proceder a una demanda por injuria, entonces no quiero sorprenderla, porque yo no me molesto en desprestigiarla a usted, ahora usted cometió el error más grande haciendo un comentario a mi persona ayer en un centro de adulto mayor”, lo cual se encuentra grabado en audio, el cual fue acompañado en la presentación ante Contraloría (…)“.

Al final de la conversación, grabada, la alcaldesa Nora Cuevas le señala a la vecina: “(…) usted me llama y me dice cuando nos juntamos y tomamos un acuerdo si yo la denuncio a tribunales usted va a seguir con esta guerra ya? Muchas gracias”.

“Lamentamos que la alcaldesa de San Bernardo esté tomando este tomando estas medidas represivas hacia el mundo social, sabemos que este no es el único caso de amenaza y esperamos esto sirva para destapar otros casos similares” manifestó Wladimir, además agregó “esperamos que el municipio pueda hacer un mea culpa sobre estas actitudes, las comunidades se deben respetar e involucrar en la gestión comunal, no amenazar”.

En la solicitud de pronunciamiento, que además solicita realizar un sumario administrativo por los hechos de amenaza vía telefónica, se basa en la vulneración del principio de legalidad, señalando lo que estipula la Constitución Política de la República en su artículo 7°, que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes” y además en la vulneración del principio de Probidad, haciendo énfasis que la autoridad municipal, hace valer indebidamente su responsabilidad al frente de la municipalidad y utiliza recursos públicos, para amenazar a un particular.




Alta preocupación de comunidad de El Bosque – San Bernardo por mega planta cementera en terrenos de Ferrocarriles del Estado

El diputado Guillermo Teillier y representantes de la Coordinadora Ambiental El Bosque – San Bernardo se reunieron con el presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Pedro Pablo Errázuriz, por la instalación de una mega planta cementera en terrenos de la empresa estatal. El proyecto ha impactado en la población, la que logró ser parte de la evaluación ambiental a través del proceso de participación ciudadana y con ello tomar conciencia de que ya viven en una zona industrial saturada y por ende de las consecuencias que traería esta nueva empresa en sus comunas.

La reunión entre la autoridad fiscalizadora y EFE se generó producto del movimiento que ha surgido en las comunas afectadas. La Coordinadora Medioambiental ha llevado acabo acciones para  exigir que la empresa cementera realice un Estudio de Impacto Ambiental, un proceso más acabado y exigente que el presentado. El proyecto “Planta Hormigón Premezclado Santiago Sur” de la empresa Inversiones Orange S.A, fue ingresado como Declaración de Impacto Ambiental a finales de 2018, busca ser instalada entre las comunas de El Bosque y San Bernardo y se suma a las más de 30 empresas contaminantes en la zona.

Para Pascal Siebald, vocera de la Coordinadora, “la planta cementera viene a mermar la salud de los vecinos y vecinas. Hoy día tenemos niños que están  viviendo con oxígeno dependencia en  la zona, que realmente la inhalación del cemento ha perjudicado gravemente su salud (…) nos parece gravísimo que una empresa del Estado siga perpetuando otra instalación de una cementera en el lugar y que no exista una mayor responsabilidad”.

 

Luego de la reunión, la vocera expresó que no pudieron sacar un buen resultado, “ellos se lavan las manos (EFE) ya que financieramente es favorable para Ferrocarriles del Estado”. La empresa estatal manifestó que no pueden desechar el arriendo de su terreno si es que la otra parte no incurre en ilegalidades. En este sentido, Siebald indicó que “no nos vamos muy contentos, pero vamos a seguir peleando porque este proyecto no se instale en la zona, que exista un Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto y que finalmente podamos ganar un parque urbano”.

Sin embargo, uno de los logros de la organización son las acciones sociales con la comunidad “acerca de la concientización de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no sólo por lo que refiere a arbolado y a basura, sino a un tema sanitario grave que estamos viviendo y aumento de enfermedades pulmonares”.

Además la vocera nombró las acciones que han llevado a cabo a través de diputados, sobre todo de Guillermo Teillier, que ha presentado varios oficios a las autoridades ambientales y de salud; también la Coordinadora se ha reunido con los distintos seremis involucrados, quienes serán los responsables de dar la Resolución de Calificación Ambiental al proyecto.

 

El diputado Guillermo Teillier explicó que asistió a esta reunión “acompañando a dirigentes que están preocupadas por el deterioro del medio ambiente de varias poblaciones de la zona, que comprende a varias miles de familias, porque viven en una zona saturada de industrias que contaminan. Ahora están en la disyuntiva que Ferrocarriles está arrendando un sitio para que se instale una cementera, que va a tener un gran volumen de producción y que sabemos que el cemento es contaminante”.

Con respecto a empresas del Estado que han sido protagonistas de contaminación ambiental, el diputado explicó que “no hay un pronunciamiento claro del gobierno, hay varias comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, sobre todo de situaciones saturadas como Ventanas, Coronel y otras, y ésta es una que empieza a emerger. Lo que extraña más en todo esto es que hay empresas del Estado que están involucradas en la contaminación del medio ambiente y lo que nos preguntamos es cómo EFE puede arrendar un terreno a una empresa cementera privada que de antemano se sabe que va a contaminar, y que va a contaminar a un sector que está densamente poblado; son personas que han adquirido viviendas sociales, que les ha costado mucho, 10 años conseguirlas”, manifestó.

En este sentido, el diputado Teillier sostuvo que “a nosotros nos parece que tiene que haber una medida del Estado, una norma, una ley que se establezca que prohíba que empresas del Estado se instalen con empresas contaminantes sobre todo donde viven personas que no tienen recursos necesarios para defenderse de estas empresas”.

Los pobladores, a través de su organización, lograron realizar más de 700 observaciones en el proceso de participación ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental Metropolitano. La Coordinadora apela a que se pueda cambiar a un proceso más complejo como lo es un Estudio de Impacto Ambiental donde presentarán datos oficiales de enfermedades y también evidenciando la cercanía del proyecto a viviendas, algo que la empresa omite en su presentación a la autoridad ambiental. Además, los pobladores buscan que en el terreno que se emplazaría la empresa, se  pueda construir un gran parque urbano que ayude a mitigar el impacto ambiental industrial de la zona.

https://www.facebook.com/CoordinadoraAmbientalEBSB/videos/453614725482148/




Denuncian grave problema ambiental por construcción de planta de hormigón en San Bernardo

Vecinos de la villa Margarita de San Bernardo denunciaron la  construcción de una planta de hormigón premezclado sin pasar antes por una declaración de impacto ambiental alguna. 

Elizabeth Rojas, dirigenta social de los pobladores apuntó a que este proyecto afectará a más de 10 mil personas que habitan la zona. La zona está saturada por otras empresas similares a la que planean construir.

 

La dirigenta social acusó que la instalación de la planta vendría a traer problemas ambientales, viales y además les cortarían el único acceso que tienen hacia el interior de San Bernardo, por lo que prácticamente quedarían secuestrados.

 

Elizabeth Rojas contó además que la zona donde viven ella y sus vecinos esta rodeadas por una infinidad de plantas de hormigón o similares, que ya causan bastantes problemas en el lugar, en donde hay colegios y consultorios.

De hecho ya hubo una persona que sufrió una intoxicación producto de los químicos que se usan en estas plantas.

 

Producto de las quejas de los vecinos hacia la municipalidad de San Bernardo se empezaron a realizar mesas de trabajo con el fin de buscar una solución a los problemas de la villa Margarita y sus alrededores, de lo contrario la instalación de la planta podría a partir el mes de junio de este año.