Caso Fernanda Maciel: Duras críticas al actuar de la policía y la fiscalía

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres criticó en duros términos el actuar de las policías y el gobierno en el caso de Fernanda Maciel, la joven embarazada cuyos restos fueron hallados en una bodega, tras un año y 4 meses desde su desaparición.

Lorena Astudillo, vocera de esta ONG, acusó negligencia por parte del ministerio Público y los demás entes encargados de investigar el asesinato de mujeres, en un contexto donde ya se registran 30 femicidios en lo que va del presente año.

 

Además, Lorena Astudillo aseguró que la tardanza en dar con el paradero de Fernanda responde a que la víctima era mujer y además proveniente de un estrato socioeconómico bajo.

 

La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres exigió a la justicia investigar los asesinatos de mujeres con la misma celeridad y profesionalismo que han tenido en otros casos.

En su diagnóstico, hay una falta de interés, negligencia y desidia en este tipo de crímenes.

 

La presidenta de la comisión de trabajo de la Cámara Baja, Gael Yeomans, también condenó el actuar de las autoridades en materia investigativa, asegurando que deben responder ante la tardanza en resolver el caso Maciel.

 

La parlamentaria de Convergencia Social criticó que el Gobierno no haya puesto urgencia a la Ley Gabriela y otras iniciativas que buscan prevenir o atender el crimen de mujeres.

 

Al mismo tiempo, Gael Yeomans aclaró que la violencia de género se expresa además en la educación sexista y la precarización del empleo femenino.

 

Desde el mundo social y político repudiaron transversalmente la gestión de las policías y el Ministerio Público en la búsqueda de Fernanda Maciel, así como la ausencia de políticas públicas efectivas para combatir la violencia contra las mujeres.




Fiscalización de Transparencia: 3 universidades concentran un 65% de las denuncias por acoso sexual

Los planteles que respondieron al CPLT con más casos son las universidades de Chile, Valparaíso y La Frontera. Consejera Gloria de la Fuente destacó la respuesta de las entidades a una demanda ciudadana y valoró esfuerzos por promover el derecho de acceso a la información, a 10 años de la promulgación de la ley de Transparencia.

Tras un proceso de fiscalización por acceso a la información de protocolos de acoso sexual en universidades estatales, el Consejo para la Transparencia (CPLT) pudo establecer que del total de entidades oficiadas en el mes de junio, un 80% de las que respondieron declararon las cifras de denuncias por acoso sexual correspondientes a su institución, siendo tres universidades las que concentran un 65% del total de denuncias registradas sobre la materia.

Lideran los porcentajes de casos informados las universidades de Chile y Valparaíso (con 18 denuncias respectivamente) y la Universidad de La Frontera (con 10 casos). Respecto de este punto en particular, la consejera del CPLT Gloria de la Fuente afirmó que las entidades que registran una cifra más alta de denuncias de acoso sexual concentran un alto número de matrículas, lo que podría explicar las cifras.

En este sentido reconoció además el rol de estas casas de estudio, puesto que “en varios casos estos resultados han sido parte de un importante trabajo interno, que se ha hecho cargo de informar a los estudiantes sobre sus derechos, los que de este modo tienen conocimiento sobre las regulaciones y se atreven a denunciar situaciones muy delicadas”.

En junio de este año el CPLT impulsó un proceso de fiscalización en dichas organizaciones vía Transparencia Activa –lo que las entidades publican en sus sitios web- y a través de requerimientos de Acceso a Información Pública, siendo oficiadas posteriormente y requiriéndose mayores antecedentes sobre regulación y tratamiento de acoso sexual.

Del total de casas de estudio que cuentan con regulaciones por acoso sexual sólo una de ellas, la Tecnológica Metropolitana (UTEM), se antepuso por varios años a la llamada “ola feminista”, dado que su protocolo data de septiembre de 2015. En tanto, un 44% de las instituciones de educación superior cuentan con protocolos de 2017 e igual porcentaje corresponde a documentos fechados este año, en su mayoría entre los meses de abril y mayo de 2018.

La consejera del CPLT Gloria de Fuente comentó que “un porcentaje alto de las universidades estatales hizo públicos formalmente protocolos, reglamentos o documentos que regulan el acoso sexual de manera reactiva y no proactiva si nos basamos en las fechas, pero la cifra aumentó con respecto a la fiscalización que hicimos en junio”.

Asimismo, la Consejera aclaró que hay cuatro universidades de las fiscalizadas que entregaron información sobre el trabajo que realizan actualmente para contar con protocolos, subrayando que “como Consejo creemos firmemente que es un imperativo ético poner a disposición de los estudiantes y de la ciudadanía en general esta información”.

De la Fuente afirmó que es necesario corregir cualquier problema o dificultad en el acceso a la información pública cuando se refiere a acceso a derechos, en particular en casos tan sensibles y delicados como los de acoso, “y en ese sentido las acciones de universidades estatales deben ser reconocidas, porque dan respuesta a una demanda ciudadana que se tomó la agenda en los últimos meses”.

La Consejera destacó, además, lo ocurrido con el movimiento feminista en el contexto social y en la agenda de Transparencia.

Este fenómeno coincide con los 10 años de la promulgación de la ley de Transparencia y nos habla de un empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas, un fin que hemos promovido como Consejo en pro de  una cultura de la Transparencia en todos los ámbitos y en particular en sujetos obligados aunque queremos ampliarlo a otros actores”,subrayó de la Fuente.

Las entidades públicas que aún no cuentan con protocolos sobre acoso sexual pero están trabajando en su creación según la fiscalización del Consejo son las universidades de Antofagasta, de Aysén, de Tarapacá y Metropolitana de Ciencias de la Educación. En el caso de las casas de estudios de La Serena y de Playa Ancha, pese a no contar con un protocolo, sí regulan esta materia en otros documentos.

La Consejera De la Fuente recordó que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa (publicación en los sitios web), “pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor” en el caso de decisiones con efectos sobre terceros.

Además Gloria De la Fuente recalcó la labor del CPLT en la difusión de este tipo de documentos, dado que “Como Consejo es nuestro deber profundizar el acceso al derecho a la información en general y en temas de tanta relevancia como el acoso sexual”.

“Una persona vulnerada en sus derechos requiere conocer sin mayores dificultades qué pasos debe seguir y cómo enfrentar situaciones de suma complejidad, estén contratados por el plantel o estudiantes. Todos y todas como sociedad debemos colaborar para evitar cualquier tipo de abuso”, subrayó.

Cabe recordar que en materia de Transparencia Activa, las cifras del mes pasado mostraron que sólo 7 de las 18 casas de estudio públicas contaba con protocolos de acoso sexual publicadas en sus plataformas web, cifra que tras la primera fiscalización del Consejo aumentó a un 50% del total de las universidades estatales que respondieron al oficio de esta entidad.

Los resultados de este proceso evidenciaron que un 39% de estas entidades tienen publicadas en sus páginas institucionales los reglamentos o normativas (7 universidades); 28% publican en Transparencia Activa (5 casas de estudio) y un 22 (4 entidades) publica en Marco Normativo.




Gobierno de Piñera: Ministra de la Mujer Isabel Plá cuestionada por sus posturas conservadoras

Al nuevo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género llegará la relacionadora pública Isabel Plá, ex vicepresidenta de la UDI, integrante de la Fundación Avanza Chile, organización encargada de hacer trascender el anterior gobierno de Sebastián Piñera durante la administración de Michelle Bachelet. Plá además fue durante la campaña del electo Presidente, la coordinadora de su comisión de Mujer.

Isabel Plá  tiene una férrea postura conservadora anti aborto. Sus dichos ya han remecido a las mujeres y a las personas que a través de movilizaciones pidieron una nueva legislación que regule y garantice un aborto seguro en tres causales.

La concejala de Santiago Irací Hessler, considera que este nombramiento es negativo para la sociedad que ya se venía luchando por restituir derechos de género. Además contempla fortalecer las organizaciones civiles consientes en defender en todos los espacios.

 

Al respecto, Soledad Rojas, de la Red Contra de la Violencia contra las Mujeres declaró que Isabel Plá no posee conocimientos sobre género y sus dichos conservadores van en contra de los derechos sexuales y reproductivos.

 

En la comuna de El Bosque, existe una agrupación de pobladores constituida por comités de allegados que es liderada sólo por mujeres. Ellas, conocen profundamente las problemáticas de género, el año pasado vivieron un femicidio dentro de su orgánica.

Alejandra Villagrán, es dirigente del Comité Todos Juntos Podemos y cree que las mujeres deben decidir sobre su cuerpo y que la nueva ministra no asegura mantener los derechos logrados en el gobierno de Michelle Bachelet. Además agregó que se encuentran muy temerosos del nuevo gabinete de Sebastián Piñera.

 

La nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género es parte de los otros secretarios de Estado cuestionados,  esta vez por las organizaciones de la sociedad civil que advierten mantenerse alertas frente a las primeras medidas del gobierno de Sebastián Piñera.