Nueva manifestación por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta

Distintos actores sociales se manifestaron en  el frontis de los tribunales de justicia para exigir libertad e indulto de las y los presos políticos de la revuelta social.

Junto con denunciar la represión policial de la que fueron objeto en esta intervención urbana, la dirigenta de la Salud Municipal Carolina Espinoza, cuestionó que hoy en Chile la justicia actúe a favor de los poderosos.

 

Así mismo el consejero de la Central Unitaria de Trabajadores, José Galaz, acusó al gobierno de actuar en contra de los presos políticos  de la revuelta, con los mismos parámetros usados en la Dictadura.

 

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, exigió la disolución inmediata de Carabineros  dada su condición de agente represor  del pueblo organizado.

 

Para el presidente de la Asociación Nacional de Asistentes de la Educación, Manuel Valenzuela, lo ocurrido  con estos jóvenes activistas  demuestran  lo desigualdad  de la Justicia chilena, la cual permite su prisión ilegitima, pero asegura impunidad para la corrupción y el cohecho.

 

Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Felipe Riquelme solidarizó,  con los presos de la revuelta, señalando que el Estado ha negado la reparación y el debido proceso en favor de quienes han reivindicado garantías esenciales.

 

Nolberto Díaz, Secretario General de la CUT, resaltó el apoyo sindical en favor de todos aquellos que ha sido objeto del terrorismo institucional  de este Gobierno.

 

Todos los dirigentes  instaron a los parlamentarios a aprobar el proyecto de indulto general a favor de aquellos privados de libertad a raíz de los hechos de octubre del 2019, pese a las presiones políticas y las amenazas del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar su avance legislativo.




Abogado Carlos Margotta y Comisión Chilena de DD.HH. se muestran expectantes que Senado apruebe ley de indulto a presos políticos del estallido

Desde la Comisión Chilena de DD.HH. manifestaron sus expectativas  porque el Congreso pueda despachar la ley de Indulto general a favor de los presos políticos de la revuelta.

Para el presidente de este organismo,  Carlos Margotta, sería un error entender la tortura, la mutilación ocular y la represión que sufrieron estos jóvenes  activistas  con la prisión política, pues ambos constituyen  un foco de vulneración de las garantías mas esenciales.

 

El abogado y activista por los DD.HH.  denunció que la prisión política aplicada por el gobierno de Piñera en contra de quienes reivindicaron la justicia social, es una herramienta similar a la que utilizó en su momento la Dictadura de Pinochet.

 

Así mismo el abogado Carlos Margotta reiteró que la ley de Indulto General para los presos de la revuelta  es el camino que debe seguirse, pues ante un problema político es justo que un poder político del Estado como es el Congreso, pueda cursar una solución .

 

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. expresó que el proyecto de indulto general busca impedir que se siga torturando, negando el debido proceso y privando de libertad a estos jóvenes , violando de paso tratados humanitarios  ratificados por nuestro  Estado en esta materia.

 

Finalmente, Carlos Margotta advirtió que la Prisión Política no es más una herramienta  para frenar el movimiento social, castigando a sus integrantes,  pero inhibiendo también a otros a salir a las calles a expresar  sus legitimas demandas, concluyó.




Marcos Barraza califica de «legítimo, necesario y de toda justicia” proyecto de indulto a los presos políticos que se tramita y avanza en el Senado

Como un acto “legítimo, necesario y de toda justicia”, calificó el dirigente y  exministro de desarrollo social, Marcos Barraza, que la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobara este lunes, la idea de legislar el proyecto de indulto general para los detenidos de la revuelta popular.

El candidato a constituyente por el distrito 13, denunció que estas detenciones no se ajustan a derecho, toda vez que la modalidad de prisión preventiva viene a vulnerar el debido proceso.

 

Marcos Barraza dijo esperar que el indulto a los presos del estallido social, se imponga lo antes posible, como respuesta al sentir ciudadano, respecto al sacrificio que realizaron los manifestantes en la lucha por un país más digno.

 

El dirigente del Partido Comunista acusó al gobierno de querer castigar a quienes se han manifestado en contra del modelo económico, a partir de una política sistemática de violaciones a los Derechos Humanos y terrorismo de Estado.

 

Marcos Barraza dijo que bajo estas circunstancias, la prisión preventiva se fundamenta en la parcialidad con que actúa el gobierno y el sistema judicial, imponiendo dicha modalidad de manera injustificada, con tal de generar miedo en quienes busquen manifestarse a partir de ahora.

 

En ese sentido, el candidato a constituyente por el distrito 13, descartó los argumentos del senador Felipe Kast, quien tras rechazar el proyecto de indulto, dijo que la iniciativa puede suplantar al poder judicial.

Barraza deslegitimó las palabras del congresista, proviniendo de quien fue parte del intento de montaje institucional en el caso Catrillanca.

 

Marcos Barraza concluyó que la justicia ha actuado con indolencia y sin ajustarse al estándar de derecho que se requiere en estos casos. Por ende, añadió el dirigente comunista, la liberación de los presos de la revuelta debe ser un imperativo ético de todas las fuerzas democráticas del país.




Presos políticos del estallido: Actuar sesgado y negligente de la justicia. Piden acelerar ley de indulto general

La agrupación de familiares de presos políticos de La Granja, acompañados de parlamentarios  y dirigentes sociales realizaron   una manifestación sobre la situación de sus familiares, en especial por la reciente anulación de la sentencia en el caso del incendio en la estación Pedrero del Metro. También este lunes comienza la discusión el comisión de DD.HH. del Senado la ley de indulto general.

En la oportunidad el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, acusó una utilización  política por parte del gobierno de estos jóvenes activistas sociales, quienes hace más de 1 año están detenidos mediante  elementos probatorios  falsos y adulterados.

 

Del mismo modo, el diputado comunista, Boris Barrera, denunció  que la intervención de Piñera a través del Ministerio del Interior en la persecución  de los presos de la revuelta,  confirma que esto obedece a un criterio ideológico y no judicial de la autoridad.

 

Así mismo Luis Mesina, vocero de NO +AFP calificó como un imperativo ético respaldar a estos hombres y mujeres quienes hicieron posible el avance del proceso constituyente.

 

Verónica Verdugo,  madre del joven Nicolás Ríos, detenido en el marco de la revuelta popular, solidarizó con los aquellos cuya condición privativa  de libertad ha sido alterada por el actuar negligente de la justicia, aseveró.

 

Mediante una declaración pública, la Agrupación de prisioneros políticos de La Granja rechazó  la resolución de la Corte de Apelaciones de San  Miguel quien anuló el fallo que había absuelto a Daniel Morales y su sobrino  menor de edad por el incendio que afectó a la estación del Metro Pedreros el 18 de octubre del 2019, accediendo a la nulidad solicitada  por la Fiscalía Oriente, la empresa Metro y el Ministerio del Interior.




El (In)debido proceso judicial chileno: La vulneración del principio de inocencia, a propósito de los presos y presas políticas del estallido social

(Por Miguel Ángel Lagos Yáñez, abogado DD.HH. San Bernardo). Nuestro actual proceso penal tiene principios rectores que lo gobiernan[1]y a los cuales las autoridades que intervienen (Tribunales y Fiscalía) deben someterse como límite del poder estatal. De esta forma la Constitución Política dispone, a propósito de las garantías procesales, en el artículo 19 N°3 que “La Constitución asegura a todas las personas: La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (…) la ley no podrá presumir derecho la responsabilidad penal[1]. Este deber insoslayable del Estado, quedó consagrado en el nuevo Código Procesal Penal al disponer: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme” [2].

Con estos cimientos normativos tenemos un primer acercamiento al objetivo original que se persiguió por el país al transformar el antiguo sistema procesal penal -que era eventualmente arbitrario y menos garantista- a este sistema acusatorio en el cual la labor de investigar, acusar y juzgar se divide entre dos entes, el persecutor y acusador-ministerio público- y el juez de Garantía o Juez del Tribunal Oral en lo Penal.  Esta metamorfosis significó que el nuevo sistema procesal penal, desde el punto de vista del Ministerio Público y los jueces, someterían todo su poder y prerrogativas a los límites que impone el debido proceso, sin embargo, al transcurrir el tiempo ha quedado al descubierto una maquinaria Institucional que violenta los Derechos Humanos, la cual hasta el día de hoy no ha tenido la sanción que el pueblo reclama.

El debido proceso, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 19 N° 3, dispone los elementos por los cuales se rige este sistema de enjuiciamiento: a) Derecho a la defensa letrada e intervención del juez (2° y 3°); b) Juez natural y anterior al hecho y prohibición de comisiones especiales (4°); c) Legalidad del proceso (5°): d) No presunción de derecho de la responsabilidad penal (6°) y e) en materia penal, ley previa y expresa (7 y 8°). El debido proceso sume toda su existencia a la ley, establece la forma de proceder, ante quien proceder (el juez), quien se encarga de investigar los hechos denunciados (fiscal), establece plazos y garantías, en fin, un sin número de elementos que lo constituyen como la más digna “Carta Magna”.

Desde la óptica de la jurisprudencia se define el debido proceso como aquel límite de la potestad punitiva que tiene el Estado contra el imputado, quien en este caso es el perseguido y el interviniente más débil, y que por ello como defensa primordial tiene el principio de inocencia que debe sostener durante todo el proceso[3]. Pues bien, acá aparece el principio de presunción de inocencia, un agente rector que debería ser el límite a esta actuación del Estadoun filtro a los hechos denunciados y a los actos ejecutados por la fiscalía y sus auxiliares (policía).

El principio de presunción de inocencia se entiende como el derecho que tiene una persona en el proceso penal para considerar que ha actuado de acuerdo con los deberes y normas del estado, el cual tiene un proceder social sujeto a las leyes. Por otro lado entendemos ese derecho al principio de inocencia como el deber del ente persecutor a desacreditar o romper este principio con la prueba rendida, desde su primera intervención en el proceso hasta la dictación del fallo.[4]

¿Qué importancia tiene entonces el principio de inocencia?, especialmente, en los Estados que se dicen democráticos y respetuoso de los derechos humanos. Evidentemente, es en este punto donde interesa demostrar que se produce una distorsión respecto a la sumisión de dicho principio a la actuación del poder Estatal, ya que actualmente existe una infracción de garantías jurídico-procesales. Por parte del ente persecutor que se reitera a propósito del estallido social, y que tiene como cómplice muchas veces a los jueces.

Esta disyuntiva se origina toda vez que existen procesos penales en los cuales el respeto al principio de inocencia derechamente no existe. A modo de ejemplo, un día cumpliendo mi labor como abogado defensor en un juzgado de garantía, me llamo la atención la manifestación de un padre por el estado actual de su hijo llamado VICTOR HUGO MONTOYA, quien llevaba más de un año privado de libertad, por una presunta colocación de artefactos explosivos en el retén las Vizcachas el 09 de febrero de 2013. Después de 14 meses privado de libertad, la fiscalía no lograba obtener alguna prueba sobre la participación VICTOR HUGO MONTOYA en los hechos, solo la declaración de dos testigos encubiertos, pero nada de pruebas periciales, o científicas, que nos llevara a la verdad judicial. Ese padre me contaba que su hijo, quien no tiene antecedentes, el día de los hechos iba tranquilo en su auto a buscar a su pareja, pero lamentablemente paso en el lugar equivocado. Producida la explosión, carabineros sin más que hacer y desprovisto de toda rigurosidad inculpo sin prueba a este joven.

La fiscalía, cuando se ve incapaz de conseguir pruebas que acredite y destruyan el principio de inocencia, ofrece un juicio abreviado para que el imputado se declare culpable o acepte participación en los hechos con la finalidad de salir en libertad. Generalmente, una persona, aunque sea inocente, acepta esta “oferta”, puesto que la desesperación que produce estar privado de libertad lo lleva a admitir culpabilidad. Sin embargo, VICTOR HUGO MONTOYA no aceptó la solicitud de la fiscalía debido a que es inocente, jamás participó en  los hechos imputados, y la única forma de demostrar aquello es finalizando el proceso con un juicio oral ( que es la única garantía de verdadera justica).

Ahora bien, lo que interesa aclarar es que no es un problema de principios o la ley aplicada. Concurre una grave falta de rigurosidad en la toma declaraciones en el parte policial confeccionado por carabineros, como también se reiteran las inducciones descaradas en el reconocimiento de imputados. La fiscalía no puede formalizar con meras declaraciones, o imputar delitos sin antecedentes concretos que acrediten la existencia de tal y pedir asimismo la prisión preventiva como medida cautelar.

NO se instauró la prisión preventiva como una condena anticipada o un castigo ejemplar, es  más, si se interpretara y aplicara el principio de inocencia como ente rector y limite a la actividad punitiva, muchas de estas medidas privativas de libertad serian rechazadas, sin embargo desde el estallido social, la prisión preventiva, que debe ser la última ratio, se ha utilizado como castigo político en contra de las personas que se manifiestan por sus derechos o por una mejor sociedad, a pesar de ello los agentes del Estado que han violado los derechos humanos de manera retirada y sistemática, siguen gozando de sus privilegios a costa de todos los chilenos.

Con todo, la solución es clara: NECESITAMOS que se haga una reforma general a la institución del Ministerio Público, que exista a nivel legal un agente externo que fiscalice la labor de estos funcionarios, que se establezcan métodos más exhaustivos para tomar declaraciones de víctimas y reconocimientos de imputados, o análisis de prueba científica. Que se sancionen de manera eficaz a los fiscales que realicen formalizaciones arbitrarias e infundadas sin aportar antecedentes fidedignos para acreditar los hechos que investigan, en consecuencia, que exista en el debido proceso un real y efectivo respeto al principio de inocencia.

[1][1] Énfasis nuestros

[2] Esta es la fuente del principio de inocencia consagrado a nivel Constitucional y por los tratados internacionales ratificados por Chile, así el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS ESTABLECE; Toda persona que es acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. También lo señala la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SU ARTICULO 8°; “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente la culpabilidad”.




Familiares, organizaciones sociales, parlamentarias, artistas, dirigentes políticos exigieron aprobar Ley de Indulto General para las y los presos políticos del estallido

En el frontis del edificio de los tribunales de justicia, familiares,  organizaciones sociales, parlamentarias, artistas y dirigentes políticos exigieron aprobar Ley de Indulto General para las y los presos políticos de la revuelta popular.

Al respecto, el exministro de Desarrollo Social y dirigente del partido Comunista Marcos Barraza exigió la libertad que aquellos que con su sacrificio han sido promotores de cambios tan sustanciales para el país, como es el proceso constituyente.

 

La representante de los pueblos originarios, Isabel Cayul, exigió al gobierno de Sebastián Piñera acabar con el terrorismo de Estado basado en la persecución, el montaje y la mentira, mismas situaciones que hoy privan a de libertad a estos jóvenes activistas.

 

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el derecho  la educación, sostuvo que este grupo de luchadores sociales debe estar libres, pues a más de 1 años de la revuelta de octubre, ellos representan la discriminación  y la denegación de la justicia para los más débiles.

 

Para la actriz Malucha Pinto lo ocurrido con los presos políticos de este Gobierno confirman una persecución histórica en contra de las organizaciones y los movimientos sociales que han salido a las calles en pos de sus demandas.

 

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans,  denunció que a diferencia de lo que pretende hacernos creer la Derecha, en Chile hay prisión políticas para quienes  sólo han buscado transformaciones esenciales para intentar una mínima cuota de equidad social.

 

En la oportunidad, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que la cárcel y la tortura es la respuesta del Estado para aquellos que persiguen una democracia real y las reivindicación de garantías como la educación, la salud y la recuperación de nuestros derechos naturales.

 

La diputada comunista, Camila Vallejo, manifestó que es obligación de las y los parlamentarios la lucha contra la injusticia que representa, la detención de estos presos políticos que han sido privados de las mínimas condiciones procesales.

 

Jacqueline Gatica, madre de Benjamín Espinoza, uno de los jóvenes detenidos por la revuelta,  pidió especialmente  a los medios de comunicación, visibilizar  los vicios procedimentales  que han impedido cambiar la medida cautelar de estos activistas, en donde incluso los propios carabineros, irregularmente,  han oficiado de testigos.

 

Así mismo, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, reflexionó respecto  a que la situación de estos jóvenes luchadores , pone en tela de juicio el cumplimiento de  convenios humanitarios internacionales por parte del Estado de Chile.

 

Todos los convocados juntos con exigir la liberación inmediata de las y los presos políticos  de la revuelta social, emplazaron al Senado a aprobar  una ley de indulto general que permita corregir lo que consideraron una injusticia y una falta de coherencia por parte de los tribunales de Justicia, en complicidad  con el gobierno de Sebastián Piñera.




«L@s jóvenes son motor de los cambios y no pueden estar encarcelados como castigo por iniciar la lucha por un nuevo Chile»

Si bien el gobierno se comprometió a generar condiciones para que la juventud conquiste un espacio protagónico en el sistema democrático, tras 28 años de la creación del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), sus dirigentas y dirigentes acusan la nula capacidad que ha tenido el organismo para resolver las problemáticas que aquejan a dicho sector etario, cuya función de acuerdo a su ley 19.042, es ser el “encargado de colaborar con el ejecutivo, en el diseño, planificación y coordinación de políticas relativas a los asuntos juveniles”.

La presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Injuv, Melba Castro, destacó que gracias a las y los jóvenes, Chile está ad portas de elegir representantes constituyentes para un cambio de la Carta Magna, con miras a construir un Estado garante de derechos que termine con las políticas neoliberales.

Por ende, la dirigenta repudió que todavía haya cientos de jóvenes encarcelados, como castigo por la lucha que han dado para iniciar el proceso de cambios que hoy cursa el país, con miras a una nueva Constitución.

 

Melba Castro se mostró expectante de que los convencionalistas sean capaces de representar el sentir de los jóvenes, aportando en la elaboración de una institucionalidad política diferente, en la cual el Injuv tenga una mayor incidencia en materia de políticas públicas.

 

Por su parte, la exministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual dijo esperar que los constituyentes, tanto del Frente Amplio como del Comando Chile Digno, Verde y Soberano, logren combatir la concepción político-ideológica que tiene la derecha del Estado.

 

Claudia Pascual fue enfática en sostener que una minoría del país es de derecha, y prueba de ello, es el arrasador triunfo que tuvo el apruebo en el plebiscito de octubre pasado.

En ese sentido, la encargada de género del Partido Comunista, dijo que la unidad del mundo progresista debe traducirse en la erradicación del proceso neoliberalizador que se produjo a partir de los años 80.

 

La ex ministra Pascual apuntó al gran desafío de terminar con la lógica subsidiaria, dando paso a un Estado garante de Derechos, y que ponga al centro la transformación cultural, desde un enfoque de género.

 

Asimismo, Claudia Pascual sostuvo que “cualquier institucionalidad que defienda los derechos humanos y sociales de niños, niñas, y adolescentes, es visto con una perspectiva profundamente político ideológica, por parte de la derecha”, al ser ellos quienes han empujado el proceso de cambios en el país.

“Hemos visto como la prisión preventiva opera como un castigo adelantado en contra de los jóvenes de la revuelta popular. En ninguna parte del mundo hay una investigación por desordenes en la vía pública que dure más de un año” sentenció la ex ministra de Estado, para graficar la criminalización sistemática de la juventud. Finalizó.




Senador Latorre señala que proyecto de indulto fue presentado junto a un grupo transversal de abogados y organizaciones de Derechos Humanos

Esta semana comenzó la tramitación del proyecto de indulto general presentado la semana pasada por senadores de oposición -Juan Ignacio Latorre, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Isabel Allende y Yasna Provoste que busca liberar a los presos de la revuelta popular.

El senador Juan Ignacio Latorre acusó un grave abuso del derecho penal para criminalizar a quienes, tras ser detenidos en contextos de protesta social, llevan más de un año en prisión preventiva sin contar con el debido proceso.

 

Juan Ignacio Latorre explicó que el poder judicial no ha respetado el debido proceso al cursar estas formalizaciones, ni tampoco se ha basado en pruebas concretas de la comisión de algún delito.

 

El senador de Revolución Democrática detalló que el proyecto de indulto fue presentado junto a un grupo transversal de abogados y organizaciones de Derechos Humanos, siendo una facultad que poseen los parlamentarios, al igual que el presidente de la República.

 

Juan Ignacio Latorre remarcó que se trata de un proyecto de ley “complejo”, pues requiere 22 votos para ser aprobado en el Senado, y con el riesgo de ser vetado por el ejecutivo.

 

El inicio de la tramitación de la polémica iniciativa se da justamente luego de que  Sebastián Piñera saliera a descartar la existencia de presos políticos en el país y advirtiera que, de avanzar la iniciativa en el Congreso, usará la facultad del veto presidencial.

Al respecto, el senador Latorre criticó que el mandatario amenace con vetar la iniciativa, habiendo indultado a personas por delitos graves, e incluso por crímenes de lesa humanidad.




Parlamentarios visitaron a presos políticos del estallido en cárcel de alta seguridad y anuncian presentación de proyecto de indulto

Una delegación de diputadas y diputados de oposición visitaron a los presos políticos de la revuelta popular, recluidos en la Cárcel de Máxima Seguridad, para constatar las condiciones en la que se encuentran, pedir el fin de las medidas de aislamiento y anunciar la presentación de un proyecto de indulto general para los prisioneros de la revuelta popular .

El diputado Boris Barrera señaló que la libertad es justa y necesaria, pues  las  visitas de estos jóvenes , fueron suspendidas desde marzo con el argumento de la pandemia, pero claramente no es más que una acción  política de castigo aplicada por el gobierno.

 

Boris Barrera agregó que espera que el gobierno se haga cargo de esta demanda y  que se reanuden las visitas y se conceda la libertad  de todos los presos y presas políticas de la revuelta que son los que han permitido por medio de la justa protesta del pueblo, que  estemos pensando en cambiar este modelo económico neoliberal a través de la una nueva constitución.

 

En tanto, la diputada Claudia Mix indicó que han  tenido varias reuniones con Gendarmería, donde se ha  planteado la necesidad de revisar las medidas cautelares, cuestión que en nuestro país se ha transformado en un hábito desde la dictadura y que implica una condición injusta que viven hoy día más de 500 luchadores sociales en las distintas cárceles del país.

 

A su vez, el diputado Gonzalo Winter precisó que el gobierno de Sebastián Piñera está utilizando la prisión preventiva y la Ley de seguridad interior del Estado como herramienta de control y castigo político a sus adversarios y a quienes piensan distinto, lo que  es completamente inaceptable en un Estado de derecho.

 

Por su parte, la vocera de los Presos Políticos de La Granja, María Marchant señaló que el Estado chileno tiene secuestrado a muchos  jóvenes por tener un pensamiento distinto, por eso exigió al país y a los diputados su apoyo en el proyecto de ley que se está redactando junto a los familiares para la libertad absoluta de los presos de la revuelta popular.

 

Consignar que los y las diputadas de oposición, participan en una mesa técnica con los familiares de los presos políticos para elaborar un proyecto de ley de indulto general.




Camila Vallejo y amnistía para presos políticos de la revuelta: «No permitiremos que se trate de delincuentes a quienes son luchadoras y luchadores sociales»

Parlamentarios y familiares de personas detenidas por distintos hechos en el marco de la crisis social, estallada el 18 de octubre de 2019, entregaron los primeros lineamientos del proyecto de «Ley de Amnistía» que propondrán en el Congreso.

Los dirigentes políticos y sociales, se reunieron en las afueras de los Tribunales de Justicia los familiares y representantes de los jóvenes que se encuentran presos desde el inicio de las movilizaciones sociales, junto a los diputados comunistas Camila Vallejo y Boris Barrera y el senador Alejandro Navarro, y vía telemática la diputada Emilia Nuyado (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

Camila Vallejo aclaró que no permitirá que se trate de delincuentes a quienes son luchadoras y luchadores sociales.

 

En ese sentido, la diputada comunista denunció que se ha impuesto una condena de facto contra los luchadores de la revuelta, al tenerlos privados de libertad por un año.  

 

En el encuentro dieron a conocer el grupo de iniciativa que se encargará de trabajar la ley de amnistía que enviará a la Cámara Alta en los próximos días, y leyeron una declaración donde hacen un llamado «al conjunto de la sociedad a solidarizar con nuestro dolor».

Sostienen que «luego del aplastante triunfo logrado en el plebiscito, resulta ética y moralmente inaceptable que existan niñas, niños y jóvenes ‘presos políticos’ en Chile, más aún cuando fueron los gestores de esta posibilidad histórica».