Urge refundar las FF.AA. y de orden en base al respeto irrestricto de los DD.HH. señala Claudia Pascual

Esta semana se registraron dos casos de abuso por parte de agentes del Estado en Puente Alto; el primero sucedió el pasado sábado en una feria libre en Bajos de Mena, donde varios clientes de una feria libre quedaron afectados luego de que Carabineros lanzara gas pimienta; y el segundo, cuando un joven ciclista resultó lesionado, tras una detención militar, tras ser derribado por un funcionario.

Anteriormente, el 13 de marzo, se había registrado un allanamiento de Carabineros en el Comedor Popular Luisa Toledo de la población Villa Francia, ubicada en Estación Central, mientras se desarrollaba una completada. Este despliegue policial, se efectúo paralelamente en el sector sur de Peñalolén y San Ramón.

La dirigenta del Partido Comunista y ex ministra de la mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, miró con preocupación esta escalada de violencia policial, pues a su juicio, lo que se genera es un manto de impunidad a partir del respaldo que entrega el Gobierno a las Fuerzas Armadas y de Orden cada vez que cometen violaciones a los Derechos Humanos.

 

Claudia Pascual aclaró que lo único que busca la policía con los allanamientos simultáneos en la zona sur de la Región Metropolitana es infundir miedo por la vía represiva.

 

La dirigenta política planteó la urgencia de refundar las Fuerzas Armadas y de Orden sobre la base del respeto irrestricto de los Derechos Humanos y con enfoque de género.

 

La exministra Pascual emplazó a las fuerzas progresistas a presionar para que el país avance hacia una policía no militarizada, cuyo foco esté puesto en la búsqueda y detección oportuna de hechos delictuales y de violencia de género, sin que ello implique sobrepasar sus atribuciones.




El emotivo y profundo diálogo en Temucuicui. Declaración final Trawun Temucuicui 18 y 19 de enero en lof Catrillanca

La madre y el hermano del funcionario de la PDI asesinado en medio de un operativo en Temucuicui, llegaron hasta la comunidad mapuche y se reunieron con el padre de Camilo Catrillanca. Esto se dio en medio del trawun de emergencia convocado por las comunidades autónoma y tradicional de Temucuicui para analizar el megaoperativo desarrollado el 7 de enero.

Catrillanca aseguró que los loncos han sido capaces de entender a la familia del funcionario de la policía civil y aseguró que los ayudarán y tratarán de fortalecerlos.

 

Ramón Morales, hermano del funcionario de la PDI asesinado, junto con compartir el dolor conjunto con la familia Catrillanca , señaló que las víctimas de la violencia del estado deben construir un diálogo.

 

El werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, denunció que a los pueblos originarios se les acusa de múltiples delitos, sin embargo jamás se han escuchado sus legítimas demandas.

 

Mijael Carbone, vocero de la Alianza Territorial Mapuche junto con señalar que como pueblo siguen en una permanente  reflexión, anunció acciones legales contra el Estado chileno por su permanente represión.

 

El trawun o encuentro en mapudungun, continúa este martes en la comunidad de Temucuicui, donde se fijaran los lineamientos tras el operativo de la PDI del pasado 7 de enero.

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Declaración final Trawun Temucuicui 18 y 19 de enero, lof Catrillanca

LEF TRAWUN EN TEMUCUICUI, FIN A LA INVASION Y VIOLENCIA ESTATAL CHILENA, AFIRMACION DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS, LA SOBERANIA TERRITORIAL Y LA AUTODETERMINACIÓN MAPUCHE.
1.- Nosotros los Mapuche participantes del Lef Trawun, “Reunión de Emergencia”, que surge como consecuencia del allanamiento masivo a las Comunidades Mapuche de Chacaico, Huañaco Millao, Temucuicui, Pancho Curamil, y Coñomil Epuleo, afirmamos que la invasión y violencia desatada y sin control de parte de la policía del Estado Chileno que destruyo nuestras viviendas, violento a los niños, mujeres y ancianos que viven en paz, tuvo por objeto omitir la responsabilidad penal y política del gobierno del Presidente Sebastian Piñera, de su ex ministro Andrés Chadwick, el ex Intendente de la Araucanía Luis Mayor en cuanto a la ejecución de Camilo Catrillanca y representa una violencia institucional continua y permanente desde la denominada “Pacificación de la Araucanía” hasta el día de hoy.
2.- La invasión policial y que consistió en un allanamiento masivo de parte de la policía, es un acto de violencia que atenta al derecho del Pueblo Mapuche de vivir en paz en su territorio y constituye un atentado a la familia Catrillanca que no se le permitió conocer las resoluciones judiciales que en ese momento y ese día el tribunal daba a conocer. Por lo mismo, viene a poner de manifiesto que la presencia del Estado Chileno y sus instituciones en el Wallmapuche, es una amenaza permanente en contra de nuestro Pueblo Mapuche y sus derechos.
3.- Subrayamos que el Wallmapuche es nuestro territorio y no hemos renunciado a ningún derecho sobre él, tampoco consentimos el despojo y la ocupación militar que ha efectuado el Estado Chileno. Por lo mismo, todas las propiedades patrimoniales territorial se han instaurado mediante la fuerza, la violencia y con leyes ilegitimas que los han elaborados y adoptados los propios usurpadores de nuestro territorio en desmedro a los derechos que nos asisten como Pueblo.
4.- Recordamos al presidente Sebastian Piñera y a los futuros gobernantes del Estado Chileno que, los Parlamentos o Tratados Mapuche referidos a la soberanía territorial están plenamente vigentes y reconocidos por el derecho internacional en dos normas de derechos humanos. En vista que el Estado Chileno no ha tenido la voluntad política de resolver el derecho al territorio. Entonces, consideramos que la ruta que adoptaremos para resolver las controversias sobre tierras y territorios serán los tribunales internacionales.
5.- Tenemos presente que en los actos coercitivos militares denominado “Pacificación de la Araucanía” se cometió el crimen de Genocidio que permanece en completa impunidad; asimismo, se tomó, confisco y ocupo nuestro territorio y sus recursos y nos empobrecieron económicamente como Pueblo y del mismo modo nos causaron daño cultural en el ámbito material e inmaterial. Estas tres situaciones constituyen las actuales tensiones y controversia y mientras no se resuelvan adecuadamente no aceptaremos jamás la impunidad del crimen de Genocidio, ni la ocupación y despojo de nuestro territorio y sus recursos y recurriremos a los tribunales internacionales para hacer cumplir la reparación al daño causado a nuestro Pueblo Mapuche.
6.- Llamado al Pueblo Chileno, especialmente quienes enarbolaron la Bandera Mapuche a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche”, para poner fin a la violencia Estatal, reconocimiento de soberanía territorial y autodeterminación, el establecimiento de la Verdad, Justicia, la Reparación al daño causado.
7.- Saludamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno que, surge del estallido social de octubre 2019, esperamos que haya una nueva constitución política, superando las trabas del 2/3. Al mismo tiempo y con la misma fuerza afirmamos que los Mapuche, no hemos dado mandato a nadie para disminuir, diluir o restringir nuestros derechos contenidos en el principio y el derecho a la autodeterminación adquirido internacionalmente.
Por el Derecho a Vivir en Paz, por el Respeto a nuestros Derechos Colectivos, por la Soberanía Territorial y la Autodeterminación, afirmamos los siguientes:
I.- Afirmamos que el Pueblo Mapuche seguiremos implementado la ruta de la autodeterminación al amparo del derecho internacional hasta la conformación de un gobierno propio como fórmula política para hacer respetar nuestros derechos y participar activamente en el concierto de las naciones organizadas políticamente.
II.- Exigimos al Estado Chileno y al gobierno del Presidente Sebastian Piñera asumir su responsabilidad en el crimen de Genocidio cometido en contra de nuestro Pueblo en el contexto de la denominada “Pacificación de la Araucanía” y con el objeto de conocer la verdad se establezca una “Comisión de Esclarecimiento Histórico”. La verdad, la justicia, la reparación al daño causado por el Genocidio, constituyen una condición previa para establecer una paz firme y duradera en el Wallmapuche.
III.- Anunciamos que la comunidad de Temucuicui y otras bajo el principio y el derecho al ejercicio de la soberanía territorial y la autodeterminación instaurará la “Policía Comunitaria Mapuche”, en vista que la policía Estatal Chilena representa una agresión y amenaza permanente en contra del Pueblo Mapuche.
IV.- Anunciamos que seguiremos desplegando y sin descanso, todas las movilizaciones organizativas de las comunidades Mapuche para la restitución de las tierras usurpadas y sin excepción alguna.
V.- Llamamos a los Tribunales de Justicia que operan en el Wallmapuche o territorio Mapuche que hagan efectivo su independencia en la aplicación de leyes revocando la constitución de propiedades territoriales que carecen de legitimidad, los arriendos por 99 años y asimismo, actúen con mayor objetividad en las causas que afectan a los presos políticos Mapuche.
VI.- Anunciamos a las comunidades Mapuche a desplegar todas las movilizaciones en el Wallmapuche y en el país en repudio a la invasión y violencia Estatal Chilena en contra de las comunidades Mapuche movilizadas por la restitución de su derecho a la tierra y en especial las que fueron víctima de un indiscriminado allanamiento.
VII.- Llamamos al Pueblo Chileno a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche” fundado en un reconocimiento pleno de nuestros derechos, poner fin la impunidad del Genocidio y reparación al daño causado, reconocimiento de nuestra soberanía territorial y reconocimiento al derecho de autodeterminación.
VIII.-Alentamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno y al mismo tiempo reafirmamos que no aceptaremos que se diluyan, restrinjan, ni limiten nuestros derechos colectivos adquiridos de parte del derecho internacional, asimismo, no aceptaremos una relación de subordinación institucional del Pueblo Mapuche en la nueva constitución política, sino un reconocimiento pleno de nuestra soberanía territorial y la autodeterminación.

Temucuicui, Walung Kuyen 18 y 19 de enero 2021.




Teillier sobre campaña político comunicacional contra Jadue y el operativo PDI en La Araucanía

Como un acto desesperado por parte de la derecha, calificó el diputado y presidente del partido Comunista la denuncia hecha en contra del alcalde de Recoleta Daniel Jadue por el caso Itelecom, empresa que está en el foco de la investigación del Ministerio Público por licitaciones de luminarias públicas.

Para Guillermo Teillier, la contra campaña política comunicacional en contra del edil, y que es aprovechada por los grandes medios de comunicación manejados por la Derecha, busca frenar el gran impuso que ha tenido la opción presidencial de Daniel Jadue.

 

A propósito del reportaje publicado este domingo en La Tercera, que involucra al asesor jurídico Ramón Sepúlveda con la cuestionada  firma Itelecom, Guillermo Teillier junto con leer la declaración del abogado, insistió en que este hecho además de estar basado en supuestos, en ninguna parte se relaciona con Daniel Jadue.

 

En una línea similar , el diputado y presidente del partido Comunista recordó que estas campañas difamatorias en los medios de comunicación en contra de su colectividad no son nuevas, y obedecen ahora al temor concreto que un militante de sus filas pueda ser candidato y elegido como primer mandatario.

 

Finalmente sobre esta denuncia, el diputado Teillier insistió en que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue desde un principio se manifestó colaborativo con la justicia, pues considera que no hay nada que ocultar, por lo que ahora será labor de los Tribunales de Justicia, y no de la prensa hegemónica, quien debe pronunciarse   esta situación, concluyó.

Sobre La Araucanía

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, acusó “desproporción” en el procedimiento desarrollado en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, donde más de 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones participaron de un confuso operativo de allanamiento, que dejó dos fallecidos y ocho heridos.

El parlamentario sostuvo que los hechos deben ser investigados, a la luz del mal precedente de la “Operación Huracán” y otros montajes institucionales para criminalizar al pueblo mapuche.

 

En ese sentido, Guillermo Teillier afirmó que las autoridades deben dar explicaciones, frente al hecho de que un procedimiento local como el de Temucuicui haya contado con más de 800 efectivos policiales.

 

El timonel del PC consideró gravísimo que Sebastián Piñera asegure sin pruebas que Temucuicui es un antro de narcotráfico, considerando además, que muchas veces, el tráfico de drogas es usado por las policías como excusa para ingresar a las comunidades indígenas.

 

Asimismo, Guillermo Teillier criticó los dichos del director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, llamando al mundo político a condenar la violencia, lejos de seguir cuestionando el accionar de las policías.

En respuesta, Teillier dijo que el propio hermano del policía fallecido, pidió que se aclare porque coincidentemente, el crimen ocurre cuando se iba a entregar la sentencia del caso Catrillanca.

 

El diputado Teillier concluyó que se requiere crear una comisión investigadora, para dilucidar lo que está ocurriendo en La Araucanía, en vista del precedente histórico de una serie de montajes en la región.




Bancada Regionalista impulsa comisión investigadora por violaciones a los Derechos Humanos en Estado de Emergencia

La instancia buscará principalmente buscar las eventuales responsabilidades de los ministerios de Interior y de Defensa, a raíz de las constantes denuncias al respecto que han surgido desde la ciudadanía.

La Bancada Regionalista presentó solicitud para impulsar la creación de una Comisión Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno y determinar las eventuales responsabilidades, principalmente de los ministerios del Interior y de Defensa, en las diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos que día a día surgen desde la ciudadanía, y del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de la declaración del Estado de Emergencia y que ya cuenta con un fatídico saldo de 18 muertos.

Al respecto, el diputado regionalista y principal impulsor de la iniciativa, Jaime Mulet, señaló que “mientras el país ha sido testigo de una transversal protesta social, fundada en la  exigencia de mejorar las desiguales condiciones de vida de los ciudadanos, el Gobierno respondió a esta protesta social con la declaración del estado de emergencia, para habilitar a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de las zonas comprendidas en dicho estado. Sin embargo, hemos visto como esta declaración ha tenido un tremendo efecto negativo en la sociedad chilena, la cual, aun recordando episodios similares de la dictadura militar, ha sufrido una violenta represión por parte de agentes del Estado. Esta represión se ha manifestado en miles de detenciones, agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, y muy desgraciadamente, en eventuales torturas, tratos inhumanos, crueles, y degradantes, y en la muerte de civiles por acciones de funcionarios de las Fuerzas Armadas”.

 

“Por eso estamos presentando la solicitud de una comisión investigadora para fiscalizar los actos de gobierno respecto de la declaración de estado de emergencia, toque de queda y todo lo que ha implicado esta situación de salida de los militares a la calle y uso de fuerza. Creemos que el gobierno debe responder, sobre todo respecto de la proporcionalidad usada, pues hay muertes, hay gente que ha denunciado torturas, hay privación de libertad, y queremos saber desde el punto de vista de la responsabilidad política que incumbe al gobierno, más que a las FF.AA. de qué manera se establecieron los protocolos, las instrucciones o los cuidados para que el uso de la fuerza sea proporcional, racional y ver qué pasó con esta muerte de ya varias personas, con la cárcel y con las torturas que se han denunciado”.

En este sentido, Mulet recalcó que “la comisión investigadora deberá especialmente investigar los actos o hechos cometidos principalmente por el Ministerio del Interior y el de Defensa en cuanto autoridades, entonces tenemos que ver los protocolos que se usaron, todas las instrucciones que se dieron para ver si hubo racionalidad”.

“Hay denuncias de irracionalidad, hay denuncias de represión derechamente como lo hemos visto una y otra vez, entonces es muy importante, dentro de las facultades que tiene la Cámara de Diputados, que éste lo investigue y lo haga rápido. Estamos pidiendo 45 días y una vez aprobada esta Comisión Investigadora se constituya y parta de inmediato, porque el gobierno insiste en mantener el decreto de estado de emergencia y a nosotros nos parece que obviamente eso más bien incita a la violencia y tenemos todo el derecho para fiscalizar los actos del gobierno en esta materia”.  




Galo Eidelstein experto en temas de Defensa Nacional: “Toda la experiencia de otros países demuestra el fracaso de involucrar a las FF.AA. en combate al narcotráfico”

Galo Eidelstein, académico y encargado de la comisión de asuntos de Defensa del Partido Comunista, comentó que la experiencia de otros países demuestra el fracaso de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico.

El especialista aclaró que “el tema central es el trabajo de inteligencia y el control financiero . También han creado eficientes redes sociales y ninguno de esos aspectos se combate con armamento de grueso calibre.”

 

Por otro lado, Galo Eidelstein aclaró que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir el narcotráfico, ni cuentan con la legitimación social para ejercer dicha labor, dado su involucramiento permanente en casos de corrupción.

En ese sentido, acusó al Gobierno de no tener un criterio político establecido para enfrentar fenómenos delictuales.

 

El encargado de la comisión de Defensa del PC aseguró que la solución pasa por desbaratar las redes de narcotráfico que blanquean el dinero obtenido a través del sistema financiero y la comercialización de droga y ese es un trabajo mancomunado de inteligencia policial y control del sistema financiero

 

Galo Eidelstein acusó al gobierno de impulsar políticas públicas con efecto mediático y sin sustento real, tal como ocurrió en La Araucanía con el Comando Jungla.

 

El encargado de la comisión de Defensa del PC concluyó que la policía de investigaciones está mandatada a desbaratar las redes de narcotráfico, y no las Fuerzas Armadas.




Juan A. Lagos y la lucha contra el narcotráfico: “Hay un gran negocio que se extiende al lavado de dinero, al secreto bancario y a ilícitos del sector financiero”

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, aclaró que la intervención militar en poblaciones, tal como lo exigen parlamentarios de la UDI,  no va en la dirección de atacar frontalmente el narcotráfico y las bandas armadas.

En ese sentido, profesional describió el narcotráfico como un gran negocio, que se extiende al lavado de dinero, el secreto bancario y negocios ilícitos de entidades financieras y eso la derecha no lo toma en cuenta, señaló.

Por tanto, Juan Andrés Lagos llamó a atacar el problema a nivel estructural, lejos de recurrir a medidas represivas o protocolos que regulen los narco funerales.

 

El analista acusó al gobierno de hacer pirotecnia comunicacional respecto al narcotráfico, en vez de promover políticas públicas destinadas al combate efectivo del poder armado presente en los territorios e instituciones del Estado.

 

Juan Andrés Lagos descartó que las medidas represivas sean la manera adecuada de combatir el narcotráfico y las adicciones, considerando que estos fenómenos fueron instalados por la Dictadura. 

 

El analista Juan Andrés Lagos recordó que el fenómeno del narcotráfico surge a partir de la Dictadura, en un contexto donde el Estado ejercía fuerte represión social.

Por tanto, descartó que un Estado represivo sea la solución en el combate contra la delincuencia y las bandas armadas.




Diputado Barrera afirmó que adopciones irregulares son violaciones a los DD.HH.

“Nos reafirma la posición de que es necesario crear una Comisión de Verdad, porque se configura la violación derechos humanos”, señaló el Presidente de la Comisión investigadora, Boris Barrera, tras la declaración de funcionarios de la PDI y del INDH.

El jefe de la bancada PC-Independientes, Boris Barrera, valoró la sesión de la Comisión Investigadora de adopciones irregulares realizada este lunes, porque se ha logrado un avance en establecer lo que está pasando y el trasfondo de todo lo que ha provocado la sustracción de niños y niñas.

Este lunes expusieron los representantes de la PDI dirigidos por el  Comisario Roberto Gaete, que es parte del equipo que participa en la investigación que instruye el juez Mario Carroza; y los representantes del Instituto Nacional de DDHH (INDH), encabezado por el abogado Rodrigo Bustos.

Los funcionarios policiales entregaron un completo informe sobre la existencia de redes que incluían captadores, cuidadoras y profesionales que mediante documentos ideológicamente falsos, identificaban a mujeres primerizas y vulnerables para arrebatarles sus hijos y sacarlos fuera del país. Además, establecieron patrones, formas de operar, que se repiten en todo Chile.

En tanto,  el represente del INDH, Rodrigo Bustos, afirmó se trata de casos donde hay violaciones a los DDHH, donde se vulneraron los derechos de niños y niñas, en particular en relación al artículo 8 de la Convención Internacional del niño que regula el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescente. Además, indicó que hay vínculo con la norma sobre la desaparición forzada de personas.

Al respecto, el Presidente de la Comisión Investigadora, Boris Barrera, afirmó que las exposiciones dejaron claro dos líneas de acción bien concreta. Por una parte, “aquí hubo una máquina, un sistema, un aparataje para la sustracción de menores. Había un modus operandi, establecido en distintas regiones del país. Por lo tanto, aquí tal vez se podría configurar, y eso lo tiene que determinar la justicia, una asociación ilícita porque no eran casos aislados (…) aquí hubo un patrón para apropiarse de niños y niñas y eso es lo que quedó establecido con la exposición de la Policía de Investigaciones”.

 

Por otro lado, señaló el legislador “el INDH dijo que aquí la gran mayoría de los casos corresponden a violaciones de derechos humanos por dos características claves. Primero, los niños que aún no han aparecido califican como desaparición forzada de personas. Segundo, que los que han participado en estas sustracciones, son organismos y agentes del Estado, como por ejemplo en los hospitales y en los juzgados de menores, que es lo que hemos visto en la comisión”.

Barrera precisó que todo ello, “nos reafirma la posición de que es necesario crear una Comisión de Verdad, porque se configura la violación derechos humanos”.

 

También se  reconoce, agregó, “que faltan más recursos para la investigación judicial que es lo que hemos estado haciendo durante la semana  (reunión con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín). Además,  tiene que haber reparación porque hubo violaciones a los derechos humanos”.




Diputado Teillier ante casos de corrupción en Poder Judicial, Fuerzas Armadas y policías: “Desplegaremos toda nuestra capacidad fiscalizadora desde el Parlamento”

Frente a los hechos de corrupción que envuelven  la actividad pública, las FF.AA. policías y más recientemente al Poder Judicial, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,  sostuvo que como colectividad   desplegaran toda su influencia fiscalizadora desde el Parlamento para evitar que estos casos empañen por igual a todos los actores políticos.

En este sentido, el diputado Guillermo Teillier expresó que existe un agobio ciudadano al darse cuenta que la gran mayoría de nuestra institucionalidad política, uniformada , judicial y hasta religiosa  ha sido afectada por personas inescrupulosas que han generado un caos social que ya nadie entiende.

 

Guillermo Teillier además apuntó sus dardos en contra del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien a su juicio ha instigado los casos de tráfico de influencias en el Poder Judicial en Rancagua, afectando de paso la credibilidad de toda la clase política, enfatizó.

 

Finalmente, el presidente del partido Comunista consideró urgente reconstruir la confianza en nuestras estructuras sociales y políticas, particularmente  en el Poder Judicial, pues  instruir a los jueces y fiscales para favorecer a los poderosos del país como ha estado ocurriendo, puede generar un conflicto en la ciudadanía de graves e insospechadas  consecuencias , concluyó el diputado Guillermo Teillier .