Paulina Cartagena: “Los grandes ejes de nuestra lista están puestos en las discriminaciones salariales y de género, además del constante agobio laboral del cual somos víctimas”

La Asamblea Nacional del Magisterio, a través de una sesión virtual dado el contexto de crisis sanitaria del país, resolvió que los comicios internos de la organización docente se realizarán el 25 Noviembre de 2020. La instancia de elección de los dirigentes del profesorado en todos sus niveles estaba programada para el 25 de marzo, pero fue suspendida por segunda vez debido a la pandemia de Coronavirus que afecta a Chile y al mundo.

Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano, es quien encabeza la lista F “con fuerza y unidad docente, ahora todos y todas al Colegio”. Al respecto, la dirigenta puso el acento en el trabajo colectivo de su plataforma programática y la necesidad de retomar el protagonismo del ente gremial.

 

La vicepresidenta del Magisterio Metropolitano destacó que los grandes ejes de su lista están puestos en las discriminaciones salariales y de género, además del constante agobio laboral del cual son víctima.

 

Asimismo, Paulina Cartagena aclaró que su plataforma programática está en permanente desarrollo a partir de las propuestas que lleva adelante el colectivo, sin embargo – remarcó la líder gremial – seguirán exigiendo la suspensión de los instrumentos de evaluación docente que aún perduran.

 

La dirigenta del Colegio de Profesores indicó que su propuesta se enmarca en la defensa de la educación pública, a partir de la exigencia de un mecanismo de financiamiento diferente.

 

Paulina Cartagena Vidal es profesora de Historia y Geografía, socióloga y militante del Partido Comunista hace 32 años. Hija de profesores. Su padre Cristian fue detenido tras el golpe de Estado de 1973 en la escuela donde trabajaba en presencia de sus tres hijos y su esposa, también maestra. Hasta el día de hoy se encuentra desaparecido.

En el ejercicio docente, Paulina Cartagena cumplió 20 años y encabeza la lista del Movimiento Manuel Guerrero para las próximas elecciones del Colegio de Profesores que se estiman altamente competitivas.




Abogado Ramón Sepúlveda se mostró confiado en que la justicia va a encontrar los resultados que la política le ha negado a muchos chilenos que han perdido familiares a causa de la mala gestión de la pandemia

Ramón Sepúlveda, abogado patrocinante  de varias querellas por la responsabilidad  que le cabría al  mandatario y autoridades  sanitarias actuales  y renunciadas,  en la muerte de personas por Coronavirus, valoró que la Corte Suprema decidiera acoger parcialmente la solicitud del Ministerio Público para acceder a los correos electrónicos de autoridades del Minsal, en virtud de la investigación sobre posibles responsabilidades en el manejo de la pandemia.

Junto con mostrarse conforme con este resultado, el experto indicó que el Ministerio Público debe seguir abogando por que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.

 

Asimismo, Ramón Sepúlveda se mostró confiado en que la justicia penal va a encontrar los resultados que la política le ha negado a muchos chilenos que han perdido familiares a causa de la mala gestión de la pandemia. Esto, a propósito del rechazo a la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Mañalich.

 

El abogado patrocinante de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, detalló que dicha acción fue extendida a dos figuras penales; diseminación imprudente de gérmenes patógenos y de falsificación ideológica de instrumento público.

La ampliación de la querella, añadió el jurista, se sustenta en la indagación realizada por la Fiscalía, de manera objetiva y a partir de negligencias del propio organismo.

 

El abogado Sepúlveda remarcó que en Chile Constituyen delito aquellos errores y negligencias cometidas por funcionarios públicos que tenían en su poder la decisión del manejo de la salud pública y la vida de las personas.




Carlos Insunza denuncia nueva ofensiva del gobierno para criminalizar a las y los funcionarios públicos

El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, denunció una nueva ofensiva del gobierno para criminalizar a los funcionarios públicos, esta vez a partir de amenazas de persecución penal y administrativa contra quienes obtuvieron el Bono Clase Media sin cumplir los requisitos.

En su diagnóstico, lo que el Ejecutivo busca es generar un efecto político en el debate nacional en desmedro de los trabajadores del Estado, lejos de asumir su responsabilidad, respecto a los numerosos errores e incongruencias detectados en la aplicación de esta medida.

 

Asimismo, Carlos Insunza criticó que mientras el gobierno anunciaba una persecución penal contra quienes solicitaron el bono a la clase media sin cumplir los requisitos, la Corte Suprema confirmaba una rebaja sustancial de la multa al empresario Julio Ponce Lerou, en el marco de uno de los mayores escándalos bursátiles de la historia de Chile, más conocido como caso Cascada.

A su juicio, este tipo de actuaciones vienen a confirmar la inequidad de trato entre el ciudadano promedio, y quienes tienen la capacidad económica y el poder político para defenderse ante Tribunales.

 

El dirigente de la ANEF y consejero nacional de la CUT, explicó que los fallos de la Justicia a favor del gran empresariado, obedecen a las lógicas neoliberales con que opera el actual marco constitucional, haciendo evidente la necesidad de una nueva Constitución.

 

Carlos Insunza sostuvo que Chile requiere de una institucionalidad que esté al servicio de las mayorías del país, dotándolas de órganos colegiados que sean capaces de implementar y supervisar políticas de fiscalización a los diferentes ámbitos de la administración pública.

 

Carlos Insunza concluyó que una nueva Constitución es la única forma de que el Estado pueda desprenderse de los altos niveles de coerción ejercidos desde los sectores privilegiados del país.




Paulina Cartagena: “Vuelta a clases presenciales pasa por la realidad de cada comunidad escolar y no por la decisión unilateral del ministro”

La vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano, Paulina Cartagena, respondió a los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, luego que este último manifestara sus intenciones de iniciar el año escolar 2021 “un poco antes”, además de insistir con el retorno a clases presenciales durante lo que queda de año.

Al respecto, Cartagena remarcó que la vuelta a clases presenciales pasa por la propia comunidad escolar de cada establecimiento, su realidad y no por la decisión unilateral del secretario de Estado.

 

Paulina Cartagena criticó que el ministro de educación trate de justificar el retorno a las aulas en una supuesta pérdida del año escolar o la baja asistencia a clases remotas, cuando en ningún caso está garantizado que los alumnos asistirían a las escuelas durante una emergencia sanitaria de esta envergadura.

 

La dirigenta del magisterio aclaró que las clases presenciales sólo se han podido retomar en aquellos establecimientos que cuentan con la infraestructura adecuada, o bien poseen un máximo de ocho alumnos por sala.

 

Paulina Cartagena anunció que van a entregar una carta al ministro de educación, Raúl Figueroa, exigiendo instancias de diálogo entre el gobierno y la comunidad educativa para abordar el retorno a clases.

 

La vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano fue enfática en aclarar que el Gobierno no ha querido reunirse con todas las organizaciones incumbentes a la hora de abordar los temas que aquejan a la comunidad educativa.




“Acusación a Mañalich permitió a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en riesgo la vida de miles de personas”

La diputada Karol Cariola insistió en la importancia de haber presentado la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Mañalich, pues aunque  fue rechazada permitió a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en riesgo la vida de miles de personas.

 

Asimismo, la parlamentaria comunista lamentó que exista un doble discurso en sectores de la oposición, que fue lo que llevó a que se rechazara en Sala esta acusación.

Consultada sobre en qué pie queda la oposición luego de esta votación, la diputada  aseveró que hace mucho que hay sectores que no buscan la unidad ni ponen los intereses de la ciudadanía en el centro.

Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez quien además es presidenta de la Comisión Investigadora sobre fallecidos por COVID, criticó el resultado de la votación indicando que un tema tan sensible como este no puede quedar en una votación.

 

Por último, Marisela Santibáñez,  recordó que existe una querella contra el exMinistro Mañalich y dijo que espera que sea esa querella más el trabajo de las tres comisiones investigadoras lo que permita finalmente esclarecer los datos sobre la real magnitud de los fallecidos en esta pandemia.

 

La diputada Santibáñez valoró  la defensa del libelo que hiciera la diputada Hernando, indicando que sus palabras permitieron aliviar en  parte el dolor de muchas familias que perdieron un ser querido producto del COVID 19.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, y quien fuera firmante de la Acusación Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que fue rechazada hoy en la Cámara de Diputados, por 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, criticó principalmente a los diputados que se abstuvieron, en su mayoría del Comité Demócrata Cristiano, y que permitieron desechar el libelo.

Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta, lamentó que a pesar de los datos duros, antecedentes indesmentibles y  argumentos importantes que entregaron especialistas en el tema y que fueron corroborados con estadísticas y con cifras, esta acusación fuera finalmente  desechada.




Sociólogo César Contreras: “Efectos en la conducta social producto de la pandemia persistirán en el tiempo”

Expertos revelan que los efectos en la conducta social producto de la pandemia persistirán, más allá de que se avance en encontrar una cura a una enfermedad que ha cobrado miles de víctimas tanto en Chile como el resto del mundo.

Así lo expresó el sociólogo e investigador César Contreras, quien afirmó que a las consecuencias  económicas derivadas del Covid 19, se sumarán  cambios conductuales que afectará la forma de relacionarnos  como colectivo.

 

El académico y experto en sociología advirtió que al individualismo  que impera en este modelo económico y social, se sumará  una creciente “virtualizaciòn”de los vínculos personales, forzada por el aislamiento  sanitario.

 

César Contreras sostuvo que como consecuencia de este contagio masivo, opciones como el teletrabajo y las clases remotas se harán permanentes, con los costos y beneficios que ello implica para nuestra sociedad.

 

Sobre este punto, el sociólogo Cesar Contreras advirtió  que si bien para muchos el teletrabajo  ha representado comodidad y ahorro de tiempo, también tendrá  a la larga, efectos psicosociales negativos al originar mayor precariedad y sobrecarga laboral, lo que resultará  perjudicial  para las y los trabajadores, aseveró.




Diputado Barrera y votación PC a favor de un nuevo retiro del 10%: “Medidas siguen siendo insuficientes y tardías”

Mediante un comunicado público, los diputados del Partido Comunista lamentaron que ante la pandemia, el gobierno mantenga total incapacidad de presentar un verdadero plan de protección económica y social para las familias. Frente al escenario de absoluta desprotección de los trabajadores, apelaron a la urgencia de aprobar la iniciativa de un segundo retiro del 10% de los previsionales.

El diputado del PC, Boris Barrera, ratificó que votarán a favor de la iniciativa, porque son conscientes de la desesperación de la ciudadanía, debido a factores como el sobreendeudamiento, el desempleo y el bajo salario mínimo.

 

El parlamentario comunista aclaró que consideran lamentable que las personas deban recurrir a sus propios fondos de pensiones, ya que esto no sería necesario si el gobierno se hubiera comprometido con medidas de apoyo que fueran en directo beneficio de las familias trabajadoras, como el impuesto a los súper ricos.

 

En ese sentido, Boris Barrera remarcó que el impuesto a las grandes riquezas debe ser tramitado a la brevedad, pues la propuesta legal permitirá contar con una renta básica universal para al menos el 80 por ciento de la población más vulnerable.

 

Como bancada del Partido Comunista, reafirmaron que son los más ricos, entre los cuales está incluido Sebastián Piñera, quienes deben tomar responsabilidad en la superación de esta crisis. Por ende, hicieron un nuevo llamado al Gobierno a ponerse del lado de los trabajadores, y no continuar con su política de defensa a las fortunas del Presidente y sus amigos.




Jaime Gajardo y fallido retorno a clases presenciales: “Hay sordera en el Mineduc”

El pasado jueves, varios colegios en la comuna de Pirque volvían a clases presenciales, uno de ellos era el Liceo Técnico Profesional el Llano que esperaba recibir a 15 alumnos, pero ninguno de ellos llegó.

El vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, afirmó que este fallido retorno obedece a la sordera del Ministerio de Educación, frente a los planteamientos que le han hecho las organizaciones sociales desde el inicio de la pandemia.

 

Jaime Gajardo dijo que el enfoque del Mineduc debiese estar puesto en garantizar el acceder al sistema de clases online en igualdad de condiciones, lejos de insistir en retomar las actividades normales sin que estén dadas las condiciones sanitarias.

 

El vicepresidente del Magisterio afirmó que la insistencia del Gobierno sólo se puede explicar en su concepción ideológica, la cual los lleva a entender a los establecimientos educativos como una guardería infantil, en beneficio de los empresarios.

 

Jaime Gajardo aclaró que la reactivación económica no puede ser impulsada a costa de la salud y la vida de las personas, sino que es el Estado, quien debe jugar un rol fundamental en la materia por la vía de un mayor desembolso de recursos.

 

El vicepresidente del Colegio de Profesores aclaró que el Estado chileno ha invertido apenas un 5% del Producto Interno Bruto en palear los efectos de la crisis sanitaria, mientras que muchos otros países con el mismo nivel de desarrollo han invertido el doble de recursos para efectos de resguardar la vida de sus habitantes.




Pymes advierten que ya están agotadas todas las medidas de postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento a través de créditos

El integrante de la Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile, Roberto Rojas, advirtió que ya están agotadas todas las medidas de postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento a través de créditos para efectos de salvar a las Pymes, en el marco de la crisis de empleabilidad que atraviesa el país.

En ese sentido, el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), dijo esperar que la situación de las Pymes mejore a partir del Plan de Subsidio al Empleo, y que no esconda “letra chica” como las ofertas anteriores.

 

Roberto Rojas afirmó que el subsidio al empleo podría ser beneficioso en materia de reactivación económica, siempre y cuando esté focalizado en ayudar económicamente a las Pymes, por ser quienes generan la mayor cantidad de empleos en Chile. 

 

Asimismo, el presidente de Conupia criticó que el Gobierno se escude en las Pymes para no aumentar el salario mínimo, cuando muy por el contrario, el sector que paga menos a sus trabajadores corresponde al de las grandes empresas del retail.

 

El representante de Convergencia Pymes manifestó su preocupación por el sobre endeudamiento que golpea a los pequeños y microempresarios, producto de la ley de capitalización que Sebastián Piñera puso en marcha hace cinco meses, condicionando la ayuda a préstamos para financiar el capital de trabajo.

 

Roberto Rojas se mostró partidario de que el Gobierno inyecte recursos directos a las Pymes por la vía de subsidios enmarcados en una lógica distinta al otorgado por Sernotec, dada su insuficiencia e hiper-focalización.

 

El presidente de Conupia concluyó que ya ha quedado demostrado el fracaso de la política crediticia a la hora de enfrentar la crisis de empleabilidad que azota al país, y en consecuencia, se requiere con urgencia de una salida alternativa al sobreendeudamiento de las Pymes.




Ricardo Calderón apeló a la urgencia que el gobierno promueva espacios de diálogo con las organizaciones sindicales de Codelco

Las directivas de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco, División Chuquicamata, denunciaron a la empresa ante la Inspección Provincial del Trabajo, por una presunta vulneración de derechos laborales, a partir del despido de más de 1.200 trabajadores, y la incertidumbre que hay respecto a la continuidad laboral de quienes se encuentran “bajo supuestas medidas de resguardo por Covid-19”.

Además, desde el Sindicato 2 de Chuquicamata, hicieron alusión al negocio de lixiviación, en el cual se cursaron 32 despidos en el mes de agosto para luego contratar a una empresa externa. Por ello, exigen que la empresa transparente los costos y si efectivamente hubo un beneficio económico al contratar a trabajadores externos, luego que la minera, en los últimos años, ha llevado un proceso en el sentido inverso, internalizando procesos.

El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, Ricardo Calderón, aclaró que el Gobierno ha incumplido su palabra de generar instancias de representación de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales de la compañía, con miras a resolver este y otros conflictos.

 

Asimismo, Ricardo Calderón apeló a la urgencia de que el gobierno promueva espacios de diálogo con las organizaciones sindicales de Codelco, para establecer mecanismos de prevención y monitoreo de contagios de Coronavirus, dirigidos a la actividad minera que se desarrolla en regiones donde existen rebrotes.

 

El titular de FESUC hizo un parangón entre Codelco y el centro de tortura que operó en Colonia Dignidad durante la Dictadura, a objeto de graficar el nivel de violencia que se ejerce contra los trabajadores y muy particularmente en el caso de sus representantes sindicales.

 

Ricardo Calderón denunció terrorismo laboral por parte de los ejecutivos de la cuprífera contra quienes se han atrevido a denunciar hechos de corrupción y despidos arbitrarios.

 

En ese sentido, el presidente de FESUC acusó a Codelco de vulnerar tanto convenios internacionales como su propia normativa, al cursar despidos arbitrarios y masivos de manera constante.

 

Ricardo Calderón sostuvo que la Justicia debe investigar los nexos entre ejecutivos de la corporación y los estudios de abogados que ejercen acciones legales en contra de los sindicatos de la compañía.

 

El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, advirtió que los ejecutivos de Codelco, intencionalmente están conduciendo a la cuprífera hacia su privatización definitiva, mediante numerosas prácticas anti-sindicales y una mala gestión reflejada en los altos niveles de endeudamiento.