Lautaro Carmona denuncia estrategia de la derecha que busca desmovilizar al pueblo e impedir una alta votación el 25 de octubre

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió sobre una campaña de guerra psicológica, instalada desde los sectores pinochetistas para impedir la alta participación que se espera en el plebiscito del 25 de octubre.

En su diagnóstico, la estrategia de la derecha está orientada a desmovilizar a la población a partir de la represión de agentes del Estado que se ejerce en el marco de hechos de violencia orquestados muchas veces desde la propia institucionalidad.

 

Del mismo modo, Lautaro Carmona advirtió que la derecha pretende asociar las protestas con hechos delictuales que no guardan ninguna relación con el sentir popular, expresado en la movilización.

 

El dirigente comunista aclaró que la violencia y el vandalismo presente en las marchas, es instigado por delincuentes, pero también por operaciones policiales y de la Armada, mediante la infiltración de agentes del Estado.

 

Lautaro Carmona sostuvo que la derecha chilena es quién está detrás de la campaña del terror, ejercida por funcionarios de Carabineros mediante montajes e infiltración de sus funcionarios en la protesta social.

 

El secretario general del PC, concluyó que la presencia de Carabineros infiltrados en las manifestaciones, da cuenta de una orden superior, dirigida al fracaso del plebiscito.




Lautaro Carmona señaló que es el oficialismo quien no respeta la democracia al estar permanentemente defendiendo la herencia de la Dictadura

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que el ministro del interior, Víctor Pérez, carece de toda legitimidad para acusarlos de atentar contra la democracia e incitar a la violencia, tratándose de un personero de derecha que históricamente ha sido un férreo defensor de la Dictadura.

Esto, luego de que Pérez criticara los dichos del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien defendió el derecho a manifestarse.

 

Lautaro Carmona aclaró que es el oficialismo quien no respeta la democracia al estar permanentemente defendiendo la herencia de la Dictadura, así como las negociaciones entre partidos hechas a espaldas de la ciudadanía.

 

El secretario general del PC aclaró que los dichos del timonel de la colectividad constituyen una demostración más de su apego irrestricto a las demandas del movimiento social, en circunstancias donde el gobierno busca deslegitimar el derecho a manifestarse.

 

Lautaro Carmona ratificó que la esencia del llamado de Teillier está orientada a que la ciudadanía se exprese en movilizaciones pacíficas, independiente de hechos puntuales que puedan alterar el orden público, ya sea por el actuar de grupos aislados o la represión policial.

 

El secretario general del PC concluyó que siempre van a relevar el rol protagónico del movimiento popular, siendo este clave en el proceso de transformaciones estructurales que cursa Chile, ad portas del plebiscito de octubre.




Orden, paz y fascismo

(Por Víctor Peña Godoy / Trabajador Social / Magister en Historia Latinoamericana de la UNLZ de Argentina). Chile vive desde más de un mes un levantamiento generalizado que ya no puede ser clasificado como un estallido social. Aun pese a todo el vandalismo que se ha vivido en estos días, las encuestas, ninguna financiada desde la izquierda, hablan de un apoyo aplastante a las manifestaciones y  a las razones que han motivado esta insubordinación general.

¿Se puede entender este estado de insubordinación general como una amenaza a la paz?

Según los que firmaron el acuerdo que dio cronograma y limitó la facultad constituyente que millones de personas reclaman en las calles, si.  Es difícil comprender no ya los detalles que hacen cuestionable ese acuerdo como el amarre de los dos tercios y la forma de elección de los delegados a una posible convención, sino que el mismo acuerdo invoque un llamado a la paz, porque entonces la tesis de la derecha dura, expresada histéricamente por Piñera, de que  estamos en una guerra, tiene razón.

Chile ha vivido una  ruptura emocional y sociológica  profunda en estos días. El viejo orden que avalaba culturalmente la forma en que estaba estructurada la sociedad, se rompió por una acumulación de contradicciones que se fueron sumando de forma silenciosa y creciente en estos últimos treinta años, en medio de una constante auto alabanza de un sistema que consideraba el aumento del ingreso per cápita como una señal y prueba irrefutable del éxito del modelo económico, político y social chileno.  Tal como escribió dramáticamente alguien alguna vez, la importancia de las mentiras aceptadas, reside en que cuando nos acostumbramos a ellas, ya no sabemos distinguir la verdad, de la falsedad y eso sucedió y sucede en Chile y ha sido la causa esencial de esta reacción en cadena, de tan difícil dimensión o pronóstico.

Es un cliché hablar de clase dominante, pero existe. Acumula  y ejerce el poder económico, comunicacional y político sobre el resto de la sociedad chilena, intentando en tiempos de cambios culturales apabullantes, seguir determinando las reglas de la vida a nivel societal y para las personas de este país. Miraron, primero incrédulos y después con temor lo que ha pasado en Chile en estas últimas semanas y sobrepasado el shock de no poder reaccionar a lo que se llamo, como forma intencional de acotarlo, un estallido social, han tomado la ofensiva comunicacional para poner en primer relevancia el tema de la Paz y Orden Público, como la condición necesaria para avanzar en la agenda de normalizar el país y en apariencia, caminar a las reformas sociales y constitucionales que el país reclama con tanta insistencia.

No pocos personeros de aquellos que administraron, en los últimos treinta años, con todo gusto el sistema que se ha roto en su validación social, se han sumado a ese llamado urgente, como prioridad determinante para este momento histórico al restablecimiento de la Paz y el Orden Público. Hasta algunos viejos revolucionarios arrepentidos de los años setenta y de hasta no hace mucho, han salido a proclamar que vivimos en una situación que amenaza la convivencia y la estabilidad institucional.

Nadie puede dudar que Chile vive episodios de violencia que escapan a cualquier articulación de alguna fuerza política determinada, que intente con esa agenda de desborde,  imponer un camino para la solución de esta crisis. Si algo ha caracterizado este levantamiento nacional es su extraordinaria dimensión geográfica, su enorme caudal y resistencia ciudadana, la variedad de escenarios, la transversalidad  de sus demandas económicas u políticas y la  expresión de una autonomía que supera incluso la convocatoria de las organizaciones que intentan, a partir de su agrupación social y gremial,  la conducción y representación de este movimiento.

El rompimiento del pacto social ha sido profundo y las posibilidades de solución de esta crisis en paz, no se basan en la demonización de este levantamiento y sus formas, muchas de ellas expresadas en el aprovechamiento del lumpen inorgánico y oportunista por excelencia en estos escenarios. Sin embargo ese mismo sector, acotado socialmente, que puede liderar actos de vandalismos, no es capaz por sí mismo de quebrar el orden institucional, pues carece de estructura o proyecto, no cuenta con finalidades superiores a un aprovechamiento  circunstancial, al orden social que los fomentó por años de abandono y marginación social extrema.  La fortaleza del estado, de sus estructuras contensivas y represivas es inmensamente más poderosa en su capacidades que esa amenaza de aquello que es presentado como el riesgo a la paz y la vida de las personas.

La construcción de una amenaza a la vida de cada persona que justifique una guerra o intervención militar, es parte esencial de las doctrinas que expresan las guerras de cuartas generación y eso está ocurriendo. Hay demasiados testigos  en múltiples lugares de Chile que han presenciado el repliegue de las fuerzas policiales en saqueos, quema de infraestructura pública y privada. El que no desee aceptar esa realidad no desea aceptar como hemos llegado a este estado de cosas y es funcional a la agenda represiva.

Aquellos que se escandalizan con que se mencionen si quiera, la posibilidad de que ocurriesen provocaciones de agentes del estado en parte de esas situaciones de violencia y vandalismo extremo, olvidan cuantas guerras se han desatado con acciones de lo que se conoce como acciones de bandera falsa, en donde se culpa, a una fuerza enemiga real o no, para la justificación del despliegue de una guerra. Por si alguien lo olvida la Segunda Guerra Mundial comenzó con un supuesto ataque polaco a una estación de radio alemana que nunca ocurrió. La Guerra de Vietnam con el incidente del Golfo de Tomkin que el mismo senado norteamericano desmintió. Un país llamado Chile, gobernado por un presidente de larga data republicana, con un Plan Zeta y quince mil combatientes extranjeros en su territorio que nadie vio y otro llamado Iraq, con armas de destrucción masiva que nunca existieron. Olvidan el crimen Catrillanca o la Operación Huracán

 ¿Es que eso fue hace mucho? ¿Quienes sostuvieron esos montajes?

¿Entonces es delirante si quiera analizar desde el mismo fundamento de la doctrina militar contemporánea que esa posibilidad no es una mera suposición conspirativa?

Llama la atención que los firmantes del acuerdo de paz y por una nueva constitución limitada de ante mano en sus reglas, no hayan escrito una sola línea para  acordar la investigación debida de todos los actos de violencia que se habían producido hasta la misma tras noche de la firma del texto que nos devolvería la tranquilidad y el orden. Algunos elementos faltaban en ese acuerdo sin los cuales la paz que se pregona no puede producirse.

Tal como las condiciones que aceptaron, por un sector no menor de los partidos políticos opositores a la vieja dictadura, hace treinta años para una democracia tutelada por el poder pinochetista y de la derecha, no hay una línea clara definida y explicita, medianamente firme, que establezca que la violencia ha tenido, en lo fundamental, su detonante en la respuesta incendiaria del propio gobierno, de la derecha y en particular de Carabineros al actual  estado de insubordinación social. La prudencia de un general que acepto que el país no estaba en guerra, se extraña en estos días.

Si a las profundas razones acumuladas durante décadas de desigualdad social, de burla a los  derechos sociales y a las condiciones de vida de la gente más humilde de este país, de la escandalosa justicia de diverso tipo para los delitos económicos de los sectores dominantes, que han afectado la vida de millones de chilenos, se suma el accionar represivo del estado, expresado en un régimen de excepción, con militares en las calles, toque de queda, una brutalidad policial callejera y en sus cuarteles, sin paragón incluso en tiempos de dictadura, que instituciones internacionales que la misma derecha alababa hasta hace poco, han denunciado con todo fundamento y seriedad, tenemos una situación de violencia acumulada e incentivada que se expresa en todo el dramatismo de estos días.

Es curioso que la derecha quiera imponer comunicacionalmente, incluso alejando a las voces más críticas del sistema en los programas de televisión abierta, la legitimidad de volver a instaurar el orden, incluso comparando la situación de Chile con la de países que han vivido ataques de terrorismo integristas, selectivos y hasta masivos en contra su población, que han provocado que unidades militares resguarden sitios de relevancia política y cultural en ciudades europeas. La noción de una amenaza externa no es lo que domina Chile en estos días

Hay una experiencia histórica concreta en Chile en términos de pacificación e instauración del orden y hasta el progreso. Ha sido una constante en nuestro devenir como sociedad:

La pacificación de la Araucanía se llevó a miles de mapuches y el robo de sus tierras. La civilización y progreso de la Patagonia provocó la exterminación total de los pueblos originales australes. El restablecimiento del orden en Iquique se llevó la vida de mil pampinos en la Escuela Santa María, contando mujeres y niños.  El control del Alto Bio Bio en Ranquil mató a centenares de campesinos y ni siquiera sale en los libros de historia. El restablecimiento del orden y los valores patrios se llevó la existencia de centenares de chilenos, la cárcel y tortura para miles más y una dictadura de 17 años.

Cuando la derecha habla de paz siempre ocurre lo mismo. Lo triste es que viejos aliados por las transformaciones sociales, que dicen compartir la necesidad de cambios en esta sociedad, que no impulsaron en sus muchos años de gobierno post Pinochet, que incluso apoyaban y apoyan tratado tan dañinos para nuestra sociedad y soberanía legal como el Trans Pacifico, apoyen una agenda que puede terminar en el establecimiento de una violencia de estado, amparada en reformas legales que señalan incluso la no responsabilidad legal para uniformados.

La paz que Chile necesita no se instaurará a manera de la Paz Romana, aquella que el mismo Kenedy repudiaba, impuesta  a punta de fusiles impunes del estado, que eta vez no tiraran perdigones. Se debe de entender y saber a ciertas, que toda violación a los derechos humanos será inevitablemente castigada tarde o temprano. Si en verdad se desea la paz, debe nacer  de un verdadero acuerdo nacional con fundamentos sólidos en el mundo social, en toda su complejidad y variedad de su representación y demandas, que vaya más allá de partidos que negocian en nombre de una calle insubordinada que no los reconoce como sus representantes.

Aceptar el restablecimiento del orden, de esa Paz que la derecha avala por todos sus medios comunicacionales y difunde en un país en donde no hay un solo  periódico o canal de  televisión de oposición, es la forma más directa de impedir los cambios sociales y la derecha como es su tradición, lo intentará como siempre lo  ha hecho, llamando a salvar la patria y los valores de una sociedad dominada por ellos y que por ningún motivo desean alterar.

Necesitamos Paz, no porque estemos en guerra, sino porque la paz social que se vivió hasta la semana del 18 de octubre pasado, terminó por reventarse por acumulación de energías, como un reactor nuclear llevado a sus límites de posibilidades, explosionado y que no puede ser apagado, si no se comprende las razones de su estallido y sus reales consecuencias. Es esa onda reactiva lo que  sacude a Chile y la paz que se necesita es mucho mayor que el orden público.

Aquellos que desde la oposición, que actúan como respirador artificial de un gobierno fracasado y en banca rota, al que ni siquiera se atreven acusar en el merito de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en estas semanas,  que  se conjugan con la derecha para imponer esa agenda de control social represivo, saben de sobra y hasta por experiencia, que esa puerta de escape a la actual crisis, solo lleva al establecimiento de un golpe blanco, para un fascismo que ya hemos padecido. Es muy triste ser complementario de algo así y Chile por su memoria, presente y futuro no se merece tamaño destino.

La solución de nuestra crisis no pasa por un golpe de estado institucional y reaccionario, ni por una la guerra civil. Chile y su gente merece mucho más que eso.




Hugo Gutiérrez: Proyecto de ley «anti saqueos» es terrorismo jurídico para atemorizar la ciudadanía»

El diputado Hugo Gutiérrez, integrante de la comisión de constitución, legislación y justicia, calificó el proyecto de ley “anti saqueos” como terrorismo jurídico para atemorizar a la ciudadanía, evitando que se siga incorporando a la protesta social.

En ese sentido, el parlamentario del Partido Comunista lamentó que el Frente Amplio votara a favor de esta medida en la Cámara y espera pueda ser revertido este «engendro jurídico».

 

Según explicó Hugo Gutiérrez, este proyecto busca que los delitos penales de la ley de seguridad del Estado sean considerados comunes para efectos de facilitar la persecución penal de manifestantes, poniéndolos a disposición del Ministerio Público y Tribunales.

El congresista añadió que por esa vía, el gobierno pretende estigmatizar la protesta social, evitando que la gente se movilice.

 

El diputado Gutiérrez alertó sobre el encarcelamiento de cientos de jóvenes en caso de que se apruebe la ley “anti saqueos”, considerando que a la fecha ya van cerca de 50 mil detenidos en contexto de sublevación nacional.

 

Hugo Gutiérrez dijo que el movimiento social debiera amparar a las víctimas de persecución penal, quienes en la práctica pasarían a ser presos políticos por exigir el término de la institucionalidad pinochetista.

 

El diputado comunista aclaró que su bancada seguirá votando en contra de esta iniciativa en lo que resta de tramitación, periodo en que se analizarán y corregirán algunos tipos penales.

 

Finalmente, el diputado Hugo Gutiérrez señaló que la llamada “ley anti saqueos” busca infundir miedo a objeto de frenar la participación ciudadana en el proceso constituyente en curso.




Declaración de Unidad Social ante la aprobación parlamentaria de la agenda represiva del gobierno. CUT también rechazó

Con fecha 04 de diciembre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que criminaliza la protesta social, proyecto que poco más tarde también aprobó en general el Senado.

En concreto, el proyecto penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación: 1) Paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos; 2) El derecho a la autodefensa frente a la represión policial; 3) La interrupción del tránsito de personas o vehículos; y 4) Las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial, 5) Castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de “una agrupación y organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos” ya señalados, criminalizando la agrupación y organización social en la lucha por nuestros Derechos.

Este proyecto fue aprobado en general con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. Participaron en su aprobación los diputados de los partidos de “Oposición” PPD, PRSD, PS, Convergencia Social y Revolución Democrática, además, se abstuvieron en su aprobación los diputados de los partidos Comunes y PC.

Los partidos de oposición y en particular el parlamento siguen sin entender la magnitud de la crisis y siguen sin hacerse cargo del estallido y la demanda social.
No se entiende que habiéndoseles dicho que rechazaran la agenda legislativa y los proyectos de un gobierno que tiene menos del 10% de aprobación, continúen votando y peor aún aprobando sus proyectos en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social. En los hechos le dan oxígeno a un gobierno que viola sistemáticamente los Derechos Humanos.

Unidad Social agrupa a más de 200 organizaciones que durante años han luchado por transformar Chile, y por mejoras relevantes para quienes representan. Asimismo, hemos sido parte de la digna lucha de los pueblos que durante más de 40 días se ha movilizado en las calles, en cabildos, trawün y asambleas, por transformar las condiciones de precarización de nuestras vidas, condiciones de miseria y exclusión en que hemos estado por más de 30 años. En ese sentido, con fuerza señalamos que entendemos la aprobación de este proyecto como una continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera. Defendemos nuestro Derecho a la Protesta, a la desobediencia civil, y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la Huelga como Derecho Humano.
Convocamos a rechazar esta agenda represiva y frenar su tramitación propiciada por el gobierno, la derecha y parte de la “Oposición”. Además llamamos a seguir movilizados, a no ceder a las políticas de terror del Gobierno y a impulsar la iniciativa popular de Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional y la Agenda Social de Transformaciones Urgentes que hemos puesto sobre la mesa. Nos organizamos contra la impunidad de los verdaderos criminales que son los responsables materiales y políticos de la violación sistemática a los DDHH, exigimos juicio y castigo, reparación a la víctimas y liberación inmediata de los más de mil presos y presas políticos del Chile que despertó.

¡Arriba las y los que luchan!
Santiago 5 de diciembre 2019

También la CUT rechazó




Unidad para el Cambio: Hay inacción y desconexión del gobierno frente a propuestas y demandas sociales

Unidad Para el Cambio acusó inacción y desconexión del gobierno frente a las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, el bloque reafirmó su compromiso con el trabajo permanente en la mesa de Unidad Social y su petitorio, donde hasta el momento se han suscrito tres grandes acuerdos  que pretenden recoger las principales demandas sociales.

Al respecto, el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, sostuvo que a más de 40 días de iniciado el conflicto social en Chile, el gobierno ha decidido responder con iniciativas que reprimen la protesta y que no dan solución a las propuestas del mundo social.

 

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, manifestó que el gobierno debe responder e incluir, en los proyectos, conversaciones y acuerdos, a los incumbentes como la  mesa social. Por otro lado, el timonel del PC expresó que no están de acuerdo con las iniciativas del Ejecutivo que buscan acallar la manifestación mediante la criminalización de la protesta ciudadana.

 

Finalmente, el presidente de Los Progresistas, Camilo Lagos, expresó que existe una falta de sintonía del gobierno con lo que pasa en el país. Junto con esto, declaró que para establecer algún tipo de acuerdo, primero se debe asumir el compromiso absoluto por los derechos humanos.

 

Desde el inicio de la protesta social, Unidad para el cambio destacó que ha suscrito acuerdos fundamentales, como: el que responde formalmente la propuesta del Bloque Sindical, la “Propuesta soberana Chile Decide”, y un proyecto de reforma Constitucional ya ingresado a la Cámara de Diputados.




Juan A. Lagos: «Este momento político social, el proceso constituyente es de carácter histórico y fruto de la movilización popular»

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, destacó el carácter histórico del proceso constituyente que cursa Chile, en el marco de las multitudinarias movilizaciones registradas a partir del estallido social del 18 de octubre.

El personero  sostuvo que la mesa de Unidad Social, compuesta por más de 200 organizaciones sociales y sindicales del país, debe jugar un rol protagónico en la construcción de espacios de participación ciudadana.

 

Juan Andrés Lagos expresó que la soberanía popular es clave en la construcción de una nueva Carta Magna, siendo el pueblo quien debe zanjar los mecanismos de participación y quórum.

 

El dirigente dijo que el estallido social en Chile dejó al descubierto la desigualdad estructural que afecta a las grandes mayorías sociales, así como la falsa democracia existente.

 

Juan Andrés Lagos explicó que la ciudadanía ha dejado de manifiesto el agotamiento del modelo neoliberal, exigiendo una Nueva Constitución que garantice derechos sociales.

 

El analista Juan Andrés Lagos instó a la mesa de Unidad Social a frenar la arremetida elitista contra la democracia directa, para cursar un proceso constituyente verdaderamente participativo.




Por Juan Gajardo López: La lucha continúa

(* Profesor, miembro de la comisión política del PC de Chile). Esta socorrida consigna hoy adquiere una radiante realidad. A pesar de la pendular conducta del gobierno, por una parte con una atosigante y truculenta campaña  por seguir presentando la protesta social como un conjunto de hechos delictivos  o al revés,  señalando que comprende sus motivaciones y decir que escuchado el mensaje lo asume como propio, lo cierto es que desde el mismo  señor Piñera, no se quiere o no se puede ver la magnitud de la presente crisis. Un cambio de gabinete intrascendente, un conjunto de medidas paliativas en lo social de tono menor, la búsqueda de diálogos con quienes hoy muy poco definen pretendiendo así escamotear al movimiento social que bajo las banderas de Unidad Social  levanta demandas y propuestas, junto a  la intención de seguir desarrollando en el parlamento su plan legislativo con sus proyectos que concitan el rechazo mayoritario, son claros signos que este gobierno nada comprende, nada desea comprender, no asume en definitiva el fracaso de su  gestión en lo particular, pero menos el agotamiento del modelo de desarrollo que impusieron desde fines de los 70, usando la dictadura militar en tal fin.

El pueblo ha seguido en un estado de movilización social, multiforme y permanente. A las grandes y multitudinarias manifestaciones que se han dado a lo largo de todo el territorio nacional, se han sumado cabildos o asambleas populares en las cuales han participado miles de compatriotas, el mundo de la cultura se ha sumado con sus propias expresiones y cuando producto de este largo feriado de fin de semana el gobierno pretendía volver a “su normalidad”, han surgido formas de manifestarse novedosas y creativas, como la marcha de mujeres de luto o la funa que realizan jóvenes ciclistas frente a la casa de Piñera.

Este es, a no dudarlo, el más significativo movimiento popular de las últimas décadas en nuestro país, que ya no cuestiona sólo algún aspecto parcial del sistema, cuál fue por ejemplo la educación el 2011 o las AFP en 2016, sino que es todo el sistema lo interpelado. Una reciente encuesta de Termómetro Social realizada por DESOC  y Centro de Microdatos de la U.  de Chile identifica las motivaciones principales de los movilizados, su percepción de las instituciones y sus demandas centrales. Allí resalta con nitidez la exigencia de una nueva Constitución, elaborada en una Asamblea constituyente y plebiscitada,  como el mecanismo central de salida del conflicto.

Para que esto suceda es vital seguir manteniendo la transversalidad y pluralidad del movimiento social, del cual nadie es dueño por lo cual nadie lo puede instrumentalizar. Dentro de esta Unidad Social el bloque sindical está llamado a jugar un rol protagónico, por la solidez y experiencia histórica del movimiento. Todos los otros movimientos son significativos: el feminismo, el movimiento medioambientalista, los pueblos indígenas, los y las pobladores/as, las demandas de salud y educación,  sin duda las organizaciones de derechos humanos, sobre todo ahora en que el Estado ha mostrado su rostro más represivo. Nadie puede desconocer el carácter profundamente político de este movimiento y en consecuencia, obviar el rol que los partidos políticos pudiesen jugar en su desarrollo, siempre y cuando comprendan este rol y no pretendan reemplazar o suplantar a las/los movilizadas/os.

Será la violación de derechos humanos  un tema central que fundamente la acusación constitucional contra el presidente de la república, que se hará próximamente en el Congreso Nacional, usando un mecanismo validado en el actual marco institucional. Más allá del resultado, lo buscado es que la primera autoridad del país asuma la responsabilidad política y ética por los/las asesinados/as, torturados/as, agredidos/as por la fuerza pública en estos días de movilización popular, reviviendo prácticas que esperábamos hubieran quedado como malos recuerdos de la dictadura. En definitiva, reivindicando el derecho del soberano, o sea, el pueblo del cual emana el poder, a expresarse, sin ser objeto de violencia del Estado o de maquinaciones violentistas destinadas a justificar dicha violencia.




Hugo Gutiérrez: «La actual Constitución está mandatada para resguardar el modelo neoliberal»

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, sostuvo que la derecha junto a sectores de la exconcertación se han resistido a realizar las transformaciones que hoy reivindica la ciudadanía.

El parlamentario recordó que durante 20 años su colectividad fue excluida de la vida política por querer romper con los enclaves dictatoriales de la Constitución aún vigente.

 

El diputado Hugo Gutiérrez explicó que la actual Constitución está mandatada a resguardar el modelo neoliberal, promoviendo la desigualdad y la acumulación de la riqueza.

 

Asimismo, el congresista aclaró que la única salida a este conflicto es una nueva constitución nacida en democracia, ya sea por la vía de un plebiscito, cabildos y otro mecanismo.

 

El diputado Hugo Gutiérrez repudió que la Constitución permita a dictar estados de excepción en virtud de la Dictadura, pues eso sólo ha traído muertes y graves violaciones a los Derechos Humanos.




Camilo Lagos señala que Chile vive un momento histórico con una ciudadanía que ha despertado ante los abusos del modelo neoliberal

El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, adhirió al camino que ha tomado la ciudadanía y sus movilizaciones. Dijo que es el camino correcto para una ciudadanía que ha despertado ante los abusos y robos del gran empresariado.

A su juicio, los saqueos y hechos de violencia también son consecuencia del malestar ciudadano fruto de un modelo neoliberal perverso y abusador.

 

Camilo Lagos aclaró que la izquierda chilena lleva muchos años proponiendo una asamblea constituyente, reformas tributarias y un sistema previsional de carácter solidario; sin embargo las disputas electorales han impedido materializar dichas demandas ciudadanas.

 

En ese sentido, el timonel progresista destacó que Chile vive un momento histórico del cual también se han hecho parte, respaldando las reformas cursadas bajo gobiernos progresistas, junto con denunciar violaciones a los derechos humanos.

 

Camilo Lagos rechazó la conducción que le está dando Sebastián Piñera a Chile, echando abajo reformas sociales del anterior gobierno y promoviendo la represión policial contra los manifestantes a lo largo del país.