Profesores llaman a no aprobar idea de legislar en el proyecto de Admisión Justa

El expresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, califica el proyecto como un grave retroceso para la educación: “no podemos seguir reproduciendo la desigualdad a través de este proyecto de ley”

Dirigentes del Colegio de Profesores encabezados por el actual vicepresidente del gremio, Jaime Gajardo, realizaron un fuerte llamado a las bancadas de oposición a rechazar la idea de legislar el proyecto de ley de Admisión Justa impulsado por el gobierno que busca reponer la selección en los establecimientos educacionales.

Gajardo fue enfático en señalar que esta ley es un retroceso. “El único aspecto positivo es cuando habla de los hermanastros bajo un mismo techo, donde los dos pueden ingresar a un establecimiento determinado. Eso está bien, nadie se va a oponer a eso, pero eso se subsana con una ley corta, una ley complementaria para perfeccionar la Ley de Inclusión, pero no planteando todo este proyecto que tiene un punto positivo y 10 negativos”.

 

Ante esta situación el dirigente gremial hizo un llamado a los parlamentarios “a que no voten la idea de legislar y proponemos que hay que defender lo que se ha avanzado, que orienta lo público por sobre lo privado y seguir profundizando los cambios en esa dirección”.

 

También señaló que la Ley de Inclusión vigente y el derecho de educación de calidad para todos debe ser un punto de convergencia de la oposición del país. “Acá esta la oportunidad de la unidad de la oposición” indicó Gajardo y esta debe ser demostrada rechazando la idea de legislar. “No podemos seguir reproduciendo la desigualdad a través de este proyecto de ley”, concluyó.

Maniobras para distraer

En las últimas semanas ante la batería comunicacional del gobierno para instalar este proyecto de ley en la discusión pública, Jaime Gajardo plantea que esto viene a tapar otros conflictos indicando que “es una maniobra distractoria para tapar todo el problema de La Araucanía y la renuncia de Chadwick”.

Similar situación se habría vivido con el Aula Segura cuando en plena discusión legislativa “comenzaron a aparecer los overoles blancos agrediendo a Carabineros y luego que se promulgó la ley, no aparecieron nunca más los overoles blancos”.

Incluso en los canales oficiales del Ministerio de Educación en redes sociales han señalado en los materiales gráficos la llamada “Ley de Admisión Justa” cuando es un tan solo un “proyecto de ley, del cual ni siquiera ha sido aprobada aún la idea de legislar”, expresó Gajardo.

El Dictamen 074359 de 2015 de la Contraloría General de la República indica que en “el caso de las iniciativas de ley, se deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente”, algo que el ministerio de Educación omite en las gráfica que suben a sus redes sociales.

Ley Machuca

Respecto a los dichos de la ministra Cubillos sobre la contradicción que plantea el proyecto de ley Machuca promovido por la oposición, los dirigentes plantearon su apoyo a la iniciativa que busca incluir o no excluir como el proyecto promovido por el gobierno de Piñera.

Nadia Avalos, dirigenta del comunal Maipú del magisterio señaló que “es un falso argumento de parte de la ministra, acá no hay contradicción. Acaso nos vamos a oponer que haya inclusión en el Verbo Divino, en el Villa María Academy, por supuesto que no”.




“¿Qué busca la derecha con la selección escolar?” una columna de Jaime Gajardo Orellana

(Vicepresidente nacional del Colegio de Profesores). Para comprender los objetivos que persigue la derecha al intentar reponer la selección por mérito en el sistema escolar es preciso comprender cuál fue el objetivo fundamental de la ley de Inclusión. Dicho objetivo fue someter los intereses privados al interés público, emparejando la cancha para terminar con los problemas de segregación.

Los cambios
impuestos en dictadura implicaban la convicción de que el sistema educativo en
su conjunto sería de mejor calidad y más eficiente no gracias a la acción del
Estado, sino como resultado de las acciones que los individuos realizan
libremente en su propio beneficio. Para materializar esta convicción la derecha
destruyó la educación pública e institucionalizó lo que ha sido llamado mercado
educativo, superponiendo los intereses particulares al interés general y
pretendiendo transformar la educación en un bien
de consumo
producido por una industria
educacional
.

En el mercado los
intereses privados encontrarían libertad para expresarse y generarían
espontáneamente beneficios sociales. El esquema de mercado funcionaría más o
menos así: el empresario, que tiene el interés particular de transformar
recursos públicos y dinero de las familias en ganancias privadas, va a
esforzarse por ofrecer educación de calidad, ya que su negocio depende de la
preferencia de los apoderados. Las familias por su parte persiguiendo el
interés particular de educar de la mejor manera posible a sus hijos van a
elegir la mejor opción a su alcance. Como resultado tendríamos escuelas
impulsadas, por la competencia, a mejorar constantemente, cuestión que a la
larga produciría un mejor sistema educativo. Sin embargo, la promesa neoliberal
jamás se cumplió. La investigación educativa ha demostrado vastamente que la
mercantilización de la educación no ha hecho más que profundizar la
desigualdad. 

En este esquema de
mercado la selección exhibe sus peores características, pues implica
discriminación de estudiantes por parte de los sostenedores para alcanzar fines
particulares, esto es, exhibir mejores resultados en pruebas estandarizadas
para ser más atractivos en el mercado. En este contexto, la selección no es un
reconocimiento del esfuerzo, sino un mecanismo empresarial para asegurar la
calidad de un servicio. 

Sin embargo, la
selección independientemente del contexto (sistema privatizado o completamente
público) privilegia intereses particulares y atenta contra el interés general
que debe perseguir cualquier sistema educativo: ofrecer a todos y todas las
mismas oportunidades educativas independiente del origen socio-económico y
cultural. Ello implica asumir que hay una igualdad intrínseca entre los y las
ciudadanas, expresada en el reconocimiento de un derecho inalienable.  

La selección atenta
contra dicho interés general por dos razones. En primer lugar, la selección (por
mérito o por cualquier otro factor) implica que las oportunidades educativas no
son para todos ni para todos iguales y que, por lo tanto, la segregación
escolar es una característica inherente de los sistemas educativos. En segundo
lugar, en la medida en que la segregación es un hecho, es decir, es inevitable
la desigual distribución de las oportunidades educativas, existirían
distinciones arbitrarias entre los ciudadanos, en virtud de las cuales unos
tendrían derecho a un tipo de educación y otros, a otros tipos. La selección
escolar implica, entonces, discriminar arbitrariamente (distinguiendo entre
ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría) y utilizar recursos
públicos para beneficiar a unos en desmedro de otros, acentuando la desigualdad
de origen y profundizando la desigualdad social.

Como respuesta a
los vicios generados por un sistema educativo orientado por fines particulares
que niegan el interés general del cual hemos hablado, el pasado gobierno dictó
la llamada Ley de Inclusión.  Con esta
ley se ha conseguido por primera vez en casi 40 años que los principios de la
educación pública sean los que orienten el sistema educativo en su conjunto y
no ya intereses individuales que se abrirían paso solo en un contexto de
competencia.

Cuando el Estado
garantiza un derecho no puede perseguir intereses particulares, es decir, no
puede, entre otras cosas, generar ganancias privadas, ni cobrar a las familias
ni discriminar. Esto significa que la educación provista por el Estado debe
necesariamente estar abierta a todos y todas, porque los y las reconoce como
ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos. En consecuencia, haber
terminado con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos
privados que reciben financiamiento estatal, significó extender en todo el
sistema educativo principios fundamentales de la educación pública.

Lo que busca hoy la
derecha desde el gobierno (pues ya lo intentó cuando se discutía la ley de
Inclusión, acudiendo al Tribunal Constitucional) es alcanzar un triunfo
ideológico para instalar la idea de que el destino de cada cual depende exclusivamente
del esfuerzo personal, pues lo que está en juego no es “reconocer el valor y
legitimidad del mérito académico en el desarrollo de las personas y del país”
ni “devolverles a los padres su derecho preferente a elegir la educación de sus
hijos y la libertad de los educadores a desarrollar sus proyectos educativos”
(como señaló Piñera en una reciente columna publicada en El Mercurio), sino los
principios normativos del sistema educativo. La derecha busca instalar la idea
de que la desigualdad es una característica inherente de toda sociedad (de allí
que sea legítimo seleccionar) y que no hay nada ni nadie (ni siquiera el
interés general que se puede expresar a través del Estado) que podría
cambiarlo.   

Hoy es el momento de frenar a la derecha, defender lo
avanzado y profundizar los cambios. Los triunfos en el ámbito educacional nos
pueden abrir paso para lograr definitivamente que sean los intereses de la
inmensa mayoría de la población y no los de los grandes grupos económicos
(encabezados por un puñado de familias) los que orienten el destino del país.  




Magisterio rechaza proyecto de contrarreforma educacional “admisión justa”

Ya está por presentarse el proyecto “Admisión Justa” con que el gobierno pretende cambiar la forma de postular a los colegios y liceos, volviendo al antiguo sistema que prioriza las calificaciones. La oposición se ha manifestado en contra de este proyecto de ley, incluso afirmando que rechazarán la idea de legislarlo. El Colegio de Profesores también ha fijado posición sobre la materia.

Ante esto, el Vicepresidente del magisterio  rechazó tajantemente este proyecto, así lo manifestó el histórico dirigente gremial Jaime Gajardo quien se explayó sobre la materia.

 

La ley de inclusión fue promulgada por Michelle Bachelet en 2015, y Sebastián Piñera argumenta que esta tiene falencias y es por eso que debe ser cambiada. Gajardo comentó que el presidente está ocupando mal el concepto.

 

Esta semana, Piñera se refirió a la “industria” de la educación, rectificando dicho término después de miles de críticas en el congreso, Twitter y la ciudadanía, cambiando el término a comunidad un día después. Aquí Jaime Gajardo cree que no fue un error ocupar la palabra Industria.

 

El rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, se mostró a favor de la ley que impulsa el gobierno. Mientras que los diputados Jaime Bellolio de la UDI y Giorgio Jackson de Revolución Democrática, tuvieron un duro encuentro a través de Twitter por centrar el debate el talento de los jóvenes y los colegios emblemáticos. En este sentido, Jaime Gajardo cree que ese no es el camino.

 

Se proyecta que se presente en los próximos días el proyecto a la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia, así los parlamentarios tendrán un plazo de sólo 15 días para despacharlo.




Ministra de Educación realizó positiva evaluación de la Ley de Inclusión Escolar

Este jueves la ministra de Educación, Adriana Delpiano, expuso un balance de lo que ha sido la Ley de Inclusión Escolar, la que permite a los padres elegir el establecimiento para sus hijos, termina con la selección en el ingreso a estos y también acaba con el lucro en los colegios que tienen aportes del Estado.

La ministra de la cartera, se refirió primero a la eliminación del copago, en donde detalló que de los 3 millones 200 mil alumnos de los establecimientos municipalizados y particulares subvencionados, el 83% estudia gratis.

 

Sobre el derecho a la familia a escoger el establecimiento, la secretaria de Estado destacó que desde 2016 que esta ley comenzó a regir y que sobre la selección empezó de forma gradual, primero en Magallanes y luego se sumaban cuatro regiones más completándose todas las regiones del país a finales de 2001.

             

La titular de educación, enfatizó que el proceso para terminar con el lucro ya finalizó. Éste consistía  en el traspaso de una sociedad comercial a la figura de corporaciones y fundaciones donde más de 5 mil establecimientos hicieron este trámite.

             

La ministra finalizó destacando que es un proceso que se ha hecho con cuidado por varios años, cautelando que se haga paulatinamente por lo que los tres objetivos de fin al copago, selección y lucro, ya está bien encaminados y algunos de estos procesos ya finalizados.