Carta abierta Izquierda Cristiana a los obispos de la iglesia católica y de las iglesias protestantes y evangélicas de Chile por huelga de hambre Machi Celestino Córdova

Respetados Sres Obispos:

Como es de público conocimiento, el Machi Celestino Córdova lleva al día de hoy 60 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. A él se han unido 9 comuneros mapuche que cumplen condena en la cárcel de Angol.

Tras tan largo ayuno, existe un grave deterioro de su salud y un  riesgo cierto de su vida.

Reclama el cumplimiento de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, lo que significa que se les debe permitir cumplir su condena en su comunidad o Rehue y por ello deben adecuarse los reglamentos intrapenitenciarios a las políticas interculturales a las que el Estado de Chile  se ha obligado.

Este ayuno es una herramienta de denuncia y protesta que emerge con fuerza cuando las demandas chocan con un ESTADO que no tiene voluntad política de cumplir ni siquiera con su propia legalidad. Por esto, la posición frente a ella no puede separarse del contexto, ni de las causas o motivaciones de quienes la sostienen, ya expresadas en el párrafo tercero de esta misiva,  hay razones superiores que hacen que el ayuno sea un medio legítimo de presión ante el poder. La huelga de hambre del Machi no nos deja indiferentes, nos conmueve, nos compromete y es por ello que creemos -y así lo solicitamos a través de esta carta-que las iglesias tampoco pueden aparecer como indiferentes ante una lucha legítima y pacífica, y deben tomar una posición favorable a las demandas de los presos mapuche.

Por lo que los  invitamos a ustedes, como hombres de Dios, a sumarse en esta búsqueda de la justicia y les pedimos desde ya, que ello se traduzca en que ejerzan toda la autoridad moral que posean, para  el logro de las reivindicaciones del Machi Celestino Córdova y consecuentemente con ello lograr el término de la huelga de hambre que tiene en serio riesgo su vida.

Las huelgas de hambre no son algo nuevo en las luchas de los pueblos y de los sectores oprimidos para encontrar caminos de mayor justicia, en el caso de los presos políticos mapuche ha alcanzado cierta recurrencia  por una justicia que respete las diferencias y comprenda el carácter político social de sus demandas. En este sentido, se tensionan la dignidad humana que está contenida en valores centrales del individuo, como la vida y la libertad que hacen que la huelga de hambre sea una forma de protesta social pacífica y extrema.

De esta forma, sostenemos que una huelga de hambre no constituye una conducta suicida, porque quienes reclaman por medio de esta vía extrema no buscan la muerte, muy por el contrario, aman la vida, pero una vida libre, conectada con la madre tierra, con su comunidad y su pueblo y esto no es una contradicción con el cumplimiento de una sentencia, por ello es que el convenio 169 de la OIT, contempla en  sus normas que las sentencias penales que deban cumplir miembros de pueblos indígenas preferirán sanciones distintas al encarcelamiento.

Sin perjuicio del debate ético moral sobre la huelga de hambre, la que desde ya consideramos legítima, toda vez que se da bajo la búsqueda de una justa causa. Entendemos la causa justa como el consenso de quienes cuestionan la legitimidad de un determinado régimen, sistema social, político, jurídico o religioso, o de determinadas acciones de éste, ya que las injusticias sociales, políticas y religiosas u otras que motiven la huelga, anidan la imposición de pseudo consensos sobre los sectores minoritarios, siempre bajo la falsa imagen de un Estado de Derecho formal.

Entendemos también que para las iglesias cristianas frente a una huelga de hambre, que eventualmente puede terminar en la muerte del huelguista, surge el tema del suicidio, de la reprochabilidad de éste y de su eventual ilicitud.

Sin embargo no podemos dejar de hacer presente que no es efectivo que la tradición judeocristiana siempre ha rechazado sin matices todo tipo de autooccisión. Por ejemplo, si leemos el Primer libro de Samuel:

“Dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame, no me hieran esos incircuncisos y así me afrenten. El escudero no obedeció por el gran temor que tenía; y cogiendo Saúl su propia espada, se echó sobre la punta de ella. El escudero, viéndole muerto, se arrojó igualmente sobre la suya y murió con él” (Jueces 31, 4-6).

Por otra parte también existe, en la tradición cristiana, la occisión indirecta como acción voluntaria, la que no solo es lícita, sino que es venerada y reconocida como un martirio en nombre de Dios, ya que existe un justo y proporcionado motivo, como el bien para sí mismo o para los terceros. Algunos ejemplos de ello:

Cristo prevé su muerte, no hace nada por evitarla, sin embargo ninguno de nosotros pensaría jamás que detrás de su muerte hay una autooccisión.

Lo mismo podemos decir del caso de Maximiliano Kolbe en Auschwitz, de Francisco Javier en las misiones de Oriente o Terence Mac Swiney (alcalde católico de la ciudad irlandesa de Cork, muerto después de sesenta y tres días sin ingerir alimentos, en 1920. Fue detenido y encarcelado por participar en la rebelión independentista de Irlanda contra Gran Bretaña. Murió en prisión el 25 de octubre de 1920. Mac Swiney es un héroe para Irlanda que obtuvo su independencia poco después. La Iglesia católica Irlandesa de la época apoyo fuertemente su huelga de hambre.

Nosotros, dado lo expuesto, estimamos que  existe el deber de conservar la vida que tiene cada persona, ese es un deber personal y social, por lo que no podemos quedar ajenos a este movimiento y por otra parte no podemos hacernos cómplices de la imposición de una manifiesta injusticia e ilegalidad por parte del Estado a los ayunantes.

Estimamos que en ocasiones límites, y este es uno de esos casos, la huelga de hambre “hasta las últimas consecuencias” es legítima. Por lo que será lógica y éticamente incorrecto tratar la huelga de hambre siempre en el contexto temático del suicidio, porque constituyen dos realidades distintas, es por ello que no  vemos plausible que  la huelga de hambre sea condenable y creemos que es un deber cristiano acompañarla y usar todos nuestras capacidades para que ésta logre el objetivo que se ha propuesto.

Habiendo dejado en claro que la huelga de hambre no es un ilícito, por el contrario en los casos y bajo los presupuestos planteados, es una acción lícita, aunque extrema, que cuestiona las potestades estatales y por lo tanto, da mayor valor al fuero íntimo del Machi Celestino Córdova y los 9 hermanos mapuche, que se han plegado a su ayuno, quienes apelan al último recurso que ofrece su dignidad en este gesto humano extremo, en una acción heroíca y altruista, un acto lícito que enaltece la vida como valor.

Finalmente, consideramos razonable, proporcional, ajustado a derecho y moralmente justo, que personas que se consideran injustamente encarceladas y que buscan un cambio sustancial en las condiciones de encarcelamiento, puedan hacer una huelga de hambre, como medio de reclamo y búsqueda de justicia en  nombre de la aplicación y respeto del derecho internacional de los derechos humanos.

Es por estas razones que reiteramos nuestra solicitud a ustedes, que en uso de la investidura que poseen, del valor moral de vuestros cargos,  comprometan sus mejores esfuerzos en pos de respaldar las reivindicaciones del Machi Celestino Córdova y los 9 comuneros mapuche de la cárcel de Angol que se encuentran en Huelga de Hambre.

“Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?”  Génesis 4:9

Con respeto los saludamos.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, JOCELYN SOTO,  BRAYAN GALAZ

Valparaíso, julio 20202




[Declaración] La posición de la Izquierda Cristiana sobre el llamado a un nuevo acuerdo nacional

El presidente Piñera con fecha 25 de mayo de 2020 invitó a un nuevo acuerdo nacional que tuviera cinco ejes principales, que calificó como “claves” para llegar a un consenso: el combate contra la pandemia, un plan de protección social para las familias y un plan para proteger el empleo, un plan de reactivación de la economía y, por último, un marco fiscal que permita enfrentar con “sensibilidad social y responsabilidad fiscal las urgentes necesidades del presente y los exigentes desafíos del futuro”.

Nadie podría negar la importancia de los temas que se plantean, sin embargo el abordaje de ellos contiene gravísimas deficiencias, ya que desde nuestra perspectiva lo que realmente está en juego y debe transparentarse en el Chile de hoy es:

El respeto efectivo de los derechos humanos expresados en el pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 16 de diciembre de 1966, el  cual Chile suscribió el 16 de septiembre de 1969 y que fue promulgado en abril de 1989 y publicado en el diario oficial el 27 de mayo de 1989.

El presidente de la república no necesita hacer llamado alguno a un acuerdo nacional para cumplir con sus deberes constitucionales y con los deberes que se derivan de las obligaciones que como Estado se tiene con el derecho internacional de los derechos humanos. Es en el cumplimiento de estas obligaciones donde se juega lo fundamental para abordar esos cinco ejes, sin embargo todo indica que estos deberes están ajenos o fuera de la discusión política del acuerdo que se pretende lograr.

La oposición política con representación parlamentaria, con honrosas excepciones, lo que ha ofrecido a los chilenos y chilenas es un pobre ejemplo de control democrático de los actos del ejecutivo, y una nula sintonía con lo que es un sentimiento mayoritario del pueblo: que se produzca un efectivo respeto de sus derechos humanos expresados en el pacto de derechos económicos sociales y culturales; lo que supone necesariamente efectuar  cambios económicos sustanciales, que pongan el centro en las personas y no en los intereses de consorcios financieros y de los grupos económicos.

El cambio de foco en cuáles son la necesidades más importantes y como se expresan, es uno de los desafíos que el gobierno no ha asumido, ni asumirá porque contraría su esencia y por que simplemente no le interesa, hay demasiados ejemplos que dan cuenta de ello y que se expresan en la forma ineficaz como ha enfrentado la pandemia.

El acuerdo presenta a priori a lo menos cuatro problemas:

Un primer problema de fondo es que el gobierno no cree en el Estado como administrador de recursos y no cree en la solidaridad, ni en la comunidad como sostén de un nuevo orden, en realidad no desea un nuevo orden.

Un segundo problema es que el gobierno intenta salvar lo que realmente le interesa proteger: el modelo neoliberal  exclusivo y excluyente.  No podemos, con los actores que pretende sentar a la mesa, esperar nada positivo, solo maquillajes comunicacionales, para así hacer realidad el mito de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

Así, creemos que el problema central del Chile de hoy, es que el Estado no respeta los derechos humanos, que se supone tiene el deber de  garantizar. Las medidas para enfrentar la pandemia suponen la incorporación de manera prioritaria del derecho humano a la salud, a la vida e integridad personal, el acceso al agua potable, a la alimentación, a medios de limpieza, a vivienda adecuada, a cooperación comunitaria, asegurando efectiva protección social, incluyendo el necesario otorgamiento de subsidios, rentas básicas y  otras medidas de apoyo económico.  Proteger los derechos de los trabajadores, tomando medidas efectivas que velen por la seguridad de ingresos económicos y medios de subsistencia de modo que tengan condiciones para cumplir las medidas de protección, y a condiciones de acceso a la alimentación durante la pandemia ( no resulta vano señalar que la ley 21.227 no cumple con ninguno de estos objetivos, traspasando la carga a los propios trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios).

Finalmente hay un cuarto problema que tiene que ver con el vacío moral de la política, que la gente ve y percibe en su cotidianeidad. Todo el intento de la sociedad de dominación es que no aparezca en el discurso público toda noción del buen vivir, del bien vivir o de la vida buena, que no sea en la matriz capitalista, utilitaria y hedonista, así prepararon el triunfalismo del mercado (cada día más alicaído), y la continuidad del razonamiento mercantil en todas las áreas de la vida social y personal de hombres y mujeres.  Este razonamiento vacía la vida pública de argumentos morales, así todo se mercantiliza, ya que el mercado no emite juicios sobre las preferencias que pretende satisfacer si alguien está dispuesto a pagar por ello. Las únicas preguntas que el modelo neoliberal hace es: ¿cuánto vale?, ¿qué beneficio económico me reporta?, ¿cómo minimizo mi pérdida y maximizo mi utilidad?, no piensa en la comunidad, ni en el individuo/a, ni en las personas, en los dolores, en las emociones, en las esperanzas y desesperanzas que viven en ellos/as, no reconoce al pueblo como soberano.

La abstención de todo juicio relativo a valores está en el centro del razonamiento mercantilista eso ha hecho que el discurso público haya perdido toda energía moral y cívica y ha contribuido a la tecnocracia de mera gestión, siempre ineficiente para los intereses de las mayorías.

Por eso no les creemos, no confiamos en sus acuerdos, que dejan fuera las obligaciones de derechos humanos, claras e indiscutidas y las voces críticas de un modelo que debe razonablemente transformarse o desaparecer y que la pandemia covid 19 ha, tan dolorosamente, vuelto a desnudar.

Por lo que llamamos a nuestros pueblos, a nuestros hermanos de los pueblos originarios, a las  organizaciones, políticas, sociales, sindicales y gremiales a construir unidad, a seguir promoviendo la organización, la educación y la concientización en que otro mundo es posible y que éste comienza en la cotidianeidad de nuestras vidas y de nuestros espacios más inmediatos, sólo así derrotaremos los acuerdos cupulares  y nos proyectaremos a recuperar el Estado para el soberano que es el pueblo.

Ven-seremos.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA.




¿Modernización del sistema de inteligencia o retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional?

La posición de la Izquierda Cristiana sobre la reforma a la ley 19.974  Sobre inteligencia del Estado.

Podemos caracterizar el presente momento como aquel en que recrudece la pandemia  COVID 19, lo que obliga al gobierno a decretar la cuarentena total en Santiago, con un retraso de 54 días de acuerdo a la sugerencia de los expertos.

Cuando la preocupación del gobierno debería estar puesta en dar respuestas efectivas a los graves problemas de empleo y de subsistencia diaria de una gran mayoría de la población, cuando la ocupación de los hospitales llega a sus puntos críticos en todo el país, cuando, que duda cabe, todas las prioridades del Estado deben concentrarse en el combate de la pandemia y de sus perniciosas secuelas sanitarias, sociales, económicas y culturales, es en ese contexto que, el Presidente Piñera reflota un proyecto de 13 de noviembre de 2018 que “Moderniza el Sistema Nacional de Inteligencia”, y que propone modificaciones a la ley 19.974, éste ya ha pasado su primer trámite constitucional en el Senado (un dato muy relevante: no ha obtenido ni un voto en contra, sólo una abstención) y  ahora inició el segundo trámite constitucional en la Cámara de  Diputados y al  que el día 12 de mayo de 2020 el gobierno le pusiera suma urgencia.

El proyecto lo que hace es redefinir el Sistema de Inteligencia del Estado, crea un Consejo Asesor, crea el cargo de Subdirector para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), entrega el diseño de una estrategia Nacional de Inteligencia para los próximos cuatro años al director de la ANI con la aprobación del Presidente, incorpora en tareas de inteligencia  a las FFAA y de orden y seguridad, entrega los objetivos y la conducción de la inteligencia policial a sus mandos superiores y lo más relevante es que retoma la idea del enemigo interno en los objetivos de la inteligencia, ya no sólo se piensa en los enemigos externos, como es hasta hoy.

Cuatro son los gravísimas disposiciones que contiene este proyecto, que se convertirá en ley de ser aprobado por la cámara de Diputados:

Primero, reestablece la Doctrina de la Seguridad Nacional, en  la figura del enemigo interno, si bien explícitamente no está dicho,  se desprende de todas las modificaciones que propone (parece obvio, que quienes van a definir quien es este enemigo interno será por una parte el consejo asesor y por otra el plan nacional de inteligencia elaborado por el director de la ANI).

Segundo, la incorporación de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas a las tareas de inteligencia de grupos nacionales.

En tercer lugar, el proyecto de ley propone trabas al control democrático por parte de la cámara de Diputados, ya que establece que las Diputados/as miembros de la comisión de Inteligencia del Estado, solo podrán citar con el acuerdo de 2/3 de sus miembros en ejercicio al Director de la ANI a dar cuenta de las acciones de la agencia, en simple,  a través de un veto de la minoría, habrá  la posibilidad de cierta impunidad y objetivamente la imposibilidad para fiscalizar a la ANI.

Finalmente, la absoluta ausencia en el proyecto de cualquier referencia al debido respeto de los derechos humanos, en el desarrollo de las tareas de inteligencia, lo que debiera ir en consonancia con las obligaciones del Estado con el derecho internacional de los derechos humanos.

No nos parece  liviano señalar que el gobierno del Presidente  Piñera lo que intenta es consolidar su política represiva y de control en contra de los movimientos sociales, las organizaciones de los pueblos indígenas y los partidos más progresistas, criminalizándonos y convirtiéndonos en potenciales peligros para la seguridad de nuestro país, por el solo hecho de soñar y proponer un Chile con bases económicas, sociales, políticas y culturales lejanas al capitalismo.

Lo que ha hecho, no es otra cosa que un intento por reposicionar la tristemente celebre Doctrina de la Seguridad Nacional con su historia de sistemática violación de derechos humanos.

Recordemos que La Doctrina de Seguridad Nacional es una macroteoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la «ocupación» de las instituciones estatales por parte de los militares. Por ello sirvió para “legitimar” el nuevo militarismo surgido en los años sesenta en América Latina.  La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifes­taciones subversivas a la mayor parte de las organizaciones sociales, políticas y religiosas que ponían de manifiesto las desigualdades sociales y que promovían el socialismo.

La Doctrina de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano para militarizar el concepto de seguridad, al ubicar el componente militar en el centro de la sociedad, trascendiendo las funciones castrenses, la Doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región.

El convertir al adversario político en enemigo es, sin lugar a dudas, un grave  peligro para el respeto de los derechos humanos.

 El cambio político y militar contemporáneo más importante a nivel profesional fue la sustitución del viejo profesionalismo de «defensa externa», por el nuevo profesionalismo de “la seguridad interna y el desa­rrollo nacional». Se justificaba, asi, el golpe militar y la instauracion del terroris­mo de Estado como sistema de accion política. Este terrorismo logra no solo identificar y destruir al enemigo actual, y disuadir a los enemigos potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridad personal es función inevitable y obligada de su incondicionalidad frente al modelo. Así, en esta guerra antisubversiva se dió prioridad al componente psicológico mediante la labor de inte­ligencia. Para ella se copiaron las instituciones estadounidenses del Estado de Segu­ridad Nacional diseñadas con este propósito, en particular las de «inteligencia», Los servicios de inteligencia se militarizaron, y fueron ubicados, al igual que en el sistema nazi, por encima de la jerarquía que le corresponde en la organizacion institucional tradicional. De este modo, los metodos psicológicos, como la persecucion, el hostigamiento, la detencion arbitraria, la tortura y la desaparición, fueron prioritarios en esta guerra «irregular».   Reproducir esta doctrina entraña los peligros descritos. Hay suficientes antecedentes como para creer que de aprobarse el proyecto en discusión, se consolidará la búsqueda del control social y la derrota, por el terror y la desmovilización, del movimiento social.

Estas políticas del Estado y de su agentes no nos resultan tan lejanas si pensamos en la acción concertada y criminal con que enfrentó la revuelta social de 18 de octubre de 2019.

Sin embargo, hoy la tarea de dominar no les resultará fácil, cuando hay un pueblo movilizado, consciente y dispuesto a la lucha no violenta y a la desobediencia civil, por una vida más digna, cuando hay un pueblo con la convicción que hará valer su condición de soberano.

 Ven-seremos.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, VALENTINA CASTRO, JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA.

Valparaíso, 17 de mayo de 2020.




Izquierda Cristiana: Día de los trabajadores/as un momento para reafirmar la unidad y la esperanza

“Sí: El mundo obrero celebra hoy, antes que una masacre, un testimonio: el testimonio de que él mismo puede y debe ser, en inquebrantable unidad, el principal protagonista de su propio destino. La esperanza, por eso, de conquistar por sí mismo su lugar en la Tierra, luchando solidariamente por hacer valer su dignidad de persona.”[1]

Esa es nuestra esperanza, el que sobre el insolente y atrevido “desarrollo” capitalista que ha menoscabado y agotado los recursos del planeta y ha creado las condiciones estructurales para que sea posible el objetivo primordial de la globalización neocapitalista, esto es, proporcionar al capital el control total sobre el trabajo y los recursos naturales, aunque para ello deba privar  a los trabajadores/as de sus derechos y agotar las fuentes de riqueza que nos ofrece a todos /as la tierra.  Sigue siendo el trabajo uno de los elementos centrales de la dignidad de las personas, un elemento central de la vida, de la participación y de las relaciones sociales, una de las vías de acceso al consumo, al desarrollo personal y fuente principal de creación de la riqueza.

El trabajo, es al mismo tiempo capaz de genera hábitos, pautas de relación, conductas y comportamientos, por ello su importancia en la construcción de una nueva cultura. Hoy, sin embargo no podemos dejar de reconocer  que el trabajo ya no está en condiciones de desempeñar esta función, el sistema ha configurado una sociedad donde el trabajo no es bien para la vida, sino que esclaviza y aliena a las personas, es un instrumento al servicio del capital por encima de la persona .

Esta deshumanización del trabajo sitúa a la persona en una peligrosa situación de vulnerabilidad y exclusión social, no podemos olvidar que son una mayoría, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, quienes viven precariamente el día a día, con las consecuencias funestas que ello significa en sus vidas.

Nos encontramos en un momento crucial, en que la pandemia del covid 19, ha contribuido a hacer el empleo más precario que nunca, los ingresos económicos de las familias para sus días están sujetos a constantes manipulaciones y la flexibilización a favor del capital cada vez asfixia más la vida de los trabajadores y trabajadoras.

Por lo que creemos que hay que hacer más fuertes y visibles nuestros esfuerzos para que  “nunca más el trabajo esté contra el trabajador, sino que siempre el trabajo sea para el trabajador, y el trabajo esté al servicio del hombre (mujer), de todos los hombres (mujeres) y de todo el hombre(mujer)”[2].

El desempleo, la precariedad laboral, la falta de perspectivas laborales que padecen los trabajadores/as y por tanto las posibilidades reales de realizar proyectos vitales es un drama que la crisis y la actual política neoliberal han agudizado y constituyen uno de los principales factores que explican la grave desigualdad social, la revuelta social en la búsqueda de la justicia social  para el Chile de hoy.

Desde un pensamiento socialista y cristiano el trabajo humano no es una mercancía que se ofrece al alza o a la baja, en el mal llamado mercado laboral, tampoco el contrato de trabajo es un trueque, no es sólo cambio de trabajo por dinero.  El trabajo tiene a lo menos 3 grandes dimensiones:

1.- Como una manera en que nos proveemos de nuestro sustento y el de nuestra familia.

2.- El trabajo es una prestación, un servicio, una donación que ofrece y  aprovecha a toda la comunidad humana, el trabajo tiene un sentido social y trascendente. Por ello el trabajador pone toda su voluntad, toda su fuerza, el tiempo de que dispone y entrega en él su personalidad, sus cualidades; lleva a cabo una tarea desde el punto de vista social.

3.- El trabajo es una forma de realización personal, humana, íntima que no tiene nada que ver con la obtención de más o menos ingresos, por ello el desempleo tiene una dimensión que supera lo económico y que ataca la realización y el sentido de la vida de hombres y mujeres.  Eso nos obliga a derrotar la forma capitalista que hace del empleo una esclavitud, una alienación y que centra todas las reivindicaciones laborales en el dinero.

Por eso, es que principal tarea será  que se reconozca la dignidad humana en el trabajador y trabajadora y se declare que éstos debe disfrutar en el hecho mismo del trabajo,  así como de sus logros y beneficios, aportando con él  a la construcción social.

Entonces el trabajo es mucho más que una forma de obtener ingresos y el no disponer de un trabajo es más que desempleo.

Hoy estamos ante nuevas formas de trabajo y modelos de regulación laboral que comportan nuevas reflexiones y nuevas estrategias de organización y de relación, pero el viejo secreto de Luis Emilio Recabarren, de Clotario Blest para mantener viva la esperanza sigue vigente y pendiente: construir unidad, organizarse, concientizarse en la unidad y la organización.

Invitación que debemos recoger si queremos transitar la senda hacia otra sociedad.

“Por eso tenemos que tener conciencia: la revolución no se hace en las palabras, compañeros, se hace en los hechos. Y hacer la revolución no es tan fácil, si no ya la habrían realizado otros pueblos, en otras latitudes o en este continente.

Se necesita tener el nivel político, la responsabilidad necesaria para entenderlo; no basta hablar de la revolución. Hay que hacer la revolución interior, que le dé autoridad a uno para poder exigirles a los demás, y por eso les hablo así el día 1º de Mayo, con pasión, frente a la responsabilidad que tenemos nosotros ante Chile y ante la historia: Nuevas metas, más organización, más disciplina, desprendimiento, no egoísmo; superar el horizonte pequeño de cada empresa, industria o de cada cerco para mirar el problema de clases en su conjunto, sean campesinos, obreros, empleados, técnicos o profesionales.”[3]

Un abrazo fraterno compañeras y compañeros trabajadores.

Ven seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL  IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA,  HÉCTOR SOTO,  VALENTINA CASTRO.

Valparaíso 30 de abril de 2019

[1] Cardenal Rául Silva Henríquez  Homilía 1º de mayo de 1969.

[2] Papa Pablo VI. Discurso en la OIT, 10 de junio de 1969. El paréntesis es nuestro.

[3] Presidente Salvador Allende, discurso 1 de mayo 1971.




[DD.HH.] Izquierda Cristiana y fallo de la Corte de Apelaciones: El Poder Judicial hoy sigue aliado y cómplice de la Dictadura

[Declaración]  El jueves 9 de abril de 2020 quedará en la historia del poder judicial como una muestra más de su ya larga e ignominiosa defensa de violadores de derechos humanos y del dictador Augusto José Ramón Pinochet. Un nuevo fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago[1] que redujo y liberó de algunas condenas a ex agentes de la DINA sentenciados en 2017 por los delitos de lesa humanidad (secuestro calificado y homicidio calificado), que cometieron entre 1974 y 1977, al amparo de la envestidura que les daba su pertenencia al Ejército del Estado de Chile.

¿Sabrán estos ministros qué es el control de convencionalidad[2]? ¿Conocerán el derecho internacional de los derechos humanos?

Efectivamente, como señala la sentencia -que se critica- en su considerando octavo parte final:

“No se trata, en el caso sub lite, de un grupo de militares que procedieron por sí y ante sí deteniendo arbitrariamente a una persona y matándola una vez privada de libertad, se trata de un proceso de política de Estado fijada por el nuevo orden de cosas imperante a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, en que las Fuerzas Armadas y de Orden derrocaron el gobierno constituido y comenzaron una persecución de los militantes y simpatizantes del gobierno anterior, de suerte tal que los agentes que dieron muerte a las víctimas de este proceso no buscaron ellos personalmente la situación de superioridad armada que les daba su condición de militares sino que ello iba de suyo en un régimen controlado precisamente por las Fuerzas Armadas y de Orden desde más de dos años antes de sucedidos los hechos. Razonar en contrario equivale a concluir que todo homicidio cometido por los funcionarios de la Administración a partir del 11 de septiembre de 1973, por el sólo hecho de ser miembros de los organismos armados del Estado, es alevoso, idea que lleva al reprochable derecho penal de autor, vale decir, se juzgaría a los autores por su condición de militares en un régimen político autoritario y no por sus actos; no parece ser entonces una doctrina que se adecue a las exigencias del Derecho Penal liberal el ver siempre un obrar sobre seguro en delitos de esta índole.”

Justamente por ese argumento, es que estamos frente a delitos de lesa humanidad, delitos que no son comunes, sino violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, que claramente viola las normas del derecho internacional de  los derechos humanos y que debe ser sancionado con el máximo rigor y no es un argumento exculpatorio de quienes proceden criminalmente, muy por el contrario es un fundamento para aplicar el mayor rigor de la ley.

La sentencia, es un culto a la ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, no resulta tan extraño el fallo de la octava sala, quienes, pese a su argumentación, fallan en contra de normas del Derecho Internacional, que lo que busca es generar mínimas garantías de la no repetición de  crímenes como: la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, las torturas.  Delitos inamnistiables e imprescriptibles y cuyo principio básico, que guía en general la aplicación de las penas, es que éstas sean proporcionales a la gravedad de los hechos.

Los Tribunales de Justicia chilenos y sus órganos auxiliares, con honrosas excepciones, ratifican una conducta que ya tiene siglos, la defensa de las oligarquías, de los privilegios de éstas y el olvido de la justicia, son muestras de la indignidad con que los jueces, en la historia de nuestro Chile, han abordado el resguardo de los derechos fundamentales de los más pobres y marginados.

Iniciado el régimen del terror y en el momento que se vivían  las más brutales violaciones a los derechos humanos, se presenta, el 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar ante el pleno de la Corte Suprema. Los supremos, con una cobardía moral y jurídica que los caracterizará, no son capaces de elevar su voz en defensa de quienes en ese mismo momento eran objeto de la muerte, la detención arbitraria y la tortura. Con genuflexos gestos prestan su reconocimiento a los criminales.

En 1974, fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien le pone la banda presidencial al dictador.

Pero suma y sigue, el poder judicial, se hace cómplice de la dictadura y de la violación de los derechos humanos:

  • Legitima la Junta en 1973, ofreciéndole un manto de juridicidad a los actos inconstitucionales y criminales de la dictadura.
  • Aplica irrestrictamente Ley de (auto)Amnistía, que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978.
  • En su acto de mayor abandono de sus deberes jurisdiccionales, niega la aplicación del recurso de amparo, el Habeas Corpus, que es la solicitud que se hace a la Corte, de protección de una persona ante el riesgo de su vida, su integridad física y o su libertad.  Entre 1973 y 1983 rechaza más de 5000 recursos de amparo, renunciando a su rol de cautelar, la vida, la libertad y la seguridad individual.
  • La Corte Suprema llegó a un acuerdo con el dictador, en que la información de los recursos de amparo serían centralizados a través del Ministerio del Interior, el que informaba carecer de antecedentes y con la sola información, de quien era acusado de la violación del derecho, resolvía en contra del recurso de amparo.

Así, la Corte Suprema se convierte en aliada de la dictadura y cómplice de sus crímenes; amparando no a las víctimas, sino que a los victimarios. La DINA,  hasta 1978, y luego la CNI.

Es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación quien en su informe de 1991 pág 97,  refiriéndose a la acción del poder judicial en dictadura señala con claridad y precisión que:

“Produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.

En septiembre de 2013, el presidente de La Corte Suprema, de ese momento, Rubén Ballesteros, hace un reconocimiento de lo que llama las graves acciones y omisiones en que incurre este poder del Estado durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, señalando que constituyó una dejación de sus funciones jurisdiccionales.

Tardío y poco sincero reconocimiento si, a poco andar, el poder judicial vuelve a traicionar con sus fallos, la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Es un desafío de los nuevos tiempos el que los procesos formativos de nuestros futuros juristas tengan como principal acento la educación en el respeto de los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia, en la igualdad, dignidad de todos/as, en la solidaridad y no en un formalismo jurídico inhumanos, defensor de un desorden establecido, de la desigualdad y alejado de los dolores y de las esperanzas de las personas.

Pero por sobre todo, seguimos teniendo esperanza en que sabremos construir “el buen vivir”.

Ven seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA,  HÉCTOR SOTO,  VALENTINA CASTRO.

[1] La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministro Mireya López Miranda y por el abogado integrante  Cristián Lepín Molina, redujo y revocó condenas a los violadores de DD.HH. que habían pasado solo tres años en prisión (Rol Nº 1734-2017).

[2] «…la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia».




La posición de la Izquierda Cristiana frente a la pandemia covid 19 y el jaque al neoliberalismo

Frente al momento sanitario y social que vive Chile, la humanidad en realidad, la Izquierda Cristiana quiere invitar al pueblo de Chile y sus organizaciones a realizar la siguiente reflexión:

Lo primero que queremos decir es que el Covid 19 representa una oportunidad para que el conjunto de la sociedad chilena se cuestione sobre la manera como estamos relacionándonos: entre nosotros, con nuestra actividad laboral, comercial y productiva, con la naturaleza y con la forma como consumimos los bienes y  como producimos riqueza.

Debemos señalar que el neo liberalismo  ha sido puesto en jaque por un virus que desnudó todas las falencias, egoismos y pobrezas que sostienen el (des)orden capitalista:

La competencia, el individualismo (una de cuyas peores expresiones es la indiferencia frente al dolor de miles), el consumismo, la acumulación ilimitada, el despilfarro que se expresa en convertir a las cosas y las personas en desechables. Han dado muestras de estar lejos de ser elementos que coayuden a detener la pandemia.

Tenemos la convicción que el modelo capitalista neoliberal cavó su propia tumba y ya no puede continuar, no al menos de la forma como viene siendo concebido hasta hoy (esto último en el entendido que, muy a nuestro pesar, históricamente siempre a sabido mutar).

Quien debe estar a la cabeza de la defensa del conjunto de los chilenos/as y de los pueblos que componen nuestra pluriculturalidad, debe ser el Estado quien si aplicara con sentido de oportunidad y solidaridad las políticas sanitarias y sociales adecuadas, nos puede conducir a salir exitosamente de esta crisis. No son los consorcios privados, ni el sistema del libre mercado, que ya ha demostrado que, aún dentro de la que se estima es la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, busca en ella y con ella hacer negocios, sin importan el impacto y las vidas que se pierdan en ello.

Entonces serán los principios de un viejo paradigma, que se expresa en la unidad, organización y concienciación, entorno a las ideas de solidaridad, igualdad y justicia social, las que nos llevarán a superar esta crisis.

Lo venimos diciendo desde hace decenas de años, el modelo de desarrollo neoliberal que se impuso por la fuerza de las armas y de la manipulación de los medios de comunicación social y de las conciencias, es incapaz de responder a las necesidades del pueblo. Lo que revela esta pandemia es que:

  • la salud debe ser gratuita, sin condiciones de ingresos, de historia personal, de profesión, raza, nacionalidad, género.
  • un Estado de Justicia Social no es una carga para el pueblo, ni para los empresarios sino una manera efectiva y eficiente de poner a disposición de todos/as, bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes del mercado.

“Esta pandemia nos muestra que una economía de mercado y  el neoliberalismo, solo contribuyen a la destrucción de la vida y a construir sociedades sin verdadero futuro. Ya que este sistema viola la ley más universal del cosmos, de la naturaleza y del ser humano: la interdependencia de todos con todos; que no existe ningún ser, mucho menos nosotros los humanos, como una isla desconectada de todo lo demás. Más aún: no reconoce que somos parte de la naturaleza y que la Tierra no nos pertenece para explotarla a nuestro antojo; nosotros pertenecemos a la Tierra”[1].

Los pueblos indígenas nos han mostrado que existe otra relación con la tierra y los territorios, por lo que una  pandemia como la que vivimos no puede combatirse solo con medios económicos y sanitarios. Es indispensable comenzar ¡ahora! a realizar los cambios necesarios para construir el respeto por el medio ambiente y las personas, y crear espacios de producción amigables con la naturaleza, desde hace un rato largo que la tierra nos anuncia su cansancio.

Tenemos que promover un cambio que despierte la solidaridad, que nos ayude a superar la indiferencia  y a reencontrarnos con un  nosotros.

Los peligros de este momento y del tiempo venidero no son sólo sanitarios, sino que tienen que ver con la posibilidad de establecer estados policiales sobre la base de la vigilancia virtual de nuestras acciones y de nuestros cuerpos, ya que es un peligro cierto el que :

  • Se pueda legitimar el despliegue de herramientas de vigilancia masiva por los Estados y los Consorcios.
  • Se pueda ampliar el control de Estados y Consorcios, ya no solo a los actos de las personas sino que a lo que sucede dentro de su cuerpo (temperatura, ritmo cardiaco, presión arterial).
  • Se puedan instituir regímenes (“democráticos” o dictatoriales)de vigilancia totalitaria que, con el pretexto de la salud pública, invadan la vida privada para controlar.

De nuestra capacidad de lograr la unidad politica y social del pueblo y de construir una cultura de los derechos humanos, dependerá el hacer un nuevo Chile, donde la centralidad esté puesta en las personas y no en las cosas.

Ven seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA

Presidente

HÉCTOR SOTO

VALENTINA CASTRO

JOCELYN SOTO

NELSON FUENTES

HUMBERTO GONZÁLEZ

LINO TAPIA

[1] Leonardo Boff




Carta de despedida al padre Mariano Puga de la Izquierda Cristiana

Querido padre Mariano, le hablamos desde la emoción profunda que nos embarga el visualizar como su compromiso se mantiene inalterable junto a los pobres, marginados  y perseguidos,  éste no cesa, aún cuando usted está a las puertas de su muerte y  resurrección.

Su visita a este Chile fue un regalo de Dios, Él se paseó con usted y su acordeón por las casas de los/as más oprimidos/as, por una sociedad que ha querido institucionalizar el pecado social como un modo aceptable de vida.

Usted con su humildad y su bravura fue  un profeta de nuestro tiempo.

Le confesamos que compartiremos la fiesta de su resurrección, pero también lloraremos a gritos su partida.  Padre Mariano nos hará falta, ¡mucha falta!, solo tenemos la convicción y el compromiso que seguiremos su huella; ya que nuestro compromiso cristiano y socialista nos muestra que sólo el camino de la igualdad y la dignidad para todos/as, es una efectiva senda de superación del pecado social.

Su carta, a sus hermanos sacerdotes, del día 3 nos conmovió, por eso queremos que sepa que no está solo, que  somos muchas las mujeres y hombres que desde la cotidianeidad de nuestras vidas intentamos construir  espacios de solidaridad y justicia, algunos tomando como base al mensaje de Jesús de Nazareth y otros/as, que también son muchos/as, desde sus visiones particulares del mundo y de lo trascendente, buscan el mismo fin, vivir y construir una comunidad de hermanos.

Su vida, su ejemplo, su compromiso, ha dado sentido a los sueños de muchos/as.

Lo abrazamos fraternalmente, con la convicción que los hombres justos no mueren, resucitan a la vida eterna.

Izquierda Cristiana de Chile

Dirección Nacional

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA

Presidente

HÉCTOR SOTO

VALENTINA CASTRO

JOCELYN SOTO

NELSON FUENTES

HUMBERTO GONZÁLEZ

LINO TAPIA

Valparaíso, 5 de marzo de 2020.




[Documento] La posición de la Izquierda Cristiana frente al plebiscito del 26 de abril

LA ESPERANZA SE PUSO EN MARCHA…

LA POSICIÓN DE LA IZQUIERDA CRISTIANA FRENTE AL PLEBISCITO DEL 26 DE ABRIL DE 2020

La esperanza nunca debe confundirse con el optimismo humano, que es una actitud más relacionada con un estado de ánimo, la esperanza es la fuerza de liberar y volver a hacer una nueva vida.

Esperanza y Libertad van juntas: donde no hay esperanza no puede haber efectiva libertad.

La esperanza, hace todo nuevo: lo hace en la vida de cada uno/a y en nuestra vida, en nuestra comunidad, visibiliza lo nuevo, lo anticipa .

Como organización política somos parte de este proceso de liberación y de esperanza que encabezan los pobres y marginados y creemos en la posibilidad de construir un Chile verdaderamente más igualitario y por ello más justo. Respetuoso de los derechos humanos y así efectivamente democrático.

Por ello frente al proceso constituyente que comenzamos a vivir queremos reiterar nuestra posición y realizar una invitación y propuesta:

Nuestra posición.

Lo primero que debemos reiterar es que creemos que esta larga lucha, que adquirió las características de revuelta social en octubre del 2019, es la principal responsable de que hoy estemos viviendo un proceso constituyente para crear una nueva Constitución para Chile.

Nuestra convicción es que es un triunfo del pueblo y una derrota de las oligarquías y del neoliberalismo. Por lo que creemos que es una obligación ética y política el trabajar por el apruebo y como fórmula para la creación de una nueva constitución la convención constituyente.

Para ello debemos promover la más amplia participación, primero en el plebiscito de abril de 2020 y luego en la elección de los constituyentes.

Nuestras críticas.

Sin embargo, ello no nos hace renunciar a las críticas, aprensiones y diferencias con la reforma constitucional que se ha aprobado, el 24 de diciembre de 2019, y cuya adecuación a normas efectivamente democráticas son un desafío de movilización para los meses venideros:

1.- Creemos que es inaceptable, inexplicable y contrario a un proceso democrático lo señalado en el art.142 inciso final de la Constitución del 80: “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.”

Tenemos la convicción que el 26 de abril el pueblo mayoritariamente se expresará por el apruebo una nueva constitución y como forma de construcción de esta nueva constitución la convención constituyente. Que debemos promover y trabajar para provocar la más amplia participación de todos/as los/as chilenos/as, extranjeros/as con derecho a voto.

Un triunfo sólido, consistente, con una amplia participación del pueblo, será el motor de las reformas necesarias para perfeccionar el proceso constituyente.

Impensable es que, una vez realizado todo el proceso terminemos (en el evento del rechazo, en el plebiscito de salida, al nuevo texto constitucional) con que siga rigiendo la Constitución espuria del 80.

Por lo que será una tarea, lograr el que se modifique el referido inciso final del art 142 de la CPR y que se establezcan hipótesis democráticas de salida, en el evento de un rechazo del nuevo texto constitucional, las que en ningún caso pueden significar que seguirá rigiendo la Constitución del 80.

2.- Debe reconocerse que el poder constituyente reside en el pueblo y que consecuentemente con ello, es éste, el que define sus procedimientos y sus quorum de aprobación de esta convención o asamblea constituyente. En teoría política el poder constituyente reside en el pueblo que es el soberano, es el pueblo quien manda y la punta de la pirámide normativa en las sociedades democráticas, por

lo que no es concebible que un órgano de inferior jerarquía, como es el poder legislativo, le fije las pautas de procedimiento y los quorum para decidir, a un órgano que es superior en su expresión de la soberanía del pueblo. Por lo anterior y no obstante lo expresado en esta declaración, mantenemos nuestra posición en el sentido que es necesario que el órgano que redacte la nueva constitución sea una asamblea constituyente.

3.- La forma de elección de los constituyentes debe ser objeto de un proceso electoral que exprese paridad de genero, cuota para los pueblos originarios y trato igualitario en la participación de independientes, movimientos sociales, organizaciones sociales y partidos políticos. Del mismo modo reiteramos la necesidad de la obligatoriedad del voto en el plebiscito del 26 de abril de 2020.

Nuestra invitación.

Como creemos firmemente en el triunfo del apruebo, invitamos a los pueblos de Chile a anticipar una tarea:

Comencemos a escribir la nueva Constitución, comencemos a escribir nuestros sueños, ¡desde ya!, para ello debemos promover en todas las comunidades, asambleas, cabildos, centros de padres, clubes deportivos, centros de madres , sindicatos, asociaciones, iglesias, que cada grupo o comunidad comience a reflexionar, discutir y redactar una nueva Constitución -artículos, capítulos o partes y pedazos de ella- que expresen su sueño de país y de comunidad.

Los constituyentes tendrán que recibir este trabajo, el que se constituirá en un mandato de quienes los elijan, de lo que quieren y de cómo quieren ordenar la sociedad.

Porque creemos que la primera condición de la paz es la justicia y que estas caminan de la mano de la libertad y de la esperanza, es que invitamos a los pueblos de Chile a iniciar este proceso.

Ven seremos IC

Dirección Nacional de la Izquierda Cristiana

FERNANDO ASTUDILLO – PRESIDENTE

HÉCTOR SOTO

VALENTINA CASTRO

JOCELYN SOTO

NELSON FUENTES

HUMBERTO GONZÁLEZ

LINO TAPIA

Valparaíso, 27 de febrero de 2020.




Izquierda Cristiana llama a apoyar el diálogo en Venezuela

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, recibió a dirigentes nacionales de la Izquierda Cristiana (IC), quienes se presentaron este lunes en la sede diplomática para dar su respaldo al gobierno de presidente Nicolás Maduro.

Los integrantes de la IC presentaron ante el embajador venezolano “La verdad nos hace libres”, documento donde destacan la posición de su partido respecto a la crisis política que se vive en Venezuela, exhortando a “apoyar el proceso bolivariano y el diálogo franco que promueven México y Uruguay”.

Fernando Astudillo, vocero del departamento de relaciones internacionales y dirigente nacional de la IC, señaló que, bajo ninguna premisa validarán “la intervención, la injerencia, ni más golpes de Estado en la región”.

“Desde nuestra mirada que vincula la fe con la política y la no violencia activa, nos parecía muy importante entregar este respaldo al pueblo venezolano, reafirmando nuestro compromiso con la paz y con la solución del conflicto a través de la vías institucionales”, destacó Astudillo.

En tanto el embajador venezolano, Arévalo Méndez, agradeció el apoyo del partido político chileno destacando este tipo de gestos muestran “un nivel de conocimiento extraordinario, mientras el corporativismo mediático utiliza etiquetas sin profundizar en las noticias”.

“Nosotros no deseamos una guerra, pero el día que caiga la primera bomba en Venezuela, se va a generar una verdadera crisis migratoria y Chile tendrá que prepararse para recibir no menos de dos millones de venezolanos”, advirtió Méndez.

“Estados Unidos tiene 193 misiones diplomáticas más las de Naciones Unidas, pero tiene 846 bases militares desplegadas en el mundo, entonces la pregunta es ¿Quién hegemoniza la política exterior norteamericana, el Departamento de Estado o el Pentágono?”, concluyó el jefe de la misión diplomática.
Además de Fernando Astudillo, por parte de la IC participaron también; Mario Muñoz, del liderazgo evangélico; Humberto González, dirigente del Colegio de Profesores; Héctor Soto, coordinador político Maule; y Rosa Inostroza, del frente de profesores.

El apoyo al gobierno de Nicolás Maduro por parte de la IC, se realiza en medio de la crisis política que atraviesa el país sudamericano, donde la oposición autoproclamó al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela agudizando el conflicto.




La posición de la Izquierda Cristiana frente a la crisis política de Venezuela

Como organización de Izquierda Cristiana sentimos la obligación de hablarle al pueblo chileno, en este momento crítico para la hermana República Bolivariana de Venezuela y su pueblo.

Estamos bombardeados por noticias, sobre la crisis política de Venezuela, que contienen verdades a medias, miradas parciales y derechamente mentiras; se asemejan más a propaganda y desahogos emocionales en contra del régimen bolivariano, que a análisis serios y responsables sobre el proceso que vive hoy el país hermano. Por lo que la crisis de Venezuela no puede leerse desde lo que digan las grandes cadenas de noticias.

Lo primero que categóricamente señalamos es que tenemos la convicción moral, política y jurídica que el Presidente Maduro, no es un dictador y el régimen bolivariano que representa no es una dictadura. Creemos que ha cometido errores políticos graves, pero sin ninguna duda hay un abismo, entre lo que son errores y la calificación de su régimen como una dictadura y de él como un dictador.

Queremos en este documentos entregar algunos elementos que contribuyan a la reflexión y que ayuden a comprender la institucionalidad de la República Bolivariana y como en ella y en respeto a su Constitución se ha desarrollado el gobierno del Presidente Maduro.

Venezuela viene arrastrando un deficit de viabilidad económica desde hace más de cuatro décadas, como consecuencia de un modelo económico que abandonó el desarrollo de sectores importantes de su economía por concentrarse casi exclusivamente en la explotación de los hidrocarburos y en el disfrute de la renta petrolera.

La historia ha demostrado que las fluctuaciones políticas pueden crear crisis que potencialmente beneficien los precios, como también pueden deprimirlos. La crisis de los precios del petróleo, inducida por razones geopolíticas, ha afectado una vez más la renta nacional de Venezuela, volviendo a poner en evidencia las fallas y debilidades del modelo económico.

Se hace aún más grave todo lo descrito, si a ello sumamos las injustas y sanciones económicas y el boicot comercial que encabeza EEUU, estableciendo en contra de Venezuela una verdadera guerra económica, que busca agudizar la crisis, destruir su economía y generar descontento entre la     población.

La problemática económica y política, no otorgan derecho a ningun sector de la sociedad venezolana a pretender saltarse la institucionalidad del país y violar una de las constituciones mas avanzadas del continente, (es la primera que instituyó el referendum revocatorio, es decir, el término anticipado del mandato de sus más altas autoridades, si incumplen con las tareas propias de su cargo).

La oposición ha sido incapaz de articular una opción de poder creible y confiable, por no querer respetar los resultados electorales cuando no le han favorecido, sin tomar en cuenta la voluntad expresada por otra parte importante y mayoritaria de la sociedad venezolana. Por el contrario, han preferido   promover   premeditadamente   el   caos,  la  provocación   y la sedición contra el gobierno bolivariano, surgido democráticamente desde 1998.

Lo que define universalmente la democracia es la existencia de elecciones periódicas, libres, secretas e informadas; con participación de todos los partidos políticos e independientes que así lo deseen; el sufragio universal; la competencia leal e informada por los votos; la existencia y funcionamiento de partidos políticos de diverso sesgo ideológico; la libertad de asociación, de reunión, de expresión; la existencia de medios de comunicación masiva independientes; la existencia de una Constitución Política que regula el ejercicio del poder; la existencia de un poder ejecutico, legislativo y judicial independientes y el respeto de los derechos humanos.

No exenta de errores, todas las características de una democracia están presentes en el proceso revolucionario Venezolano.

Hasta hoy, no pueden estimarse serías las acusaciones de violaciones de derechos humanos, entre ellas la libertad de prensa, de reunión, de opinión. Son las mismas noticias, las que nos muestran que estamos frente, a acusaciones infundadas y falsas. Además, ninguno de los Estados censores del régimen venezolano, tiene la autoridad moral de abogar por derechos humanos que son trágicamente violados en sus países.

Los Estados Unidos no tienen moral para trazar pautas a ningún pueblo. El tener la mayor fuerza militar y económica del mundo, no puede ser la causa que nos lleve a aceptar pasivamente sus designios.

Para comprender la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela lo primero que es necesario saber es que en Venezuela, de acuerdo a su ordenamiento constitucional hay 5 poderes:

Poder ejecutivo. Presidencia de la República. Poder legislativo. Asamblea Nacional.

Poder judicial . Tribunal Supremo de Justicia.

Poder ciudadano. Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

Poder electoral. Consejo Nacional Electoral (Junta Nacional electoral, Comisión Registro Civil Electoral, Comisión de Participación Política y Financiamiento).

Cada uno de estos poderes se ejercen con independencia y de acuerdo a las facultades que les otorga la Constitución y la ley.

La Asamblea Nacional con mayoría opositora se ha atrincherado en el palamento para saltarse la misma legalidad que los llevó a ocupar el puesto de poder que hoy detentan.

Por ello es necesario hacer claridad respecto de varios temas: el desacato de la Asamblea Nacional; la Asamblea Constituyente; las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y los principios de no intervención de la ONU y del sistema interamericano.

Todo para demostrar que el régimen bolivariano tiene la legitimidad democrática que le da el pueblo , la constitución, la ley y el derecho internacional:

  1. El desacato de la Asamblea

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en uso de las facultades que le otorga el art. 336 numeral 7 del Constitución declaró a La Asamblea Nacional en desacato el 5 de enero de 2016 y mantiene ese estado hasta la actualidad.

La Sala Constitucional del TSJ de Venezuela emitió una sentencia que decreta que el Máximo Tribunal del país será el encargado de ejercer las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de resguardar el Estado de Derecho, debido a que ese ente con mayoría opositora se encuentra en desacato a las leyes de la República.

El TSJ lo hizo porque la AN juramentó a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas (sur) el 6 de diciembre de 2015, luego de ser suspendidos provisionalmente a causa de irregularidades de votos en esa región. Esta medida hace que todas las acciones del Parlamento desde entonces sean nulas mientras los legisladores no sean desincorporados.

La situación de desacato se mantiene en el ente legislativo venezolano hasta la actualidad con la nueva directiva nombrada y que se niega a aceptar las sentencias emitidas al respecto por el órgano judicial desde principios de 2016.

Son numerosas las sentencias tanto de la Sala Electoral del TSJ Nº 260 de 30 de diciembre de 2015, Nº1 de 11 de enero de 2016 y Nº 108 de 1 de agosto de 2016; como de la Sala Constitucional del TSJ Nº 269 de 21 de abril de 2016, Nº 808 de 2 de septiembre de 2016, Nº 810 de 21 de septiembre de 2016, Nº

952 de 21 de noviembre de 2016, Nº 1012 de 25 de noviembre de 2016, Nº

1013 de 25 de noviembre de 2016 y Nº 2 de 11 de enero de 2017 que ha desacatado la AN.

La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Venezuela se dio a través de un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referente a la constitución de empresas mixtas.

«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», sostiene la sentencia.

Como la AN se encuentra en desacato, aquellas decisiones que le competen, deben ser tomadas por la Sala Constitucional por ser este el máximo intérprete de la Constitución.

Mientras la AN permanezca en desacato de la Constitución sus actuaciones no son legítimas, más aún cuando prefieren permanecer en desobediencia teniendo la posibilidad de ponerse en ley, simplemente, solicitando al presidente electo de la Asamblea convocar a una sesión para retirar los tres parlamentarios.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por medio del artículo 336 numeral 7, determina que la Sala Constitucional tiene la potestad de «declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección».

2.    La asamblea constituyente.

En ejercicio de sus funciones y potestades, el Presidente Maduro convocó a una asamblea constituyente.

El artículo 348 expresamente lo faculta, habiendo otros entes que podrían hacer la misma convocatoria:

“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.”

Las facultades legislativas de la asamblea constituyente emanan de lo que señala el artículo 349 inciso 2 de la Constitución.

“Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.”

No fue el ejecutivo quien declaró en desacato la Asamblea Nacional y coherentemente con ello la suspensión temporal del parlamento.

Tampoco fue el ejecutivo quien instauró una asamblea Constituyente con poderes legislativos, fue el pueblo quien en elecciones abiertas y libres eligió a los representantes de la asamblea constituyente y la Constitución es quien le entrega sus facultades.

  1. Las elecciones presidenciales de mayo de

Las elecciones presidenciales de mayo del 2018 se realizaron cumpliendo con los estándares internacionales, (tal vez sea importante recordar que se adelantaron por expresa petición de la oposición en los frustrada negociación en República Dominicana) con pluralidad de candidatos, con la participación de 16 partidos políticos y con los observadores internacionales que quisieron participar de ellas. El ex presidente español Zapatero fue claro en señalar la transparencia del proceso electoral que fue el mismo que se llevó a cabo en las elecciones del 2015 donde ganó aplastantemente la oposición al Presidente Maduro. Cuestionamientos lleno de prejuicios y sin contenido, ni fundamento por parte de la oposición lo que implicó que una parte de ella haya terminado por restarse de los comicios. Lo que no le resta legitimidad al proceso ya que en Venezuela la participacion electoral es un derecho pero no un deber.

4.    El principio de no intervención en la ONU.

EEUU y sus aliados vulneran flagrantemente el derecho internacional y el principio de no intervención, que está debidamente consagrado en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El estudio del principio de no intervención en el marco de la ONU exige referirse a la resolución 2625 que contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, aprobada en 1970. Esta resolución es un pilar fundamental en la consagración, definición y delimitación del principio.

En el apartado tercero de la normativa en análisis se declara que los principios de la Carta de Naciones Unidas incorporados en esta resolución, entre ellos el de no intervención, «constituyen principios básicos de Derecho Internacional». En relación al contenido de la declaración destacamos lo siguiente.

Primero, en el preámbulo de la resolución 2625, sobresale que «el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales».

La Asamblea General recuerda en esta resolución «el deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado», en cuanto vulnerarían los principios de igualdad soberana de los Estados y de libre determinación de los pueblos. Esto se puede expresar también en que «todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir sus sistemas político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado».

Segundo, en la parte resolutiva la Asamblea General proclama que «ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional».

En esa misma dirección, la Asamblea General sostiene que «ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos». Los Estados deberán también «abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores (guerras civiles) de otro Estado».

En resumen, la resolución 2625 establece que la no injerencia en asuntos internos y externos comprende cuatro prohibiciones: (a) del uso de la fuerza armada; (b) de cualquier injerencia o amenaza; (c) de coacciones distintas del uso de la fuerza armada; (d) del uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional.

Es esta concepción la que permitirá un efectivo resguardo del principio de igualdad soberana y de aquellos que derivan de éste, en cuanto cualquier forma de intervención -salvo aquellas excepciones contempladas por el Derecho Internacional- configura una infracción a la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, tanto a su texto expreso como su espíritu, constituyendo   en   definitiva   una   amenaza   para   la   paz   y   seguridad internacionales.

5.    El principio de no intervención en el sistema interamericano.

James Monroe, Presidente de los Estados Unidos en el año 1823, dirigió un mensaje al Congreso de su país en el que declaró América para los americanos y Europa para los europeos. Sin embargo, sobre la base de los hechos, América no era tampoco para los americanos, sino que sólo para los norteamericanos.

Por primera vez se logra el reconocimiento de la no intervención en la VII Conferencia Internacional Americana celebrada en 1933 en Montevideo, en la que se adoptó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados estableciéndose, en su art. 8° «ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado».

En 1936 se aprobó el Protocolo Adicional, conocido como el Protocolo de No Intervención, acordado en el marco de la Conferencia de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires, en cuyo art. 1° los Estados de América «declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellos, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en asunto internos o externos de cualquiera de los otros Estados Partes». 

En 1938 durante la Conferencia Panamericana de Lima, se aprobó la Declaración de los Principios Americanos, siendo el primero de ellos el siguiente: «Es inadmisible la intervención de un Estado en los asuntos internos o externos de cualquier otro».

Más tarde, en la Conferencia de Chapultepec para estudiar los problemas de la Guerra y de la Paz, en 1945, la Declaración de México indica en su numeral 3 que: «Cada Estado es libre y soberano y ninguno podrá  intervenir en los asuntos internos o externos de otro».

Luego, en los considerandos del Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, de 1947, se expresa que «las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios de solidaridad y cooperación interamericanas y, especialmente, a los principios enunciados en el Acta de Chapultepec».

En 1948 se consagró definitivamente el principio en la Carta de la OEA en el art. 3° letra e) en el cual se reafirma el deber de no intervención:

«Los Estados americanos reafirman los siguientes principios:

  1. e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con  independencia  de  la  naturaleza  de  sus sistemas políticos, económicos y sociales».

El art. 19 establece que: «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen».

En la misma dirección, el art. 20 dispone: «Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza».

El principio de no intervención en los asuntos de los estados, es una norma de derecho internacional que se ha ido consolidando con el paso de las décadas. No existen razones suficientes que justifiquen desconocer este principio.

Como ya lo expresamos, y por lo argumentado, tenemos la convicción de la legitimidad y el apego a la ley del régimen del Presidente Maduro.

El reconocimiento de algunos estados, del auto proclamado presidente encargado Guaidó, no resiste análisis alguno y basta leer los artículos 233 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana para concluir que no tiene asidero institucional alguno.

Además, el reconocimiento de parte de la comunidad internacional de Guaidó, que es presidente de un actor social institucional declarado en desacato por una autoridad constitucional, evidencia la premeditación del propósito conspirativo contra la institucionalidad venezolana.

Esta situación nunca se habÍa producido en el pasado, por lo que de consumarse, sentaría un grave precedente para la soberanía de los pueblos del mundo.

El problema de Venezuela son los intereses estadounidenses y el que la oligarquía se niega a aceptar que sea el pueblo quien efectivamente tiene el poder y se expresa cotidianamente en elecciones respaldando el proceso revolucionario Bolivariano. Ayer en base a mentiras, justificaron intervenciones militares, saqueos y guerras entre hermanos, hoy pretenden hacerlo defendiendo valores en los que ellos mismos nunca han creido, pero han sabido mercadear como la democracia y la libertad.

A los dirigentes de la oposición también le asiste el deber de respetar la constitución, ser serios y responsables respecto a los compromisos que acuerda y luego rehúyen por instrucciones externas.

Exhortamos al pueblo de Chile y a su dirigencia para que:

  • Apoyemos el proceso bolivariano, y el diálogo franco, sincero y responsable entre todos los actores políticos de Venezuela que promueven México y  Uruguay.
  • Digamos no a la intervención extranjera, al boicot económico y a las medidas que pretenden ahogar la revolución
  • Demandemos el respeto a la constitución bolivariana y rechacemos la provocación como       forma       de       incitar       a       la      Para que Venezuela permanezca libre, democrática, independiente, soberana y pluralista, se nos hace inadmisible aceptar que el gobierno de Chile haya respaldado una posición antijurídica que no respeta el derecho internacional, ni la propia institucionalidad del estado de Venezuela, posición que sólo contribuye a fortalecer la división entre los venezolanos y propicia una guerra Civil.

Finalmente, nos quedamos con la convicción que aunque la vida, aparezca provisoriamente vencida, permanece siempre más fuerte que la muerte.

Juan Guerrero Nuñez.

Coordinador Nacional IC

Suscribe Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Izquierda Cristiana de Chile

Fernando Astudillo Becerra, Héctor Soto Bustos, Alonso Salinas García, Domingo Baudrand Cintolesi, Nelson Fuentes Contreras, Nicolás Gómez Núñez, Eugenio Carreño Bravo, David Padilla Ramírez, Humberto González Rojas.

Santiago de Chile, 06 febrero 2019