[Declaración Pública] Afep denuncia aplicación de ley de amnistía de la dictadura por parte del Tribunal Constitucional

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ante la gravedad de haberse aplicado por el Tribunal Constitucional, en un fallo emitido el día de ayer, el Decreto Ley de Autoamnistía de la Dictadura de 1978, en una causa de violación de los derechos humanos, contraviniendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condena al Estado de Chile por denegación de justicia y por mantener aún vigente dicho Decreto Ley de “Amnistía”, contrariando al Derecho Internacional, denunciamos al ministro Iván Aróstica Maldonado, por su voto de minoría aberrante, que constituye un grave atentado al derecho a la justicia de las víctimas del Terrorismo de Estado y de la sociedad toda, dictado en el Caso Boinas Negras – Peldehue.

Que debe tenerse en cuenta que, en dicha causa específicamente se investigan las desapariciones de Mario Melo Pradenas, Jorge Vicente Piérola Piérola, Luis Alberto Barraza Ruhl y Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda, más los homicidios calificados de Alberto Ampuero Ángel, David Héctor González Venegas, Julio Antonio Martínez Lara, Enrique Alfonso Toledo Garay, Daniel Estrada Bustos, Ricardo Pardo Tobar, y Moisés Cossio Pérez, hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el mes de octubre del mismo año, en diferentes lugares de la Región Metropolitana. La investigación de esta causa  comenzó el 16 de abril de 1991.

A pesar que en el año 2006 el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por denegación de justicia y por mantener el decreto ley de Amnistía, el señor Iván Aróstica invoca ese decreto de impunidad, como ha sido su política desde que es integrante del Tribunal Constitucional, mediante criterios contrarios a Derecho  que niegan  el derecho a justicia que tienen las víctimas y violenta psicológica y moralmente a sus familiares.

Hay que recordar a la opinión pública que Iván Aróstica, durante su periodo de presidente del Tribunal Constitucional, fue nefasto en  cuanto al avance las causas por Crímenes de Lesa Humanidad, dilatando indebidamente esas causas de DDHH que estaban pendientes ante ese Tribunal,  incluso por años, sin aplicar ni no respetando la obligación de debida celeridad que la investigación y de oportuna sanción que  los Tratados y Convenios Internacionales en la materia establecen en la materia.

Hoy, a 15 años de la condena al Estado de Chile por la Corte Interamericana de DDHH y a 30 años de la emisión del Informe Rettig, anunciamos al país que nuestra Agrupación no tolerará este intento fallido, pero grave, del Ministro Aróstica por revivir la eficacia del Decreto Ley de Autoamnistía de la Dictadura, que la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, desde hace más de 15 años, ha declarado constantemente como inaplicable, por lo que que estudiaremos y buscaremos los medios  para acusarlo por el delitos de prevaricación.

Los familiares y sus abogados han dado una larga lucha en búsqueda de la Verdad y de hacer Justicia por décadas para los Crímenes de Lesa Humanidad de la Dictadura y no permitiremos que un ministro negacionista como Iván Arostica siga ocupando un cargo en cuyo ejercicio avergüenza a cualquier persona más allá de los familiares y víctimas que ha luchado por una sociedad sin impunidad y expone nuevamente la responsabilidad internacional del Estado de Chile en materia de Derechos Humanos.

EN PDF declaracion publica la AFEP




Guillermo Teillier: “Hay un alto grado de impunidad con el que actúa Carabineros”

El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, aseguró que el asesinato del joven malabarista en Panguipulli demuestran el alto grado de impunidad con que actúa Carabineros frente a hechos de distinta connotación, como la actividad artística que llevaba a cabo el joven malabarista callejero, y la delincuencia propiamente tal.

La grave situación que involucra a Carabineros, manifestó el parlamentario, expone una vez más la exagerada autonomía con que actúan, lo que requiere una profunda reformulación de la institución de la policía uniformada, señaló.

 

El diputado Teillier detalló sobre el proyecto de ley que está en el parlamento que permitiría la refundación de carabineros, pero que el mismo, aseguró, no representa las demandas de los comunistas, ni de gran parte de la ciudadanía.

 

Dado los antecedentes y afirmaciones de organismos internacionales, el parlamentario, advirtió y declaró que en Chile se violan los derechos humanos.

Ante tal grave acusación, el diputado dijo que el concepto de enemigo interno que viene desde la dictadura, y que el gobierno de Piñera usa indiscriminadamente, permite defender la impunidad con que actúa la policía uniformada frente incluso a las demandas sociales.

 

El presidente del partido  comunista dijo que la nueva constitución permitirá perfeccionar la democracia en Chile, y que en ella debe quedar establecido que la policía uniformada no debe actuar en forma impune frente a las exigencias nacionales.

 

Al concluir, el presidente del partido Comunista aseveró que Carabineros debe velar el irrestricto protocolo, y en este se encuentra la defensa de los derechos humanos, y no solos defender intereses de grupos privilegiados del país, como ocurre en el día de hoy.

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Izquierda Cristiana: Poder Judicial nuevamente un desastre como baluarte de la justicia y del respeto a los DD.HH.

Otro fallo que es un ejemplo de la ignominia, la cobardía moral, jurídica y el olvido de una tarea fundamental del poder judicial: Hacer  justicia.

El 27 de noviembre de 2020 en la causa Rol 2.182-1998 denominado “Operación Colombo/Francisco Aedo Carrasco y otros”, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada, además, por la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Jaime Guerrero Pavez dictó sentencia.

Ésta quedará en la historia del poder judicial como una muestra más de su ya larga defensa de violadores de derechos humanos y de la “obra” del tirano Augusto José Ramón Pinochet, no es primera vez que esta sala[1]  reduce y libera de condenas a ex agentes de la DINA juzgados por los delitos de lesa humanidad (secuestro calificado y homicidio calificado), que cometieron al amparo de la envestidura que les daba ser agentes del Estado.

En el Episodio “La Operación Colombo”, que fue una gran operación de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por ésta, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.  Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas, mayoritariamente del MIR, ejecutados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional

(DINA), hechos ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.

La octava sala revocó  y modificó sustancialmente la sentencia de primera instancia dictada por el Ministro en visita Hernán Crisosto Greisse, absolviendo a 30 agentes de DINA que estaban condenados como cómplices y a otros 31 agentes condenados como autores.

Si bien condenaron a 42 agentes DINA,  ninguno de ellos cumplirá en la cárcel, pues a todos les otorgaron el beneficio de  la libertad vigilada o la remisión condicional de la pena2.

Se olvidan, o ¿acaso no conocen las garantías de no repetición, que son obligaciones internacionales del Estado?, ya la Corte interamericana de derechos humanos ha entendido las garantías de no repetición como integrantes del derecho a la reparación integral, partiendo del análisis del artículo 63-13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el deber del Estado de reparar el daño causado a partir de la violación de un derecho o libertad.

Por su parte en el informe final del relator especial para la ONU sobre la impunidad y el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, realizado por Louis Joinet, conocido como Principios Joinet, se analizan las obligaciones que tienen los Estados para conseguir la efectiva protección de las víctimas y las divide en cuatro principales: 1. La verdad, 2. La justicia, 3. La reparación, y 4. La reforma a las instituciones y otras garantías de no repetición.4  Nada de esto hace el Estado de Chile.

Del mismo modo han vulnerado el principio de la proporcionalidad de la pena que es un principio fundamental dentro del Estado de Derecho e implica que las penas deben guardar relación con el daño causado por el delito, entonces el medio previsto por el legislador tiene que ser adecuado y exigible para alcanzar el objetivo propuesto.  Nada de eso sucede cuando crimenes de lesa humanidad quedan, paradojalmente por la acción de tribunales en la más absoluta impunidad.

  • Jaime Guerrero, abogado integrante, fue el voto disidente en este aspecto.
  • “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
  • N. Comisión de Derechos Humanos, Louis Joinet. La administración de la justicia y de los derechos humanos de los detenidos. E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev. (Octubre 12 de 1997). La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos).

La sentencia, es un culto a la ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos.

Los Tribunales de Justicia chilenos y sus órganos auxiliares, con honrosas excepciones, ratifican una conducta que ya tiene siglos, la defensa de las oligarquías, de los privilegios de éstas y el olvido de la justicia.

Iniciado el régimen del terror y en el momento que se vivían  las más brutales violaciones a los derechos humanos, se presenta, el 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar ante el pleno de la Corte Suprema. Los supremos, con una cobardía moral y jurídica que los caracterizará, no son capaces de elevar su voz en defensa de quienes en ese mismo momento eran objeto de la muerte, la detención arbitraria y la tortura. Con genuflexos gestos prestan su reconocimiento a los criminales.

En 1974, fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien le pone la banda presidencial al dictador.

Pero suma y sigue, el poder judicial:

  • Legitima la Junta en 1973, ofreciéndole un manto de juridicidad a los actos inconstitucionales y criminales de la dictadura.
  • Aplica irrestrictamente Ley de (auto)Amnistía, que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978.
  • En su acto de mayor abandono de sus deberes jurisdiccionales, niega la aplicación del recurso de amparo, el Habeas Corpus, que es la solicitud que se hace a la Corte, de protección de una persona ante el riesgo de su vida, su integridad física y o su libertad.  Entre 1973 y 1983 rechaza más de 5000 recursos de amparo, renunciando a su rol de cautelar, la vida, la libertad y la seguridad individual.
  • La Corte Suprema llegó a un acuerdo con el dictador, en que la información de los recursos de amparo serían centralizados a través del Ministerio del Interior, el que informaba carecer de antecedentes y con la sola información, de quien era acusado de la violación del derecho, resolvía en contra del recurso de amparo.

Es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación quien refiriéndose a la acción del poder judicial en dictadura señala con claridad y precisión que: “Produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.[2]

En septiembre de 2013, el presidente de La Corte Suprema, de ese momento, Rubén Ballesteros, hace un reconocimiento de lo que llama las graves acciones y omisiones en que incurre este poder del Estado durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, señalando que constituyó una dejación de sus funciones jurisdiccionales.

Tardío y poco sincero reconocimiento si, a poco andar, el poder judicial vuelve a traicionar con sus fallos, la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Es un desafío de los nuevos tiempos una amplia reforma al poder judicial y a los procesos formativos de nuestros futuros juristas, se necesita más sabiduría, más humanidad y menos positivismo. La búsqueda efectiva de la justicia, la igualdad, la dignidad de todos/as, la solidaridad y no la defensa de un desorden establecido ajeno a los dolores y las esperanzas de las personas.

Ven-seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, BRAYAN GALAZ.

[1] La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministro Mireya López Miranda y por el abogado integrante  Cristián Lepín Molina, redujo y revocó condenas a los violadores de DD.HH. que habían pasado solo tres años en prisión en la causa Rol Nº 1734-2017.

[2] Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1991 pág 97.




Abogado Carlos Margotta: “Piñera incumplió su mandato constitucional al recurrir a la represión en vez de impulsar los cambios que el pueblo exigía en su calidad de soberano”

La Comisión Chilena de Derechos Humanos señaló que las “justas y legítimas demandas” que dieron origen al denominado estallido el 18 de octubre de 2019 siguen plenamente vigentes un año después del inicio de la crisis, la peor desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet y, por lo tanto, el conflicto social aún no ha concluido.

Al mismo tiempo afirmó que la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado, el descrédito y falta de legitimidad de las instituciones políticas y la mantención de un modelo de sociedad impuesto durante 30 años, que niega los derechos humanos más elementales como la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo digno y una remuneración justa, entre otros, son condiciones objetivas del descontento social que no han sido resueltas y encaradas debidamente por el sistema político actual.

El presidente de Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado Carlos Margotta, sostuvo que dicho se apunta a denunciar que Sebastián Piñera incumplió su mandato constitucional al recurrir a la represión, en vez de impulsar los cambios que el pueblo exigía en su calidad de soberano.

 

Carlos Margotta acusó al Estado de vulnerar sistemáticamente los pactos y convenios internacionales que ha suscrito en materia de Derechos Humanos, y muy especialmente a partir del estallido social.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hizo una comparación entre el proceso de transformaciones iniciado por el presidente Salvador Allende, y el que cursa actualmente Chile, el que ha estado marcado por una política de violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, por parte del Estado.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos  concluyó que, en un nuevo 18 de octubre, llama al gobierno a terminar con la represión de la protesta social y, a los habitantes de nuestro país, a no caer en provocaciones que impidan la realización del plebiscito del 25 de octubre, hito con el que se da inicio al proceso constituyente.




[DD.HH.] Izquierda Cristiana y fallo de la Corte de Apelaciones: El Poder Judicial hoy sigue aliado y cómplice de la Dictadura

[Declaración]  El jueves 9 de abril de 2020 quedará en la historia del poder judicial como una muestra más de su ya larga e ignominiosa defensa de violadores de derechos humanos y del dictador Augusto José Ramón Pinochet. Un nuevo fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago[1] que redujo y liberó de algunas condenas a ex agentes de la DINA sentenciados en 2017 por los delitos de lesa humanidad (secuestro calificado y homicidio calificado), que cometieron entre 1974 y 1977, al amparo de la envestidura que les daba su pertenencia al Ejército del Estado de Chile.

¿Sabrán estos ministros qué es el control de convencionalidad[2]? ¿Conocerán el derecho internacional de los derechos humanos?

Efectivamente, como señala la sentencia -que se critica- en su considerando octavo parte final:

“No se trata, en el caso sub lite, de un grupo de militares que procedieron por sí y ante sí deteniendo arbitrariamente a una persona y matándola una vez privada de libertad, se trata de un proceso de política de Estado fijada por el nuevo orden de cosas imperante a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, en que las Fuerzas Armadas y de Orden derrocaron el gobierno constituido y comenzaron una persecución de los militantes y simpatizantes del gobierno anterior, de suerte tal que los agentes que dieron muerte a las víctimas de este proceso no buscaron ellos personalmente la situación de superioridad armada que les daba su condición de militares sino que ello iba de suyo en un régimen controlado precisamente por las Fuerzas Armadas y de Orden desde más de dos años antes de sucedidos los hechos. Razonar en contrario equivale a concluir que todo homicidio cometido por los funcionarios de la Administración a partir del 11 de septiembre de 1973, por el sólo hecho de ser miembros de los organismos armados del Estado, es alevoso, idea que lleva al reprochable derecho penal de autor, vale decir, se juzgaría a los autores por su condición de militares en un régimen político autoritario y no por sus actos; no parece ser entonces una doctrina que se adecue a las exigencias del Derecho Penal liberal el ver siempre un obrar sobre seguro en delitos de esta índole.”

Justamente por ese argumento, es que estamos frente a delitos de lesa humanidad, delitos que no son comunes, sino violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, que claramente viola las normas del derecho internacional de  los derechos humanos y que debe ser sancionado con el máximo rigor y no es un argumento exculpatorio de quienes proceden criminalmente, muy por el contrario es un fundamento para aplicar el mayor rigor de la ley.

La sentencia, es un culto a la ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, no resulta tan extraño el fallo de la octava sala, quienes, pese a su argumentación, fallan en contra de normas del Derecho Internacional, que lo que busca es generar mínimas garantías de la no repetición de  crímenes como: la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, las torturas.  Delitos inamnistiables e imprescriptibles y cuyo principio básico, que guía en general la aplicación de las penas, es que éstas sean proporcionales a la gravedad de los hechos.

Los Tribunales de Justicia chilenos y sus órganos auxiliares, con honrosas excepciones, ratifican una conducta que ya tiene siglos, la defensa de las oligarquías, de los privilegios de éstas y el olvido de la justicia, son muestras de la indignidad con que los jueces, en la historia de nuestro Chile, han abordado el resguardo de los derechos fundamentales de los más pobres y marginados.

Iniciado el régimen del terror y en el momento que se vivían  las más brutales violaciones a los derechos humanos, se presenta, el 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar ante el pleno de la Corte Suprema. Los supremos, con una cobardía moral y jurídica que los caracterizará, no son capaces de elevar su voz en defensa de quienes en ese mismo momento eran objeto de la muerte, la detención arbitraria y la tortura. Con genuflexos gestos prestan su reconocimiento a los criminales.

En 1974, fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien le pone la banda presidencial al dictador.

Pero suma y sigue, el poder judicial, se hace cómplice de la dictadura y de la violación de los derechos humanos:

  • Legitima la Junta en 1973, ofreciéndole un manto de juridicidad a los actos inconstitucionales y criminales de la dictadura.
  • Aplica irrestrictamente Ley de (auto)Amnistía, que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978.
  • En su acto de mayor abandono de sus deberes jurisdiccionales, niega la aplicación del recurso de amparo, el Habeas Corpus, que es la solicitud que se hace a la Corte, de protección de una persona ante el riesgo de su vida, su integridad física y o su libertad.  Entre 1973 y 1983 rechaza más de 5000 recursos de amparo, renunciando a su rol de cautelar, la vida, la libertad y la seguridad individual.
  • La Corte Suprema llegó a un acuerdo con el dictador, en que la información de los recursos de amparo serían centralizados a través del Ministerio del Interior, el que informaba carecer de antecedentes y con la sola información, de quien era acusado de la violación del derecho, resolvía en contra del recurso de amparo.

Así, la Corte Suprema se convierte en aliada de la dictadura y cómplice de sus crímenes; amparando no a las víctimas, sino que a los victimarios. La DINA,  hasta 1978, y luego la CNI.

Es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación quien en su informe de 1991 pág 97,  refiriéndose a la acción del poder judicial en dictadura señala con claridad y precisión que:

“Produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.

En septiembre de 2013, el presidente de La Corte Suprema, de ese momento, Rubén Ballesteros, hace un reconocimiento de lo que llama las graves acciones y omisiones en que incurre este poder del Estado durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, señalando que constituyó una dejación de sus funciones jurisdiccionales.

Tardío y poco sincero reconocimiento si, a poco andar, el poder judicial vuelve a traicionar con sus fallos, la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Es un desafío de los nuevos tiempos el que los procesos formativos de nuestros futuros juristas tengan como principal acento la educación en el respeto de los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia, en la igualdad, dignidad de todos/as, en la solidaridad y no en un formalismo jurídico inhumanos, defensor de un desorden establecido, de la desigualdad y alejado de los dolores y de las esperanzas de las personas.

Pero por sobre todo, seguimos teniendo esperanza en que sabremos construir “el buen vivir”.

Ven seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA,  HÉCTOR SOTO,  VALENTINA CASTRO.

[1] La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministro Mireya López Miranda y por el abogado integrante  Cristián Lepín Molina, redujo y revocó condenas a los violadores de DD.HH. que habían pasado solo tres años en prisión (Rol Nº 1734-2017).

[2] “…la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia”.




Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos exigen renuncia de ministro Larraín y subsecretaria de DD.HH.

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados Políticos a nivel nacional rechazaron en forma categórica, los nuevos intentos del Gobierno por dejar libres a criminales de lesa humanidad, apelando de manera oportunista al contexto de Coronavirus.

En ese sentido, denunciaron la concomitancia de sectores negacionistas enquistados en el poder, y que se suman al fallo de la Corte de Apelaciones, quienes el pasado viernes dejaron en libertad a los asesinos de 17 víctimas de la Dictadura.

En primer término, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la indecencia de la derecha al buscar un rédito político en medio de una crisis tan dramática para el país.

 

Lorena Pizarro añadió que la actitud de Sebastián Piñera responde a su compromiso con la mal llamada familia militar a cambio de votos durante su campaña presidencial.

 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró que pese a esta nueva arremetida, el Tribunal Constitucional haya rechazado el requerimiento de la derecha para liberar a los criminales de la Dictadura.

 

Alicia Lira afirmó que el debate jurídico realizado al interior del TC vino a constatar la improcedencia de estos indultos, considerando que están en una situación privilegiada en comparación a los presos comunes.

Ante este afán de impunidad, ambas agrupaciones exigieron la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien sindican como cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de su fundador, Paul Schaefer.

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[Entrevista] Destacada abogada de derechos humanos Julia Urquieta sobre fallo del TC y los argumentos de su alegato

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta celebró el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento presentado por Chile Vamos, que buscaba declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo impulsado por el Gobierno, debido a que no contemplaba beneficios para condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

Urquieta sostuvo que este fallo responde a la contundencia de los argumentos jurídicos que presentó en representación del Partido Comunista, y junto a otros 20 expositores en la audiencia desarrollada para abordar dicho requerimiento.

La dirigenta agregó que dichos argumentos se fundan sobre la base del principio de proporcionalidad, el cual establece que no es lo mismo un delito común que un crimen contra la humanidad.

 

Julia Urquieta precisó que el proyecto presentado por el ejecutivo consistía en otorgar indulto conmutativo a adultos mayores que no estén involucrados en delitos graves u atentados contra la vida, además de embarazadas y madres de lactantes.

 

Según explicó la jurista, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue ratificar el proyecto de ley inicial, el cual excluía del arresto domiciliario a delitos graves y crímenes de lesa humanidad.

 

Julia Urquieta advirtió que la eventual aprobación del proyecto de indulto conmutativo vendría a consolidar el proceso de impunidad que se está cursando en el último tiempo.

 

La abogada Julia Urquieta consideró aberrante que Sebastián Piñera respalde un proyecto de ley que pretende beneficiar a quienes cometieron los delitos más atroces contra la humanidad, y sin que hayan mostrado un mínimo de arrepentimiento.

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[Audio / Entrevista]

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el pasado lunes el requerimiento presentado por “Chile Vamos”, que buscaba declarar inconstitucional el proyecto impulsado por La Moneda de indulto conmutativo, ya que este no contempla beneficios para condenados por violaciones de los Derechos Humanos y delitos por crímenes de lesa humanidad.

Por el Partido Comunista de Chile, que cuenta con centenares de víctimas por causa de la represión y política de  exterminio de la dictadura cívico militar que encabezó Pinochet, alegó la destacada jurista y activista de los DD.HH. abogada Julia Urquieta. Conozca los importantes argumentos jurídicos de su intervención ante el TC.

 




Marcos Barraza: “Gobierno se aprovecha de la crisis sanitaria para imponer una agenda altamente reaccionaria”

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sentenció que el gobierno ha actuado con sentido de oportunismo extremo al insistir en conceder indulto a criminales de lesa humanidad, pese a tratarse de quienes cometieron las peores violaciones a los Derechos Humanos en Dictadura.

El dirigente del Partido Comunista aclaró que estos reos no están expuestos al contagio del Coronavirus, ya que tienen condiciones carcelarias privilegiadas, a diferencia del resto de la población penal.

En ese sentido, Barraza acusó al gobierno de aprovecharse una vez más de la crisis sanitaria para imponer una agenda altamente reaccionaria.

 

El dirigente comunista ratificó que su partido seguirá rechazando la posibilidad de indulto para criminales de la Dictadura por tratarse de una acción improcedente en comparación a otras realidades donde los presos se encuentran en condiciones infrahumanas.

 

Al mismo tiempo, Marcos Barraza repudió la postura de Ricardo Lagos Escobar, luego que éste saliera a respaldar el indulto propuesto por Sebastián Piñera. En su lectura, lo que está haciendo el ex mandatario es intentar reeditar un pacto transicional en materia de impunidad para violadores a los Derechos Humanos.

 

El ex ministro de Estado afirmó que la arremetida del Gobierno se enmarca en una estrategia de la derecha para imponer su agenda política, lejos de enfocarse en las medidas más urgentes para combatir los efectos del Coronavirus.

 

Marcos Barraza repudió que el gobierno intente aplicar su agenda neoliberal a partir de medidas extremas en el contexto de la pandemia, aprovechándose de que la ciudadanía no puede estar en las calles movilizada.




Declaración de la Coordinadora de Víctimas Trauma Ocular

Como coordinadora de víctimas de trauma ocular declaramos nuestro profundo repudio a las declaraciones y resolución de Carabineros de Chile entorno a la investigación de los  autores responsables de las heridas y daño permanente de nuestro compañero Gustavo Gatica, el cual producto de la violencia y falta absoluta de protocolos por parte de carabineros, sumado a su indiscriminados ataques a manifestantes de manera permanente en donde disparaban directamente al rostro de muchos ellos, dañaron de manera irreparable ocularmente a nuestro compañero Gustavo al igual que a Fabiola Campillay, como a tantos otros de nuestros compañeros y compañeras 456 compatriotas a nivel nacional dejando daños físicos y emocionales, en donde la impunidad deja en manifiesto un absoluto manto a las responsabilidades  de esta institución que no asume como tal, siendo sus efectivos desplegados en manifestaciones con órdenes concretas de persuadir con plena libertad de acción,  lo cual deja al descubierto su ensañamiento, falta de protocolo y el carácter de la violación constante de derechos humanos en cada una de sus acciones.

Queremos en estos momentos exigir claridad de los hechos que ocurrieron durante el ataque a nuestro compañero, que la institución se haga cargo de las responsabilidades que esta tiene en cada una de estas acciones violentas contra manifestantes, teniendo en varios casos registros audiovisuales de muchas de ellas en donde se percutan disparos en el rostro de manifestantes, apremios violentos contra personas, actos de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La negación de responsabilidad genera en la población y en cada una de las victimas un profundo dolor, pero más aún la constante impunidad en la cual a través del anonimato y al amparo de instituciones como la de carabineros de Chile quedan cada uno de los autores de hechos tan violentos como los que hoy en investigación han resuelto de manera especulativa culpar a terceros, como a manifestantes dejando así una enorme incertidumbre de efectivamente encontrar verdad y justicia para las víctimas y familias.

Hoy  enfrentamos la cara más cruda de una justicia que no llega y la terrible impunidad de  autores de mutilación y violación a los derechos humanos, sino también el abandono absoluto de sus víctimas por parte del estado, en donde la atención en instituciones de salud ha sido suspendida, muchas de las victimas hoy se encuentran con procesos de rehabilitación física en espera, a nivel psicológico y apoyo contando con la solidaridad colectiva de espacios de coordinación conjunta como lo es nuestra coordinadora, en donde a través de la solidaridad y apoyo de algunos profesionales que se ponen voluntariamente al servicio de ellos para colaborar hemos podido avanzar en la recuperación parcial pero no total de su cotidianidad, tratando con un profundo esfuerzo de ponerse de pie después de la modificación de sus vidas la cual queda marcada para siempre en un profundo dolor.

Queremos decir que continuamos a paso firme y creemos profundamente en continuar luchando por verdad y justicia para cada uno de nuestro compañeros y compañeras, creemos que en un estado que se dice democrático la verdad y la justicia, la dignidad son ecos importantes en la construcción de un país que debe avanzar en la dignificación de su pueblo, en donde de garantías para el pleno desarrollo de los sujetos en igualdad de condiciones.

Sentimos profundamente que cada muestra por parte del gobierno a través de Piñera, Blumel, Guevara y Mario Rozas sea la negación de hechos y seguir precarizando la vida del pueblo de Chile, como coordinadora reforzamos nuestro compromiso por seguir luchando por cada uno de nuestros compañeros y compañeras en el camino de la verdad, justicia y reparación.

Coordinadora de víctimas trauma ocular.

09 Abril 2020.




Alerta en organizaciones de DD.HH. y artistas por iniciativa del gobierno de indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad

Agrupaciones de DD.HH. y de víctimas de la Dictadura junto con representantes del mundo de la cultura, se refirieron  a los intentos del Gobierno y parlamentarios de derecha de dar indulto a los presos de Punta Peuco en el marco de la crisis sanitaria, bajo el supuesto  de conmutar las pena de cárcel por arresto domiciliario total a los internos mayores de 75 años por ser población de riesgo.

Al respecto la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que esta iniciativa del oficialismo junto con promover la impunidad, corresponde al cumplimiento de un compromiso de campaña de Sebastián Piñera.

 

Lorena Pizarro denunció que la Derecha, y particularmente la UDI sólo intentan con esta propuesta que beneficia a los genocidas de Estado, relativizar  la importancia de la justicia y los D.D.H.H.

 

Por su parte el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. Carlos Margota advirtió que Sebastián Piñera y su sector, olvidan que existen normas internacionales estrictas que obligan a los Estados que han sido objeto de una Dictadura, a cumplir acciones de justicia y reparación, principios que son contrarios a este proyecto de indulto.

 

El abogado Carlos Margota recordó que el estatuto de Roma suscrito por nuestro país, sólo permite reducir la pena a violadores de DD.HH. cuando estos colaboran con la justicia y manifiestan un arrepentimiento efectivo  por sus abominables acciones, presupuesto que no cumplen los condenados en Punta Peuco.

 

En tanto el líder histórico de Inti Illimani Jorge Coulón , calificó este proyecto de ley de la Derecha como una “barbaridad” pues pretende exigir un gesto de compasión y humanidad , para quienes no la tuvieron con sus victimas.

 

Del mismo modo, Roberto Márquez fustigó la mezquindad de algunos sectores del oficialismo  quienes se aprovechan del drama humano y social que representa esta pandemia , para intentar, una vez más , obtener la libertad de los criminales cómplices de la Dictadura.

 

Max Vivar por su parte, vocalista de la banda Villa Cariño, insistió en que la lucha por defender y resguardar los DD.HH. es un acto de memoria, pero también de reflejo permanente, recordando a quienes han sido asesinados o han sufrido traumas oculares a manos de este gobierno.

Tanto los artistas como los personeros de DD.HH. insistieron en que no se oponen e incluso apoyan que esta medida de indulto y beneficios carcelarios se aplique a presos de la tercera edad, con condenas menores y especialmente a los presos políticos, sin embargo esto no puede aplicarse a quienes han cometido los delitos más alevosos en contra de la humanidad y que gozan, como es el caso de los internos de Punta Peuco, de beneficios  que no tienen la gran mayoría de la población penal.