En Aniversario 2 de gobierno de Piñera y 30 de la transición PC exigió renuncia y elecciones generales anticipadas para resolver la crisis

El Partido Comunista de Chile, por medio de su secretario general, Lautaro Carmona, acudió a La Moneda para entregar un manifiesto en el marco de los 30 años de la transición a la democracia y en medio de las más graves violaciones a los Derechos Humanos desde el término de la Dictadura a propósito de los 2 años de Piñera.

En la instancia, Lautaro Carmona sentenció que Sebastián Piñera debe renunciar a la presidencia de la República para abrir paso a elecciones generales en respuesta a la soberanía popular.

 

Lautaro Carmona sostuvo que el ministro del interior, Gonzalo Blumel, también debiera renunciar al cargo, como mínimo gesto de coherencia y honradez con el país.

 

A su vez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que el estallido social es la respuesta a 30 años de transición pactada, donde ha prevalecido el legado del dictador Pinochet.

 

En ese sentido, Lorena Pizarro dijo que es fundamental que Sebastián Piñera renuncie ante las brutales violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo su Gobierno.

 

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, llamó a adelantar las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarios, a objeto de poder comenzar a construir una sociedad realmente democrático y con mayor justicia social.

 




Lorena Pizarro: «Vigencia de la Constitución de la dictadura da cuenta de una disfrazada democracia»

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, repudió que la Constitución impuesta en dictadura continúe vigente a 46 años del golpe de Estado ya que da cuenta de una falsa democracia.

En su diagnóstico, las prácticas represivas también perduran hasta la actualidad, y siempre asomen en respuesta a demandas sociales o la exigencia de derechos arrebatados por el régimen pinochetista.

Asimismo, Lorena Pizarro afirmó que los grandes beneficiados del modelo neoliberal siguen siendo quienes dieron el golpe de Estado.

 

La dirigenta de derechos humanos sostuvo que el legado dictatorial se ha profundizado durante el segundo gobierno de Piñera, tanto a nivel de montajes como de medidas represivas contra estudiantes y organizaciones sociales.

 

Lorena Pizarro valoró que los golpistas no han conseguido invisibilizar al presidente Salvador Allende, pues su figura y legado se imponen por sobre la indecencia de los sectores que han negociado con los criminales de la Dictadura.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, destacó que la poca justicia social que tiene Chile es debido al legado de la Unidad Popular, entre ellas la nacionalización del cobre y el acceso a leche en consultorios, en el marco de las cuarenta medidas de Salvador Allende.




La acusación constitucional en si misma fue una acción contra la impunidad sostiene J. A. Lagos

Tras un debate de más de nueve horas, la Cámara de Diputados rechazó por 64 votos a favor y 73 en contra la acusación constitucional que pesaba sobre los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, por haber concedido el beneficio de libertad condicional a un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad.

Pese a este resultado, el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, destacó que la votación inicial permitiera demostrar la legitimidad de la acusación constitucional, desde el punto de vista legislativo.

 

Para el dirigente comunista, la primera resolución del Parlamento a favor de esta acusación dejó establecido que no existe la posibilidad de reinterpretar la legislación para otorgar libertad condicional a reos que no han entregado ninguna señal de arrepentimiento.   

 

El analista indicó que hay una denegación de justicia por parte del Estado chileno, en lo que respecta a quienes violaron los Derechos Humanos mediante tortura, ejecución y desaparición forzada de más de mil compatriotas.  

En ese contexto de impunidad, Juan Andrés Lagos descartó que la acusación constitucional contra la Corte Suprema atentara contra el Estado de Derecho, como señalaron desde la derecha los defensores de la Dictadura. 

 

Por otro lado, Juan Andrés Lagos repudió que diputados del partido radical y democratacristiano votaran en contra de esta acusación, tratándose de los mismos sectores que junto a la derecha se amparan en la idea de que los Derechos Humanos se defienden en cualquier parte del mundo.

A juicio del dirigente comunista, esos parlamentarios no tienen moral, ni ética para seguir jugando al empate político en la materia. 

 

El analista y dirigente Juan Andrés Lagos, aclaró finalmente que el Parlamento no tiene piso para seguir intentando esta suerte de empate, tratando de blindar la impunidad en Chile, paralelamente a defender los Derechos Humanos de otros países, pero sin referirse por ejemplo, a los más de 400 dirigentes sociales, campesinos y militantes de las FARC asesinados en Colombia por bandas paramilitares y agentes del Estado.




Denuncian que Corte Suprema crea condiciones para instalar la impunidad tras aprobar beneficios carcelarios

El abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, denunció que La Corte Suprema dicta penas muy bajas a criminales de lesa humanidad, respecto a la gravedad de los delitos cometidos. A modo de ejemplo, Cristian Cruz comparó la baja sentencia de uno de los reos indultados con los 6 años y un día de cárcel que pesa contra un lonco mapuche por fracturar el dedo de un oficial de Carabineros.

 

Por otro lado, Cristian Cruz descartó que la libertad condicional se niegue por razones políticas más que jurídicas, como señala el diputado UDI Osvaldo Urrutia, en defensa de los criminales condenados.

 

El abogado de derechos humanos aclaró que La Corte Suprema cometería un grave error si pretende mediante beneficios carcelarios vulnerar las obligaciones legales, reglamentarias e internacionales.

 

A su vez, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, criticó que se entregue libertad condicional a genocidas que cometieron los peores crímenes, contraviniendo todas las normas chilenas e internacionales.

 

El diputado Tomás Hirsch dijo que estos indultos obedecen a un plan orientado a la impunidad de los violadores de derechos humanos, poniendo en entredicho la existencia de un Estado de Derecho efectivo.

 

Tomás Hirsch explicó que desde el término de la Dictadura, se viene validando a quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, donde muchos civiles también participaron en los crímenes cometidos y ostentan cargos públicos.




Jovenes comunistas, socialistas y DC se encadenan en tribunales en rechazo a beneficios a reos de Punta Peuco

Este lunes, integrantes de las Juventudes del Partido Socialista, Comunista y de la Democracia Cristiana, se encadenaron en el frontis del palacio de tribunales para repudiar  la determinación adoptada por el máximo tribunal, respecto a otorgar libertad a siete reos del penal Punta Peuco.

El presidente nacional de las Juventudes Comunistas de Chile, Camilo Sánchez, denunció la ilegalidad de las medidas de impunidad que está elaborando la Corte Suprema a favor de criminales condenados por delitos de lesa humanidad.

A su vez, el presidente nacional de la Democracia Cristiana, Manuel Gallardo, afirmó que la Corte Suprema está profundizando la falta de verdad y justicia, lo que constituye una grave falta para la convivencia nacional.

Por su parte, el secretario general de la Juventud Socialista, Francisco Melo, aseguró que la justicia y la verdad ante actos tan deleznables como la violación a los derechos humanos, deben ser imperativos de una sociedad democrática.

En la instancia, los dirigentes políticos aseguraron que con estas determinaciones sólo se ratifica la impunidad, pasando a llevar lo ya había dictaminado la Comisión de Libertades Condicionales y la Corte de Apelaciones.




Contundente rechazo a libertad condicional a presos de Punta Peuco condenados por violaciones a los Derechos Humanos

Organizaciones  de Derechos Humanos y de familiares de víctimas de la Dictadura concurrieron masivamente   hasta dependencias  de la Corte Suprema, para manifestar su rechazo al fallo de la segunda sala penal del máximo tribunal, el cual le otorgan la libertad condicional a 5 uniformados en retiro que estaban presos en los penales Punta Peuco y Colina I, por delitos de “lesa humanidad”, ocurridos con posterioridad a 1973.

En la oportunidad, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  Lorena Pizarro, expresó que esta resolución es una infamia y una bofetada a la democracia y a las víctimas, siendo además el reflejo de un Estado que por motivaciones políticas hace oídos sordos a la necesidad de justicia.

 

Por su parte, Alicia Lira presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos, afirmó que la conducta de los ministros de la Corte Suprema que resolvieron acoger este recursos de amparo a favor de los ex uniformados, es una afrenta no sólo a las víctimas y sus familiares, sino además a todos aquellos jueces que lucharon históricamente  por la búsqueda de la verdad.

 

En tanto la abogada Julia Urquieta, junto con rechazar el contenido de este fallo basado en supuestas condiciones de salud de los imputados, argumentó que esta resolución contraviene de manera vergonzosa  los tratados suscritos por Chile en materia de juicios por D.D.H.H tal como el Estatuto de Roma, el cual es explicita  condiciones mínimas para este tipo de beneficios, los cuales no cumplen de manera alguna los militares  hoy excarcelados.

 

Desde el mundo político, el Presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier manifestó sus legitimas  dudas respecto a que tras la decisión de la Corte Suprema existan presiones desde el gobierno de la Derecha, pues coincidentemente  a partir del 11 de marzo se ha construido una arremetida  de impunidad, la misma que ha permitido a genocidas de Estado  gozar hoy de estos beneficios  carcelarios.

 

Al interior de eta misma colectividad, el secretario General del PC Lautaro Carmona  expresó que fallos como el emanado por la segunda  Sala Penal de la Corte Suprema -el cual reiteremos otorgó la libertad a 5 ex uniformados cómplices de la dictadura, extiende peligrosamente en el país un precedente  que legitima y justifica el terrorismo de Estado.

 

Así mismo, el presidente de las Juventudes Comunista Camilo Sánchez denunció un silencio cómplice por parte del Gobierno de Piñera, al permitir que la familia militar ejerza su influencia y sus métodos de presión para que la justicia acceda a liberar a los condenados en Punta Peuco.

 

Desde las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, cuestionaron  esta decisión judicial, pues marcaría  un precedente nefasto a propósito del proyecto de ley, supuestamente de carácter humanitario, que va a enviar el gobierno para internos que presenten demencia o enfermedad terminal, lo cual claramente  podría ser una estrategia velada para conseguir que los criminales  de Estado eludan su responsabilidad por los delitos cometidos durante la represión.




Lautaro Carmona asegura que se intenta crear un clima que facilite al gobierno de Piñera tomar medidas de impunidad

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, denunció que el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, pretende encubrir el terrorismo de Estado al declarar que el quiebre institucional concluyó con el golpe de 1973. Declaraciones que a juicio de Lautaro Carmona, buscan facilitar las medidas de impunidad que el gobierno de Piñera quiere impulsar a favor de los criminales de la Dictadura.

 

El dirigente comunista advirtió que el titular del TC desafía las decisiones del poder judicial cuando plantea que el gobierno de Salvador Allende provocó un quiebre institucional, ya que está contraviniendo los planteamientos de Naciones Unidas para condenar a Augusto Pinochet como dictador e impulsor del terrorismo de Estado.

 

Lautaro Carmona dijo que Iván Aróstica también desafía la honra y el valor de las víctimas de la Dictadura, al responsabilizarlos del quiebre de la democracia, pese a que fueron civiles y militares quienes traicionaron el compromiso con el país, desde el punto de vista institucional, y atentaron contra su propio pueblo, mediante una conspiración encabezada por la CIA.

 

En ese sentido, el secretario general del PC aclaró que desde antes que Salvador Allende asumiera la presidencia; Estados Unidos y la derecha se coludieron para ejecutar un plan que no terminara hasta desestabilizar y terminar con el gobierno popular, por la vía de la fuerza.

 

Finalmente, Lautaro Carmona, opinó que aquí hay un llamado a subordinarse sobre fallos del poder judicial, una burla provocadora a todos quienes son víctimas del terrorismo de Estado y una desfachatez para amparar la impunidad de los nazis que estaba a cargo de Colonia Dignidad.