Bárbara Figueroa: «Aprobar un impuesto a los súper ricos es un camino viable para ayudar a paliar la crisis económica y social»

Esta semana, diputados y diputadas de la bancada comunista, emplazaron nuevamente al Ejecutivo a discutir el impuesto a los súper ricos que permitiría incorporar a las arcas fiscales del orden de los 4 mil millones de dólares. La moción parlamentaria propone una tributación equivalente al 2,5 por ciento del patrimonio de las 2 mil  personas más adineradas del país, quienes ostentan una fortuna igual o superior a 22 millones de dólares.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, afirmó que dicho impuesto es el mejor de los caminos para sortear los efectos de la crisis económica que atraviesa Chile, y que se podría intensificar aún más frente a una segunda ola de contagios de Covid-19.

 

Bárbara Figueroa planteó que la salida a la crisis actual pasa por una mayor inyección de recursos fiscales, dirigidos tanto a obras públicas como a un presupuesto más expansivo.

 

La presidenta de la CUT remarcó que para dinamizar la economía y así generar nuevos puestos de trabajo, se requiere de más gasto fiscal, mayores ingresos y alianzas público privadas.

 

Bárbara Figueroa indicó que el retiro del 10% previsional es la prueba más concreta de que la entrega directa de recursos a las familias, es una medida efectiva para dinamizar la economía, y por esa vía, hacer que los empresarios tengan la necesidad de contratar gente.

 

La presidenta de la multisindical aclaró que hay una responsabilidad directa del Gobierno, a quien acuso de una inhumanidad extrema por haber abandonado a la ciudadanía desde el inicio de la pandemia.

 

Bárbara Figueroa concluyó que hay una “negligencia consiente”, por parte del ejecutivo, quien evitó a toda costa la implementación de políticas de gasto público, pese a la situación crítica del país.




Impuesto a los súper ricos es una posibilidad concreta de proyectar no sólo un despliegue de apoyo estatal para este año, sino además con miras  a la reconstrucción económica que el país requiere a partir del 2021 sostiene Carlos Insunza

En medio del debate sobre el proyecto que aplica un impuesto de 2.5 %  al patrimonio de los súper ricos, como fórmula para allegar recursos  al erario nacional en medio esta crisis sanitaria y económica, distintos actores gremiales se manifestaron  a favor de esta propuesta.

Para el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, esta propuesta se abre también como una posibilidad concreta de proyectar no sólo un despliegue de apoyo estatal para este año, sino además con miras  a la reconstrucción económica que el país requiere a partir del 2021.

 

El consejero de la Central Unitaria de Trabajadores rechazó los argumentos de la derecha económica  en cuanto a la complejidad de implementar  este tributo a las grandes fortunas, pues esta moción se aplicaría sólo a un grupo acotado de personas y por solo una única vez.

 

Carlos Insunza  manifestó que este aporte del 2.5 % del patrimonio  de los Súper Ricos es también un acto de justicia, pues la mayor carga tributaria hasta ahora es asumida por la gran mayoría de la población quienes pagan un 19 % de IVA  de manera habitual en sus consumos cotidianos.

 

Del mismo modo el director nacional de la ANEF  detalló que si bien han existido gracias  a la presión social, una serie de instrumentos de respaldo en medio de esta pandemia, como son el Ingreso Familiar de Emergencia y los bonos Covid, el grueso de estos recursos fiscales han sido para favorecer a las grandes empresas.

 

A juicio de Carlos Insunza  el debate sobre este gravamen a las grandes fortunas debe incorporar no solo una  recaudación que podría representar ingresos al Estado por más de 6 mil millones de dólares, sino además la forma en que se van a distribuir estos dineros en un escenario marcado por la contracción económica y el desempleo, concluyó.




Bárbara Figueroa: «Lo que necesitamos hoy es más recursos y el Estado debe salir a buscarlos para poder ayudar a superar la grave crisis social»

Desde el pasado viernes, la Central Unitaria de Trabajadores está en negociaciones con el Ejecutivo para el aumento del sueldo mínimo que hoy se mantiene en $320.500.

En el marco de este debate, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, aclaró que el gobierno no puede seguir anclado en la política contra cíclica de los 90 y 2000, descargando los costos de cada crisis en los trabajadores.

En ese sentido, la líder de la multisindical dijo que un impuesto a los súper ricos es el mejor mecanismo para romper con la lógica de medidas insuficientes e hiper-focalizadas a la hora de enfrentar contingencias como la actual.

 

Bárbara Figueroa criticó que el Gobierno optara por comprometer recursos del Estado hasta 2022, en vez de generar nuevos recursos y una mayor liquidez mediante el impuesto a las grandes fortunas del país, que además es una medida aplicada en muchos países del mundo.

 

La presidenta de la CUT remarcó que el impuesto a los súper ricos es una opción concreta para palear los efectos de la crisis social y económica, en un contexto donde el Gobierno no garantiza políticas de ayuda con sostenibilidad en el tiempo.

 

Finalmente, Bárbara Figueroa llamó al ejecutivo a acoger la propuesta de un impuesto a las mayores fortunas de Chile, a objeto de poder garantizar un ingreso básico de emergencia, que sea universal y sostenible en tiempos de crisis.




Abogado Luis Cuello: «No existen materias vetadas en la actual Constitución y en consecuencia el Parlamento tiene todas las atribuciones para impulsar un impuesto transitorio a las grandes fortunas así como fue el retiro del 10% de fondos previsionales»

El abogado y asesor legislativo de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, refutó los dichos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de que éste acusara a la oposición de “buscar nuevamente obrar por un atajo constitucional” en alusión al debate del proyecto de ley que establece un impuesto transitorio al patrimonio a los “súper ricos”, y la anterior aprobación de la reforma constitucional que autoriza el retiro del 10% de fondos previsionales por una única vez.

El profesional afirmó que el argumento de Briones ya está agotado, toda vez que este proyecto de reforma está establecido dentro de las posibilidades que tiene el Congreso para incidir en materia de seguridad social bajo un Estado de Catástrofe.

 

El coordinador legislativo de la Bancada Comunista, fue enfático en aclarar que no existen materias vetadas en la actual Constitución y en consecuencia, el Parlamento tiene todas las atribuciones legales para impulsar un impuesto transitorio a las grandes fortunas, así como estableció anteriormente el retiro del 10% de fondos previsionales por una sóla vez.

 

Luis Cuello descartó que un impuesto a los altos patrimonios sea una solución simplista como señala el ministro de Hacienda Ignacio Briones, pues muy por el contrario, añadió el experto, este proyecto viene a romper con una estructura tributaria injusta e inequitativa.

 

El asesor legislativo del PC acusó a Sebastián Piñera de abusar permanentemente de sus facultades presidenciales para defender los intereses del gran empresariado, en vez de resguardar los de aquellos sectores más golpeados por la crisis económica.

 

En ese sentido, Luis Cuello criticó el proyecto del ejecutivo que busca reducir el número de Parlamentarios, pues en su diagnóstico, dicha pospuesta también se enmarca en la arremetida de Piñera para gobernar al margen del poder legislativo, pasando por sobre el debate democrático que allí se produce.

 

Cabe recordar que Sebastián Piñera anunció en la Cuenta Pública 2020 un proyecto de ley que persigue que los diputados vuelvan a ser 120, y que los senadores lleguen a 40, pero manteniendo el sistema electoral proporcional.

Actualmente, tras la reforma al sistema binominal el número de integrantes de la Cámara Baja llegó a 155, mientras que los miembros de la Cámara Alta hoy alcanzan a 43 integrantes y en el próximo período los representantes llegarán a 50.

El abogado Luis Cuello calificó esta propuesta como un “atentado a la democracia”, pues busca fortalecer el régimen presidencialista al concentrar el poder en una sola persona, que en este caso vendría siendo Sebastián Piñera.