Lanzan comando amplio por “Apruebo Chile Digno”

Artistas, organizaciones, personalidades, junto a los partidos PRO, FREVS, PC, Wallmapuwen, Igualdad e Izquierda Libertaria, lanzaron  el comando Chile Digno, de cara al plebiscito del próximo 26 de abril. Dicha  plataforma presentó los principales objetivos y lineamientos de la campaña titulada “Apruebo Chile Digno”.

En la oportunidad el diputado y timonel de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, enfatizó que como colectividades  y organizaciones que no suscribieron el fallido “Acuerdo por la Paz “, han decidido apoyar la aprobación de una nueva Constitución  en el plebiscito de abril próximo, pero poniendo especial énfasis en la necesidad de que sea una Asamblea Constituyente quien redacte esta renovada Carta Fundamental.

 

Jaime  Mulet anunció que acompañaran  en este camino en pos de  una nueva Carta Magna   a los movimientos sociales, sobre todo ahora que la mayoría de los partidos del oficialismo han revelado su verdadera  intención, cual es perpetuar la Constitución  de Pinochet.

 

Por su parte, el  diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que este comando y esta campaña “Apruebo Chile Digno”, corresponde a una nueva forma de hacer política, en donde se terminan las cúpulas y se da paso a una amplia participación ciudadana.

 

Guillermo Teillier advirtió que este esfuerzo de unidad en torno a cambiar la Constitución de la Dictadura no significa una distracción en la lucha por la demandas sociales , sobre todo ante un gobierno que insiste en desoír a las grandes mayorías , pese a contar con un paupérrimo 6 % de aprobación ciudadana.

 

En tanto, el presidente del partido Progresista, Camilo Lagos, expresó que legitimidad de esta plataforma por un “Chile Digno” surge porque las organizaciones y colectividades que la componen son las mismas que han marchado junto a los manifestantes en las calles desde el mismo 18 de octubre pasado.

 

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigenta Natalia Mesías, comentó que este acuerdo constituyente, privilegia además a los movimientos sociales,  a los independientes  y sobre todo la paridad de género, sobre todo considerando  que Chile es un país en que la base del esfuerzo y la dignidad está representado  por las mujeres, aseveró.

 

En representación del partido Igualdad, su presidente, Guillermo González,  comprometió el apoyo de su tienda política  a un proceso que busca lograr una Asamblea Constituyente  Plurinacional y Soberana.

 

Desde este comando “Chile Digno” anunciaron que si bien  están abiertos a la posibilidad de lograr  acuerdos con otras fuerzas políticas que se manifiesten  a favor de cambiar la Constitución  en el marco del plebiscito fijado para abril próximo, cualquier dialogo debe tener como presupuesto no dar la espalda a la ciudadanía  en cuanto a su participación  y demandas  sociales  , además por cierto, de  la  aprobación de una Asamblea Constituyente.

Manifiesto del Comando Chile Digno Por un Chile donde valga la pena vivir




Cuestionan limitaciones al derecho a reunión impuestas por Intendente Guevara y uso del Decreto 1086

Esta semana la comisión que analiza la Acusación Constitucional, y que es presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), recibió al profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, quien expuso que el derecho a reunión se ejerce sin permiso previo. Asimismo, su colega Luis Silva calificó como inconstitucional el decreto que regula el derecho a reunión.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y que es presidida por la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda; recibió, en su tercera y cuarta jornada de audiencias, a los profesores de Derecho Constitucional, Christian Viera de la Universidad de Valparaíso, y a Luis Silva, ligado a Fundación Jaime Guzmán, respectivamente.

En la instancia desarrollada el pasado miércoles, el profesor Viera abordó la importancia del control político a cargo del Congreso Nacional para evitar abusos de poder y la forma en que se ejercen el derecho a reunión y la libertad de la protesta. Esto, en relación a lo que señala el libelo acusatorio sobre que habría habido por parte del intendente una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social que vive el país.

En este sentido, Viera calificó de grave la comprensión del derecho a reunión del Intendente, ya que reunirse pacíficamente se ejerce sin permiso previo y no procedería, como estima ocurrió, inhibir el ejercicio del derecho a la protesta.

“¿Qué es lo que supone? Supone una violación de derechos fundamentales, en este caso, uno muy importante, que está en la Constitución junto con la libertad de expresión, que supone la inhibición del derecho a la protesta y eso constituye una infracción a la Constitución y no solamente tuvo un efecto en el ejercicio a la protesta, sino que esto se saldó con heridos, con un muerto y con una represión desmedida de parte de la fuerza policial”, argumentó.

Otro punto que abordó el abogado Viera es el decreto supremo 1.086, de 1983, sobre reuniones públicas, que sería contrario a la Constitución. Añadió que, con la referencia de que las reuniones en lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía (art. 19 número 13 Constitución), se ha entendido que un reglamento puede limitar los derechos fundamentales, lo que no corresponde, ya que debe ser regulado por ley.

Y fue precisamente, refiriéndose al cuestionado decreto, que basó su exposición del día jueves, el abogado constitucionalista asociado a la Fundación Jaime Guzmán, Luis Silva, quien señaló que el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido a la autoridad regional, “en realidad es un reproche al Decreto Supremo Nº1086”.

Según explicó, este decreto “le da al intendente amplias atribuciones, quizás demasiado amplias, para prohibir reuniones y disolverlas si tienen lugar pese a que se prohíba”. Por lo tanto, a su juicio, “el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido al intendente Guevara en la acusación constitucional, en realidad es un reproche al D.S. Nº 1086 que regula de una manera inadecuada un derecho fundamental como el derecho de reunión. Por lo tanto, creo que la acusación no puede prosperar, porque no es el intendente Guevara quien ha infringido la constitución, sino el D.S. Nº 1086”, indicó

Tras las dos jornadas, la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda, junto con agradecer la asistencia de ambos abogados, recalcó que “el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente y cómo éste tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la complicación desde el punto de vista constitucional”, discrepando con quienes insisten en “culpar solo al Decreto Supremo”.

“Hay un posición hoy día de algunas personas al interior de la comisión que están enfocándose principalmente en el Decreto Supremo 1.086, y a mi juicio el problema no está ahí, o sea yo creo que tiene un problema de inconstitucionalidad sin duda que tenemos que mejorar, pero el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente, y como ese copamiento tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la síntesis de las complicaciones desde el punto de vista constitucional, entonces si realmente el intendente utilizó esta herramienta si mandató a Carabineros que al final se concluya que esa herramienta que es el copamiento preventivo limita o reduce o elimina un derecho fundamental como es el derecho a reuniones”.

Finalmente, la diputada adelantó que el próximo lunes será una jornada especial, pues recibirán en audiencia secreta a algunas víctimas “que nos van a exponer de las complicaciones que han tenido de su vida cotidiana, en su quehacer a partir de los hechos ocurridos principalmente a partir del 20 de diciembre”, concluyó.




Diputado Mulet a ministro Briones en la Interpelación: “Chile es un país tremendamente injusto con una brutal concentración de los ingresos en unos pocos”

Esta semana se concretó la interpelación por parte del diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la Cámara de Diputados.

Tras la instancia, y en una queja permanente durante la realización de las preguntas, el parlamentario por la región de Atacama criticó la falta de respuestas concretas del ministro, que según él contabilizó “solo habrían sido 2 preguntas las realmente contestadas”, sin embargo, valoró el mea culpa que Briones realizó ante el incumplimiento del ingreso de la ley de Rentas Regionales al Congreso.

 

Mulet recalcó que “nuestro país es tremendamente injusto y desequilibrado, con una concentración del ingreso brutal en algunos sectores, por lo que han planteado al ministro de Hacienda el interés de avanzar más rápido no solo en la ley de Rentas Regionales, sino también, por ejemplo, en la construcción de viviendas, en las pensiones, en salud.

 

Finalmente, el diputado Jaime Mulet valoró la aprobación del proyecto de Acuerdo presentado por su Bancada Regionalista, pues a partir de él pudieron entregarle al ministro Briones una serie de preguntas que sinterizaron,  las más de 1400 que recibieron a través de las redes sociales, donde la gente quiso ser partícipe de esto y preguntarle a la máxima autoridad de Hacienda qué está realmente haciendo para resolver sus demandas.




Diputada Sepúlveda: “No queda claro si el copamiento tiene protocolo al interior de Carabineros”

La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, recibió en su primera sesión con invitados, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.

Lo anterior, pues a juicio de la autoridad este hace que en la práctica se requiera autorización para reunirse, cuestión que según dictámenes internacionales no se requerirían, y fue claro en señalar que  “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que  “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.

Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”

Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.

Por su parte, el diputado integrante de la comisión, Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DDHH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DDHH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DDHH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”

“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.

Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.




Diputado Mulet ante interpelación a ministro Briones: “No hay ninguna voluntad de cambios reales”

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, será el encargado de interpelar el próximo jueves 9 de enero, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Al respecto, el parlamentario –quien asumirá desde marzo la comisión de Hacienda de la Cámara, adelantó que los tres ejes de su interpelación serán la Reforma Tributaria, un sinceramiento de las cifras económicas del país, y finalmente la Ley de Rentas Regionales.

 

Del mismo modo, el timonel de la Federación Regionalista Verde Social adelantó que consultará al ministro Briones respecto a cual será la agenda económica del  Gobierno en los dos años que le quedan de mandato, y si persistirán o no en reformas que hasta ahora no tienen ninguna implicancia directa a favor de la ciudadanía .

 

Jaime Mulet advirtió que si bien el discurso económico  y político del Ejecutivo es predecible, esta interpelación buscará revelar si Sebastián Piñera está dispuesto o no a lograr transformaciones sociales importantes para Chile.

 

Finalmente el diputado Jaime Mulet anunció que dentro  de esta interpelación al titular de Hacienda programada para este jueves 9 de enero,  también se le consultará sobre las proyecciones de los distintos índices que ha estado aludiendo el gobierno respecto de la economía para los próximos dos años, particularmente el crecimiento, la inversión, la  inflación, agregando que otro tema a considerar podrían ser la proyección del salario mínimo, que se discutirá en los próximos meses.




Diputada Sepúlveda (FREVS): “Aquí el único responsable es el Presidente de la República”

La jefa de la Bancada Regionalista, adelantó que no firmarán la acusación constitucional contra el Intendente Guevara, e instó a sus colegas a “a poner los votos para las cosas importantes, y definir que el único común denominador es Sebastián Piñera”

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, adelantó la postura de la bancada que preside, anunciando que no firmarán la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, Felipe Guevara.

 “Como Federación no vamos a firmar la acusación porque aquí el común denominador no es el Intendente, no es el Ministro del Interior, no son los Carabineros, aquí hay un único común denominador que es el Presidente de la República. Y entonces, cuando empiezan a firmar acusaciones constitucionales, y han rechazado la acusación contra el propio Presidente Piñera, quien es la persona que manda al resto, entre esos al Intendente, entonces quién es el responsable, quién es el que debería decir qué es lo que está ocurriendo hoy día en el país, el único común denominador es el Presidente de la República”.

 

Y en este sentido, la jefa de la Bancada Regionalista recalcó, “dejémonos de firmar acusaciones constitucionales y de verdad coloquemos los votos para las cosas importantes, y aquí el único que es responsable es el Presidente de la República, Sebastián Piñera”.




Tras fallo del primer Tribunal Ambiental: Diputado Velásquez (FREVS) exige revocación de permisos ambientales a SQM

El parlamentario presidió en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora por el Acuerdo CORFO-SQM, documento que otorgó a la empresa la extensión del contrato y aumentó de la cuota de extracción de Litio, la que entre otras conclusiones determinó que dicho acuerdo fue perjudicial para Chile.

Un importante fallo emitió el Primer Tribunal Ambiental de la República contra la empresa Soquimich (SQM) luego que las comunidades atacameñas de Peine, Camar y el Consejo de Pueblos Atacameños, presentaran una reclamación contra la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que aprobó el Plan de Cumplimiento de la empresa en el proceso sancionatorio que abrió por seis cargos formulados posterior a una fiscalización de la que fue objeto.

Básicamente, el fallo deja sin efecto el Programa de Cumplimiento presentado por SQM, y ahora la SMA deberá retomar el proceso administrativo sancionatorio en contra de la empresa, la cual no solo tiene la obligación de volver al cumplimiento ambiental, sino que además debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas. En caso que la SMA decida sancionar finalmente a SQM por las infracciones graves o gravísimas, se podrían aplicar multas que van por sobre las 5.000 UTA, la clausura de sus operaciones o incluso la revocación de su permiso ambiental.

Al respecto, el diputado por la Región de Antofagasta donde se ubica SQM y quien presidió en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora del Acuerdo entre CORFO y SQM, Esteban Velásquez (FRVS), pidió la máxima sanción para la empresa y devolverla a los chilenos. “Este es un ecosistema muy frágil, y una empresa extractiva como SQM daña no solamente el Salar, toda el área hidrogeológica, hídrica, sino que además daña las comunidades de alrededor que es un todo. En este sentido, espero que lleguen las máximas sanciones a la empresa, que es la revocación de las autorizaciones que en su momento se le otorgaron para que medioambientalmente pudiera operar en el Salar”.

 

El parlamentario Regionalista añadió que “lo que el Primer Tribunal Ambiental hoy indica en su fallo es tremendamente gravísimo. Una vez más reafirma lo que la Comisión Investigadora CORFO-SQM dijimos reiteradas veces, como es que esta empresa está con graves incumplimientos respecto al programa que debía presentar para resguardo medioambiental”. En este sentido, cabe recordar que, en la Comisión Investigadora, la Superintendencia de Medio Ambiente se mostró férrea en aprobar el programa de cumplimiento de SQM, pese a las críticas de los parlamentarios que conformaban la instancia presidida por Velásquez.

Según se explica en el fallo, en palabras del Ministro del 1° Tribunal Ambiental, “la decisión adoptada por el tribunal se tomó en función del principio precautorio en materia ambiental ya que en el proceso no ha quedado acreditado por la empresa que las acciones y metas adoptadas sean capaces de contener y reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento de la empresa en torno a tres de los seis cargos levantados por la SMA”.

En este sentido, el diputado Velásquez indicó que a su parecer “después del estallido social en que la actitud de los chilenos cambia en razón de cuidar y proteger sus recursos naturales, la primera empresa que debe volver a manos del estado sin duda, por este tipo de incumplimientos, es SQM, en razón de no cuidar los intereses de un hábitat como es el Salar de Atacama que tiene además connotación histórica-cultural para las comunidades y pueblos originarios que son tema en el país. El Estado debiera hacerse cargo y recuperar, estatizar, renacionalizar, hacerse de esa empresa, y probablemente sería el acto más patriótico que hoy este gobierno podría hacer en razón de este reclamo de la ciudadanía que se siente desprotegida del abuso que han tenido las empresas con la ciudadanía y SQM ha sido el ejemplo de cómo no se debe trabajar y como no se deben explotar los recursos naturales”.

“Este fallo es contundente y sólo esperamos las máximas sanciones; no obstante el llamado es hacer un acto patriótico del gobierno de Chile y se nacionalice, recupere, haga para sí el Estado esta empresa SQM, cuyos orígenes – como es conocido por todos – son espurios”, concluyó.




Diputado Mulet: “Al fin entendieron el error de origen del famoso Acuerdo”

El presidente de los Regionalistas se refirió a la votación de este jueves que aprobó los proyectos para incluir paridad, independientes y pueblos originarios en el proceso constituyente.

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, valoró la aprobación este jueves en la Cámara de Diputados, de los proyectos – en primer trámite constitucional – que permitirían incluir en el futuro proceso constituyente, la paridad de género, los escaños reservados para los pueblos originarios y garantías para la participación de independientes.

Al respecto, el parlamentario, quien forma parte del bloque Unidad Para el Cambio junto al PC y al PRO y quienes no firmaron el denominado Acuerdo Por la Paz, señaló que “precisamente porque no estaban estos tres puntos para nosotros fundamentales, es que no concurrimos a aprobarlo el pasado miércoles, pero si apoyamos las indicaciones que las contenían y que finalmente fueron rechazadas. Pero sin duda que íbamos a apoyar los proyectos aprobados anoche y que paradójicamente fueron presentados por partidos de la derecha e impulsados por parlamentarios que habían incurrido en el error original de no considerarlos en el Acuerdo”.

“Con la aprobación de estos dos proyectos, comienzan a corregirse algunos errores de origen del famoso ‘Acuerdo por la Paz’, que con los mismos actores que ahora impulsaron los proyectos, había dejado fuera a las mujeres, a nuestros pueblos indígenas y a los independientes que son la mayoría de este país. Sin embargo, digo solo algunos pues aún queda por corregir el quórum de los 2/3, que para nosotros siempre ha sido el veto de la derecha para llevar adelante una nueva Constitución”, concluyó.




Diputada Sepúlveda acusa “peligroso chantaje” de la UDI

La parlamentaria regionalista se refirió a los dichos de la senadora Ena Von Vaer tras aprobación en el Senado de proceso constituyente, y llamó al Presidente de la República a controlar al partido gremialista.

La jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra Sepúlveda, calificó como “peligroso chantaje”  los dichos de la senadora Ena Von Vaer, quien señaló tras votación en el Senado de proceso constituyente, que “estamos pasando por momentos complejos para el país, momentos que en otras democracias han terminado en sistemas autoritarios”.

Asimismo, la parlamentaria de la Federación Regionalista Verde Social, quien ya en la votación en la Cámara de Diputados del mismo proyecto, transparentó que “este acuerdo había sido firmado bajo amenaza de golpe de Estado”, en esta ocasión además hizo un llamado a la senadora a retractarse, y al propio Presidente de la República a controlar a su coalición.

“Me parece absolutamente impresentable y peligroso este chantaje hoy día que está haciendo la UDI con un golpe de Estado. Ellos están diciendo que si no se mantienen las cosas como están practicamente los militares van a salir a la calle, cosa que me parece absolutamente impresentable. Y esto requiere lo antes posible, primero que se retracten y, segundo, una explicación del Presidente de la República sobre cuáles son los antecedentes que él tiene frente a esta situación, pero al mismo tiempo que controle a su coalición, fundamentalmente hoy día a la UDI con su actitud absolutamente dictatorial y antidemocrática”, concluyó.




Diputados de Unidad para el Cambio rechazaron que no se incluyera Asamblea Constituyente, paridad de genero y escaños reservados o representación de pueblos originarios e independientes

Tras la votación en general y particular del proyecto de reforma constitucional sobre proceso constituyente y que salió de la Cámara de Diputados sin incluir la Asamblea Constituyente, sin paridad de género, ni escaños para pueblos originarios o representación de los independientes, además del quórum de amarre de 2/3; desde el bloque “Unidad para el Cambio” criticaron a quienes fueron parte de este acuerdo firmado de espalda a la ciudadanía.

En primer lugar, la diputada Camila Vallejo recordó que el acuerdo no contemplaba ni paridad de género, ni escaños reservados ni listas de independientes, además de estar marcado “por la doctrina de Jaime Guzmán que la amarra al quórum de los 2/3.

 

Por su parte, la diputada Karol Cariola criticó a quienes firmaron el acuerdo con una Derecha que desde un comienzo estuvo en contra de integrar estos aspectos demandados por el movimiento social ni de permitir  hacer mejoras de forma democrática por la vía legislativa, como por ejemplo haber incorporado la tercera opción de la Asamblea Constituyente al plebiscito .

En tanto, la diputada Carmen Hertz  sostuvo que es algo deleznable en la historia de Chile que aquellos que suscribieron este supuesto “acuerdo por la paz y Nueva Constitución”, hoy permitan que  no exista paridad de género, escaños reservados para los pueblos originarios y representación de independientes.

 

Del mismo modo, el diputado Jaime Mulet, recalcó  que en este acuerdo está el candado de Jaime Guzmán con los dos tercios y otra serie de restricciones que hacen que este proceso constituyente no sea verdaderamente soberano y hoy día cumplieron dicho acuerdo, cumplió la derecha, pero también lo que fue la exConcertación más el Frente Amplio, un nuevo duopolio que se está estableciendo en el país y que le está dando la espalda a la ciudadanía.

 

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, señaló sentir una indignación tremenda, porque lo que hizo este acuerdo es mentirle a Chile,  a las mujeres que esperaban tener una cuota al ser el 51% de la población, también los independientes que no tienen cupo ni posibilidad de ser electos, ni a los pueblos originarios que tampoco tienen voz, este es un acuerdo que calificó como mentiroso.

 

Los parlamentarios de “Unidad para el Cambio “denunciaron  que si bien este acuerdo entre sectores de la ex Concertación  y el Frente Amplio  está en la línea de buscar un cambio en la Constitución, finalmente no permite democratizarla, pudiendo terminar este proceso con una Carta Fundamental  exactamente igual a esta que hemos tenido durante 40 años y que ha desarrollado un modelo económico y social tremendamente desequilibrado con concentración de la riqueza, con falta de democracia, es por eso que hoy ha sido una muy mala señal para todo nuestro país, concluyeron.