Trabajadores del Estado se pronuncian ante grave crisis de derechos humanos que vive Chile

Ante las masivas denuncias de violación de derechos humanos que han sido conocidas y reportadas por la ciudadanía en las últimas semanas, en el contexto de crisis social que vive nuestro país.
Ante las declaraciones públicas de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, que buscan ocultar y/o minimizar los graves hechos de violencia ejercidos por parte de agentes del Estado.
Constatando, con preocupación, que la institucionalidad de protección de los derechos humanos se encuentra sobrepasada y que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para ejercer su misión.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF – y las Asociaciones de Funcionarias/os Públicas/os abajo firmantes, representativas de las instituciones del Estado que cumplen funciones y responsabilidades directas en la promoción y protección de los derechos humanos, en nuestra condición de representantes sindicales, hemos decidido organizarnos y constituir el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, como espacio de diálogo y trabajo colaborativo, que nos permita relevar conjuntamente las problemáticas estructurales, así como las falencias en la gestión de coyuntura que afectan a nuestros servicios y que hoy limitan el pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile de proteger a las personas que habitan nuestro país, frente a los abusos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Afirmamos que nuestro país vive la peor crisis de violación masiva e indiscriminada de derechos humanos desde el término de la dictadura cívico-militar. Y, en este contexto, expresamos nuestro tajante rechazo y máxima preocupación por las declaraciones de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, y las de Orden y Seguridad Pública que minimizan, relativizan o niegan la gravedad de la situación.
Denunciamos estas actuaciones, que provienen desde el propio Estado, que invisibilizan y respaldan los graves hechos de violencia estatal ocurridos en contra del conjunto de la población, y particularmente los que han afectado a los sectores más vulnerados de nuestras sociedad, como lo son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes al pueblo mapuche, personas migrantes, entre otros.
Alertamos que las conductas de estas autoridades lindan peligrosamente con el incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que recaen sobre ellas, que debieran ser las primeras en tomar acciones para detener estas prácticas inaceptables y garantizar el que sean investigadas, sancionadas y, sus víctimas, reparadas. De lo contrario, nuestra sociedad corre el riesgo de permitir no sólo su continuidad y normalización, sino que se construya un camino de completa impunidad, repitiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de nuestro país, como lo fue la dictadura cívico-militar.
Nuestra decisión es organizarnos y movilizarnos para alzar la voz y exigir a nuestras autoridades una actuación activa y a la altura de lo que internacionalmente se exige aplicar ante hechos de vulneración de derechos humanos, así como también denunciar las falencias institucionales de las que hemos sido testigos durante estas semanas de movilización social, porque entendemos que aquel es nuestro deber como funcionarios/as públicos/as al servicio de la ciudadanía.
Hemos identificado barreras que se vinculan directamente con la falta de canales confiables de información y denuncia; publicación de cifras sensibles cuya rigurosidad metodológica se desconoce; dificultades para entregar orientación, información y defensa jurídica a víctimas que además tienen calidad de imputadas; retrasos y dificultades para la plena aplicación de convenciones y protocolos internacionales de derechos humanos; ausencia de coordinación interinstitucional y canales más expeditos para facilitar posibles denuncias; entre otras.
De acuerdo a las cifras entregadas públicamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre, se registran 4.316 personas detenidas en comisarías, 1.574 personas heridas en hospitales, grupo dentro del cual se registran 157 registran heridas oculares y 5 con pérdida ocular. Asimismo, se han presentado 18 acciones judiciales por violencia sexual, cuyas víctimas han sido en su mayoría mujeres y personas LGBTI.
Las cifras señaladas son altamente preocupantes, más cuando diversos organismos como la Defensoría Penal Pública, han expuesto cifras propias significativamente mayores, y nos obligan a mantenernos alerta para impedir que violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo. Compartimos la necesidad de máxima responsabilidad de todos los actores que difundan y publiquen información en la materia, pero esta exigencia no debe ser usada como medio para invisibilizar la gravedad de la situación que vive la población.
En este contexto, y asumiendo plenamente su gravedad y complejidad, el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, hace el siguiente llamado a la ciudadanía, pero con particular urgencia a las autoridades responsables:
1. Expresamos nuestro respaldo a la denuncias que se han realizado y hacemos un urgente llamado a la población para que toda persona cuyos derechos humanos han sido vulnerados, en el contexto de la movilización social, formalice la denuncia, a fin que los hechos sean debidamente investigados.
2. Proponemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a requerir al gobierno se traslade en comisión de servicio a los/as funcionarios/as públicos/as de otras reparticiones que estén dispuestos a ser voluntarios/as en las tareas del INDH y cuenten con las competencias técnicas y profesionales para apoyar sus tareas en esta situación de crisis. Asimismo, proponemos que se amplíen estas medidas a los/as profesionales abogados/as voluntarios/as que se ofrezcan para la presentación de querellas y seguimiento de los procesos que implican.
3. Instamos al Ministerio Público a tomar las medidas institucionales pertinentes para incentivar la realización de denuncias, acercando este procedimiento a la población, como por ejemplo a los lugares de primera llegada de las víctimas, como lo son los hospitales, consultorios, y comisarías. En el caso de las dependencias de Carabineros, resulta indispensable que los fiscales actuantes no sólo procesen las denuncias entregadas por dicha institución, sino que establezcan procedimientos que garanticen el derecho de cada persona a denunciar las vulneraciones de derechos a las que pudiera haber sido sometida.
4. Instamos asimismo a la Defensoría Penal Pública a tomar medidas institucionales para instruir en la misma dirección recién mencionada, respecto del rol institucional que les corresponde en la provisión de la defensa penal, garantizando que efectivamente se realicen y se continúe con el procedimiento de seguimiento de las denuncias de las personas que representan cuando estas se han puesto en conocimiento del juez de garantía.
5. Requerimos al Servicio Médico Legal para que active de forma plena los Protocolos de Minnesota y de Estambul, particularmente respecto de las instalación de supervisión imparcial y de acceso a la prensa para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones. Asimismo, resulta indispensable el fortalecimiento del equipo que realiza este tipo de peritajes, y que se garantice la celeridad de las atenciones.
6. Exigimos a las autoridades del Ministerio y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, las Sras. Isabel Plá y María Carolina Plaza respectivamente, así como a la del Instituto Nacional de la Juventud, el Sr. Mirko Salfate, que terminen con el silencio que han mantenido y actúen en concordancia con su mandato institucional y tomen medidas activas para proteger a las víctimas de violación de derechos humanos.
7. Finalmente, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional para el año 2020, demandamos a los/as parlamentarios/as que incorporen partidas presupuestarias que fortalezcan la institucionalidad de derechos humanos, particularmente, como una lección de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo, proponemos que se instauren partidas presupuestarias especiales asignadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que permitan a esa institución gatillar recursos adicionales para enfrentar situaciones de crisis cuyo uso sea resorte exclusivo y autónomo de dicha institución y no dependan de la definición del Ejecutivo.
Asimismo, resulta indispensable que se garanticen los recursos necesarios para los largos procesos de denuncia, investigación, sanción y reparación que vendrán por delante.
Finalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a todos/as los/as funcionarios/as del Estado a movilizarse y trabajar conjuntamente para que estos hechos no sigan produciéndose y reafirmemos nuestra convicción de ser participantes activos de la lucha social por reivindicar nuestros derechos, y los de las mayorías de nuestro país, que hoy se han levantado como banderas de la Movilización Ciudadana.

Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ANFUDDHH
Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, AFFINDH
Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH, ANDEDH
Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUSEM
Asociación de Funcionarios/as del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ANFUMEGG
Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, AFINJUV
Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP
Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, AFFREMCEN
Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, ANFMSL
Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, AFUDEP




Anef movilizada por ola de despidos: Marcharon con funcionarios de Bienes Nacionales

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, denunciaron  el despido masivo y arbitrario de funcionarios en esta cartera, exigiendo de manera conjunta  al ministro UDI Felipe Ward y la subsecretaria Alejandra Bravo (PRI) retrotraer la medida o de lo contrario ejecutaran  una serie de  las acciones jurídicas que se interpondrán en defensa de las y los trabajadores de dicha institución.

En  una manifestación desarrollada a las afueras del propio Ministerio de  Bienes Nacionales, el Presidente de la ANEF Carlos Insunza rechazó esta decisión del Ejecutivo calificándola como una verdadera «razzia masiva», advirtiendo que son razones políticas y no funcionarias  las que indujeron al gobierno a desvincular a la fecha a más de 300 funcionarios públicos.

 

Carlos Insunza, además, criticó las expresiones vertidas en este sentido por la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien justificó estas medidas, pues a juicio del titular de los empleados fiscales estos dichos demuestran  un descaro y un profundo interés por despedir trabajadores meramente por su pensamiento e ideología, reemplazándolos por personas afines a las ideas del actual gobierno de derecha, aplicando una verdadera «motosierra administrativa».

 

Respecto a la situación particular de los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, la presidenta de la organización que los agrupa Natalia González consideró como burdas las excusas de las autoridades ministeriales para justifica estos despidos que ya alcanzan en esta repartición a 36 personas, pues de manera alguna se han acreditado la sobre dotación de personal, restructuración y nuevos lineamientos . Por esto la dirigente ya anunció que seguirán todas las acciones judiciales y administrativas que la ley les otorga para impedir esta arbitrariedad.

 

En tanto Julia Urquieta  abogada y ahora ex funcionaria del Ministerio de Bienes Nacionales pues recordemos también sufrió la desafectación  de su cargo, acusó al gobierno de ensañarse con aquellos personeros identificados con la administración anterior, quienes han sufrido el cuestionamiento de su desempeño profesional , para así poder despedirlos, pese a demostrar altas competencias y eficacia en su gestión.

 

Desde la organización de funcionarios a honorarios de Bienes Nacionales, su presidente Marco Hernández junto con lamentar esta creciente ola de despidos surgidas desde el nivel central, detalló que la postura de este gobierno en materia de desvinculaciones a personal a honorarios  infracciona directamente las norma del Código del Trabajo  tal como lo confirma una serie de fallos emanados de los Tribunales, originando un gasto oneroso para el Estado por efectos de indemnizaciones.

 

A los más de 30 despidos en el Ministerio de Bienes Nacionales, se suman 250 nuevas desafectaciones en el Ministerio del Interior y cerca de 20 en el Ministerio de las Artes y la Cultura, exoneraciones que  podría recrudecerse en los próximos días al extenderse a otras carteras, Seremías y estamentos regionales, producto de los que desde la ANEF han calificado como la repartición del «Botin del Estado» por parte de la Derecha , perjudicando a trabajadores que han cumplido una labor abnegada y eficiente, los mismos  que fueron calificados por el entonces candidato Piñera como «grasa» durante la campaña . Por este motivo no descartan desde la Agrupación  sumar a las acciones legales , nuevas marchas y movilizaciones.