Diputado Teillier: “Espionaje es gravísimo; da cuenta de lo grave de este deterioro institucional que vive Chile, especialmente las Fuerzas Armadas y el Ejército”

El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, expresó que la acusación de espionaje en contra de personas denunciantes de fraude en el Ejercito, revelan la grave crisis institucional que se vive en el país y particularmente  en las FF.AA.

Para el parlamentario, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara, resulta cuestionable que los altos mandos castrenses aprovechado sus recursos de inteligencia, hayan intervenido telefónicamente a personas -como es el caso del periodista Mauricio Weibel- quienes investigaban hechos de corrupción por parte de los uniformados.

 

Del mismo modo, el timonel comunista manifestó su temor que bajo la excusa de preservar supuestamente la Seguridad Nacional, sean también los parlamentarios objetos de seguimientos y espionaje por parte del Ejército.

 

Guillermo Teillier conminó al gobierno a asumir su responsabilidad ante esta grave denuncia, al ser feble frente  los hechos de corrupción y  no frenar con decisión la autonomía absoluta con la que cuentan las F.F.A.A.

 

Así mismo, el presidente del Partido Comunista manifestó su preocupación por el debilitamiento institucional que vive hoy el país, en donde casos como el denominado “Milicogate”, el fraude en Carabineros y ahora esta Operación Topógrafo,  acentúan esta creciente percepción y preocupación ciudadana.




Juan A. Lagos: “Ejército chileno no está preparado para combatir el narcotráfico ni el crimen organizado”

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, advirtió que el Ejército chileno no está preparado para el combate del narcotráfico y el crimen organizado, ni mucho menos en las fronteras.

En su diagnostico, lo que sí se requiere es una política de Estado que sobre la base de contenidos serios permita atacar el lavado de dinero y las redes financieras del narcotráfico.

 

El analista político alertó sobre una militarización en curso, la cual podría llevar a infiltrar el narcotráfico en el Ejército, como se ha constatado a partir de experiencias internacionales.

 

Juan Andrés Lagos consideró grave que el componente militar sea usado políticamente por el gobierno y principalmente para reprimir a las comunidades mapuche en conflicto.

 

Asimismo, el dirigente denunció la transgresión a las normas democráticas por parte del Ejército, tras haber incurrido en el delito de espionaje contra el periodista Mauricio Weibel, quien investigaba hechos de corrupción al interior de la institución armada.

 

El analista Juan Andrés Lagos llamó a mirar con atención la militarización promovida por el gobierno, tanto a nivel fronterizo como en región de La Araucanía.




Lautaro Carmona ante espionaje del Ejército: “Hay urgencia de democratizar las Fuerzas Armadas y de orden”

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apeló a la urgencia de democratizar las Fuerzas Armadas y de Orden, a la luz de las nuevas denuncias sobre el uso de espionaje y escuchas telefónicas al interior del Ejército y hacia periodistas. Carmona repudió que la institución abuse de tecnologías estatales para tapar delitos de corrupción.

 

El secretario general del PC indicó que la gravedad de los hechos amerita abrir el debate sobre un proyecto de ley que democratice las Fuerzas Armadas y su doctrina.

 

En ese sentido, Lautaro Carmona hizo un llamado a romper con la impunidad instalada en el Ejército durante la Dictadura, la cual ha dado paso a una serie de delitos e irregularidades.

 

El secretario general del PC concluyó que la justicia debe actuar con la máxima rigurosidad ante las últimas revelaciones sobre escuchas telefónicas y espionaje que comprometen al Ejército de Chile.

 




Duro cuestionamiento de Diputado Mulet a rol de TC: “Excesivas atribuciones lo hacen intervenir en los poderes legislativo y judicial”

El diputado Jaime Mulet  condenó el rol que está ejerciendo el Tribunal Constitucional al tratar de detener las investigaciones que ejerce la ministra de la corte marcial Rommy  Rutherford, quien buscan acreditar malversación de caudales públicos, delito cometido por el excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, entre otros.

En este sentido, el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, sostuvo que las excesivas atribuciones entregadas al TC lo han transformado en una instancia que ahora no sólo busca influir en el poder legislativo, sino que ahora pretende intervenir en el actuar del poder judicial, reeditando así el mismo actuar de la Dictadura.

 

El legislador por Atacama, valoró el obrar de la ministra Romy Rutherford al intentar romper un estándar de privilegios ilícitos en que viven algunos  uniformados en nuestros país como legado de la Dictadura y por la incapacidad histórica de los Ministros de Defensa, quienes han ejercido un rol subordinado a los intereses del Ejercito .

 

Jaime Mulet lamentó que en las reformas constitucionales del año 2005 no se previeran los efectos negativos que representaba entregarle el recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, en desmedro de la Corte Suprema, así como la composición política de sus integrantes, los cuales muchas veces priorizan sus simpatías ideológicas por sobre los fallos ceñidos al Derecho.

 

Del mismo modo, el timonel de la Federación Regionalista Verde Social, si bien insistió en la urgencia por reforma constitucional que termine con el control preventivo de constitucionalidad de las leyes a favor del TC, advirtió que es complejo que prospere esta iniciativa producto de la alineación legislativa de algunos sectores de oposición con el gobierno.

 

Consignar que esta resolución del Tribunal Constitucional determinó que la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford no podrá seguir las indagatorias en contra de Oviedo en ninguno de los 30 cuadernos de la causa “Fraude en el Ejército”, hasta que el propio TC revise el fondo del asunto. Se espera ahora que la Sala Penal de la Corte Suprema revise los amparos de Humberto Oviedo, entre ellas su libertad, pese a la magnitud del fraude cometido.




Lautaro Carmona y la corrupción en altos mandos del Ejército: “Urge democratizar las Fuerzas Armadas

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó a la democratización de las instituciones del Estado como una necesidad imperante, esto a propósito del procesamiento de los excomandantes en jefes del Ejército, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba, por malversación de caudales públicos y lavado de activos, respectivamente.

Carmona afirmó que estos hechos de corrupción responden a la impunidad que impera en Chile desde la dictadura militar.

 

El secretario general del PC fue enfático en señalar que se debe poner fin a la impunidad y los abusos que la dictadura intentó legitimar por la fuerza, y en respuesta a los dictámenes norteamericanos.

 

Lautaro Carmona rechazó la postura del Tribunal Constitucional que pretende dejar en la impunidad los delitos cometidos por el ex comandante Oviedo.

En su diagnóstico, Chile requiere de una nueva Constitución para evitar estos hechos de corrupción que comprometen a las Fuerzas Armadas.

 

En ese contexto, el secretario general del PC valoró la coordinación denominada “Unidad para el Cambio” como un espacio para recoger las demandas de los movimientos sociales, entre las que destaca una nueva constitución nacida en democracia.

Lautaro Carmona aseguró que la impunidad aún prevalece en las fuerzas armadas debido a lo que califico como “una eterna transición a la democracia”. Es por esto que llamó a romper con los enclaves dictatoriales.




Miguel Lawner: Villa militar del Este, un nuevo escándalo del Ejército de Chile

El Diario Financiero de fecha 9 de abril de 2019, publica una extensa crónica bajo el siguiente título: Ejército concretará nueva venta de terreno en exclusivo sector de Las Condes, donde se da a conocer que la institución tiene en marcha un desarrollo inmobiliario en la Villa Militar del Este, con un costo de construcción de al menos 120 millones de dólares y que para su financiamiento, se enajenará un sitio.

En este mismo artículo venimos a enterarnos que en 2016, el Ejército ya había vendido un paño en la misma zona, con un valor de 46 millones de dólares.

La Villa Militar del Este, es un terreno de unas 15 hectáreas, situado en la avenida Américo Vespucio, entre Presidente Riesco y Cerro Colorado. Al fondo mira a la diagonal Alonso de Córdova. Evidentemente se trata de una ubicación excepcional, de altísimo valor en virtud de la acelerada especulación que experimenta hoy día el suelo urbano.

Historia:

En 1971, poco después de asumir el gobierno de la Unidad Popular, el general Carlos Prats, comandante en Jefe del Ejército le planteó al Presidente Allende, que el Ejército carecía de un mecanismo lógico, para poder acceder a las viviendas requeridas por la institución. Le añadió que la Ley establecía entonces, que antes de entregar las viviendas construidas a lo largo de Chile por la CORVI, esta institución debía ofrecer el 10% de ellas al Ejército, que debía decidir si las acepaba o no.

En virtud de este procedimiento, el general Prats le manifestó al Presidente, por ejemplo, que el Ejército requería viviendas en Quilpué, pero la Corvi le ofrecía en Quillota o Limache. Permanentemente vivían ante la incertidumbre de aceptarlas o rechazarlas. Al aceptarlas, el Ejército se había hecho propietario de un parque habitacional subutilizado. La institución militar no estaba preparada para administrar viviendas que en algunos casos no requería, las cuales se arrendaban o simplemente permanecían vacías, todo lo cual se prestaba a situaciones irregulares. Prats terminó afirmando que era necesario planificar las necesidades habitacionales de la institución.

En esa misma reunión se acordó firmar el Convenio Ejército de Chile-Cormu, del cual yo fui designado su Presidente. La vicepresidencia, correspondería al general a cargo del Comando de Apoyo Logístico y Administrativo del Ejército, hoy llamado Comando de Bienestar. El primer año ejerció la Vicepresidencia el general Oscar Bonilla y el segundo año hasta el golpe militar, el general Arturo Vivero Ávila.

La CORMU estableció las oficinas del mencionado convenio, en uno de los edificios de la Remodelación San Borja, situado frente a la salida sur de la estación del Metro Universidad Católica, edificio que aún se mantiene bajo el dominio del Ejército.

Nosotros en CORMU, destinamos un número de profesionales, que se instalaron en dichas oficinas, de dedicación exclusiva a las tareas del Convenio. Todo plano o documento que se emitía era considerado top-secret y guardado en las oficinas ya mencionadas, por lo cual la documentación generada en el convenio Ejército de Chile-Cormu, no figura en los archivos de la CORMU.

Como ya es sabido, durante el mandato del Presidente Frei Montalva, la CORMU había expropiado en 1968, las 150 hectáreas correspondientes al fundo San Luis de Las Condes, terreno de inmejorable situación, que había permanecido sin desarrollo durante casi 40 años, a raíz de un prolongado litigio judicial.

Cuando nosotros asumimos nuestras responsabilidades en CORMU a fines del año 1970, la institución ya había expropiado dicho fundo y tenía preparado un plano seccional, definiendo el uso del suelo, la densidad, altura y tipo de la edificación a desarrollar en el ex fundo San Luis.

Tras las primeras reuniones con los representantes del Ejército, acordamos la realización de dos grandes conjuntos habitacionales en Santiago: La Villa Militar del Este en la ubicación ya mencionada y la Villa Militar Oeste, en el triángulo que se produce en la Ruta 68 con Avenida Pajaritos. Ambos terrenos fueron cedidos gratuitamente al Ejército, procedimiento normal en la época.

En la Villa Militar del Este, hicimos un Plano Seccional, consultando la construcción de unos mil departamentos. Tres bloques próximos a la Avenida Américo Vespucio, incluyeron departamentos de 140 m2, destinados a los generales de la institución. Los restantes se proyectaron en bloques de seis pisos de altura, con departamentos de 70 a 100 m2, para asignarlos al resto de la oficialidad.

Febrero de 1972. Ceremonia de colocación de la primera piedra en Villa Militar del Este. De izquierda a derecha: General Oscar Bonilla, El Presidente Allende y Miguel Lawner.

En enero de 1973, se terminaron los tres bloques próximos a Américo Vespucio de forma piramidal, tal como pueden apreciarse hasta ahora. Yo mismo le entregué las llaves al primer oficial que llegó a ocuparlos: el general Sergio Arellano Stark, quién venía destinado desde el Regimiento Maipo en Valparaíso, donde se había desempeñado como comandante de dicha unidad. Para el golpe militar en septiembre de 1973, el resto de los bloques experimentaban un importante avance de las obras.

En la Villa Militar Oeste, se proyectó otro importante conjunto habitacional, consistente en 2.000 departamentos, destinado a la oficialidad de menor rango y a personal de tropa.

El 20 de febrero de 1973, se instaló allí la primera piedra en una ceremonia presidida por el Presidente Allende, con la presencia de varios ministros de estado, el general Carlos Prats, de Augusto Pinochet, quién firmó como Comandante en Jefe subrogante del Ejército, el Vicepresidente de la Cormu, arquitecto Jorge Wong, el general Arturo Viveros, en su calidad de Vicepresidente del Convenio Ejército de Chile-Cormu y yo, que firmé como Presidente de dicho convenio. Obra en mi poder una copia del pergamino instalado en dicha ceremonia, que atestigua la veracidad de todo lo que he afirmado.

En este conjunto habitacional no alcanzamos a concluir ningún bloque antes del golpe militar, pero las obras experimentaban ya un avance significativo.

En resumidas cuentas, el Estado de Chile, a través de CORMU, cedió al Ejército a título gratuito, los terrenos para levantar las Villas Militar del Este y del Oeste. El Estado realizó gratuitamente los expedientes técnicos de arquitectura y demás especialidades de ambos proyectos y construyó gratuitamente todas las obras de arquitectura e infraestructura.

 Así eran las relaciones entre las diferentes instituciones del Estado, antes del golpe militar. Sin que mediara dinero de por medio. Nosotros en CORMU, por ejemplo, solicitamos la transferencia de un Polígono de Tiro en desuso, que el Ejército tenía entre Avenida Perú y Recoleta, y en un par de meses, nos fue transferido gratuitamente. Lo mismo sucedió con la Empresa de Trasportes Colectivos del Estado, que nos trasfirió gratuitamente un Terminal de tranvías ya obsoleto, ubicado en Mapocho-Bulnes, terreno donde levantamos el conjunto habitacional con dicho nombre.

Pero Pinochet, ejerciendo el poder absoluto, decidió modificar esta situación, otorgándole a las fuerzas armadas la propiedad de sus bienes inmuebles y la autorización para enajenarlos comercialmente. Para ello, se colgó de la facultad contenida en el artículo 1° transitorio del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, destinado a regularizar el dominio del Ejército sobre unas propiedades, mediante el estableciendo del PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal), que le otorgó dichas facultades por el lapso de noventa días.  

Este decreto N° 1 de 1971, fue el fundamento para que la Junta Militar emitiera en el año 1975, el Decreto Ley N° 1.113, cuyo artículo 1° establece lo siguiente:  “Los Comandantes o Jefes del Comando de Ingenieros del Ejército, del Servicio de Obras y Construcciones de la Armada, del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, de la Dirección de Logística de Carabineros, de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile, previa autorización de sus Comandantes en Jefe, General Director o Director General, en su caso, tendrán la representación del Fisco para adquirir, a cualquier título, bienes raíces para sus instituciones y para enajenarlos” (sic)

Fue mediante esta fórmula del PAF, la que le permitió a Pinochet, aún comandante en jefe del Ejército, enajenar en 1997, el terreno y los 27 bloques de la Villa San Luis de Las Condes y anunciar públicamente que la transacción se había efectuado por la suma de 98 millones de dólares.

El dictamen Nº 23.752 del año 1998 de la Contraloría General de la República, extinguió la posibilidad de asignar bienes fiscales al PAF para que el Ejército y las otras ramas de la FFAA, vendieran inmuebles que ocupaban del modo en como lo estuvieron haciendo antes de ese año, es decir, recibiendo el dinero esas instituciones militares del Estado.

Sin embargo, este dictamen es ignorado por las fuerzas armadas las que siguen comercializando fácticamente sus transacciones inmobiliarias en el PAF.

El negocio

En relación con un nuevo negocio en la Villa Militar del Este, la información ya mencionada, del Diario Financiero anuncia que “la institución tiene en marcha un plan maestro para renovar completamente la villa, el que considera la edificación de cinco torres de vivienda, un edificio de administración, una residencia universitaria, un jardín infantil, un hotel militar que reemplazará el actual (H.M. Viejos Estandartes) un centro clínico, áreas verdes, zonas de juegos, piscinas y sectores comerciales”.

¿A título de que el Ejército se transforma en un agente inmobiliario o en un corredor de propiedades?

¿Quién controla la administración de esta danza de millones dólares que ingresan a las arcas de Ejército por vía de sus negocios inmobiliarios?

La institución dispone del Presupuesto Nacional aprobado por el Poder legislativo para financiar todas sus funciones. Además, debemos sumar el 10% sobre las ventas de nuestro cobre.  A diferencia -por ejemplo- de la Cultura o la Educación que deben autofinanciar parte de sus actividades, el Ejército no requiere financiamientos adicionales.

¿Qué razones, sino una simple operación especulativa, puede justificar la demolición en Villa Militar del Este, de edificios sólidos, de hormigón, construidos en 1972-75, en perfecto estado de conservación, que resistieron sin un rasguño los terremotos de 1985 y 2010?

Es una auténtica aberración bajo el punto de vista técnico y patrimonial.

Para los ciudadanos chilenos, nos resulta inaceptable que la institución destinada a velar por la seguridad nacional y la integridad de nuestro territorio, esté involucrada en negocios tan ajenos a sus tareas profesionales.

El Ejército de Chile, institución de un perfil tradicionalmente serio y austero, nos resulta hoy irreconocible. Jamás, bajo la conducción de personas como los generales René Schneider o Carlos Prats, pudieron ocurrir acciones tan reprochables como las que hemos señalado.

El cuadro actual, como todos sabemos, se presta para facilitar actos de corrupción como los que tienen en las cuerdas al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente Alba, acusado de malversar nada menos que 3.500 millones de pesos.

 ¡Basta!

Si el Ejército no requiera para sus fines institucionales la totalidad del terreno que cubre la Villa Militar del Este, debe devolverlo a Bienes Nacionales, para que el Estado chileno, resuelva su mejor destino.

Quizás, no sería una mala idea destinarlo a algunos de los programas de integración social que tanto pregona el actual gobierno y en particular el alcalde Joaquín Lavín, quién clama por la falta de terrenos en la comuna de Las Condes. ¿Por qué no?  ¿O acaso este noble y necesario objetivo de integrarnos socialmente es una mera expresión retórica?

En mi opinión, el gobierno de Chile debe detener un proyecto tan irracional como el que se proyecta en nuestra histórica Villa Militar del Este y la Cámara de Diputados debiera designar, una Comisión Investigadora de este hecho tan escandaloso. antes que se produzca la transacción comercial entre el Ejército y una empresa inmobiliaria.

Miguel Lawner / Arquitecto.         

19.04.2019.




Como irresponsables califican acusaciones de procesado exgeneral Cheyre

Una comentada entrevista dio Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del ejército, quien ha sido demandado por torturas y encubrimiento cuando perteneció al regimiento Arica de La serena en 1973.

En la entrevista, Cheyre culpa a medios de comunicación y abogados vinculados al Partido Comunista por las acusaciones y demandas, a pesar de estar condenado por encubrimiento de torturas. Lautaro Carmona, Secretario General del PC, califica de irresponsable las acusaciones del general en retiro.

 

El autor del “nunca más” en el ejército acusa que se siente perseguido por ser uno de los pilares de la transición, según dice. Alicia Lira, Presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, considera que las declaraciones de Cheyre son violentas.

 

El ex comandante en jefe ha sido investigado por dos jueces diferentes, por encubrimiento y ahora se suma una denuncia de torturas, de la que él niega las acusaciones. Respecto a su condena, dice que él no es encubridor y que todo fue una mala interpretación del juez Carroza. Lautaro Carmona critica que Cheyre no asuma sus responsabilidades.

 

Para el general en retiro, el ejército es libre, aceptado y querido gracias a él, omitiendo los fraudes, robos y venta de armas a civiles desde dentro del mismo ejército. Alicia Lira se pregunta cuál es el ejército que dejó Cheyre.

 

No soy violento, no soy encubridor y nunca torturé, dijo Cheyre, sacándose de encima toda acusación, cuando las víctimas han afirmado todo lo que él desmiente. Mientras Carmona deja en manos de la justicia la credibilidad del ex comandante, Alicia Lira no cree nada de lo que dice.

 

Juan Emilio Cheyre se encuentra con arraigo nacional y fue condenado a 3 años de libertad vigilada, mientras que sigue afirmando que él no hizo nada, que es perseguido y que todas las denuncias que han salido a la luz pública son falsas, a pesar de todas las pruebas y testimonios que lo desmienten.




Juan A. Lagos analiza el complejo momento de las Fuerzas Armadas y Carabineros

 

El analista y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, dijo que es insostenible atribuir la crisis de las instituciones armadas y de seguridad pública sólo a una supuesta falta de control y fiscalización del poder civil a las Fuerzas Armadas.

El analista político aclaró que sectores de derecha e incluso la propia Concertación, fueron quienes diseñaron la arquitectura del poder militar, encabezado en su momento por el dictador Augusto Pinochet.

El analista Juan Andrés Lagos recordó que las Fuerzas Armadas fueron parte de la dictadura, donde las violaciones a los Derechos Humanos, crímenes y hechos de corrupción eran recurrentes, pero no eran investigados como ahora.

Según el dirigente comunista, las Fuerzas Armadas y policiales de Chile, Brasil e Israel, se han visto históricamente influenciadas por la doctrina militar norteamericana, lo que explica la complicidad de los uniformados con los criminales de la Dictadura. 

 

 

El analista político indicó que la crisis de las instituciones castrenses responde a una fuerte disputa entre posiciones de poder que fueron entregadas por los poderes fácticos en la década de los 70.

 

Juan Andrés Lagos llamó a avanzar en la superación de la corrupción y los pactos de silencio al interior del Ejército, en el marco de una reforma estructural de las doctrinas que rigen a la institución.




Teillier y situación en el Ejército: “Comandante en Jefe debe realizar acciones concretas frente a la corrupción y sobre DD.HH.”

El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier, señaló que el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, debe sustentar en acciones concretas su rechazo frente a los hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas por la institución en los últimos 50 años, tras manifestar esa postura ante la comisión de defensa de la Cámara Baja.

 

A juicio del parlamentario, el tema de fondo radica en buscar mecanismos de fiscalización que permitan terminar con la corrupción y el negacionismo al interior de las Fuerzas Armadas.  

 

El presidente del PC sostuvo que general Ricardo Martínez debe transparentar la mirada institucional frente al homenaje rendido a Miguel Krassnoff y la venta de armas al narcotráfico en el interior del Ejército.

 

Guillermo Teillier aclaró que el Ejército debe reivindicarse ante la ciudadanía por su responsabilidad histórica en crímenes de lesa humanidad, y poner fin a la jerarquía militar a la hora de juzgar delitos que competen al ámbito de la justicia civil.

 

Para el diputado Guillermo Teillier, lo más importante es que el Ejército reconozca de una vez por todas que dieron un Golpe de Estado y violaron los Derechos Humanos en Dictadura, tratándose además de una institución que está siendo corroída por la corrupción y el tráfico de armas. 




Francisco Vidal: “Es imprescindible romper el vínculo de la derecha con nuestras Fuerzas Armadas”

El ex ministro  y dirigente PPD, Francisco Vidal, valoró la condena dictada por el juez Mario Carroza al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por el caso Caravana de la Muerte, ya que mediante esta sentencia, señala, se reconoce una vez m´ças la violación institucional en que incurrieron las Fuerzas Armadas tras el fusilamiento criminal de 15 personas en el Regimiento Árica de La Serena. 

 

Según Francisco Vidal,  la política criminal que el dictador Augusto Pinochet llevó a cabo en todo el país, se refleja, por ejemplo también en las 193 ejecuciones registradas en la Araucanía entre 1973 y 1989, de las cuales 123 figuran como desapariciones forzadas.

 

El ex ministro de Estado, aclaró que el fallo de la justicia debiese considerar el reconocimiento por parte de Cheyre,  cuando fue máxima autoridad del Ejército,de la política sistemática y criminal que encabezaron las Fuerzas Armadas en dictadura.

 

Francisco Vidal indicó que el diagnostico de la izquierda apunta a la necesidad histórica de romper el vínculo generado en dictadura entre la derecha y las Fuerzas Armadas, paralelamente a ampliar la carrera militar y eliminar la ley reservada del cobre para evitar nuevos casos de corrupción institucional.

 

A juicio de Francisco Vidal, la condena que pesa contra Juan Emilio Cheyre significa un enorme avance en la construcción de la democracia chilena al ser el primer comandante en jefe de la principal rama castrense en ser condenado.