Tras la decisión de la primera sala del Tribunal Constitucional, la cual resolvió paralizar por completo la investigación contra el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, por malversación de fondos públicos, se  reabrieron las críticas a la actuación e incidencia de esta institución encargada de la determinar el apego de las leyes a nuestra carta fundamental.

En primer término, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que es fundamental  cambiar  tanto los mecanismos de nominación como la orgánica del Tribunal Constitucional, debiendo además sus integrantes ser también sujetos de fiscalización en  sus actuaciones, tal  como ocurre con otros componentes del Estado.

Por su parte, la diputada y presidente de Convergencia Social, Gael Yeomans, calificó como indignante lo ocurrido con el TC, entidad que insiste  en entrometerse   en el ámbito judicial, político y legislativo, siendo además peligroso ,entregarle tanto poder a un grupo de 10 persona que lo integran, quienes  ni siquiera han sido objeto de elección  popular.

En este sentido, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet , sostuvo que las excesivas atribuciones entregadas al Tribunal Constitucional  lo han transformado en una instancia que ahora no sólo busca influir en el poder legislativo, sino que además pretende intervenir en el actuar del poder judicial, reeditando así el mismo actuar de la Dictadura.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker anunció una propuesta legislativa que busca terminar con el binominalismo  en la composición del TC, y además restituye el control preventivo de constitucionalidad  de las leyes a la Corte Suprema y no en el cuestionado organismo liderado hoy por Iván Aróstica .

En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto consideró grave que el Tribunal Constitucional tenga la potestad de paralizar una  causa judicial, tratándose de actos de corrupción que involucran -como  en este caso , a quien ostentó el más alto cargo en el  Ejército.

Para el senador socialista Carlos Montes es prioritario reformar el Tribunal Constitucional, argumentando que en sus fallos no se respetan las leyes aprobadas por mayoría en el Parlamentario, ni el debido proceso en las investigaciones penales.

A las críticas por avalar la impunidad y  promover los hechos de corrupción institucional en el país, pesa sobre el Tribunal Constitucional la acusaciones de haberse transformado en una verdadera “tercera cámara legislativa” al enmendar las leyes aprobadas  por el Parlamento, como ocurrió en la objeción de conciencia en el aborto en tres causales, la ley de Educación Superior o la norma que entregaba nuevas atribuciones al Sernac. Por este motivo varios abogados expertos han propuesto medidas como aumentar los  actuales  10 integrantes del TC a 12, eliminar la figura del ministro suplente  y la reducción de los quórum para declarar inconstitucional  de una ley, entre otras medidas.

El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, sostuvo que la determinación de suspender la causa contra el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, se asemeja a una red de protección e impunidad.

El parlamentario consideró inaceptable que la justicia deba esperar más de un año para dictar una resolución del caso, luego de que el Tribunal Constitucional frenara todos los indicios de delito que eran investigados por la ministra en visita Romy Rutherford.

Leonardo Soto consideró grave que el Tribunal Constitucional paralizara esta causa judicial, tratándose de actos de corrupción que involucran a quien ostento el más alto cargo del Ejército.

Por otro lado, el diputado socialista informó que la Corte Suprema deberá definir si continúa el procesamiento contra Humberto Oviedo, pese a la suspensión de la causa.

El diputado Leonardo Soto alertó sobre un eventual conflicto entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, en caso de que esta última rechace el recurso de amparo del General (R) Oviedo y lo mantenga en prisión hasta que el TC dicte fallo.

El diputado Socialista, Leonardo Soto, anunció que su partido va a rechazar el proyecto de control preventivo de identidad a jóvenes desde los 14 años, paralelamente a realizar una propuesta para combatir el problema de la delincuencia.

El parlamentario argumentó que la iniciativa del Gobierno es absolutamente desorientada en materia de seguridad ciudadana, además de no contar con el respaldo necesario.

Leonardo Soto explicó que el control preventivo es una desviación muy grande de recursos humanos y financieros, siendo ésta una de las principales causas por las cuales se mantienen los niveles de delincuencia en Chile.

El diputado socialista añadió que controlar a menores de edad es una actividad de bajo impacto en el control de la delincuencia juvenil, ya que Carabineros va a priorizar su realización, en vez de dedicarse a perseguir bandas criminales.

El diputado Leonardo Soto llamó a fortalecer el control investigativo, el cual opera cuando hay pruebas de que la persona estaba disponiéndose a cometer una falta o delito.

En la segunda jornada de audiencia del caso Penta, el juez Daniel Aravena del Octavo Juzgado de Garantía dio luz verde al acuerdo entre las defensas de los imputados y la fiscalía de ir a un juicio abreviado, luego de determinar que la parte querellante sobre delitos tributarios sólo compete al Servicio de Impuestos Internos, y no al resto de querellantes, entre los que se encuentra el Consejo de Defensa del Estado y la ONG Ciudadano Inteligente.

El diputado del Partido Socialista, Marcelo Schilling, aclaró que los defensores de los intereses del Estado y la sociedad renunciaron a su deber al aceptar que el fiscal Manuel Guerra decidiera re formalizar a los acusados Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y Pablo Wagner, remplazando el delito de soborno y cohecho por enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, Marcelo Schilling calificó como una mala señal que el Tribunal acogiera la reformalización de los imputados, sin dar a conocer fundamento alguno.

El diputado Leonardo Soto, dijo que es una vergüenza el actuar de la justicia en esta investigación, donde se había comprobado la entrega de más de 42 millones de pesos al entonces subsecretario de minería, Pablo Wagner, por parte de un grupo económico que a su vez le pedía favores políticos para sacar adelante el proyecto Dominga.

Leonardo Soto aclaró que los imputados del caso PENTA arriesgaban penas por más de 5 años y un día, por la gravedad de sus delitos. En ese sentido, el parlamentario aseguró que Chile faltó a la justicia y a la democracia.

Recordar que el procedimiento abreviado que implica una pena remitida de 4 años y el pago de una multa de $1.700 millones por parte de Carlos Délano y Carlos Lavín. Esto, luego que el acuerdo lograra eliminar el delito de soborno.

En el caso del ex subsecretario Pablo Wagner, el delito de cohecho que se le imputaba, fue cambiado por el de enriquecimiento ilícito.

Camila Vallejo (PC), Gael Yeomans (IL), Andrea Parra (PPD), Leonardo Soto (PS) y Maite Orsini (RD) manifestaron su preocupación por la falta de una política de gobierno clara para enfrentar la delincuencia en el país.

Martes, 19 de junio. Diputadas y diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana manifestaron hoy su preocupación ante los operativos de Carabineros junto a Sebastián Piñera y cuestionaron su efectividad. Hicieron un llamado a dejar de lado el populismo y la “pirotecnia mediática” y a enfocarse en combatir los problemas de fondo, como el narcotráfico, la prevención, la rehabilitación y la reinserción.

Camila Vallejo, diputada por La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José; mostró su preocupación en primer lugar, por los recortes de presupuesto: “Hace un tiempo denunciamos los recortes presupuestarios en todos los ministerios, uno de ellos el de Justicia y el de Interior en programas de seguridad, de rehabilitación y prevención del delito. Obviamente valoramos que el gobierno haya echado pie atrás en esa medida, pero aún desconocemos cuál va a ser la inversión que va a hacer el Estado de Chile en materia de seguridad”.

Frente a los operativos que se han realizado y que sólo en La Pintana registraron cinco mil detenidos, la diputada comunista señaló: “En nuestros distritos ha habido operativos, sabemos que han habido detenciones masivas y lo que nos preocupa qué tan efectivas están siendo estas detenciones.  El último contó con cinco mil detenidos, pero sólo 1.500 pasaron a control de detención. Lo que no sabemos es qué está detrás de esas detenciones. Cuántos realmente son delincuentes, cuántos finalmente se les detuvo para sacarlos a pasear, a cuántos se les detuvo por orinar por la calle, versus cuántos se les detuvo, por ejemplo, por porte de armas. No podemos simplemente gastar recursos en operativos si éstos no van a ser efectivos, si no van con una adecuada coordinación entre los distintos Ministerios. Porque si solamente estamos deteniendo para salir a pasear, nos parece que el gobierno no está combatiendo la inseguridad”.

Por su parte, la diputada de Izquierda Libertaria, Gael Yeomans, agregó: “Hasta el día de hoy, tenemos sólo dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo en la comisión de Seguridad, hemos estado ante una sequía legislativa, sin saber cuáles son las prioridades para el Ejecutivo en esta materia. Si las medidas que se van a tomar van a ser pura pirotecnia, creemos que no es el camino a seguir. Aquí estamos hablando de una problemática profunda que aqueja a la ciudadanía y a las poblaciones a las que nosotras también representamos, por tanto, hay que tomarlo con mayor seriedad”.

Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, sostuvo que “es necesario esclarecer si las detenciones en los operativos son efectivas y están solucionando los problemas de la ciudadanía. Nos preguntamos cuánto de estas cifras sirve sólo para engordar los números de detenciones y no para mejorar  la seguridad pública. Nosotras como parlamentarias tenemos claro hoy día que el principal problema de las poblaciones es el narcotráfico. Queremos foco, queremos respuesta, queremos de verdad hacer políticas públicas que solucionen  los problemas de seguridad de las personas y no sólo pirotecnia, no sólo operativos que detengan a Pedro, Juan y Diego”.

El diputado (PS) Leonardo Soto manifestó que “hay una inconsistencia en la política de seguridad del gobierno. Por una parte, el gobierno hace esta redadas masivas que las comanda el propio Presidente y  que según antecedentes que hemos recogido en las mismas comunidades, no detectan, ni tampoco detienen personas que tengan compromiso criminal con organizaciones ni con narcotráfico, sino personas que están cometiendo incivilidades, faltas o tienen algunas órdenes de detención por no comparecer a procesos o al no ir como testigos a algunos tribunales. Es decir no hay un avance sustantivo en la incapacitación de personas que tengan compromiso delictual”.

El legislador socialista por la Región Metropolitana sostuvo que “no hay proyectos de ley en materia de seguridad pública que se esté tramitando en el Congreso, ni una estrategia clara contra el delito. Además, tenemos un recorte presupuestario gigantesco en materia de seguridad pública que afecta al poder judicial, al Ministerio Público y a la Defensoría y eso nos preocupa, porque revela que no hay una política eficiente consistente que enfrente la prioridad de los chilenos, que es la seguridad”, aseveró Soto.

En tanto, la diputada Maite Orsini (RD), señaló: «de nada sirve engordar el número de detenciones si los tribunales no dan a basto o se recortan los presupuestos de rehabilitación o los planes comunales de seguridad. El gobierno debe buscar formas eficientes de combatir la delincuencia más que intentar puntos comunicacionales» .

«El mismo Presidente Piñera nos reconoce que su operativo se trata de -cito- «saturar tribunales». Esperaría que el Presidente abordara el problema de la seguridad con mayor responsabilidad, puesto que el problema de la seguridad no se resuelve saturando tribunales. Se aborda, primero, coordinándose con las instituciones correspondientes y, segundo, respetando siempre las garantías de los ciudadanos», concluyó.

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(Vía eldesconcierto.cl). Detenciones masivas de Piñera: 999 personas en Santiago nunca llegaron a tribunales

Diputados de oposición impugnaron ante la Contraloría la designación de Juan Benavides como presidente de Codelco. Los parlamentarios invocaron la norma que establece la ley de Codelco para los nombramientos de autoridades, apelando además a principios de probidad, ya que recordemos que Benavides fue sancionado en el marco de la investigación sobre la colusión de las farmacias.

Así lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana Raúl Soto quien insistió en que el recién nombrado presidente de la principal cuprífera nacional por parte de la Derecha no cumple ni los requisitos éticos ni jurídicos para asumir dicho cargo.

Por su parte el también parlamentario falangista Matías Walker lamentó la poca consideración expresada por el Gobierno al nombrar en un cargo de absoluta relevancia, a quien no tuvo la capacidad de informarse y enfrentar un acuerdo de precios entre las farmacias, originando un verdadero abuso principalmente hacia el sector más vulnerable de la población.

En tanto el Diputado socialista Leonardo Soto aclaró que la propia norma que regula Codelco exige que sus directores no registren antecedentes comerciales, lo cual no se cumpliría en el caso de Juan Benavides al presentar estas dos sanciones financieras aplicadas por la Superintendencia de valores producto de su actuar negligente a cargo de farmacias Ahumada al permitir el acuerdo de precios de los fármacos en perjuicio de los usuarios.

Así mismo, el Diputado DC Gabriel Silber exigió a Piñera que reconsideré el nombramiento de Benavides a cargo de Codelco, pues más allá de sus cuestionamientos éticos resulta riesgoso que replique su accionar deficiente ante la colusión farmacéutica en la principal empresa del Estado.

Para los diputados, Juan Benavides Feliú carece de antecedentes comerciales intachables, en tanto, en ejercicio de su nombramiento de Director de Farmacias Ahumada, fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros con 300 UF por el ejercicio negligente de su cargo de director de FASA al no adoptar medidas de fiscalización por los graves hechos investigados. Además, lo sancionó este mismo organismo por tener relaciones comerciales con Farmacias Cruz Verde por su cargo de gerente del Grupo Falabella, cuando aún era director del Farmacias Ahumada. Todos hechos que harían inviable su designación como presidente de Codelco.

Diputados del Partido Comunista y el Partido Socialista presentaron un requerimiento a Controlaría, con el objetivo que Sebastián Piñera de pie atrás con la designación de su hermano, Pablo, como embajador en Argentina. Según establece dicho escrito, con esta resolución presidencial se estaría incumpliendo la Constitución y la leyes, pues la designación vulnera el principio de probidad que impide nombrar a parientes en cargos de responsabilidad pública y el artículo 54, número 4 de la Ley General de Bases de Administración del Estado que establece que ninguna autoridad pública puede designar en cargos de confianza a personas que estén unidas con vínculos de parentesco, como es el caso de cónyuges, hermanos, hijos y hasta sobrinos.

Así lo expresó el jefe de la bancada comunista Daniel Nuñez, quien conminó  a Piñera a actuar con un mínimo de cordura,  echando pie atrás en este nombramiento y evitarse un bochorno de proporciones  exponiendo al país al ridículo, pues cuando la Controlaría no tome razón de la designación tendrá  que nombrar a un  nuevo embajador  , por lo que ahora es el momento  dejar atrás  su soberbia y  percepción  de que esta por sobre el Estado, enfatizó.

Del mismo modo , Daniel Nuñez  si bien no cuestionó los méritos de Pablo Piñera para ser embajador en Argentina , insistió en que todos los chilenos -incluyendo los parlamentarios y autoridades de gobierno saben que hay un ordenamiento legal por el cual deben regirse y en este caso  Sebastian  Piñera debe entender que no es la excepción.

Por su parte el también  Diputado Comunista Boris Barrera reiteró que en ninguna sociedad democrática que se precié de tal debe existir este tipo de privilegios que rayan en el nepotismo, por eso confía en que este requerimiento prospere logrando que el Contralor Bermúdez haga notar al Ejecutivo de la ilegalidad de este acto administrativo.

En representación de la bancada socialista el Diputado Socialista Leonardo Soto acusó al mandatario de infringir abiertamente  el principio de probidad pública al designar a su hermano como embajador en Argentina , lo que constituyente una incumpliendo flagrante a los preceptos de la Constitución.

El parlamentario PS reconoció que esta resolución presidencial puede significar para Chile un bochorno internacional, ya que nuestro  país participa de todos los foros internacionales donde se lucha contra la corrupción en el mundo y particularmente en contra del nepotismo, por lo que la decisión de Piñera  retrocede a nuestro país 20 años en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, luego del requerimiento presentado por legisladores opositores en su escrito ante la Contraloría, la designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina quedó pendiente tal como informó el Gobierno mediante  un comunicado de la Presidencia, en donde dentro de una serie de puntos en los que insisten en su decisión, desde el Ejecutivo optaron por esperar la resolución  del ente contralor a la solicitud interpuesta por las bancadas del PC y el PS antes de perseverar en este nombramiento diplomático  , medida  que fue interpretado por los partidos requirentes como una confirmación de los fundamentos de su alegación hecha previamente  ante Jorge Bermúdez.