Roberto Morales e informe de Amnistía: «Es lamentable que gobierno, Fuerzas Armadas y de orden no perciban gravedad de las violaciones a los DD.HH.»

Desde Amnistía Internacional Chile cuestionaron la postura adoptada por el Gobierno y la FF.AA, al rechazar el informe que da cuenta de graves violaciones a los DD.HH.  ocurridas en nuestro país durante las últimas semanas, surgidas por causa de la represión policial.

Así lo comentó el vocero este dicho organismo, Roberto Morales, quien expresó que es lamentable que tanto el Ejecutivo como las entidades castrenses no perciban este informe como un elemento  determinante  para entender lo que ha ocurrido en  Chile  durante el último  mes, así como para esclarecer las responsabilidad  personales  ante la brutal agresión sufrida por  la ciudadanía.

 

El activista por los DD.HH, insistió en que Amnistía Internacional no es ni amiga ni enemiga de este Gobierno, si no es una organización  que tiene el deber de denunciar  los múltiples  casos de atropellos a las derechos mas esenciales de las personas ,como son  las agresiones físicas  y por cierto las muertes ocurridas, en este marco de crisis social.

 

Roberto Morales  se refirió al informe de Amnistía Internacional Chile, detallando algunos de los casos de personas perdieron la vida por causa de la represión de los uniformados, señalando que preliminarmente estos hechos caerían en el tipo penal de asesinato, y por ende deben ser investigados por los Tribunales  de Justicia.

 

Según el informe de Amnistía Internacional Chile, Sebastián Piñera decidió sacar al Ejército a las calles «a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país». Los ataques de los agentes del Estado, indica este documento, han dejado «un saldo atroz», que no son «aislados ni esporádicos», sino «una política de castigo que tiene el objetivo de dañar».




Lapidario informe de Amnistía Internacional sobre violaciones a los DD.HH. en el marco de la protesta social

Amnistía Internacional presentó este jueves los hallazgos y conclusiones de la misión investigadora que llegó a Chile para documentar casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales que comenzaron hace un mes.

En él, se detalla minuciosamente como el gobierno de Piñera ha violado gravemente los derechos humanos, a pesar de las advertencias de diversos organismos humanitarios.

El informe de Amnistía Internacional es demoledor en este sentido y apunta al gobierno de la derecha en casos aberrantes y constantes en contra de la dignidad de las personas.

Pilar San Martín, investigadora del organismo, repudió que a pesar de las evidencias, tanto de heridos como de muertes de ciudadanos, el gobierno siga empeñado en justificar la violencia desproporcional con que han actuado las fuerzas armadas y Carabineros.

 

La investigadora de Amnistía Internacional confirmó que han podido documentar 5 muertes por agentes del Estado, 4 a manos de funcionarios del Ejército y uno por parte de Carabineros.

 

Pilar San Martín añadió que hay más de 2 mil 300 lesionados, de los cuales mil 400 son por armas de fuego, sumado a 4 ataques donde el Ejército disparó munición letal.

 

La investigadora concluyó que agentes del Estado han disparado de forma indiscriminada e injustificada, generando la aberrante cifra de 280 personas con trauma ocular severo.

 

La investigadora de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, añadió que han documentado daño ocular a través de golpes y bombas lacrimógenas lanzadas a la cara, lo cual da cuenta de la brutalidad con que ha actuado Carabineros.




Presentada Acusación Constitucional contra Piñera… Apoyo transversal

Tal como se había anunciado, parlamentarios de distintas bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera al considerar que el jefe de Estado ha infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al permitir vulneraciones “sistemáticas” y “generalizadas” los DD.HH. de los ciudadanos tanto durante el estado de excepción, como en el periodo posterior a su finalización.

En primer término, y en compañía de dirigentas/as sociales y del mundo de la defensa de los derechos humanos, la diputada de la bancada Comunista Carmen Hertz  expresó que el mandatario de la Derecha ha comprometido gravemente el honor de la nación, así como su imagen internacional.

 

El diputado socialista Jaime Naranjo defendió esta acción constitucional pues junto con reforzar nuestra democracia, asegura  advierte a las autoridades políticas que jamás deben permitirse en Chile violaciones flagrantes a los DD.HH.

 

Del mismo modo, la diputada de Comunes Claudia Mix advirtió que esta acusación en contra de Sebastián Piñera demuestra que el pacto suscrito por su colectividad  en el ámbito constituyente con otras fuerzas políticas, no representa impunidad respecto a la violencia en contra de las personas.

 

Tomas Hirsch, diputado humanista, sostuvo que es un imperativo ético apoyar esta libelo en contra de Piñera, producto de las profundas heridas que han surgido en nuestro país , durante el último mes .

 

En tanto, la diputada del Partido por la Democracia Carolina Marzán adhirió a esta Acusación Constitucional como una forma de frenar esta ola de represión, heridos y muertes causadas por la negligencia de Sebastián Piñera.

 

Consignar que los impulsores de la acción requieren de la mayoría de los diputados en ejercicio, es decir, 78 votos, para su aprobación. Mientras que en la Cámara Alta necesitarán de 2/3 de los senadores, es decir, 29 votos para lograr remover a Piñera de su cargo e impedir que postule  y ejerza cargos públicos por 5 años.

Lea íntegra la Acusación Constitucional contra Piñera

Acusación Presidente de la República




La única salida democrática a la crisis política y social es el Plebiscito y la Asamblea Constituyente señala Marcos Barraza

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo que la única salida democrática a la crisis institucional en Chile es convocar a Plebiscito para restituir la soberanía del pueblo.

En su diagnóstico, el debate sobre una nueva Constitución no puede acotarse a los poderes del Estado y menos en un contexto donde la agenda neoliberal del gobierno ya fracasó.

 

El dirigente del Partido Comunista indicó que el pueblo tiene que deliberar, respecto a una Nueva Constitución, dada la desconfianza ciudadana hacia instituciones como el Tribunal Constitucional.

 

En ese sentido, Marcos Barraza acusó al Gobierno de instalar medidas antidemocráticas desde el punto de vista del sentir popular, impidiendo que la representatividad del país se exprese en una Constitución nacida en democracia.

 

El ex ministro de Estado valoró la iniciativa de los alcaldes que han convocado a plebiscito a objeto de refundar las bases institucionales mediante la participación ciudadana.

 

Marcos Barraza explicó que la resistencia de Sebastián Piñera a impulsar una Asamblea Constituyente responde al peso que tiene la ultraderecha en su Gobierno, y cómo esta última es capaz de negar la voluntad popular con tal de defender los enclaves dictatoriales.

 

El dirigente del PC añadió que Sebastián Piñera transita entre discursos falsamente comprensivos con el movimiento social y su declaración de guerra, expresada en acciones represivas.

 

Marcos Barraza aseguró que Sebastián Piñera es un presidente perturbado que no está en condiciones de tomar decisiones de carácter democrático.




No legislaremos la agenda social del gobierno por insuficiente y mientras se mantenga la represión aseguró diputado Teillier

El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier, aseveró que no están dispuestos a legislar a favor de la agenda del gobierno si este último insiste en impulsar leyes represivas contra el movimiento social y las movilizaciones.

El parlamentario aclaró que la única posibilidad que tiene Sebastián Piñera de resolver esta crisis es abriéndose a la posibilidad de un Plebiscito y posterior Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

 

Guillermo Teillier criticó que el Gobierno y la derecha se aferren a la idea de introducir cambios en el Parlamento, cuando la ciudadanía demanda una Nueva Constitución por la vía de una Asamblea Constituyente.

 

Guillermo Teillier explicó que la Constitución no le asigna el rol constituyente al Parlamento para hacer una Nueva Constitución, ya que éste sólo se limita a introducir reformas.

 

El timonel del PC, Guillermo Teillier, dijo que es la hora de que las organizaciones sociales exijan plebiscito, asamblea constituyente y Nueva Constitución, siendo el único mecanismo para hacer los cambios que Chile requiere.




Trabajadores del Estado se pronuncian ante grave crisis de derechos humanos que vive Chile

Ante las masivas denuncias de violación de derechos humanos que han sido conocidas y reportadas por la ciudadanía en las últimas semanas, en el contexto de crisis social que vive nuestro país.
Ante las declaraciones públicas de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, que buscan ocultar y/o minimizar los graves hechos de violencia ejercidos por parte de agentes del Estado.
Constatando, con preocupación, que la institucionalidad de protección de los derechos humanos se encuentra sobrepasada y que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para ejercer su misión.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF – y las Asociaciones de Funcionarias/os Públicas/os abajo firmantes, representativas de las instituciones del Estado que cumplen funciones y responsabilidades directas en la promoción y protección de los derechos humanos, en nuestra condición de representantes sindicales, hemos decidido organizarnos y constituir el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, como espacio de diálogo y trabajo colaborativo, que nos permita relevar conjuntamente las problemáticas estructurales, así como las falencias en la gestión de coyuntura que afectan a nuestros servicios y que hoy limitan el pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile de proteger a las personas que habitan nuestro país, frente a los abusos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Afirmamos que nuestro país vive la peor crisis de violación masiva e indiscriminada de derechos humanos desde el término de la dictadura cívico-militar. Y, en este contexto, expresamos nuestro tajante rechazo y máxima preocupación por las declaraciones de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, y las de Orden y Seguridad Pública que minimizan, relativizan o niegan la gravedad de la situación.
Denunciamos estas actuaciones, que provienen desde el propio Estado, que invisibilizan y respaldan los graves hechos de violencia estatal ocurridos en contra del conjunto de la población, y particularmente los que han afectado a los sectores más vulnerados de nuestras sociedad, como lo son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes al pueblo mapuche, personas migrantes, entre otros.
Alertamos que las conductas de estas autoridades lindan peligrosamente con el incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que recaen sobre ellas, que debieran ser las primeras en tomar acciones para detener estas prácticas inaceptables y garantizar el que sean investigadas, sancionadas y, sus víctimas, reparadas. De lo contrario, nuestra sociedad corre el riesgo de permitir no sólo su continuidad y normalización, sino que se construya un camino de completa impunidad, repitiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de nuestro país, como lo fue la dictadura cívico-militar.
Nuestra decisión es organizarnos y movilizarnos para alzar la voz y exigir a nuestras autoridades una actuación activa y a la altura de lo que internacionalmente se exige aplicar ante hechos de vulneración de derechos humanos, así como también denunciar las falencias institucionales de las que hemos sido testigos durante estas semanas de movilización social, porque entendemos que aquel es nuestro deber como funcionarios/as públicos/as al servicio de la ciudadanía.
Hemos identificado barreras que se vinculan directamente con la falta de canales confiables de información y denuncia; publicación de cifras sensibles cuya rigurosidad metodológica se desconoce; dificultades para entregar orientación, información y defensa jurídica a víctimas que además tienen calidad de imputadas; retrasos y dificultades para la plena aplicación de convenciones y protocolos internacionales de derechos humanos; ausencia de coordinación interinstitucional y canales más expeditos para facilitar posibles denuncias; entre otras.
De acuerdo a las cifras entregadas públicamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre, se registran 4.316 personas detenidas en comisarías, 1.574 personas heridas en hospitales, grupo dentro del cual se registran 157 registran heridas oculares y 5 con pérdida ocular. Asimismo, se han presentado 18 acciones judiciales por violencia sexual, cuyas víctimas han sido en su mayoría mujeres y personas LGBTI.
Las cifras señaladas son altamente preocupantes, más cuando diversos organismos como la Defensoría Penal Pública, han expuesto cifras propias significativamente mayores, y nos obligan a mantenernos alerta para impedir que violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo. Compartimos la necesidad de máxima responsabilidad de todos los actores que difundan y publiquen información en la materia, pero esta exigencia no debe ser usada como medio para invisibilizar la gravedad de la situación que vive la población.
En este contexto, y asumiendo plenamente su gravedad y complejidad, el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, hace el siguiente llamado a la ciudadanía, pero con particular urgencia a las autoridades responsables:
1. Expresamos nuestro respaldo a la denuncias que se han realizado y hacemos un urgente llamado a la población para que toda persona cuyos derechos humanos han sido vulnerados, en el contexto de la movilización social, formalice la denuncia, a fin que los hechos sean debidamente investigados.
2. Proponemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a requerir al gobierno se traslade en comisión de servicio a los/as funcionarios/as públicos/as de otras reparticiones que estén dispuestos a ser voluntarios/as en las tareas del INDH y cuenten con las competencias técnicas y profesionales para apoyar sus tareas en esta situación de crisis. Asimismo, proponemos que se amplíen estas medidas a los/as profesionales abogados/as voluntarios/as que se ofrezcan para la presentación de querellas y seguimiento de los procesos que implican.
3. Instamos al Ministerio Público a tomar las medidas institucionales pertinentes para incentivar la realización de denuncias, acercando este procedimiento a la población, como por ejemplo a los lugares de primera llegada de las víctimas, como lo son los hospitales, consultorios, y comisarías. En el caso de las dependencias de Carabineros, resulta indispensable que los fiscales actuantes no sólo procesen las denuncias entregadas por dicha institución, sino que establezcan procedimientos que garanticen el derecho de cada persona a denunciar las vulneraciones de derechos a las que pudiera haber sido sometida.
4. Instamos asimismo a la Defensoría Penal Pública a tomar medidas institucionales para instruir en la misma dirección recién mencionada, respecto del rol institucional que les corresponde en la provisión de la defensa penal, garantizando que efectivamente se realicen y se continúe con el procedimiento de seguimiento de las denuncias de las personas que representan cuando estas se han puesto en conocimiento del juez de garantía.
5. Requerimos al Servicio Médico Legal para que active de forma plena los Protocolos de Minnesota y de Estambul, particularmente respecto de las instalación de supervisión imparcial y de acceso a la prensa para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones. Asimismo, resulta indispensable el fortalecimiento del equipo que realiza este tipo de peritajes, y que se garantice la celeridad de las atenciones.
6. Exigimos a las autoridades del Ministerio y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, las Sras. Isabel Plá y María Carolina Plaza respectivamente, así como a la del Instituto Nacional de la Juventud, el Sr. Mirko Salfate, que terminen con el silencio que han mantenido y actúen en concordancia con su mandato institucional y tomen medidas activas para proteger a las víctimas de violación de derechos humanos.
7. Finalmente, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional para el año 2020, demandamos a los/as parlamentarios/as que incorporen partidas presupuestarias que fortalezcan la institucionalidad de derechos humanos, particularmente, como una lección de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo, proponemos que se instauren partidas presupuestarias especiales asignadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que permitan a esa institución gatillar recursos adicionales para enfrentar situaciones de crisis cuyo uso sea resorte exclusivo y autónomo de dicha institución y no dependan de la definición del Ejecutivo.
Asimismo, resulta indispensable que se garanticen los recursos necesarios para los largos procesos de denuncia, investigación, sanción y reparación que vendrán por delante.
Finalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a todos/as los/as funcionarios/as del Estado a movilizarse y trabajar conjuntamente para que estos hechos no sigan produciéndose y reafirmemos nuestra convicción de ser participantes activos de la lucha social por reivindicar nuestros derechos, y los de las mayorías de nuestro país, que hoy se han levantado como banderas de la Movilización Ciudadana.

Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ANFUDDHH
Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, AFFINDH
Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH, ANDEDH
Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUSEM
Asociación de Funcionarios/as del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ANFUMEGG
Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, AFINJUV
Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP
Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, AFFREMCEN
Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, ANFMSL
Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, AFUDEP




Lautaro Carmona y la importancia de la acusación constitucional frente a las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta social

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, validó la decisión de su colectividad de impulsar una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera  al considerar que el mandatario de la derecha ha fomentado un terrorismo de Estado, alimentando y profundizando así la crisis social que vive el país.

Al respecto, Carmona, advirtió que Piñera ha infringido gravemente las potestades que les concede la propia Constitución, limitando en forma grosera el legítimo derecho ciudadano a movilizarse.

 

Del mismo modo el Secretario General del Partido Comunista insistió en que el ejercicio de esta atribución legislativa  en contra de Sebastián Piñera, persigue además un cambio en la sociedad en pos de la justicia social, siendo su primer paso, la elaboración de una nueva Constitución.

 

Lautaro Carmona agregó que esta expresión de Piñera respecto a que “al interior de Chile existe una Guerra”, ha impuesto la doctrina de que el pueblo es el enemigo a vencer, justificando con ellos la represión y las constantes violaciones a los D.D.H.H ocurridas durante  los últimos días.

 

Finalmente, el Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmona  adelantó  que ya se han reunido con otros partidos de oposición, así como otras organizaciones  sociales para elaborar una argumentación aun más fuerte, para sustentar esta Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera.




Guillermo Teillier y acusación constitucional contra Piñera: «La estamos estudiando en detalle, de manera seria, es parte de nuestras atribuciones y el derecho fiscalizador»

El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier, informó que están estudiando de forma seria, en detalle y contundentemente una acusación constitucional contra Sebastián Piñera, de acuerdo al derecho fiscalizador que tienen los parlamentarios cuando el presidente de la República pasa por encima del Estado de derecho.

 

El diputado Teillier añadió que están reuniendo todos los antecedentes del caso, en vista que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo el Estado de Emergencia no deben quedar impunes y son muchos los casos.

 

Asimismo, el timonel del PC afirmó que el argumento de fondo para impulsar dicha acusación constitucional es el atropello al Estado de Derecho por parte de Sebastián Piñera al decretar el estado de emergencia, el toque de queda y las dramáticas consecuencias.

 

Guillermo Teillier acusó al gobierno de pasar por encima de la Constitución, vulnerando los derechos humanos de la sociedad civil

El parlamentario aseguró que el gobierno ha establecido un verdadero Estado de Sitio con resultado de muerte, torturas y violaciones a los Derechos Humanos.




Bancada Regionalista impulsa comisión investigadora por violaciones a los Derechos Humanos en Estado de Emergencia

La instancia buscará principalmente buscar las eventuales responsabilidades de los ministerios de Interior y de Defensa, a raíz de las constantes denuncias al respecto que han surgido desde la ciudadanía.

La Bancada Regionalista presentó solicitud para impulsar la creación de una Comisión Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno y determinar las eventuales responsabilidades, principalmente de los ministerios del Interior y de Defensa, en las diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos que día a día surgen desde la ciudadanía, y del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de la declaración del Estado de Emergencia y que ya cuenta con un fatídico saldo de 18 muertos.

Al respecto, el diputado regionalista y principal impulsor de la iniciativa, Jaime Mulet, señaló que “mientras el país ha sido testigo de una transversal protesta social, fundada en la  exigencia de mejorar las desiguales condiciones de vida de los ciudadanos, el Gobierno respondió a esta protesta social con la declaración del estado de emergencia, para habilitar a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de las zonas comprendidas en dicho estado. Sin embargo, hemos visto como esta declaración ha tenido un tremendo efecto negativo en la sociedad chilena, la cual, aun recordando episodios similares de la dictadura militar, ha sufrido una violenta represión por parte de agentes del Estado. Esta represión se ha manifestado en miles de detenciones, agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, y muy desgraciadamente, en eventuales torturas, tratos inhumanos, crueles, y degradantes, y en la muerte de civiles por acciones de funcionarios de las Fuerzas Armadas”.

 

“Por eso estamos presentando la solicitud de una comisión investigadora para fiscalizar los actos de gobierno respecto de la declaración de estado de emergencia, toque de queda y todo lo que ha implicado esta situación de salida de los militares a la calle y uso de fuerza. Creemos que el gobierno debe responder, sobre todo respecto de la proporcionalidad usada, pues hay muertes, hay gente que ha denunciado torturas, hay privación de libertad, y queremos saber desde el punto de vista de la responsabilidad política que incumbe al gobierno, más que a las FF.AA. de qué manera se establecieron los protocolos, las instrucciones o los cuidados para que el uso de la fuerza sea proporcional, racional y ver qué pasó con esta muerte de ya varias personas, con la cárcel y con las torturas que se han denunciado”.

En este sentido, Mulet recalcó que “la comisión investigadora deberá especialmente investigar los actos o hechos cometidos principalmente por el Ministerio del Interior y el de Defensa en cuanto autoridades, entonces tenemos que ver los protocolos que se usaron, todas las instrucciones que se dieron para ver si hubo racionalidad”.

“Hay denuncias de irracionalidad, hay denuncias de represión derechamente como lo hemos visto una y otra vez, entonces es muy importante, dentro de las facultades que tiene la Cámara de Diputados, que éste lo investigue y lo haga rápido. Estamos pidiendo 45 días y una vez aprobada esta Comisión Investigadora se constituya y parta de inmediato, porque el gobierno insiste en mantener el decreto de estado de emergencia y a nosotros nos parece que obviamente eso más bien incita a la violencia y tenemos todo el derecho para fiscalizar los actos del gobierno en esta materia”.  




Derechos humanos y empresa: Buscan crear marco normativo internacional mediante un tratado que aborde esta importante temática

Cerca de 90 países están participando en el Encuentro sobre el Tratado  que involucra  a corporaciones y transnacionales con el ámbito de los DD.HH. que se está llevando a cabo en Ginebra, Suiza, el cual es organizado por las Naciones Unidas.

En representación de la Fundación de Estudios laborales, FIEL, Roberto Morales comentó que esta reunión surge por la inquietud de crear un marco normativo que impida que los grandes consorcios económicos puedan violar los derechos de personas o comunidades locales.

 

Así mismo el coordinador de DD.HH de FIEL, sostuvo que lo fundamental de esta convocatoria  realizada  por la ONU, es la posibilidad  de aprobar una convención que obligue tanto a los Estados como a las empresas a proteger los DD.HH. en el ámbito de sus actividades productivas.

 

Roberto Morales manifestó que la obligación de los Estados  es impedir que los intereses económicos de las transnacionales  persigan y asesinen a activistas medioambientales  tal como ha ocurrido durante los últimos años  tanto en Chile, como en otros países.

El diagnostico hecho por los participantes en este encuentro sobre DD.HH. que se lleva a cabo en Suiza, es la persistencia de  fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las poblaciones e incluso entre varios Estados, generando situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos, impidiendo el acceso a la justicia de las poblaciones afectadas.

En Ginebra también hubo manifestaciones de apoyo al pueblo ecuatoriano señaló Roberto Morales y persiste alta preocupación por la persecución política y encarcelamiento de las y los principales dirigentes de la oposición al gobierno de Moreno.