Paulina Cartagena dirigenta del magisterio: «Hay estudiantes encarcelados y más de 10 docentes heridos en el marco de la protesta social»

La dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena, acusó al gobierno de ejecutar una política de persecución sistemática contra estudiantes y docentes a partir del estallido social en Chile.

Cartagena denunció que hay menores de edad encarcelados de manera arbitraria y más de 10 maestros heridos, producto de la represión policial.

 

Paulina Cartagena aseguró que los jóvenes están siendo víctima de un juicio político mediante el cual el gobierno busca castigarlos penalmente por ser parte y en algunos casos liderar la lucha social.

 

La dirigenta del Magisterio confirmó que por unanimidad acordaron solicitar la renuncia del presidente de la República y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, debido a sus respectivas responsabilidades en el conflicto social.  

 

Paulina Cartagena señaló que el Gobierno teme a la posibilidad de que las movilizaciones en Chile sigan su curso, dada su incapacidad de responder a las demandas del país.

 

La dirigenta del gremio docente instó a las organizaciones sociales a estar unidos y en alerta frente a la arremetida de la derecha contra el proceso constituyente y la posibilidad de introducir por esa vía transformaciones profundas al modelo neoliberal.

 

Paulina Cartagena ratificó que van a votar por aprobar una Nueva Constitución, paralelamente a presionar desde la mesa de Unidad Social para que el proceso constituyente garantice la representatividad de todos los sectores.




Duras críticas a leyes que criminalizan protesta social y permiten ocupar militares en tarea de seguridad pública

Con votos de la Democracia Cristiana y el PPD, la Sala del Senado aprobó este lunes la idea de legislar la reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar «infraestructura crítica» sin que se decrete estado de excepción.

El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, dijo que como bancada votaron en contra de esta iniciativa, ya que expone a la sociedad civil a eventuales enfrentamientos con militares, lejos de resguardar la seguridad pública.

Asimismo, el parlamentario explicó que se trata de una ley en blanco, pues será el Presidente de la República quien podrá definir por decreto, cuáles son los servicios de infraestructura crítica a resguardar.

 

Alfonso de Urresti aclaró que la preservación del orden público es una tarea que corresponde a Carabineros, y en ningún caso a las Fuerzas Armadas como se hizo en Dictadura.

 

El tanto, el senador Rabindranath Quinteros, sostuvo que esta reforma constitucional viene a criminalizar las manifestaciones pacíficas, pese a estar permitidas en democracia.

 

Rabindranath Quinteros criticó que el ejecutivo esté traspasando al Congreso la inoperancia policial por la vía de proyectos de ley que sólo criminalizan la protesta social.

 

La iniciativa tiene urgencia de discusión inmediata y pasará a su segundo trámite en la Cámara de Diputados tras recibir 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Confusam rechaza leyes criminalizadoras de la protesta social

Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) consideró “vergonzoso” que el proyecto de ley “antisaqueos” fuera despachado al Senado con amplio apoyo de la Democracia Cristiana y el Partido Radical.

La dirigenta advirtió que por esa vía, el Gobierno busca aniquilar el sindicalismo en Chile, tal como se hizo en Dictadura con la finalidad de restringir la libertad de los trabajadores.

En ese sentido, Flores repudió que sectores de oposición se presten para este tipo de estrategias políticas.

 

La presidenta de la CONFUSAM aseveró que Sebastián Piñera debería renunciar por dignidad y principios, debido al autoritarismo que ha caracterizado su mandato tras el estallido social.

 

Gabriela Flores criticó que sectores que dicen ser de oposición terminen aprobando los proyectos de ley del ejecutivo, cuando sólo apuntan a medidas represivas contra el movimiento social.

 

Asimismo, la titular de la CONFUSAM consideró grave que la Organización Panamericana de la Salud haya entregado una carta, apoyando la reforma de Fonasa impulsada por el ministro Jaime Mañalich.

 

Finalmente, Gabriela Flores anunció que presentarán una queja formal ante la OMS, ya que dicha organización no puede politizarse a favor de un Gobierno que ha cometido los peores horrores después de la Dictadura, sentenció.




Convocan múltiples organizaciones a “marcha contra la represión” para este sábado 18 de enero 2020

Las organizaciones y colectivos convocantes a esta movilización pacífica, hacen un enérgico llamado al gobierno de Chile, a detener de forma inmediata las permanentes y sistemáticas violaciones a nuestros DDHH. Estas son ejercidas a través de un brutal y violento método represivo, aplicado por Carabineros de Chile en contra de la ciudadanía activa, que ejerce su legítimo derecho a manifestarse para exigir el cumplimiento de las demandas sociales y cambios estructurales que Chile requiere.

Demandan el cese inmediato del uso de la violencia policial, estatal y política, como mecanismo de control del orden público. Exigimos además, el respeto absoluto a nuestros derechos fundamentales y constitucionales.

Exigen la implementación de respuestas políticas dignas, a la altura de las justas demandas que el pueblo chileno ha manifestado incesantemente por más de 70 días, desde el 18 de Octubre de 2019.

EXIGIMOS

  1. Verdad, esclarecimiento, justicia y reparación para los casos de asesinatos, violaciones y abusos sexuales, así como víctimas no letales, causadas debido al uso desproporcionados de la fuerza por agentes policiales del Estado de Chile, desde el 18 de Octubre de 2018 a la fecha.
  2. Fin a la impunidad política y penal. Remoción inmediata del General Director de Carabineros,

Mario Alberto Rozas Córdova. Condenas políticas efectivas al Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara Stephens, y al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel Mac-Iver, por sus responsabilidades en la determinación de los mecanismos policiales usados para el control del orden público. Condenas penales efectivas a los responsables individuales de los delitos cometidos en contra de civiles a partir del 18 de Octubre a la fecha.

  1. Libertad y juicios justos a los presos y presas políticos del 18-O.
  2. Fin a la criminalización de la movilización social.
  3. Cumplimiento de los acuerdos políticos, así como la implementación de las justas demandas sociales, expresadas en los múltiples Cabildos y Asambleas autoconvocadas territoriales.
  4. Entregamos nuestro apoyo a los estudiantes secundarios, representados en la ACES y la CONES, como también a todas las organizaciones que luchan por conquistar nuestra Dignidad.

INSTRUCTIVO

“MARCHA EN SILENCIO CONTRA LA REPRESION”

FECHA: Sábado 18  DE Enero 2020

PUNTO DE ENCUENTRO – 11:30 HRS.

Metro Salvador, salida Parque Bustamante

MARCHA – 12:00

Recorrido desde Metro Salvador hacia La Moneda, culminando en el Memorial de las

Detenidas        Desaparecidas            y          Ejecutadas

Políticas.  (ver mapa)

FIN MARCHA –  14:30

Memorial de las Detenidas Desaparecidas y Ejecutadas Políticas. (Metro Los Héroes)

VESTIMENTA:

  • Vestir de negro
  • Pañuelos blancos, rojos, o pañoletas representativas, velos y/o capuchas negras.

OFRENDAS – ACCESORIOS

  • Flores blancas y rojas.
  • Banderas negras, mapuches, otras representativas.
  • Carteles, lienzos alusivos a las víctimas de la represión policial.

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: 

Esta Marcha contra la Represión, intenta llamar a través  del SILENCIO, a una reflexión profunda sobre la estrategia represiva utilizada por el gobierno de Sebastián Piñera, ejercida a través de Carabineros de Chile, como mecanismo de control del orden público, la que ha resultado en una violación sistemática a nuestros derechos fundamentales y constitucionales. Se invita a realizar la MARCHA EN ABSOLUTO SILENCIO, en una actitud conmemorativa por las víctimas del levantamiento popular del 18 – O.

CRONOGRAMA:

11:30             Reunión y organización en punto de encuentro.

12:00 Inicio del trayecto en SILENCIO a través de Av. Providencia. Representantes de las organizaciones convocantes se ubicarán en hilera al frente de la columna de la marcha sosteniendo lienzo de la marcha, seguidos de mujeres de vestidas de negro. Luego siguen distintas organizaciones y asistentes. (Puntos de referencia) 12:30 1era detención: Plaza de la Dignidad.

Ocupación del espacio público. Ofrenda floral conmemorativa por los caídos.

Interpreta canción de homenaje por los asistentes. “EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ”

12:50 Retoma de la marcha hacia La Moneda. Avanzamos en SILENCIO por la calzada norte de La Alameda hacia el siguiente punto de intervención.

13:30  2da detención: La Moneda. Ocupación de la calzada sur de La Alameda. Nos detenemos en SILENCIO en frente de La Moneda, alzamos el puño izquierdo y cubrimos el ojo derecho con la mano derecha. Asistentes interpretan canción “EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN”

13:40 Retoma del desplazamiento. Avanzamos en SILENCIO por La Alameda hacia el siguiente punto de intervención.

14:00 3era detención: Memorial de las Detenidas Desaparecidas y Ejecutadas Políticas Homenaje e intervención de AFDD – AFED. Ofrendas.

14:30  Fin de la intervención. Nos dispersamos pacíficamente y en silencio.

RECORRIDO: 




Entregan antecedentes a Defensoría de la Niñez por irregular privación de libertad de menores en marco del estallido social

Pese a contar con la evidencia en videos de no participar en los hechos que se le han imputado, dos menores de edad llevan más dos meses privados de libertad en recintos del Sename. Las familias detallaron esta vulneración que mantiene a los menores en una compleja situación física y emocional.

Las familias de los menores Joaquín C.M. y Sofía A.T. entregaron antecedentes ante la Defensoría de la Niñez, donde dieron cuenta de las graves vulneraciones que han sufrido sus hijos tras la injusta privación de libertad en recintos del Sename por una acusación infundada. Acompañaron la diputada Marisela Santibáñez; la dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena; y la presidenta de Corpade, Dafne Concha.

Ambos menores se encuentran esperando sentencia desde el 18 de octubre, día en que fueron acusados del delito de incendio por hechos ocurridos en el frontis de la Municipalidad de Buin; sin embargo, a través de redes sociales se dieron con registros en videos donde se demuestra que ellos no iniciaron el fuego. Pese a que estos registros fueron viralizados y divulgados ampliamente por canales de TV, los menores siguen privados de libertad en centros del Servicio Nacional de Menores en la Región Metropolitana.

La padres de los menores detallaron que al día siguiente de la detención la Fiscalía les imputó el delito de incendio con riesgo a la vida de terceros, definiendo cien días de investigación y se les dejó en esta especie de prevención preventiva, pese a no contar con antecedentes penales anteriores.

Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, el Ministerio Público presentó un video que no fue transmitido y solo fue mostrado a través de algunos pantallazos. El video completo fue filtrado por la prensa y transmitido en noticiarios, donde se aprecia que el incendio fue iniciado por otras personas.

La familia de los menores señalaron a la defensoría, que a pesar del contenido del video y que no existen querellas de la Municipalidad, el pasado lunes 11 de noviembre, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la apelación de las defensas a las medidas cautelares, por lo que confirmaron la privación de libertad para los menores, vulnerando gravemente sus derechos.

La diputada Marisela Santibáñez acompañó a las familias de los menores, oportunidad en la que criticó la arbitrariedad de la privación de libertad. “Acá hay dos niños que necesitan nuestro apoyo. Pedimos que lo que quede de investigación, puedan hacerlo desde sus casas, porque son inocentes y no estuvieron implicados en ningún incendio”, sostuvo la parlamentaria.

María Elisa Tapia, madre de Sofía, señaló que “solo pedimos que en estos días que quedan de investigación, nuestros hijos puedan estar en la casa. Sabemos que los cargos están hechos y que la investigación sigue. Nosotros vamos a probar la inocencia de nuestros hijos, pero no queremos que el resto del proceso lo cumplan privados de libertad en un centro del Sename”.

Por su parte, los padres de Joaquín exigieron que se libere no solo a Joaquín y Sofía, sino que a otros niños que a nivel nacional están en la misma situación.

Caso Sofia y Joaquin #BuinEntregando carpeta a la Defensoria de la niñez

Posted by Marisela Santibáñez on Monday, January 13, 2020




Cuestionan limitaciones al derecho a reunión impuestas por Intendente Guevara y uso del Decreto 1086

Esta semana la comisión que analiza la Acusación Constitucional, y que es presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), recibió al profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, quien expuso que el derecho a reunión se ejerce sin permiso previo. Asimismo, su colega Luis Silva calificó como inconstitucional el decreto que regula el derecho a reunión.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y que es presidida por la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda; recibió, en su tercera y cuarta jornada de audiencias, a los profesores de Derecho Constitucional, Christian Viera de la Universidad de Valparaíso, y a Luis Silva, ligado a Fundación Jaime Guzmán, respectivamente.

En la instancia desarrollada el pasado miércoles, el profesor Viera abordó la importancia del control político a cargo del Congreso Nacional para evitar abusos de poder y la forma en que se ejercen el derecho a reunión y la libertad de la protesta. Esto, en relación a lo que señala el libelo acusatorio sobre que habría habido por parte del intendente una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social que vive el país.

En este sentido, Viera calificó de grave la comprensión del derecho a reunión del Intendente, ya que reunirse pacíficamente se ejerce sin permiso previo y no procedería, como estima ocurrió, inhibir el ejercicio del derecho a la protesta.

“¿Qué es lo que supone? Supone una violación de derechos fundamentales, en este caso, uno muy importante, que está en la Constitución junto con la libertad de expresión, que supone la inhibición del derecho a la protesta y eso constituye una infracción a la Constitución y no solamente tuvo un efecto en el ejercicio a la protesta, sino que esto se saldó con heridos, con un muerto y con una represión desmedida de parte de la fuerza policial”, argumentó.

Otro punto que abordó el abogado Viera es el decreto supremo 1.086, de 1983, sobre reuniones públicas, que sería contrario a la Constitución. Añadió que, con la referencia de que las reuniones en lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía (art. 19 número 13 Constitución), se ha entendido que un reglamento puede limitar los derechos fundamentales, lo que no corresponde, ya que debe ser regulado por ley.

Y fue precisamente, refiriéndose al cuestionado decreto, que basó su exposición del día jueves, el abogado constitucionalista asociado a la Fundación Jaime Guzmán, Luis Silva, quien señaló que el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido a la autoridad regional, “en realidad es un reproche al Decreto Supremo Nº1086”.

Según explicó, este decreto “le da al intendente amplias atribuciones, quizás demasiado amplias, para prohibir reuniones y disolverlas si tienen lugar pese a que se prohíba”. Por lo tanto, a su juicio, “el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido al intendente Guevara en la acusación constitucional, en realidad es un reproche al D.S. Nº 1086 que regula de una manera inadecuada un derecho fundamental como el derecho de reunión. Por lo tanto, creo que la acusación no puede prosperar, porque no es el intendente Guevara quien ha infringido la constitución, sino el D.S. Nº 1086”, indicó

Tras las dos jornadas, la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda, junto con agradecer la asistencia de ambos abogados, recalcó que “el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente y cómo éste tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la complicación desde el punto de vista constitucional”, discrepando con quienes insisten en “culpar solo al Decreto Supremo”.

“Hay un posición hoy día de algunas personas al interior de la comisión que están enfocándose principalmente en el Decreto Supremo 1.086, y a mi juicio el problema no está ahí, o sea yo creo que tiene un problema de inconstitucionalidad sin duda que tenemos que mejorar, pero el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente, y como ese copamiento tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la síntesis de las complicaciones desde el punto de vista constitucional, entonces si realmente el intendente utilizó esta herramienta si mandató a Carabineros que al final se concluya que esa herramienta que es el copamiento preventivo limita o reduce o elimina un derecho fundamental como es el derecho a reuniones”.

Finalmente, la diputada adelantó que el próximo lunes será una jornada especial, pues recibirán en audiencia secreta a algunas víctimas “que nos van a exponer de las complicaciones que han tenido de su vida cotidiana, en su quehacer a partir de los hechos ocurridos principalmente a partir del 20 de diciembre”, concluyó.




Diputada Sepúlveda: “No queda claro si el copamiento tiene protocolo al interior de Carabineros”

La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, recibió en su primera sesión con invitados, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.

Lo anterior, pues a juicio de la autoridad este hace que en la práctica se requiera autorización para reunirse, cuestión que según dictámenes internacionales no se requerirían, y fue claro en señalar que  “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que  “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.

Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”

Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.

Por su parte, el diputado integrante de la comisión, Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DDHH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DDHH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DDHH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”

“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.

Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.




Teillier: «Es el gobierno quien ha hecho fracasar la democracia en Chile, a propósito de las numerosas violaciones a los Derechos Humanos»

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier, respondió a los dichos del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien sostuvo que el PC entiende poco de cómo funciona la democracia al anunciar una presentación contra Sebastián Piñera en la Corte Penal Internacional.

Al respecto, el parlamentario afirmó que es el gobierno quien ha hecho fracasar la democracia en Chile, a propósito de las numerosas violaciones a los Derechos Humanos registradas en el marco del estallido social.

Asimismo, Teillier remarcó que los comunistas han actuado dentro de la Constitución y las leyes para establecer la responsabilidad política y jurídica de Sebastián Piñera en estos graves hechos.

 

El timonel del PC aclaró que la derecha carece de legitimidad para acusarlos de antidemocráticos, tratándose del sector que produjo el golpe de Estado contra el presidente Allende, en complicidad con el gobierno norteamericano y los grandes medios de comunicación.

 

A juicio de Teillier, para garantizar una democracia plena se requiere de una nueva Constitución que consagre la soberanía popular, a objeto de garantizar la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

 

El congresista adelantó que van a recurrir al fiscal del Tribunal Penal Internacional en la búsqueda de establecer la responsabilidad jurídica de Sebastián Piñera en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo su mandato.

 

El diputado Teillier detalló que aún hay juicios pendientes contra el mandatario, los cuales no podrán ser revisados por el Tribunal Penal Internacional, mientras no los dilucide la justicia chilena.

Sin embargo, añadió el parlamentario, van a tomar la opción de recurrir a la figura del fiscal del Tribunal Penal Internacional.




Diputada Sepúlveda presidirá comisión que analiza Acusación Constitucional contra Intendente Guevara

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, fue elegida por unanimidad como la presidente de la Comisión que analizará la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Al respecto, la parlamentaria, junto con agradecer el apoyo de sus colegas – todos hombres – a la propuesta del diputado Diego Ibáñez, recalcó que “queremos una comisión donde puedan ser todos escuchados los que quieran venir a poder dar su testimonio, su reflexión, su conocimiento en relación al tema”.

Asimismo, informó que “vamos a sesionar todos los días en que estemos en la Cámara de Diputados, pero también en Santiago, desde las 11 a las 13.30 hrs. Y si es necesario, me han dado la facultad, desde las 18 hasta las 22 hrs. Pues aquí lo importante es cómo hacemos un buen trabajo, lo más acucioso posible, y para ello nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”. Además, adelantó que partirán este martes para definir lista de invitados, sin perjuicio de que ya fueron citados el director del INDH, Sergio Micco, y representantes Amnistia Internacional y Human Rights Watch. 

Consultada por las fechas que tiene el Intendente para dar respuesta a la acusación, Sepúlveda indicó que “el día 16 de enero tiene como límite, a las 12 de la noche, la presentación de los descargos por parte del Intendente, sin embargo nosotros esperamos que lo realice antes, pues recordar que es un solo capítulo de acusación, y posteriormente nosotros tenemos 6 días para poder estudiar su respuesta”.

En este sentido, y tras ser consultada por los dichos del propio Guevara refiriéndose a que él solo hacia su trabajo, por tanto quitándole fundamento a la acusación, la diputada recalcó que “para nosotros es importante que a través de lo que él diga, del escrito que vaya a presentar en términos de la defensa, de la exposición que sus abogados quieran realizar lo planteen todo ahí, y nosotros por cierto no tenemos ninguna dificultad en escucharlos, pero tenemos hoy día un mandato, que es un mandato constitucional, que es absolutamente claro, que es además es un proceso de fiscalización lógico de la Cámara de Diputados, donde la Sala nos ha mandatado a hacer el estudio como corresponde en esta acusación, no vamos a emitir ningún juicio sino en la medida que vamos escuchando a las distintas instituciones que van a venir a dar su exposición a la Comisión”.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a los dichos de autoridades del oficialismo, que han criticado la presentación de esta acusación, y señaló que “están en su justo derecho de plantearlo así y defender al Intendente, pero nosotros tenemos hoy día una misión que es muy importante, que tiene que ver además con una cantidad no menor de diputados que son representantes de la transversalidad de la Oposición, que son los firmantes de la Acusación Constitucional, por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa es que sea lo más ecuánime posible, con el estudio que corresponde, esta Acusación Constitucional, más allá de los dichos del gobierno”.

Finalmente, y ante la pregunta de si esta acusación tiene mayor piso que las anteriores, Sepúlveda fue clara en señalar que “es una acusación que tiene, por lo menos desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en la ciudadanía, fundamentalmente lo que ha ocurrido en Santiago, tiene un asidero de realismo de lo que está ocurriendo hoy día en la calle y en base a eso, la mayoría de los bloques de Oposición hicieron esta Acusación Constitucional, pero nosotros esperamos revisarla en su mérito, en derecho y hacerlo con un debido proceso tanto para el Intendente como para los diputados acusadores”, concluyó. 




Hugo Gutiérrez ante presentación de la UDI al TC en su contra para destituirlo: «Piñera es quien ha incitado el odio en Chile, promoviendo una escalada de violaciones a los Derechos Humanos»

El diputado Hugo Gutiérrez criticó que el gobierno guarde silencio frente a las violaciones de Derechos Humanos cometidas a partir del 18 de octubre, pero se escandalice por el dibujo de un niño, donde «él aparece disparando a Sebastián Piñera».

En ese contexto, acusó doble estándar del gobierno al denunciar incitación al odio en un contexto de violencia estatal extrema.

 

El diputado del Partido Comunista aclaró que Sebastián Piñera es quien ha incitado el odio en Chile, promoviendo una escalada de violaciones a los Derechos Humanos.

 

Hugo Gutiérrez sostuvo que los comunistas han sido víctima de permanentes amenazas y persecución política por denunciar la violencia estatal contra quienes cuestionan el modelo neoliberal.

 

El diputado integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dijo esperar que el proceso constituyente conduzca a cambios reales en materia de justicia social, paralelamente a resguardar la representatividad de todos los sectores del país.

 

Finalmente, el diputado Hugo Gutiérrez ratificó que desde el Parlamento seguirán trabajando por asegurar que la futura Convención Constitucional cuente con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y real participación de los independientes.




Juan A. Lagos: «Piñera recurre al discurso autoritario, igual que Pinochet, para justificar la represión de agentes del Estado»

Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del Partido Comunista, acusó a Sebastián Piñera de recurrir al mismo discurso autoritario del dictador Pinochet para justificar la fuerte represión ejercida por agentes del Estado.

En su diagnóstico, el gobierno intenta naturalizar las violaciones a los Derechos Humanos, asumiéndolas como un costo para que el país vuelva a la normalidad, tras el estallido social.

 

El analista sostuvo que los organismos internacionales de Derechos Humanos llegaron tarde a constatar los hechos, pues para entonces las consecuencias ya eran irreversibles.

 

En ese sentido, Juan Andrés Lagos anunció que van a recurrir a la Corte Penal Internacional, a objeto de denunciar cómo Sebastián Piñera ha transgredido el Estado de Derecho de manera constante.

 

Al mismo tiempo, el dirigente comunista criticó la pasividad del poder judicial ante las violaciones a los Derechos Humanos, tanto de manifestantes como del pueblo mapuche.

 

El analista Juan Andrés Lagos manifestó su preocupación frente a los pronunciamientos de Tribunales de Justicia, respecto a la violación permanente y sistemática de Derechos Humanos en Chile.