Ratifican denuncias por nulo avance en investigación por violaciones a los DD.HH. en la excolonia Dignidad

La Coordinadora de agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule, que reúne a la mayor cantidad de víctimas de los crímenes ocurridos en la excolonia Dignidad, emitió un comunicado de prensa en el que apuntan a la responsabilidad del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el nulo avance de la investigación sobre estos hechos.

El documento fue publicado luego de que un reportaje de la emisora germana Deutsche Welle consideró a Larraín como “un obstáculo” para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos al interior de Colonia Dignidad durante la dictadura militar.

Para Mirna Troncoso, vocera  de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Talca, la actitud del gobierno de Chile ha sido nefasta ya que jamás han recibido una respuesta a sus demandas.

 

Mirna Troncoso recordó han sido los familiares de las víctimas quienes han dado una tremenda batalla en búsqueda de la verdad y justicia.

Valoró al mismo tiempo que el senador Alejandro Navarro exija al ministro de justicia su presencia en la comisión de DDHH del senado para que explique su postura frente a la denuncia del medio de comunicación.

 

Al concluir, la dirigenta humanitaria se refirió al plebiscito del mes de abril y el cambio a la constitución.

 

La coordinadora detalló además que “pedimos, hace dos años, al ministro Mario Carroza, quien instruye la última causa vinculada a los crímenes de Colonia Dignidad, para que se buscara ADN en los sedimentos de las fosas donde estuvieron enterrados las personas asesinadas en el recinto de alemanes” y que “requerida por el juez, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, subalterna del ministro de Justicia, respondió que nosotros y nosotras, las víctimas -que no somos especialistas en genética- , debíamos buscar por el mundo alternativas de laboratorios y que no financiarían estos peritajes con fondos públicos chilenos porque Alemania había ofrecido financiarlo completamente”.

 




Unidad Social pide salida inmediata de General Director de Carabineros Mario Rozas

El Bloque Sindical de Unidad Social se reunió para abordar el actual momento del país, en especial la represión y las personas asesinadas, exigiendo la salida inmediata del General Director de Carabineros, Mario Rozas.

En primer término el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, advirtió que los últimos sucesos en que se ha visto involucrado Carabineros revelan un desorden inorgánico, reflejado no solo en los actos de corrupción en su interna, sino además su actuar brutal en contra de la protesta social.

 

Jose Pérez señaló que el General Director de Carabineros, Mario Rozas, debe renunciar, pues día tras día demuestra su incapacidad y su inexperiencia en las calles, al haber limitado su carrear profesional  sólo a labores administrativas  y haber sido en su momento, el escolta de Sebastián Piñera.

 

En tanto, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acusó por parte del gobierno la instauración de una política del empate respecto a los hechos de violencia, siendo además a su juicio, cómplice de las múltiples violaciones a los DD.HH. al no condenar con determinación estos graves sucesos.

 

Bárbara Figueroa abogó por la creación de la figura del Defensor de los Derechos del Pueblo, para que este sea un contrapeso a la impunidad de los agentes del Estado que cometen delitos y acciones lesivas a las prerrogativas ciudadanas.

 

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que las últimas señales dadas por Sebastián Piñera en torno a promover leyes represivas, dan cuenta de que su gobierno replica las mismas herramientas disuasivas del pinochetismo.

 

Carolina Espinoza, vocera de NO + AFP, comentó que como país, hoy  estamos enfrentados a un Ejecutivo que no logra entender que lo que buscan las personas en las calles no es más que justicia social.

 

Desde el bloque sindical de Unidad Social, junto con exigir la salida inmediata del General Director de Carabineros Mario Rozas, anunciaron que seguirán en proceso de movilizaciones, pues esta agenda de represión policial, se suma a una inminente voluntad de  Sebastián Piñera y su sector, de seguir empeñados en sus reformas regresivas, pese a contar con menos de un 10 % de aprobación popular.




Marta Valdés y la dura lucha de las víctimas de trauma ocular y sus familias por justicia

En el penúltimo día de su visita in loco -en terreno- para constatar la situación de los DD.HH. y las causas y consecuencias del estallido social en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió también con familiares de víctimas de la violencia de agentes del Estado.

Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Familiares de Victimas de Trauma Ocular, se refirió a las querellas presentadas para perseguir la responsabilidad penal del presidente de la República, del ministro del interior y del General Director de Carabineros, así como los incumplimientos de parte del Estado en materia de tratamientos reparatorios en el sistema de salud pública.

Marta Valdés acusó lentitud en la tramitación de este proceso en materia de justicia y reparación.

 

La portavoz de la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular detalló que también han recurrido a las Cortes tanto Internacionales como la Interamericana por estos casos.

 

Marta Valdés informó que en la reunión que sostuvieron en la Comisión Interamericana pusieron especial énfasis en los prejuicios de la jueza Andrea Acevedo, contra el hincha de Colo Colo, Jorge Mora, atropellado por Carabineros.

 

La vocera de la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular reiteró la solicitud de que Sebastián Piñera renuncie a la presidencia de la República, y llame a elecciones.

 

Entre quienes se reunieron con la Comisión estuvieron la madre de Moisés Órdenes, el joven que perdió la visión de un ojo y quedó con lesiones de diversa gravedad tras ser agredido por Carabineros, situación que fue captada en vivo por la televisión y que se viralizó en redes sociales; cuyo caso está en la Justicia por el delito de torturas.

 




Jóvenes denuncian ante Corte Suprema más de 2.500 presos por la protesta social en Chile

El presidente de las Juventudes Progresistas, Rodrigo Pinto, denunció que a la fecha hay más de 2 mil 500 presos políticos en Chile, producto de las protestas generadas a partir del estallido social.

El dirigente acusó que estas detenciones se han cursado en circunstancias irregulares que podrían afectar derechos fundamentales, fue así como junto a otras juventudes de “Generación Constituyente” se encadenaron en el frontis de la Corte Suprema para denunciar esta situación.

 

En ese sentido, Rodrigo Pinto emplazó a los poderes del Estado a transparentar si están del lado de la justicia y el respeto a los Derechos Humanos, o la impunidad y los montajes.

 

Asimismo, el presidente de las Juventudes Progresistas sostuvo que el Congreso comete un grave error al aprobar leyes represivas de un Gobierno con cifras de desaprobación históricas, y que sólo pretende judicializar la protesta social.

 

Rodrigo Pinto se mostró partidario de que Sebastián Piñera exija la renuncia al general director de Carabineros, Mario Rozas, como una señal política al país en materia de respeto a los Derechos Humanos.

 

Finalmente, el presidente de las Juventudes Progresistas, dijo que el Parlamento debiera acusar constitucionalmente al ministro del interior, Gonzalo Blumel, considerando que ya lleva un saldo incluso mayor de violaciones a los Derechos Humanos que el ex secretario de la cartera, Andrés Chadwick.

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Declaración Pública

31 de enero de 2020

Las Juventudes Políticas abajo firmantes, coordinadas bajo la plataforma “Generación Constituyente”, queremos manifestar nuestra indignación y repudio ante el asesinato a manos de Carabineros de Jorge Mora Herrera, hincha de Colo-Colo, padre y dirigente sindical. Carlos Martínez, responsable del homicidio, fue dejado en libetad con firma semanal por una Jueza que justificó su decisión sosteniéndose en prejuicios inaceptables, lo cual refleja el carácter desigual de la justicia chilena.

Mientras asesinos y violadores de Derechos Humanos gozan de libertad, se desarrollan sanciones cautelares masivas y desproporcionadas contra manifestantes a consecuencia de las evidentes presiones del gobierno sobre el poder judicial y la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por estos mismos de manera indiscriminada. Dicha situación ha traído por consecuencia la formalización de casi 25 mil personas, de las cuales a cerca de 3000 se les ha aplicado y cumplen prisión preventiva, siendo una parte importante menores de edad y jóvenes sin antecedentes penales.

Lo anterior contrasta con el ínfimo número de efectivos policiales y militares formalizados y privados de libertad por su rol ejecutor de las masivas y sistemáticas violaciones a los DD.HH. durante más de 3 meses. Sin ir más lejos, en el mismo instante que un profesor pagaba 50 días en prisión preventiva acusado de daños a bienes públicos, al Carabinero responsable del criminal atropello contra un manifestante en Plaza de la Dignidad se le aplicó como medida cautelar sólo la firma mensual, esto a pesar de tener graves antecedentes.

Denunciamos y exigimos el reconocimiento de que en Chile existen Presos Políticos a consecuencia de las presiones del gobierno por criminalizar un conflicto de tipo social y político, por el trato discriminatorio y desproporcionado del poder judicial que encarcela masivamente a manifestantes y otorga libertad a quienes ejercen la represión desde el Estado, y por las graves acusaciones de montaje de Carabineros contra manifestantes, lo cual lamentablemente no es nada nuevo.

Finalmente, exigimos la remoción de Mario Rozas como Director General de Carabineros en cuanto responsable de la violación sistemática a los Derechos Humanos en nuestro país, el fin del uso de la “prisión preventiva” como método de castigo contra quienes se manifiestan, el fin de la persecusión e intento de aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra estudiantes secundarios y el juicio y castigo correspondiente contra responsables políticos, asesinos y violadores de los DD.HH.   

Juventudes Comunistas de Chile

Frente Estudiantil del Partido Humanista

Juventud Progresista

Juventud Rebelde Miguel Enriquez

Juventud de la Federación Regionalista Verde Social

Juventud de la Izquierda Cristiana

Frente de Estudiantes Libertarios




La importancia y valoración del histórico congreso de la CUT

Tras la conclusión de su XII Congreso Nacional, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores entregaron las primeras conclusiones de dicha instancia, la que fue calificada con un gran evento y con características y resoluciones históricas.

A este respecto, la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, no descartó una acción penal internacional en contra de Sebastián Piñera por su responsabilidad en la represión y violaciones a los DD.HH. ocurridos en el país a partir del 18 de octubre pasado.

 

La timonel de la CUT señaló que como una señal potente de participación y democracia en el país en tiempos difíciles, han decidido establecer el sistema de voto universal en los próximos comicios de la central.

 

En un sentido similar, el consejero de la multigremial, Marcos Canales, expresó  que en el debate al interior del Congreso de la CUT no estuvieron ajenos los hechos de represión y violencia ocurridos en el país , tras el estallido social.

 

Marcos Canales detalló que la concurrencia de delegaciones extranjeras a este XII Congreso de la Central, responde a una lógica de romper esta idea preconcebida de que Chile es un oasis de tranquilidad, como pretende hacer creer  Sebastián Piñera.

 

En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, manifestó que otro desafío surgido a partir de esta convocatoria hecha por la CUT , resulta la obligación de romper los amarres y la nula participación ciudadana que representa la Constitución elaborada en Dictadura .

 

Manuel Ahumada sostuvo que este XII Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores también coincidió en la necesidad de terminar con el eje en que se sustenta nuestra sociedad y toda actividad económica como es el control del capital , relevando además la importancia del trabajo en nuestra sociedad.

 

Del mismo modo, el Secretario General de la CUT, Nolberto Díaz, destacó también como otro acuerdo determinante en este Congreso , la importancia de cambiar el plan de trabajo y desarrollo Impuesto por Pinochet, el cual ha sido a su juicio lesivo para las y los trabajadores, proceso que pasa por cambiar la actual Carta Magna.

 

Nolberto Díaz anunció además una campaña internacional en conjunto con otras centrales de distintos países, la cual busca denunciar y poner fin a la agresión y violencia en contra de las personas que sólo hacen uso de su legítimo derecho a manifestarse.

 

Consignar que otra conclusión  del  XII Congreso Nacional de la CUT,  es la decisión  de conformar  el comando 26 de abril, cuya labor es promover   la aprobación de una nueva constitución a partir del plebiscito de abril próximo. Además anunciaron una agenda de movilizaciones  para el primer trimestre de este año, incluyendo una convocatoria a una huelga general si es que el Gobierno sigue sin escuchar las demandas ciudadanas.




Los principales acuerdos de la CUT tras su 12° Congreso Nacional

Tras la conclusión de su XII Congreso Nacional, la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores entregó  las primeras conclusiones de dicha instancia: Elecciones universales, participación en plebiscito por nueva Constitución y creación del Comando 26 de abril, huelga general a finales de marzo ratificando las principales demandas establecidas junto a Unidad social-

A este respecto, la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, no descartó una acción penal internacional en contra de Sebastián Piñera por su responsabilidad en la represión y graves violaciones a los DD.HH. ocurridos en el país a partir del 18 de octubre pasado.

 

La timonel de la CUT señaló que como una señal potente de participación y democracia en el país en tiempos difíciles, han decidido establecer el sistema de voto universal en los próximos comicios de la central.

 

Del mismo modo, Bárbara Figueroa anunció que la multigremial se sumará a todas las manifestaciones y acciones sociales que tengan lugar este año, comenzando con las vinculadas al ámbito feminista  a partir de marzo, al considerar que la unidad es el único camino para lograr transformaciones reales en  Chile.

 

Así mismo, la líder de la CUT señaló que otra conclusión  de su  XII Congreso Nacional es la decisión  de conformar  el comando 26 de abril, cuya labor es promover   la aprobación de una nueva constitución a partir del plebiscito de abril próximo.

 

Desde la Central Unitaria de trabajadores finalmente, junto con anunciar una agenda de movilizaciones  para el primer trimestre de este año, no descartaron  la convocatoria a una huelga general si es que el Gobierno sigue sin escuchar las demandas ciudadanas.

Eric Campos

El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago y vicepresidente de Comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, dio a conocer las principales conclusiones del décimo segundo Congreso Nacional de la CUT, llevado a cabo entre el 24 y 26 de enero.

Erick Campos, en entrevista con el programa “De domingo a domingo” detalló que en la instancia aprobaron la reforma estatutaria para elegir dirigentes mediante el voto universal, junto con sumarse a la convocatoria tanto del comando del 26 de abril por Nueva Constitución, como al paro nacional del 14 de noviembre.

 

Por otro lado, el vicepresidente de Comunicación de la CUT comentó que la automatización sigue siendo uno de los grandes problemáticas que enfrenta el mundo del trabajo en materia de precarización y abuso.

 

Al mismo tiempo, Eric Campos informó que la elección universal de agosto será de carácter general, y respecto al comando del 26 de abril, este último buscara organizar a los trabajadores en torno al proceso de debate constitucional.

 

En ese sentido, el dirigente de la multisindical repudió que la ley impida a dirigentes sindicales ser candidatos a diputados, o a asambleístas en el marco de una Nueva Constitución.

 

Finalmente, Eric Campos consignó que la CUT mantiene una afiliación de 740 mil trabajadores del sector público y privado. Asimismo, el Congreso contó con la acreditación de 150 mil personas.

[Descargue PDF Congreso Informe Final]




La trascendente visita a Chile al Foro Internacional por los DD.HH. del exjuez Baltasar Garzón

El  marco del  Foro Latinoamérica  de D.D.H.H que se está llevando a cabo en nuestra capital, el exjuez español  Baltasar Garzón se refirió a lo ocurrido en Chile a partir del estallido social del 18 de octubre pasado, considerando que  las protestas han dejado al menos 27 muertos y un total de 3.649 heridos, según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El exmagistrado fue figura central del FOLADH y se reunió además con organizaciones de familiares de víctimas de la represión política tanto en dictadura como durante el estallido social, también concurrió  a plaza de la dignidad el viernes 24, cuando se cumplían 100 días de protestas y fue testigo presencial de la represión policial en el lugar.

Para el abogado y jurista ibérico es lamentable  que pese a los graves sucesos que afectaron a los manifestantes, la justicia y las autoridades políticas no hayan tenido una actitud más decisiva  para sancionar estos hechos.

 

Baltasar Garzón  consideró preocupante  que  luego de 100 días de represión y violencia policial, ningún uniformado haya tenido una condena efectiva tras la imputación de estos sucesos.

 

Respecto a la posibilidad de reunirse con personeros de gobierno, el jurista español Baltasar Garzón, señalo que si bien no ha existido ningún contacto, descartó de plano cualquier contacto con quien no responde a la defensa de las víctimas de la represión, enfatizó.

 

Finalmente Baltasar Garzón -juez español que logró el procesamiento y detención en Londres del Dictador Pinochet, abogó porque los hechos sean investigados, “pero con la condición” de que si no se da una respuesta desde el propio país “sí puede haber una exigencia internacional ante crímenes que claramente trascienden lo que es el ámbito territorial” de una nación.




Abogad@s y organizaciones de DD.HH. junto a dirigentes sociales entregan carta al TC en respaldo a diputado Gutiérrez

Abogad@s junto a organizaciones de derechos humanos y dirigentes sociales solidarizaron con el diputado Hugo Gutiérrez mediante una carta de rechazo al Tribunal Constitucional, luego de que el organismo admitiera a tramitación el requerimiento de Chile Vamos, solicitando el cese del cargo del legislador comunista.

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, denunció que este requerimiento obedece a una persecución política sin fundamentos de parte de un tribunal deslegitimado.

 

Julia Urquieta consideró inaceptable que un supra poder como el Tribunal Constitucional tenga la posibilidad de destituir a un parlamentario, pasando a llevar el veredicto popular de quienes lo eligieron.

 

 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, acusó una política de acosamiento contra el diputado Gutiérrez, debido a la lucha que el abogado ha mantenido por décadas en defensa de los Derechos Humanos.

 

Alicia Lira destacó que Hugo Gutiérrez ha marcado un precedente al no reconocer legitimidad alguna al Tribunal Constitucional, optando por defenderse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Finalmente, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, afirmó que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un cuarto poder del Estado, lo cual atenta contra la democracia y los avances sociales en materia legislativa.

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Muchísimas gracias por tanto apoyo!!! Esta lucha y persecución es a tod@s quienes luchamos contra este sistema corrupto y explotador ! #tribunalconstitucional

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La carta

 

Señora

María Luisa Brahm Barril

Presidenta

Tribunal Constitucional

Presente

 

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, abogados de derechos humanos, diputados, profesionales, artistas y dirigentes en general, expresamos lo siguiente:

1.- Nuestro rechazo al requerimiento presentado ante este Tribunal Constitucional por Diputados/as de derecha, en contra del Honorable Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez y que este Tribunal, sorprendentemente ha admitido a trámite.

2.- Que producto de años de lucha del pueblo chileno, hemos conquistado el derecho y reconocimiento de la libertad de expresión y el derecho a la protesta social. Junto a estos derechos fundamentales, consideramos que el principio rector de cualquier democracia, es la voluntad popular expresada en las elecciones libres e informadas. Sin embargo, aún no tenemos una democracia real y verdadera manteniéndose los enclaves dictatoriales en la institucionalidad vigente y todas las esferas de la sociedad chilena. ante lo cual la ciudadanía se ha manifestado por una nueva Constitución.

3.- Que nos parece inexplicable, que el pleno del Tribunal Constitucional admita a  trámite un requerimiento en contra del Diputado Hugo Gutiérrez, cuando ya con anterioridad en la causa Rol 7724-2019, había declarado inadmisible este requerimiento fundado en los mismos hechos, presentado por parte de los Diputados Jorge Alessandri y Celso Morales que se repiten en la actual presentación.

4.- Que el Tribunal Constitucional en los considerandos 21º, 23º y 27º de la resolución que declaró inadmisible el requerimiento anterior Rol 7724-2019, ya se pronunció respecto a los mismos argumentos y supuestos alegados que hoy resultan resueltos en forma contraria.

5.- Que el cambio en apenas dos meses del razonamiento del mismo Tribunal Constitucional no hace menos que prever la existencia de presiones y decisiones tomadas con criterios políticos y no jurídicos constitucionales, de una instancia cuyos fallos han sido permanentemente rechazados por la ciudadanía por su falta de imparcialidad.

6.- Ante lo anterior, manifestamos nuestro profundo rechazo al actuar discriminatorio y político del Tribunal Constitucional y su rol de garante de la antidemocrática Constitución de 1980, transgrediendo la voluntad popular expresada democráticamente por los ciudadanos que han elegido reiteradamente en elecciones populares al Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez a quien le expresamos toda nuestra solidaridad y lo acompañaremos en todas las instancias que sean necesarias.

Santiago, 24 de enero 2020




Es muy importante que se establezcan las responsabilidades políticas en la vulneración sistemática de los Derechos Humanos señala Juan A. Lagos

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, valoró que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional presentada por la oposición contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

El analista y dirigente PC afirmó que tanto Guevara como Piñera y sus ministros tienen responsabilidades políticas en las violaciones de Derechos Humanos en Chile, las cuales se han producido por la vulneración sistemática del derecho constitucional a reunión pacífica.

 

Juan Andrés Lagos aclaró que quienes se abstuvieron de votar la acusación contra Guevara son los mismos sectores de derecha y centro-izquierda que han aprobado la agenda criminalizadora del gobierno.

 

El dirigente comunista confirmó el fracaso del sistema presidencialista, pues ha permitido a Sebastián Piñera pasar por encima de la soberanía del país, resguardándose en el Parlamento para imponer sus leyes.

 

A juicio del analista, lo que está haciendo Piñera es arrastrar al Parlamento hacia una crisis sin retorno, al enviar proyectos de ley sin ningún diálogo previo con el movimiento social.

 

Juan Andrés Lagos concluyó que la crisis social está fuertemente marcada por el fracaso del régimen presidencialista y de la institucionalidad pinochetista en su conjunto.

 




Cámara de Diputados aprueba Acusación Constitucional contra Intendente Guevara y este queda suspendido a espera de decisión final del Senado

Por 74 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención, se aprobó en la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional contra el Intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social vivida por el país. Asimismo, por 74 votos a favor, los parlamentarios y parlamentarias definieron a los tres diputados que sostendrán la acusación ante el Senado, definiendo para ello a la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien estuvo también a cargo este jueves de sostener el libelo en la Cámara; y a los diputados Diego Ibáñez (CS) y Jaime Naranjo (PS).

Sobre esta nueva designación, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda señaló que se hará presente en el Senado el próximo 3 de febrero, y para ello estudiará en términos mucho más acuciosos la defensa que hicieron los dos abogados del Intendente, y como contrarrestar dichos argumentos.

 

Consultada por las palabras de la autoridad y en particular del ministro del Interior, que calificaron de “injusta” la acusación constitucional, la parlamentaria regionalista recalcó hubiese esperado del Ejecutivo una actitud quizás más humilde frente a lo que ha ocurrido con miles de familias que han debido enfrentar la violación de sus derechos humanos.

 

Alejandra Sepúlveda adelantó que su argumentación a favor de acusar al Intendente  Guevara se enfocará en una mayor   lectura de los tratados internacionales, sobre todo en el tema del copamiento y cómo esos tratados plantean que esta práctica represiva, no es una herramienta que se pueda utilizar.

 

En tanto, el diputado Diego Ibáñez –otro de los legisladores que sostendrá eta acusación en el Senado, expresó que esta situación refleja una ausencia de conducción  de Sebastián Piñera, así como el conflicto  permanente de su gobierno con normas dictadas por la propia Comisión Interamericana de D.D.H.H.

 

Señalar que el proceso ahora pasa al Senado, y, en tanto, el Intendente quedará suspendido en sus funciones desde este momento, acto que cesará solo si la Cámara alta desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los treinta días siguientes.