Se cumplieron 34 años del caso quemados: Actores políticos y organizaciones de derechos humanos llaman a no olvidar

Este 2 y 3 de julio se cumplieron 34 años  del asesinato en Dictadura de Rodrigo Rojas De Negri y el intento de homicidio de Carmen Gloria Quintana, en la causa conocida como caso quemados, donde una patrulla militar roció con gasolina a ambos jóvenes y posteriormente los abandonó.

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, afirmó que este hecho tiene que estar muy presente en la memoria colectiva para que nunca más se vuelva a repetir.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, calificó el caso quemados como un claro ejemplo de la crueldad con que actuó la Dictadura, asesinando y haciendo desaparecer al pueblo chileno.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó el horror de recordar ese día lleno de lucha, pero conociendo una vez más la barbarie de la Dictadura en contextos de revuelta social.

 

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, afirmó que el caso quemados debe servir de lección para avanzar hacia un mejor futuro, con respeto irrestricto a los Derechos Humanos y a la Democracia.

 

El diputado del PC, Boris Barrera, hizo un llamado a no perder la memoria histórica, ni abandonar la lucha contra el negacionismo, a 34 años de uno de los crímenes más horrendos de la Dictadura.

 

El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, indicó que tanto el asesinato el crimen de Rojas de Negri como las secuelas físicas y psicológicas de Quintana, son la evidencia más brutal de lo que está dispuesta a hacer la derecha con tal de defender sus intereses.

 

Rodrigo Rojas falleció cuatro días después, mientras que Quintana, que actualmente es profesora universitaria, sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del cuerpo. La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según datos oficiales consignados en el llamado informe Rettig.




Pisagüa, a 30 años, ¡nada ni nadie está olvidado!

Este 2 de junio se cumplen  30 años desde el hallazgo de una fosa común  en la localidad nortina de Pisagua, la cual contenía 19 cuerpos de víctimas de la de la Dictadura, hecho que pudo ser descubierto gracias a la investigación judicial por inhumación ilegal solicitada  por la Vicaría de la Solidaridad, el 31 de mayo de 1990, en el Juzgado de Pozo Almonte. Situación de gran impacto nacional y mundial.

Al respecto la presidenta de la Corporación de Exprisioneros de Pisagua, Juana Torres, señaló que los restos encontrados de prisioneros políticos masacrados por la represión, son hoy una verdad histórica que aun clama por la justicia.

 

La activista por los DD.HH. enfatizó que pese al transcurso del tiempo, muchas víctimas sobrevinientes de lo ocurrido en Pisagua, aun mantienen el dolor físico y moral por lo que allí sufrieron.

 

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira saludo el coraje, el valor y la entrega de estos mártires de la Dictadura a 30 años de que sus restos fueran encontrados en medio de la sal del desierto.

 

Alicia Lira expresó que el recuerdo de las víctimas de Pisagua sigue plenamente vigente en la memoria y el corazón de las demandas que el pueblo de Chile hoy clama en las calles.

 

Consignar que entre el 26 de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron 26 los prisioneros del campamento de Pisagua asesinados, luego de Consejos de Guerra militares sin ningún tipo de resguardo al debido proceso.

Tras la denuncia por Inhumación ilegal presentada ante los tribunales nortinos, las diligencias a cargo del  juez  Hernán Sánchez Marré permitieron encontrar el 2 de junio de 1990, una fosa común en el sector norponiente del cementerio de Pisagua, cuyos cuerpos presentaban un alto nivel de conservación gracias al salitre, lo que facilitó su posterior identificación.

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Ver video conmemorativo y homenaje en Iquique

Posted by Fosa Clandestina de Pisagua, 30 años on Tuesday, June 2, 2020




Afep junto a otras organizaciones y personalidades lanzan campaña por la salida de Rozas desde dirección de Carabineros

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, exigió la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas, debido a la fuerte represión policial contra los vecinos de la comuna de El Bosque y otras, cuando protestaban este semana por la falta de alimentos en medio de la cuarentena.

La dirigenta aclaró que esta solicitud contempla el mal precedente del accionar criminal de Carabineros durante los 5 meses de revuelta popular, tratándose de la represión más violenta registrada en Chile post Dictadura.

 

Del mismo modo, Alicia Lira criticó que el gobierno pretenda resolver el problema del hambre por la vía de una serie de políticas asistencialistas y de corto alcance, lejos de garantizar la subsistencia de las familias.

 

La presidenta de la AFEP consideró grave que la ciudadanía tenga que salir a reclamar derechos tan esenciales como la alimentación, siendo nuevamente víctima de una fuerte represión por parte de agentes del Estado.

 

Alicia Lira concluyó que para ir en ayuda de las familias golpeadas por esta crisis, el gobierno debiera recurrir al fisco y al gran empresariado, pues este último se ha caracterizado por reiterados casos de colusión y saqueo de riquezas naturales.




Lautaro Carmona y los derechos humanos: «No hay espacio para relativizar. Micco debiese dar un paso al costado»

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, debiese renunciar voluntariamente por decir que “no hay derechos humanos sin deberes”, afirmando que esa comprensión agregaría contenido valórico a los Derechos Humanos.

El dirigente aclaró que las autoridades no pueden relativizar el atropello a los derechos fundamentales de las personas, pues se presta por ejemplo para justificar crímenes de lesa humanidad. Lo ejemplificó en los 44 años en que el PC conmemora estos días los horrendos crímenes de calle Conferencia.

 

El secretario general del PC explicó que los dichos de Micco reflejan un vacío de conocimiento, respecto a la comprensión cabal de los Derechos Humanos, independiente de su condición de abogado.

 

Asimismo, Carmona criticó que el director del INDH ejemplificara diciendo que el derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo con su deber, que va más allá de lo exigible”.

Al respecto, el dirigente aclaró que son las comunidades de salud pública quienes han frenado la propagación del coronavirus, pese a no tener por qué ver expuestas sus vidas.

 

El secretario general del PC aclaró que no hay espacio para relativizar los Derechos Humanos, sino por el contrario, se debe honrar la memoria de quienes han luchado históricamente por su defensa, a propósito de los 44 años del caso Calle Conferencia.

 

Finalmente, Carmona destacó la lucha de los mártires de calle Conferencia, por su heroísmo a prueba de todo, hasta entregar sus vidas en la tortura y ejecución monstruosa de la máquina de la muerte en calle Simón Bolivar desde donde también fueron lanzados al mar.




[DD.HH.] Izquierda Cristiana y fallo de la Corte de Apelaciones: El Poder Judicial hoy sigue aliado y cómplice de la Dictadura

[Declaración]  El jueves 9 de abril de 2020 quedará en la historia del poder judicial como una muestra más de su ya larga e ignominiosa defensa de violadores de derechos humanos y del dictador Augusto José Ramón Pinochet. Un nuevo fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago[1] que redujo y liberó de algunas condenas a ex agentes de la DINA sentenciados en 2017 por los delitos de lesa humanidad (secuestro calificado y homicidio calificado), que cometieron entre 1974 y 1977, al amparo de la envestidura que les daba su pertenencia al Ejército del Estado de Chile.

¿Sabrán estos ministros qué es el control de convencionalidad[2]? ¿Conocerán el derecho internacional de los derechos humanos?

Efectivamente, como señala la sentencia -que se critica- en su considerando octavo parte final:

“No se trata, en el caso sub lite, de un grupo de militares que procedieron por sí y ante sí deteniendo arbitrariamente a una persona y matándola una vez privada de libertad, se trata de un proceso de política de Estado fijada por el nuevo orden de cosas imperante a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, en que las Fuerzas Armadas y de Orden derrocaron el gobierno constituido y comenzaron una persecución de los militantes y simpatizantes del gobierno anterior, de suerte tal que los agentes que dieron muerte a las víctimas de este proceso no buscaron ellos personalmente la situación de superioridad armada que les daba su condición de militares sino que ello iba de suyo en un régimen controlado precisamente por las Fuerzas Armadas y de Orden desde más de dos años antes de sucedidos los hechos. Razonar en contrario equivale a concluir que todo homicidio cometido por los funcionarios de la Administración a partir del 11 de septiembre de 1973, por el sólo hecho de ser miembros de los organismos armados del Estado, es alevoso, idea que lleva al reprochable derecho penal de autor, vale decir, se juzgaría a los autores por su condición de militares en un régimen político autoritario y no por sus actos; no parece ser entonces una doctrina que se adecue a las exigencias del Derecho Penal liberal el ver siempre un obrar sobre seguro en delitos de esta índole.”

Justamente por ese argumento, es que estamos frente a delitos de lesa humanidad, delitos que no son comunes, sino violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, que claramente viola las normas del derecho internacional de  los derechos humanos y que debe ser sancionado con el máximo rigor y no es un argumento exculpatorio de quienes proceden criminalmente, muy por el contrario es un fundamento para aplicar el mayor rigor de la ley.

La sentencia, es un culto a la ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, no resulta tan extraño el fallo de la octava sala, quienes, pese a su argumentación, fallan en contra de normas del Derecho Internacional, que lo que busca es generar mínimas garantías de la no repetición de  crímenes como: la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, las torturas.  Delitos inamnistiables e imprescriptibles y cuyo principio básico, que guía en general la aplicación de las penas, es que éstas sean proporcionales a la gravedad de los hechos.

Los Tribunales de Justicia chilenos y sus órganos auxiliares, con honrosas excepciones, ratifican una conducta que ya tiene siglos, la defensa de las oligarquías, de los privilegios de éstas y el olvido de la justicia, son muestras de la indignidad con que los jueces, en la historia de nuestro Chile, han abordado el resguardo de los derechos fundamentales de los más pobres y marginados.

Iniciado el régimen del terror y en el momento que se vivían  las más brutales violaciones a los derechos humanos, se presenta, el 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar ante el pleno de la Corte Suprema. Los supremos, con una cobardía moral y jurídica que los caracterizará, no son capaces de elevar su voz en defensa de quienes en ese mismo momento eran objeto de la muerte, la detención arbitraria y la tortura. Con genuflexos gestos prestan su reconocimiento a los criminales.

En 1974, fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien le pone la banda presidencial al dictador.

Pero suma y sigue, el poder judicial, se hace cómplice de la dictadura y de la violación de los derechos humanos:

  • Legitima la Junta en 1973, ofreciéndole un manto de juridicidad a los actos inconstitucionales y criminales de la dictadura.
  • Aplica irrestrictamente Ley de (auto)Amnistía, que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978.
  • En su acto de mayor abandono de sus deberes jurisdiccionales, niega la aplicación del recurso de amparo, el Habeas Corpus, que es la solicitud que se hace a la Corte, de protección de una persona ante el riesgo de su vida, su integridad física y o su libertad.  Entre 1973 y 1983 rechaza más de 5000 recursos de amparo, renunciando a su rol de cautelar, la vida, la libertad y la seguridad individual.
  • La Corte Suprema llegó a un acuerdo con el dictador, en que la información de los recursos de amparo serían centralizados a través del Ministerio del Interior, el que informaba carecer de antecedentes y con la sola información, de quien era acusado de la violación del derecho, resolvía en contra del recurso de amparo.

Así, la Corte Suprema se convierte en aliada de la dictadura y cómplice de sus crímenes; amparando no a las víctimas, sino que a los victimarios. La DINA,  hasta 1978, y luego la CNI.

Es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación quien en su informe de 1991 pág 97,  refiriéndose a la acción del poder judicial en dictadura señala con claridad y precisión que:

“Produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.

En septiembre de 2013, el presidente de La Corte Suprema, de ese momento, Rubén Ballesteros, hace un reconocimiento de lo que llama las graves acciones y omisiones en que incurre este poder del Estado durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, señalando que constituyó una dejación de sus funciones jurisdiccionales.

Tardío y poco sincero reconocimiento si, a poco andar, el poder judicial vuelve a traicionar con sus fallos, la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Es un desafío de los nuevos tiempos el que los procesos formativos de nuestros futuros juristas tengan como principal acento la educación en el respeto de los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia, en la igualdad, dignidad de todos/as, en la solidaridad y no en un formalismo jurídico inhumanos, defensor de un desorden establecido, de la desigualdad y alejado de los dolores y de las esperanzas de las personas.

Pero por sobre todo, seguimos teniendo esperanza en que sabremos construir “el buen vivir”.

Ven seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA,  HÉCTOR SOTO,  VALENTINA CASTRO.

[1] La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministro Mireya López Miranda y por el abogado integrante  Cristián Lepín Molina, redujo y revocó condenas a los violadores de DD.HH. que habían pasado solo tres años en prisión (Rol Nº 1734-2017).

[2] «…la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia».




Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos exigen renuncia de ministro Larraín y subsecretaria de DD.HH.

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados Políticos a nivel nacional rechazaron en forma categórica, los nuevos intentos del Gobierno por dejar libres a criminales de lesa humanidad, apelando de manera oportunista al contexto de Coronavirus.

En ese sentido, denunciaron la concomitancia de sectores negacionistas enquistados en el poder, y que se suman al fallo de la Corte de Apelaciones, quienes el pasado viernes dejaron en libertad a los asesinos de 17 víctimas de la Dictadura.

En primer término, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la indecencia de la derecha al buscar un rédito político en medio de una crisis tan dramática para el país.

 

Lorena Pizarro añadió que la actitud de Sebastián Piñera responde a su compromiso con la mal llamada familia militar a cambio de votos durante su campaña presidencial.

 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró que pese a esta nueva arremetida, el Tribunal Constitucional haya rechazado el requerimiento de la derecha para liberar a los criminales de la Dictadura.

 

Alicia Lira afirmó que el debate jurídico realizado al interior del TC vino a constatar la improcedencia de estos indultos, considerando que están en una situación privilegiada en comparación a los presos comunes.

Ante este afán de impunidad, ambas agrupaciones exigieron la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien sindican como cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de su fundador, Paul Schaefer.

DESCARGUE DECLARACION CONJUNTA  AFDD AFEP




[Entrevista] Destacada abogada de derechos humanos Julia Urquieta sobre fallo del TC y los argumentos de su alegato

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta celebró el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento presentado por Chile Vamos, que buscaba declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo impulsado por el Gobierno, debido a que no contemplaba beneficios para condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

Urquieta sostuvo que este fallo responde a la contundencia de los argumentos jurídicos que presentó en representación del Partido Comunista, y junto a otros 20 expositores en la audiencia desarrollada para abordar dicho requerimiento.

La dirigenta agregó que dichos argumentos se fundan sobre la base del principio de proporcionalidad, el cual establece que no es lo mismo un delito común que un crimen contra la humanidad.

 

Julia Urquieta precisó que el proyecto presentado por el ejecutivo consistía en otorgar indulto conmutativo a adultos mayores que no estén involucrados en delitos graves u atentados contra la vida, además de embarazadas y madres de lactantes.

 

Según explicó la jurista, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue ratificar el proyecto de ley inicial, el cual excluía del arresto domiciliario a delitos graves y crímenes de lesa humanidad.

 

Julia Urquieta advirtió que la eventual aprobación del proyecto de indulto conmutativo vendría a consolidar el proceso de impunidad que se está cursando en el último tiempo.

 

La abogada Julia Urquieta consideró aberrante que Sebastián Piñera respalde un proyecto de ley que pretende beneficiar a quienes cometieron los delitos más atroces contra la humanidad, y sin que hayan mostrado un mínimo de arrepentimiento.

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[Audio / Entrevista]

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el pasado lunes el requerimiento presentado por «Chile Vamos», que buscaba declarar inconstitucional el proyecto impulsado por La Moneda de indulto conmutativo, ya que este no contempla beneficios para condenados por violaciones de los Derechos Humanos y delitos por crímenes de lesa humanidad.

Por el Partido Comunista de Chile, que cuenta con centenares de víctimas por causa de la represión y política de  exterminio de la dictadura cívico militar que encabezó Pinochet, alegó la destacada jurista y activista de los DD.HH. abogada Julia Urquieta. Conozca los importantes argumentos jurídicos de su intervención ante el TC.

 




Marcos Barraza: «Gobierno se aprovecha de la crisis sanitaria para imponer una agenda altamente reaccionaria»

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sentenció que el gobierno ha actuado con sentido de oportunismo extremo al insistir en conceder indulto a criminales de lesa humanidad, pese a tratarse de quienes cometieron las peores violaciones a los Derechos Humanos en Dictadura.

El dirigente del Partido Comunista aclaró que estos reos no están expuestos al contagio del Coronavirus, ya que tienen condiciones carcelarias privilegiadas, a diferencia del resto de la población penal.

En ese sentido, Barraza acusó al gobierno de aprovecharse una vez más de la crisis sanitaria para imponer una agenda altamente reaccionaria.

 

El dirigente comunista ratificó que su partido seguirá rechazando la posibilidad de indulto para criminales de la Dictadura por tratarse de una acción improcedente en comparación a otras realidades donde los presos se encuentran en condiciones infrahumanas.

 

Al mismo tiempo, Marcos Barraza repudió la postura de Ricardo Lagos Escobar, luego que éste saliera a respaldar el indulto propuesto por Sebastián Piñera. En su lectura, lo que está haciendo el ex mandatario es intentar reeditar un pacto transicional en materia de impunidad para violadores a los Derechos Humanos.

 

El ex ministro de Estado afirmó que la arremetida del Gobierno se enmarca en una estrategia de la derecha para imponer su agenda política, lejos de enfocarse en las medidas más urgentes para combatir los efectos del Coronavirus.

 

Marcos Barraza repudió que el gobierno intente aplicar su agenda neoliberal a partir de medidas extremas en el contexto de la pandemia, aprovechándose de que la ciudadanía no puede estar en las calles movilizada.




Declaración de la Coordinadora de Víctimas Trauma Ocular

Como coordinadora de víctimas de trauma ocular declaramos nuestro profundo repudio a las declaraciones y resolución de Carabineros de Chile entorno a la investigación de los  autores responsables de las heridas y daño permanente de nuestro compañero Gustavo Gatica, el cual producto de la violencia y falta absoluta de protocolos por parte de carabineros, sumado a su indiscriminados ataques a manifestantes de manera permanente en donde disparaban directamente al rostro de muchos ellos, dañaron de manera irreparable ocularmente a nuestro compañero Gustavo al igual que a Fabiola Campillay, como a tantos otros de nuestros compañeros y compañeras 456 compatriotas a nivel nacional dejando daños físicos y emocionales, en donde la impunidad deja en manifiesto un absoluto manto a las responsabilidades  de esta institución que no asume como tal, siendo sus efectivos desplegados en manifestaciones con órdenes concretas de persuadir con plena libertad de acción,  lo cual deja al descubierto su ensañamiento, falta de protocolo y el carácter de la violación constante de derechos humanos en cada una de sus acciones.

Queremos en estos momentos exigir claridad de los hechos que ocurrieron durante el ataque a nuestro compañero, que la institución se haga cargo de las responsabilidades que esta tiene en cada una de estas acciones violentas contra manifestantes, teniendo en varios casos registros audiovisuales de muchas de ellas en donde se percutan disparos en el rostro de manifestantes, apremios violentos contra personas, actos de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La negación de responsabilidad genera en la población y en cada una de las victimas un profundo dolor, pero más aún la constante impunidad en la cual a través del anonimato y al amparo de instituciones como la de carabineros de Chile quedan cada uno de los autores de hechos tan violentos como los que hoy en investigación han resuelto de manera especulativa culpar a terceros, como a manifestantes dejando así una enorme incertidumbre de efectivamente encontrar verdad y justicia para las víctimas y familias.

Hoy  enfrentamos la cara más cruda de una justicia que no llega y la terrible impunidad de  autores de mutilación y violación a los derechos humanos, sino también el abandono absoluto de sus víctimas por parte del estado, en donde la atención en instituciones de salud ha sido suspendida, muchas de las victimas hoy se encuentran con procesos de rehabilitación física en espera, a nivel psicológico y apoyo contando con la solidaridad colectiva de espacios de coordinación conjunta como lo es nuestra coordinadora, en donde a través de la solidaridad y apoyo de algunos profesionales que se ponen voluntariamente al servicio de ellos para colaborar hemos podido avanzar en la recuperación parcial pero no total de su cotidianidad, tratando con un profundo esfuerzo de ponerse de pie después de la modificación de sus vidas la cual queda marcada para siempre en un profundo dolor.

Queremos decir que continuamos a paso firme y creemos profundamente en continuar luchando por verdad y justicia para cada uno de nuestro compañeros y compañeras, creemos que en un estado que se dice democrático la verdad y la justicia, la dignidad son ecos importantes en la construcción de un país que debe avanzar en la dignificación de su pueblo, en donde de garantías para el pleno desarrollo de los sujetos en igualdad de condiciones.

Sentimos profundamente que cada muestra por parte del gobierno a través de Piñera, Blumel, Guevara y Mario Rozas sea la negación de hechos y seguir precarizando la vida del pueblo de Chile, como coordinadora reforzamos nuestro compromiso por seguir luchando por cada uno de nuestros compañeros y compañeras en el camino de la verdad, justicia y reparación.

Coordinadora de víctimas trauma ocular.

09 Abril 2020.




Alerta en organizaciones de DD.HH. y artistas por iniciativa del gobierno de indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad

Agrupaciones de DD.HH. y de víctimas de la Dictadura junto con representantes del mundo de la cultura, se refirieron  a los intentos del Gobierno y parlamentarios de derecha de dar indulto a los presos de Punta Peuco en el marco de la crisis sanitaria, bajo el supuesto  de conmutar las pena de cárcel por arresto domiciliario total a los internos mayores de 75 años por ser población de riesgo.

Al respecto la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que esta iniciativa del oficialismo junto con promover la impunidad, corresponde al cumplimiento de un compromiso de campaña de Sebastián Piñera.

 

Lorena Pizarro denunció que la Derecha, y particularmente la UDI sólo intentan con esta propuesta que beneficia a los genocidas de Estado, relativizar  la importancia de la justicia y los D.D.H.H.

 

Por su parte el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. Carlos Margota advirtió que Sebastián Piñera y su sector, olvidan que existen normas internacionales estrictas que obligan a los Estados que han sido objeto de una Dictadura, a cumplir acciones de justicia y reparación, principios que son contrarios a este proyecto de indulto.

 

El abogado Carlos Margota recordó que el estatuto de Roma suscrito por nuestro país, sólo permite reducir la pena a violadores de DD.HH. cuando estos colaboran con la justicia y manifiestan un arrepentimiento efectivo  por sus abominables acciones, presupuesto que no cumplen los condenados en Punta Peuco.

 

En tanto el líder histórico de Inti Illimani Jorge Coulón , calificó este proyecto de ley de la Derecha como una “barbaridad” pues pretende exigir un gesto de compasión y humanidad , para quienes no la tuvieron con sus victimas.

 

Del mismo modo, Roberto Márquez fustigó la mezquindad de algunos sectores del oficialismo  quienes se aprovechan del drama humano y social que representa esta pandemia , para intentar, una vez más , obtener la libertad de los criminales cómplices de la Dictadura.

 

Max Vivar por su parte, vocalista de la banda Villa Cariño, insistió en que la lucha por defender y resguardar los DD.HH. es un acto de memoria, pero también de reflejo permanente, recordando a quienes han sido asesinados o han sufrido traumas oculares a manos de este gobierno.

Tanto los artistas como los personeros de DD.HH. insistieron en que no se oponen e incluso apoyan que esta medida de indulto y beneficios carcelarios se aplique a presos de la tercera edad, con condenas menores y especialmente a los presos políticos, sin embargo esto no puede aplicarse a quienes han cometido los delitos más alevosos en contra de la humanidad y que gozan, como es el caso de los internos de Punta Peuco, de beneficios  que no tienen la gran mayoría de la población penal.