Dictada orden de arresto contra excomandante en jefe del Ejército Juan E. Cheyre por torturas y delitos de lesa humanidad

Dictan orden de arresto contra el excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por nuevos antecedente de casos de torturas y delitos de lesa humanidad cometidos en 1973 en el Regimiento Arica ubicado en la ciudad de La Serena.

Roberto Ávila, abogado querellante en representación de una de las víctimas de tortura, comentó alguno de los antecedentes que arrojo la investigación llevada por años, que finalmente involucra a Juan Emilio Cheyre y a cuatro oficiales bajo su mando, en delitos de lesa humanidad.

 

El abogado querellante relató que este es un gran avance en el caso y que si finalmente el ex Comandante en Jefe del Ejército es resuelto culpable, no podrá optar a ninguna condena alternativa a la que se le fije.

 

Por otro lado, Cristian Cruz, abogado de Derechos Humanos, acusó que él en ese entonces teniente, Juan Emilio Cheyre, no solo mando a sus oficiales a cometer las torturas, sino que el participo directamente en ellas.

 

El abogado a cargo de velar por los Derechos Humanos, además, dio a conocer algunos de los tipos de mecanismos de tortura que se llevaron a cabo en el regimiento Arica.

 

Recordar que en noviembre del año pasado, Juan Emilio Cheyre, ya había sido condenado a 3 años y un día de libertad vigilada por el delito de encubrimiento, en los hechos relacionados a la Caravana de la Muerte en 1973. En aquella oportunidad se le acusada de mitigar el homicidio de 15 personas.

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La visión de la Afep

Caída del Ex Comandante del Ejército, Juan Emilio Cheyre satisface y llena de esperanzas a  víctimas de delitos de lesa humanidad. Así lo expresó Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien declaró que con esta orden de arresto a Emilio Cheyre se logra la verdad.

 

El ex Comandante del Ejército ya había sido condenado el año pasado por encubrimiento de 15 homicidios calificados, por lo cual recibió 3 años y un día de libertad vigilada. Hoy Alicia Lira espera que la condena a Juan Emilio Cheyre sea mucho mayor que en aquel entonces.

Además la vocera de la Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos también aprovecho la instancia para criticar a la Concertación por haber blindado al acusado cuando estuvieron a cargo del gobierno.

 

Por último Alicia Lira se refirió a las personas involucradas en delitos de lesa humanidad que aun no han recibido una condena, como por ejemplo el caso del Ex Coronel, Cristian Labbé.

 

Los cargos contra Juan Emilio Cheyre en esta oportunidad son por el delito reiterado de aplicación de tormentos, tipificado y sancionado en el N° 1 del artículo 150 del Código Penal. No obstante el acusado aun puede apelar a la corte de apelaciones, argumentando, como en otras oportunidades, que él solo cumplía labores administrativos.




Denuncian que Corte Suprema crea condiciones para instalar la impunidad tras aprobar beneficios carcelarios

El abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, denunció que La Corte Suprema dicta penas muy bajas a criminales de lesa humanidad, respecto a la gravedad de los delitos cometidos. A modo de ejemplo, Cristian Cruz comparó la baja sentencia de uno de los reos indultados con los 6 años y un día de cárcel que pesa contra un lonco mapuche por fracturar el dedo de un oficial de Carabineros.

 

Por otro lado, Cristian Cruz descartó que la libertad condicional se niegue por razones políticas más que jurídicas, como señala el diputado UDI Osvaldo Urrutia, en defensa de los criminales condenados.

 

El abogado de derechos humanos aclaró que La Corte Suprema cometería un grave error si pretende mediante beneficios carcelarios vulnerar las obligaciones legales, reglamentarias e internacionales.

 

A su vez, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, criticó que se entregue libertad condicional a genocidas que cometieron los peores crímenes, contraviniendo todas las normas chilenas e internacionales.

 

El diputado Tomás Hirsch dijo que estos indultos obedecen a un plan orientado a la impunidad de los violadores de derechos humanos, poniendo en entredicho la existencia de un Estado de Derecho efectivo.

 

Tomás Hirsch explicó que desde el término de la Dictadura, se viene validando a quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, donde muchos civiles también participaron en los crímenes cometidos y ostentan cargos públicos.




Abogado Eduardo Contreras a 20 años de la querella contra Pinochet: “Se buscó romper la impunidad y tesis de justicia en la medida de los posible”

Se cumplieron 20 años de la querella contra Augusto Pinochet, la que el Partido Comunista encabezó en representación de su presidenta y secretaria general, Gladys Marín y el abogado de la colectividad, Eduardo Contreras.

La primera acción judicial que marcó un precedente para los derechos humanos en Chile y que decantó en la detención de Pinochet, fue presentada por el abogado querellante Eduardo Contreras. Luego de dos décadas asegura que en un inicio existía incertidumbre pero que al ser aceptada, marcó una nueva etapa de justicia para Chile.

 

Para el abogado, las organizaciones de derechos humanos fueron los verdaderos héroes de esta etapa. Luego de que fuese aceptada la querella contra Pinochet por todos los crímenes cometidos en dictadura, se abrió la puerta a otras 2 mil querellas.

 

Para el abogado del caso Caravana de la Muerte, Cristian Cruz, la presentación de las múltiples querellas hizo que los Tribunales ejercieran seriamente su deber de investigar y juzgar.

 

Cabe señalar que para conmemorar esta fecha se llevó a cabo una mesa redonda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde expusieron el abogado querellante Eduardo Contreras; el juez del caso Juan Guzmán Tapia; y la profesora y doctora en derecho Nancy Yáñez.

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Facultad de Derecho U. de Chile: Mesa Redonda a 20 años

Una mesa redonda reunió a los protagonistas de la querella contra Augusto Pinochet, la primera contra el dictador que abrió la puerta a más de 2 mil acciones judiciales en los años siguientes.

Un 12 de enero de 1998 representantes del Partido Comunista se dirigieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar la querella.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se recordó este hecho, relevando su importancia histórica, política y jurídica.

La Sala Matilde Brandau de la Facultad, recibió a Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos patrocinante de la querella; a Juan Guzmán, ex  juez encargado de investigar las querellas. También expuso la profesora y doctora en derecho Nancy Yáñez.

Eduardo Contreras inició su intervención recordando a los familiares y organizaciones que lucharon por años para restablecer la libertad y la justicia.

 

Junto con esto el abogado relató cómo ocurrieron los hechos para tomar la decisión de querellarse donde  la entonces secretaria General y presidenta del Partido Comunista Gladys Marín, fue la que representó la causa.

 

El magistrado, Juan Guzmán Tapia, también narró cómo ocurrieron los acontecimientos cuando fue designado por turno para llevar todos los casos contra Pinochet.

 

Pero también el ex juez quiso referirse a los desafíos en materia jurídica para avanzar en derechos humanos. Junto con esto opinó sobre aquellos casos en que los perpetradores fueron obligados a ejecutar funciones, y concluyó en llegar finalmente a poseer una legislación más humanitaria en Chile.

 

Finalmente, consignar que este día también fue recordado por organizaciones y abogados que llevaron cientos de causas de derechos humanos ante la justicia, las que ahora son miles.




Como una primera señal de justicia recuerdan la querella contra Pinochet presentada hace 20 años

El 12 de enero se cumplen 20 años de la querella contra Augusto Pinochet, la primera acción judicial contra el dictador presentada en la Corte de Apelaciones por el Partido Comunista representado por Gladys Marín y abogados querellantes.

Para el mundo de los derechos humanos fue la primera señal de justicia para las víctimas de la represión militar en Chile. Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, fue una querella que abrió la puerta y sin la cual no habría sido posible privar de libertad al dictador en Londres.

 

Para el artista y diputado electo del Partido Comunista, Amaro Labra, gracias a esta querella se logró dejar claro mundialmente que Augusto Pinochet fue un criminal de los derechos humanos. Además, valoró a los dirigentes que encausaron esta querella.

 

El abogado de derechos humanos Cristian Cruz, precisó que lo que activó la alarma en Chile para apresarlo fue el derecho internacional. Además se refirió a qué marco el punto de inflexión para investigar y luego juzgar.

 

Finalmente, enfatizar que este 12 de enero se realizará un encuentro con el abogado querellante de la causa, Eduardo Contreras; el juez que investigó la querella, Juan Guzmán; y la doctora en derecho Nancy Yáñez, llamado “Mesa Redonda” organizado por la Universidad de Chile.




Asunción de Haroldo Brito como Pdte. de la Corte Suprema es valorada por mundo de los DD.HH.

Fotos: Jorge Cadenas

El nuevo presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió al cierre de Punta Peuco como una materia en que los jueces no tienen por qué opinar, esto a sólo días de haber asumido la máxima representación de la justicia en Chile y de marcar distancia con su antecesor Hugo Dolmestch.

Al respecto Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valoró la elección del juez Brito, debido a su positiva participación en investigaciones de crímenes de lesa humanidad.

 

Cabe recordar que el anterior presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch declaró que no tenía sentido cerrar Punta Peuco. Para la dirigente de derechos humanos, Haroldo Brito les da confianza debido a que dejó claro su autonomía frente a las violaciones de derechos humanos.

 

Por su parte, Cristian Cruz, abogado de derechos humanos, destacado por ser querellante del caso Caravana de la Muerte, sostuvo que el nuevo presidente de la Corte actuó de forma correcta y legal, resaltando que esta es una decisión política y no judicial.

 

De igual manera, el abogado afirmó que se sigue esperando que el gobierno pueda tomar una decisión sobre el penal Punta Peuco antes del 11 de marzo.

 

Finalmente, consignar que la nueva cabeza del Poder Judicial, Haroldo Brito, mantuvo su opinión con respecto a los indultos, reiterando que es una potestad de la Presidenta de la República.