Luis Catrileo denuncia corrupción e influencia del negocio maderero y narcotráfico facilitado por montajes de la policía en La Araucanía

Como gravísimo calificó el encargado de pueblos originarios del partido Comunista Luis Catrileo  el hallazgo de armas prohibidas, municiones y explosivos, encontrados en la casa de un funcionario del Tribunal de Garantía de Traiguén.

Para el también candidato a constituyente, esto refleja la corrupción y la influencia que tienen en la Región de La Araucanía el negocio de la madera y el narcotráfico, facilitado por los montajes construidos por Carabineros.

 

Del mismo modo, el dirigente del pueblo mapuche emplazó al gobierno de Derecha a terminar con la criminalización de las comunidades  autóctonas e investigar como los grandes terratenientes acumulan armas en la zona.

 

Luis Catrileo denunció que los consorcios forestales, más allá de la responsabilidad  que les cabe en los hechos de violencia, representan un modelo neoliberal  que facilita que las empresas invadan los territorios, no paguen  impuestos y rompan la espiritualidad  de la nación mapuche.

 

El encargado de Pueblos Originarios del partido Comunista sostuvo que la confusión sobre este  hallazgo de armas en Traiguen, reafirma la convicción que la Justicia ha sido incapaz de hacer una investigación que resuelva  los intereses que están en juego ante este tipo de circunstancias.

 

Finalmente Luis Catrileo, también candidato a la Convención Constitucional en escaños reservados del pueblo mapuche, señaló que este reciente episodio ocurrido en Traiguén, confirma la tesis sostenida por las comunidades mapuches respecto a que el montaje y la distribución local de armamentos  es el camino utilizado por las policías y  las forestales  para lograr la militarización  de La Araucanía.




Irací Hassler: “Hay una articulación encabezada por alcalde Alessandri, avalada por ley Aula Segura, para desprestigiar a las comunidades educativas”

La concejala y candidata a alcaldesa por Santiago, Irací Hassler, acompañada  de parlamentarios  y actores de la educación, presentó  un requerimiento a la Contraloría  solicitando un pronunciamiento de legalidad e infracciones a la probidad administrativa, sobre un grupo de coordinación vía whatsapp entre Carabineros y civiles funcionarios del alcalde Alessandri y la Dirección del Instituto Nacional Barros Arana, en el cual se divulgaba información privada de estudiantes menores de edad.

Según detalló Iracì Hassler el despliegue mediante drones y registro fotográfico y la inclusión de profesores a grupos de coordinación para vigilar a los alumnos, presenta una acción gravísima y que no puede quedar impune.

 

La concejala y postulante al municipio de Santiago denunció que existe una articulación mediática encabezada por el alcalde Alessandri  avalada por la ley Aula Segura, con el fin de desprestigiar a las comunidades educativas.

 

Para el diputado por el distrito 10 Giorgio Jackson  utilizar a menores de edad y extorsionar a profesores  para que sean literalmente  “soplones” a la conveniencia  del edil de Santiago, es algo que rompe cualquier  lógica y respeto a los derechos más esenciales,

 

Giorgio Jackson emplazó al alcalde Felipe Alessandri a responder por este caso de espionaje abiertamente  ilegal en contra de los alumnos y docentes, pues vulnera un principio básico constitucional como es el de la privacidad.

 

Del mismo modo Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, consideró inaudito  utilizar a elementos tan gravitantes para el proceso educativo como son los profesores,  para ejecutar políticas de persecución y criminalización  en contra de los alumnos.

 

La candidata  a concejala por Santiago Dafne Concha, reiteró su rechazo a la persecución penal en contra de las comunidades escolares, pues estas organizaciones  deben, en un eventual regreso presencial, estar preparadas  para resguardar y proteger a los niños y adolescentes  y no cércalos policialmente  como pretende Alessandri.

 

En respaldo a esta presentación ante la Contraloría, la ex presidenta de la FECH, Emilia Schenider, exigió el mayor rigor de la ley en contra de todos los involucrados en este episodio  de espionaje  escolar ejecutado por la administración  de la Derecha en Santiago.

 

Lorena Avalos, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del INBA reveló las amenazas, intimidaciones y castigos sufridos por los estudiantes en aplicación de normas abusivas como es Aula Segura.

 

Según consta en la presentación hecha por la concejala Iraci Hassler ante la Contraloría, existió en un grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, donde se interactuaba para buscar evidencias que permitieron expulsar o detener estudiantes. El alcalde de Santiago además presionaba a través de sus funcionarios a los docentes para obtener información y para que se aplicaran sanciones cada vez más duras.

 




Lautaro Carmona reiteró llamado desde el PC a terminar con la criminalización del pueblo mapuche por parte del gobierno

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró que la madre y el hermano del funcionario de la PDI asesinado en medio de un operativo en Temucuicui, llegaran hasta la comunidad mapuche para reunirse con el padre de Camilo Catrillanca, a objeto de buscar justicia conjuntamente.

En su diagnóstico, el encuentro estuvo cargado de simbolismo, pues representa una exigencia colectiva a terminar con la definición de guerra que tiene el Estado, respecto a los pueblos originarios.

 

Asimismo, el dirigente comunista catalogó como una “provocación” que el operativo en Temucuicu, además de superar los 800 efectivos policiales, se llevara a cabo el mismo día en que estaba fijada la formalización del imputado por el crimen de Camilo Catrillanca.

 

Lautaro Carmona aclaró que dicho despliegue policial se pudo haber efectuado cualquier otro día, considerando que estaba dirigido únicamente a la búsqueda de un presunto cultivo de marihuana, y no a la de alguien que se pudiera fugar del lugar.

 

El secretario general del PC ratificó que el discurso de Marcelo Catrillanca, estuvo marcado de una enorme significancia, toda vez que llama abiertamente a la hermandad de los pueblos, vinculada a la convivencia humana.

 

Finalmente, Lautaro Carmona sostuvo que la reunión sostenida entre los familiares de ambas víctimas, constituye un emplazamiento directo al Estado de Chile, denunciando las consecuencias brutales de un conflicto histórico que sigue siendo promovido por agentes policiales y el gobierno.




Carlos Insunza denuncia nueva ofensiva del gobierno para criminalizar a las y los funcionarios públicos

El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, denunció una nueva ofensiva del gobierno para criminalizar a los funcionarios públicos, esta vez a partir de amenazas de persecución penal y administrativa contra quienes obtuvieron el Bono Clase Media sin cumplir los requisitos.

En su diagnóstico, lo que el Ejecutivo busca es generar un efecto político en el debate nacional en desmedro de los trabajadores del Estado, lejos de asumir su responsabilidad, respecto a los numerosos errores e incongruencias detectados en la aplicación de esta medida.

 

Asimismo, Carlos Insunza criticó que mientras el gobierno anunciaba una persecución penal contra quienes solicitaron el bono a la clase media sin cumplir los requisitos, la Corte Suprema confirmaba una rebaja sustancial de la multa al empresario Julio Ponce Lerou, en el marco de uno de los mayores escándalos bursátiles de la historia de Chile, más conocido como caso Cascada.

A su juicio, este tipo de actuaciones vienen a confirmar la inequidad de trato entre el ciudadano promedio, y quienes tienen la capacidad económica y el poder político para defenderse ante Tribunales.

 

El dirigente de la ANEF y consejero nacional de la CUT, explicó que los fallos de la Justicia a favor del gran empresariado, obedecen a las lógicas neoliberales con que opera el actual marco constitucional, haciendo evidente la necesidad de una nueva Constitución.

 

Carlos Insunza sostuvo que Chile requiere de una institucionalidad que esté al servicio de las mayorías del país, dotándolas de órganos colegiados que sean capaces de implementar y supervisar políticas de fiscalización a los diferentes ámbitos de la administración pública.

 

Carlos Insunza concluyó que una nueva Constitución es la única forma de que el Estado pueda desprenderse de los altos niveles de coerción ejercidos desde los sectores privilegiados del país.




Teillier y conflicto mapuche: “Reconocimiento de derechos fundamentales es única salida a situación actual y debe quedar resuelto en el marco de una nueva Constitución”

El diputado y presidente del Partido Comunista rechazó que el gobierno esté utilizando el caso de la niña herida tras un ataque incendiario en La Araucanía para retomar su ofensiva contra el pueblo mapuche, a partir de un nuevo montaje político-comunicacional sobre un hecho específico.

A su entender, el actuar del gobierno responde a la búsqueda de recuperar el terreno que ha ido perdiendo en su campaña de doblegar al pueblo mapuche mediante la represión y el terrorismo de Estado, lo anterior ante declaraciones del gobierno, en voz del ministro de interior quien dijo que esto “marca un antes y un después” en La Araucanía.

 

Guillermo Teillier afirmó que el gobierno no ha avanzado en el diálogo con el pueblo mapuche, y muy por el contrario, ha insistido en una política de criminalización que sólo agudiza el conflicto.

 

El timonel del PC apuntó al reconocimiento de derechos fundamentales del pueblo mapuche como única salida a la situación actual, lo cual espera sea resuelto en el marco de una nueva Constitución.  

 

El diputado Teillier denunció que los parlamentarios de derecha que acudieron a la Araucanía sólo lo hicieron para crear una situación de violencia y conflicto en el país.




Paulina Cartagena dirigenta del magisterio: “Hay estudiantes encarcelados y más de 10 docentes heridos en el marco de la protesta social”

La dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena, acusó al gobierno de ejecutar una política de persecución sistemática contra estudiantes y docentes a partir del estallido social en Chile.

Cartagena denunció que hay menores de edad encarcelados de manera arbitraria y más de 10 maestros heridos, producto de la represión policial.

 

Paulina Cartagena aseguró que los jóvenes están siendo víctima de un juicio político mediante el cual el gobierno busca castigarlos penalmente por ser parte y en algunos casos liderar la lucha social.

 

La dirigenta del Magisterio confirmó que por unanimidad acordaron solicitar la renuncia del presidente de la República y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, debido a sus respectivas responsabilidades en el conflicto social.  

 

Paulina Cartagena señaló que el Gobierno teme a la posibilidad de que las movilizaciones en Chile sigan su curso, dada su incapacidad de responder a las demandas del país.

 

La dirigenta del gremio docente instó a las organizaciones sociales a estar unidos y en alerta frente a la arremetida de la derecha contra el proceso constituyente y la posibilidad de introducir por esa vía transformaciones profundas al modelo neoliberal.

 

Paulina Cartagena ratificó que van a votar por aprobar una Nueva Constitución, paralelamente a presionar desde la mesa de Unidad Social para que el proceso constituyente garantice la representatividad de todos los sectores.