«Acusación a Mañalich permitió a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en riesgo la vida de miles de personas»

La diputada Karol Cariola insistió en la importancia de haber presentado la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Mañalich, pues aunque  fue rechazada permitió a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en riesgo la vida de miles de personas.

 

Asimismo, la parlamentaria comunista lamentó que exista un doble discurso en sectores de la oposición, que fue lo que llevó a que se rechazara en Sala esta acusación.

Consultada sobre en qué pie queda la oposición luego de esta votación, la diputada  aseveró que hace mucho que hay sectores que no buscan la unidad ni ponen los intereses de la ciudadanía en el centro.

Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez quien además es presidenta de la Comisión Investigadora sobre fallecidos por COVID, criticó el resultado de la votación indicando que un tema tan sensible como este no puede quedar en una votación.

 

Por último, Marisela Santibáñez,  recordó que existe una querella contra el exMinistro Mañalich y dijo que espera que sea esa querella más el trabajo de las tres comisiones investigadoras lo que permita finalmente esclarecer los datos sobre la real magnitud de los fallecidos en esta pandemia.

 

La diputada Santibáñez valoró  la defensa del libelo que hiciera la diputada Hernando, indicando que sus palabras permitieron aliviar en  parte el dolor de muchas familias que perdieron un ser querido producto del COVID 19.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, y quien fuera firmante de la Acusación Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que fue rechazada hoy en la Cámara de Diputados, por 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, criticó principalmente a los diputados que se abstuvieron, en su mayoría del Comité Demócrata Cristiano, y que permitieron desechar el libelo.

Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta, lamentó que a pesar de los datos duros, antecedentes indesmentibles y  argumentos importantes que entregaron especialistas en el tema y que fueron corroborados con estadísticas y con cifras, esta acusación fuera finalmente  desechada.




Diputado Barrera y votación PC a favor de un nuevo retiro del 10%: «Medidas siguen siendo insuficientes y tardías»

Mediante un comunicado público, los diputados del Partido Comunista lamentaron que ante la pandemia, el gobierno mantenga total incapacidad de presentar un verdadero plan de protección económica y social para las familias. Frente al escenario de absoluta desprotección de los trabajadores, apelaron a la urgencia de aprobar la iniciativa de un segundo retiro del 10% de los previsionales.

El diputado del PC, Boris Barrera, ratificó que votarán a favor de la iniciativa, porque son conscientes de la desesperación de la ciudadanía, debido a factores como el sobreendeudamiento, el desempleo y el bajo salario mínimo.

 

El parlamentario comunista aclaró que consideran lamentable que las personas deban recurrir a sus propios fondos de pensiones, ya que esto no sería necesario si el gobierno se hubiera comprometido con medidas de apoyo que fueran en directo beneficio de las familias trabajadoras, como el impuesto a los súper ricos.

 

En ese sentido, Boris Barrera remarcó que el impuesto a las grandes riquezas debe ser tramitado a la brevedad, pues la propuesta legal permitirá contar con una renta básica universal para al menos el 80 por ciento de la población más vulnerable.

 

Como bancada del Partido Comunista, reafirmaron que son los más ricos, entre los cuales está incluido Sebastián Piñera, quienes deben tomar responsabilidad en la superación de esta crisis. Por ende, hicieron un nuevo llamado al Gobierno a ponerse del lado de los trabajadores, y no continuar con su política de defensa a las fortunas del Presidente y sus amigos.




Pymes advierten que ya están agotadas todas las medidas de postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento a través de créditos

El integrante de la Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile, Roberto Rojas, advirtió que ya están agotadas todas las medidas de postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento a través de créditos para efectos de salvar a las Pymes, en el marco de la crisis de empleabilidad que atraviesa el país.

En ese sentido, el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), dijo esperar que la situación de las Pymes mejore a partir del Plan de Subsidio al Empleo, y que no esconda “letra chica” como las ofertas anteriores.

 

Roberto Rojas afirmó que el subsidio al empleo podría ser beneficioso en materia de reactivación económica, siempre y cuando esté focalizado en ayudar económicamente a las Pymes, por ser quienes generan la mayor cantidad de empleos en Chile. 

 

Asimismo, el presidente de Conupia criticó que el Gobierno se escude en las Pymes para no aumentar el salario mínimo, cuando muy por el contrario, el sector que paga menos a sus trabajadores corresponde al de las grandes empresas del retail.

 

El representante de Convergencia Pymes manifestó su preocupación por el sobre endeudamiento que golpea a los pequeños y microempresarios, producto de la ley de capitalización que Sebastián Piñera puso en marcha hace cinco meses, condicionando la ayuda a préstamos para financiar el capital de trabajo.

 

Roberto Rojas se mostró partidario de que el Gobierno inyecte recursos directos a las Pymes por la vía de subsidios enmarcados en una lógica distinta al otorgado por Sernotec, dada su insuficiencia e hiper-focalización.

 

El presidente de Conupia concluyó que ya ha quedado demostrado el fracaso de la política crediticia a la hora de enfrentar la crisis de empleabilidad que azota al país, y en consecuencia, se requiere con urgencia de una salida alternativa al sobreendeudamiento de las Pymes.




Ricardo Calderón apeló a la urgencia que el gobierno promueva espacios de diálogo con las organizaciones sindicales de Codelco

Las directivas de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco, División Chuquicamata, denunciaron a la empresa ante la Inspección Provincial del Trabajo, por una presunta vulneración de derechos laborales, a partir del despido de más de 1.200 trabajadores, y la incertidumbre que hay respecto a la continuidad laboral de quienes se encuentran “bajo supuestas medidas de resguardo por Covid-19”.

Además, desde el Sindicato 2 de Chuquicamata, hicieron alusión al negocio de lixiviación, en el cual se cursaron 32 despidos en el mes de agosto para luego contratar a una empresa externa. Por ello, exigen que la empresa transparente los costos y si efectivamente hubo un beneficio económico al contratar a trabajadores externos, luego que la minera, en los últimos años, ha llevado un proceso en el sentido inverso, internalizando procesos.

El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, Ricardo Calderón, aclaró que el Gobierno ha incumplido su palabra de generar instancias de representación de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales de la compañía, con miras a resolver este y otros conflictos.

 

Asimismo, Ricardo Calderón apeló a la urgencia de que el gobierno promueva espacios de diálogo con las organizaciones sindicales de Codelco, para establecer mecanismos de prevención y monitoreo de contagios de Coronavirus, dirigidos a la actividad minera que se desarrolla en regiones donde existen rebrotes.

 

El titular de FESUC hizo un parangón entre Codelco y el centro de tortura que operó en Colonia Dignidad durante la Dictadura, a objeto de graficar el nivel de violencia que se ejerce contra los trabajadores y muy particularmente en el caso de sus representantes sindicales.

 

Ricardo Calderón denunció terrorismo laboral por parte de los ejecutivos de la cuprífera contra quienes se han atrevido a denunciar hechos de corrupción y despidos arbitrarios.

 

En ese sentido, el presidente de FESUC acusó a Codelco de vulnerar tanto convenios internacionales como su propia normativa, al cursar despidos arbitrarios y masivos de manera constante.

 

Ricardo Calderón sostuvo que la Justicia debe investigar los nexos entre ejecutivos de la corporación y los estudios de abogados que ejercen acciones legales en contra de los sindicatos de la compañía.

 

El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, advirtió que los ejecutivos de Codelco, intencionalmente están conduciendo a la cuprífera hacia su privatización definitiva, mediante numerosas prácticas anti-sindicales y una mala gestión reflejada en los altos niveles de endeudamiento.




Dr. Camilo Bass: «Chile está frente a una segunda ola de contagios cuyas magnitudes pueden ser aún peores que la primera»

El presidente del Colegio Médico Regional de Santiago, Camilo Bass, sostuvo que la situación de Magallanes, entre otras, constituye un llamado de alerta respecto a lo que puede ocurrir en el resto del país, especialmente la RM.

En su diagnóstico, Chile está frente a una segunda ola de contagios, cuyas magnitudes serán aún peores que la primera, si es que la autoridad sanitaria no adopta las medidas preventivas que corresponden.

 

El doctor Bass dijo que es necesario mejorar la trazabilidad si se quiere evitar un posible rebrote, y del mismo modo, ajustar los indicadores del Plan “Paso a Paso” a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

 

Camilo Bass indicó que un rebrote en la Región Metropolitana es bastante probable, y en caso de darse, lo que debiera hacer la autoridad sanitaria es retornar inmediatamente a la Etapa 1.

 

Asimismo, el presidente regional del Colmed, enfatizó que debe existir un mayor control de la pandemia por la vía de mejorar la trazabilidad, ya que la implementación de cuarentenas dinámicas por comuna fue una modalidad totalmente inefectiva.

 

En ese sentido, Camilo Bass apuntó al mejoramiento de la trazabilidad como elemento central de la estrategia sanitaria que debe adoptar el ministerio de salud, a partir de la experiencia de Magallanes.

 

El presidente del Colmed Regional de Santiago hizo un llamado a la autoridad sanitaria a disponer de recursos para elaborar un nuevo Plan de Contención de la Pandemia, cuyo acento esté puesto en mejorar la trazabilidad y contar con una rigurosa medición ajustada a los estándares de la OMS.




A pesar de las presiones prosigue investigación de Fiscalía en querella contra Piñera y Mañalich

Pese a los cuestionamientos de los que ha sido víctima, el fiscal Marcelo Carrasco  prosigue la investigación por muertes  por COVID 19 en el marco de la querella presentada  en contra del presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los actuales subsecretarios  de Salud Paula Daza y Arturo Zúñiga, dada su eventual responsabilidad  en los hechos

Es por esto que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ofició a diversos centros de Salud   para que entreguen al Ministerio Público  la ficha clínica respecto de los pacientes fallecidos  por la pandemia.

Conocida esta resolución, el alcalde de Recoleta y querellante en una de estas causas Daniel Jadue , sostuvo que es una noticia positiva que la justicia siga su labor, dada la gravedad  de los hechos denunciados.

 

Por su parte, el senador Alejandro Navarro, quien también es parte requirente  en causas similares, agregó que la resolución del Tercer Juzgado de Garantía  de Santiago  apunta en la dirección correcta.

 

Del mismo modo, el abogado penalista Ramón Sepúlveda, patrocinante  de varias querellas por la responsabilidad  que le cabria al  mandatario y autoridades  sanitarias actuales  y renunciadas,  en la muerte de personas por Covid , detalló los Centros de Salud a los cuales se les exhortó para entregar información  fundamental  para resolver esta acción  judicial.

 

Los centros de salud a los que se solicitó entregar los datos corresponden a: Posta Central, Hospital de Trabajador (ACHS), Posta 3, Posta Central, Hospital San Juan de Dios, Hospital San José, Hospital Clínico J.J. Aguirre, Clínica Vespucio, Hospital del Tórax.




Dra. Paula Araya: «Plan Paso a Paso está orientado a reactivar la macroeconomía lejos de proteger a las personas del riesgo de contagio»

La encargada del área de salud del Partido Comunista, dra. Paula Araya, indicó que el “Plan Paso a Paso” está orientado a reactivar la macroeconomía, lejos de proteger a las personas del riesgo de contagio, en un contexto donde además, las medidas del Gobierno han sido tardías y poco efectivas.

En su diagnóstico, esta estrategia de desconfinamiento también apunta a la desmovilización social, con miras al plebiscito de octubre.

 

Del mismo modo, la doctora Araya afirmó que el Gobierno está ignorando los criterios epidemiológicos que establece la Organización Mundial de la Salud para dar por controlada la pandemia e iniciar la llamada “nueva normalidad”.

 

Asimismo, Paula Araya sostuvo que el “Plan Paso a Paso” no contempla determinantes sociales de la salud, tales como el hacinamiento de los hogares, o la ausencia de condiciones económicas para cumplir la cuarentena.

 

Junto con lamentar la ausencia de elementos de educación sanitaria para la población, la encargada de salud del PC afirmó que el plan de desconfinamiento debiese considerar diferentes realidades sociales, en función de las características de cada territorio.

 

Por otro lado, Paula Araya acusó descoordinación desde la autoridad sanitaria en lo que respecta a su sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, el cual ha estado más bien reducida a la realización de exámenes.

 

La doctora Paula Araya dijo que es fundamental que el Gobierno destine recursos humanos y económicos a la atención primaria de salud para lograr la intervención efectiva en el aislamiento de casos, estudio de contactos y su seguimiento.




Comandos por el Apruebo junto a Unidad Social y la CUT piden que no se niegue a nadie el derecho a votar en octubre

Representantes de los diversos comandos por el Apruebo exigieron al gobierno que las personas contagiadas por Covid 19  y sus contactos estrechos puedan ejercer su derecho a voto en el plebiscito del próximo 25 de octubre buscando los mecanismos pertinentes para ello.

Así lo expresó en primer término el alcalde de Recoleta y presidentes de la Asociación de Municipios Constituyentes,  Daniel Jadue, denunciando que al gobierno no le interesa que se cambie la Constitución  de Pinochet, al no demostrar el más mínimo esfuerzo por facilitar que la ciudadanía  pueda participar mediante su voto.

 

Por su parte desde el “Comando Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Nueva Constitución para Chile” la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostuvo que no es justo que aquellos que fueron contagiados  porque debieron salir  buscar el sustento, hoy sean privados de un derecho tan esencial como es el sufragio.

 

Desde el bloque “Unidad Social “la dirigenta Carolina Espinoza señaló que poco a poco han debido enfrentar una serie de situaciones  que han complejizado este proceso eleccionario.

 

Paula Rojas, representante del Comando “Que Chile Decida” manifestó que hoy nuestra nación tiene  la oportunidad histórica de cambiar un modelo económico y social que ha sido nefasto, especialmente  para los sectores más vulnerables.

 

La representante en la ocasión del comando “Apruebo Chile Digno” y vocera de los usuarios de la Salud, Rosa Vergara, advirtió que no toleraran que el Ejecutivo desoiga la opinión de los gremios médicos y de  los expertos que señalan  que es posible efectuar el plebiscito  con los resguardos sanitarios adecuados .

 

Desde los distintos comando que abogan por un cambio a la Constitución,  consideraron urgente establecer medidas que permitan que de manera  masiva que los votantes puedan concurrir a las urnas, como es la decisión de que puedan sufragar los contagiados mediante el voto a distancia, aumentar los locales de votación, gratuidad  en el transporte público el día del plebiscito  y obligación de extremar las medidas sanitarias, entre otras necesidades.




Carlos Insunza y bono de apoyo a la clase media: «Hubo evidente improvisación y apresuramiento»

Carlos Insunza, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, expresó su malestar por el rol que les dio el gobierno en el proceso para la postulación al bono de $500.000 de ayuda a la clase media, a sólo un día de haber sido tramitada la ley.

Carlos Insunza responsabilizó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones y a la dirección del Servicio de Impuestos Internos, frente al colapso de la página web institucional, así como las dificultades para realizar otros trámites no relacionados con la solicitud del «Bono de Clase Media» ofrecido por el Ejecutivo.

En ese sentido, el también dirigente de la ANEF aclaró que era imposible que el proceso de postulación entrara en vigencia de manera óptima el mismo día en que se publicó la legislación.

 

Carlos Insunza dijo que el colapso de la página web era esperable, considerando además que a diario deben atender a los contribuyentes, realizando trámites propios como la emisión de boletas o facturas electrónicas.

 

Asimismo, el director de la Asociación Nacional de Impuestos Internos, criticó que se sancione a quienes reciban el bono de quinientos mil pesos sin que les corresponda, ya que esos errores de interpretación obedecen al apresuramiento del gobierno en el proceso de postulación.

 

En ese sentido, Carlos Insunza calificó como “un abuso en toda su magnitud” que bancadas del oficialismo amenacen con abrir una investigación contra funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ignorando el gran esfuerzo que ellos han realizado para orientar a la ciudadanía sobre el trámite, aún cuando éste no es parte de sus labores.

 

Carlos Insunza concluyó que Sebastián Piñera persiste en una lógica de persecución contra los funcionarios públicos, a objeto de descargar en terceros su propia responsabilidad y sin ninguna autocrítica.




Federación Nacional de Trabajadores Cesantes: «Crisis de empleabilidad en Chile es mucho más alarmante de lo que el Instituto Nacional de Estadísticas alcanza a constatar»

Gustavo Carrasco, vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores Cesantes, Eventuales y Transitorios “Eduardo Miño”, afirmó que la crisis de empleabilidad en Chile es mucho más alarmante de lo que el Instituto Nacional de Estadísticas alcanza a constatar.

En su diagnóstico, si bien el INE registra que el desempleo llegó al 11,2% durante el trimestre de pandemia, hay una gran cantidad de trabajadores que no son considerados cesantes, pese a no estar recibiendo ingresos, por ser informales o estar adscritos a la ley de protección al empleo.

 

Asimismo, Gustavo Carrasco indicó que el registro de empleos formales no debiese incluir a quienes desempeñan labores en plataformas de reparto de alimentos, pues su precarización laboral los hace parte del segmento de la población que está sufriendo los estragos de la crisis económica.

 

Por otro lado, el vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores Cesantes, Eventuales y Transitorios “Eduardo Miño”, dijo que el INE tampoco reconoce como desempleados a los 3 mil quinientos trabajadores por cuenta propia que actualmente no reciben ingresos debido a la pandemia.

 

Finalmente, Gustavo Carrasco descartó que la tasa de desocupación en Chile sea de 11,2 por ciento, y dijo que más bien bordea el 20%, si se toma en cuenta la gran cantidad de personas que han tenido que dejar de trabajar, y por ende no deberían estar consideradas dentro del mercado formal.