Pedirán pronunciamiento de organismos internacionales por fallo de la Suprema que autoriza uso de balines por parte de Carabineros

El abogado Luis Cuello, quien representa al profesor viñamarino, Matías Orellana, que debido al impacto de una bomba lacrimógena lanzada por personal de Carabineros perdió su ojo derecho el pasado 1 de enero, condenó el fallo de la Corte Suprema que frena la acción judicial en contra de este tipo de violaciones a los DD.HH.

Por este motivo, el jurista anunció que pedirán un pronunciamiento  de organismos internacionales, ante lo que considera una medida arbitraria que deja indefensas a las personas frente a la represión policial.

 

En tanto, Matías Orellana indicó que estas acciones que interpondrán  a nivel internacional vienen a demostrar que la justicia chilena está sirviendo al gobierno  de turno,  confabulada con otros poderes del Estado, legitimando una vez más la violencia institucional.

 

Por su parte, el dirigente  Aquiles Carvajal, señaló que no puede ser que en Chile se siga reprimiendo y se justifique la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, por lo que hizo un llamado a todas las organizaciones sociales  a emplazar a las autoridades que son responsables de todos los crímenes cometidos en contra del pueblo movilizado.

 

Consignar  que existe preocupación por el fallo de la Corte Suprema conocido la semana pasada y que autoriza a Carabineros el uso de balines en manifestaciones , ya que estas armas antidisturbios son utilizadas sin ninguna discrecionalidad  y menos algún protocolo.




Luis Cuello ante fallo de la Suprema: “Peligroso pues Carabineros es hoy una institución que está fuera de control”

La Corte de Suprema revocó el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que estableció la prohibición del uso de balines a todo evento en contra de manifestantes por parte de Carabineros, luego que diversas organizaciones interpusieran este recurso debido a la gran cantidad de personas que resultaron heridas por el uso de escopetas antidisturbios por parte de la policía uniformada.

Al respecto, el abogado Luis Cuello, representante del  círculo de amigos del profesor Matías Orellana, quien perdió uno de sus ojos en el 2020 en la ciudad puerto, calificó este fallo como muy peligroso, pues  a su juicio, Carabineros es una institución que carece de control y eso ha quedado demostrado en la gran cantidad de mutilados y heridos durante el estallido social y por lo pronto en la muerte de un joven en Panguipulli.

 

Según el abogado, “esto es un grave retroceso en materia de derechos humanos puesto que deja desprotegidos a los ciudadanos que ejercen el derecho de reunión y libertad de expresión, esto es a aquellos que ejercen el derecho a la protesta social. El fallo de la suprema establece una regla muy preocupante que consiste en que el examen de la legalidad, de la proporcionalidad del uso de la fuerza de Carabineros está regulado por protocolos y no corresponde que se revise con un recurso de protección”.




El duro golpe de Jadue a la corrupción Inmobiliaria: Corte Suprema ratifica demolición de Torre Bellavista

La Tercera Sala de la Corte Suprema dictaminó que la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. deberá demoler la Torre Bellavista, ubicada en el barrio homónimo de la comuna de Recoleta, luego que el máximo Tribunal desestimara  un recurso de protección interpuesto por la constructora.

La decisión judicial tal como lo sostuvo el alcalde Daniel Jadue confirma que la Municipalidad que dirige, actuó apegado a la legalidad, por tanto, la demolición es perfectamente procedente.

 

El edil de Recoleta junto con desestimar la posibilidad de algún recurso en contra de este fallo, recordó que esta decisión surge por la acción de los vecinos del barrio Bellavista, quienes denunciaron las malas prácticas en la otorgación de permisos de edificación en Recoleta bajo la administración de la UDI, enfatizó.

 

Daniel Jadue si bien lamentó la situación que afecta a los clientes de Desarrollo Inmobiliario Bellavista, comentó que serán ellos quienes deberán iniciar un juicio indemnizatorio  en contra de la firma por incumplimiento  de contrato.

 

Recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado, en septiembre pasado, el recurso de protección presentado por la misma inmobiliaria en contra de la municipalidad de Recoleta, quien había denegado solicitud de recepción definitiva de las obras del edificio en calle Dardignac y emitiera una orden de demolición.




Abogado Ramón Sepúlveda se mostró confiado en que la justicia va a encontrar los resultados que la política le ha negado a muchos chilenos que han perdido familiares a causa de la mala gestión de la pandemia

Ramón Sepúlveda, abogado patrocinante  de varias querellas por la responsabilidad  que le cabría al  mandatario y autoridades  sanitarias actuales  y renunciadas,  en la muerte de personas por Coronavirus, valoró que la Corte Suprema decidiera acoger parcialmente la solicitud del Ministerio Público para acceder a los correos electrónicos de autoridades del Minsal, en virtud de la investigación sobre posibles responsabilidades en el manejo de la pandemia.

Junto con mostrarse conforme con este resultado, el experto indicó que el Ministerio Público debe seguir abogando por que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.

 

Asimismo, Ramón Sepúlveda se mostró confiado en que la justicia penal va a encontrar los resultados que la política le ha negado a muchos chilenos que han perdido familiares a causa de la mala gestión de la pandemia. Esto, a propósito del rechazo a la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Mañalich.

 

El abogado patrocinante de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, detalló que dicha acción fue extendida a dos figuras penales; diseminación imprudente de gérmenes patógenos y de falsificación ideológica de instrumento público.

La ampliación de la querella, añadió el jurista, se sustenta en la indagación realizada por la Fiscalía, de manera objetiva y a partir de negligencias del propio organismo.

 

El abogado Sepúlveda remarcó que en Chile Constituyen delito aquellos errores y negligencias cometidas por funcionarios públicos que tenían en su poder la decisión del manejo de la salud pública y la vida de las personas.




Diputados Regionalistas se suman a críticas por “increíble” rebaja de Corte Suprema a multa de Ponce Lerou (SQM) por “caso cascadas”

Quien presidiera la Comisión Investigadora por acuerdo Corfo – SQM, Esteban Velásquez (FRVS), señaló que “después no nos preguntamos por qué la gente está enardecida, pues son precisamente casos como éste, más el silencio de tantos padrinos, los que hacen que la sinvergüenzura salga tremendamente barata en este país”.

“La vida empresarial de Julio Ponce Lerou es un fraude”, así reaccionó el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, y quien presidiera en 2018 la Comisión Investigadora tras el acuerdo CORFO – SQM, tras ser consultado por la “nefasta decisión” de la Corte Suprema, que redujo la sanción desde los US$ 62 millones originales a menos de US$ 3 millones, por una serie de irregularidades por las que Julio Ponce Lerou tras seis años de juicio en el denominado caso Cascadas.

Al respecto, el parlamentario por Antofagasta señaló que ”de verdad, Ponce Lerou ha sido nefasto para la vida empresarial de Chile y lamentablemente vemos como se ha anotado otra nueva presea, esta rebaja que la Corte Suprema le provoca para no impactar en su patrimonio, rebaja increíble por decirlo de una manera decorosa. Que lamentablemente, nos dejan un poco perplejos, cuando si uno revisa además los jueces, los abogados que dictaminan a favor de Julio Ponce Lerou, nos damos cuenta de la influencia increíble de la relación de esos abogados en el mundo privado, incluso algunos de ellos prestando servicios a los propios sectores mineros ligados a SQM y a su dueño. Así, utilizando una jerga deportiva, así no se puede jugar, así no se puede salir a la cancha en igualdad de condiciones.

“Entonces mañana cuando nos preguntemos por qué la gente está enardecida, no nos sorprendamos, porque son justamente acciones como las de Ponce Lerou y además con el silencio cómplice de tanto padrino, lo que efectivamente hacen que nuestro país sea una bomba de tiempo, porque la sinvergüenzura aquí para algunos sale tremendamente barata”.

Por su parte, la jefa de  Bancada FRVS – IND y quien también integrara la Comisión Investigadora Corfo – SQM, Alejandra Sepúlveda (FRVS), recalcó que “en este país hay personas de primera, segunda y tercera categoría, y yo creo que Ponce Lerou es super premium, porque lamentablemente no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pese a los abusos que Ponce Lerou ha hecho en este país permanentemente”.

“Esto de esta rebaja de pasar de 62 millones de dólares a 3 es absolutamente impresentable, la gente no entiende lo que ha ocurrido, y yo creo que aquí hay una sola institución responsable y es el Tribunal Constitucional que una vez mas utiliza estos argumentos para proteger a los grandes empresarios y a las grandes empresas. Yo lamento lo que ha ocurrido en el TC pero más lamento que además sea vinculante para lo que significó la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema”, concluyó.




Corte Suprema acogió recurso contra Isapre Cruz Blanca que denegó afiliación por enfermedad preexistente

En un fallo inédito, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la académica Carolina Lagos en contra de la Isapre Cruz Blanca, empresa que le denegó la afiliación por presentar una enfermedad preexistente, acto que la sentencia calificó como ilegal.

Luis Cuello, abogado patrocinante de la acción, explicó que el máximo tribunal revocó por unanimidad la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había rechazado en agosto el recurso de protección interpuesto, luego que la Isapre invocara la operación de un tumor renal como causa para no contratar.

 

Luis Cuello acusó nociones muy ideologizadas sobre los derechos de propiedad que tienen las Isapres y su libertad de contratación, puesto que la ley no autoriza que estas entidades rechacen contratar a una persona en base a una preexistencia.

 

El abogado destacó que este fallo viene a derribar la figura de la preexistencia desde el punto de vista de la contratación, en el marco de un debate más de fondo que tiene que ver con revertir los abusos de las Isapres a partir de una nueva Constitución.

 

El abogado Cuello dijo que el foco de la discusión constitucional debe estar puesto en cómo garantizar el derecho a la salud en forma efectiva a partir de un nuevo modelo de desarrollo para Chile.

 

Conforme al fallo de la Corte Suprema, la Isapre “vulnera la ley al fundar su negativa a celebrar el contrato de salud con la actora, sobre la base de una enfermedad preexistente, pues la normativa que regula este contrato no la faculta a desestimarlo por ello”. En el mismo sentido, razona que la empresa privó a la recurrente de ejercer su legítimo derecho constitucional a elegir libremente el sistema de salud.




Resolución de Corte Suprema sobre Celestino Córdova ratifica al Estado de Chile infringiendo obligaciones internacionales

Dirigenta del Colegio de Abogados, Paulina Vodanovic y la  parlamentaria Emilia Nuyado lamentaron la resolución del La Corte Suprema que  rechazó el recurso de amparo interpuesto en favor del machi Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel, con el que se buscaba que cumpla parte de su condena en arresto domiciliario total.

Así lo expresó la consejera nacional del Colegio de Abogados, Paulina Vodanovic, quien afirmó que este recurso judicial  no buscaba  cambiar una sentencia, sino que se cumpla el Convenio 169 OIT que insta a respetar las condiciones culturales de los pueblos originarios.

 

Paulina Vodanovic consideró que el Estado está infringiendo  obligaciones internacionales, dañando no solo al machi, sino también a su comunidad que lucha por mantener sus tradiciones ancestrales.

 

Por su parte , la diputada y presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Emilia Nuyado  advirtió que con esta resolución del máximo Tribunal del País se está condenando a morir al machi Celestino Córdova , pues el líder espiritual ha sido claro en su determinación que busca que el Estado respete los derechos del pueblo mapuche.

 

Emilia Nuyado  junto con culpar a Sebastián Piñera y su gobierno por el empeoramiento de la salud de Celestino Córdova, quien lleva más de 100 dias en huelga de hambre, manifestó que en estas condiciones es muy difícil construir un diálogo efectivo con los Pueblos Originarios.

 

La Defensoría Penal Pública de La Araucanía había presentado la acción judicial para que Celestino -quien lleva más de 100 días en huelga de hambre- se traslade a su rewe en el contexto de la pandemia por su grado de machi.

En el fallo, donde el ministro Jorge Dahm fue el único que estuvo por acoger la petición, se sostiene que la privación de libertad del machi “no revisten caracteres de ilegalidad, ni tampoco se ha afectado su seguridad individual por actos que emanen de la autoridad penitenciaria”.




La Izquierda Cristiana llama a los senadores a no respaldar el nombre de Raúl Mera como eventual Ministro de la Corte Suprema

La (In)dependencia del poder judicial.

Nadie  parece dudar de que uno de los elementos centrales del estado de derecho es la independencia  del poder judicial.  Podemos afirmar que sin esa independencia el estado de derecho se lesiona gravemente.

Conforme a lo anterior es que hasta la espúria Constitución del 80 establece en el art. 76 que:

“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos” .

En la doctrina del derecho se distingue entre la independencia externa, que es a la que recién hemos hecho mención y  la independencia interna que es la facultad que tiene cada juez de fallar los asuntos que se someten a su conocimiento, sin la intervención de nadie, sólo teniendo a la vista la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos, las leyes de la República y su forma de interpretar el derecho cuando proceda en el caso concreto.

Redundando, entonces, la independencia externa comprende la prohibición impuesta a los demás poderes del Estado de interferir, influenciar y –menos aún– sancionar a un magistrado por la forma, el contenido o la motivación de sus fallos, así como en la libertad de cada juez para dictar sentencia fundado en las normas que regulan el caso, sin consideración alguna a factores extraños a su deber de hacer justicia.

Por ello, la mayor garantía de la independencia del Poder Judicial es fundamentalmente, la interna, esto es, que cada juez al dictar sentencia, lo haga conforme al mérito del proceso y de las pruebas que ha tenido a la vista de los hechos en él debatidos, sin que deba influir en su decisión ninguna consideración personal, política, ideológica o de cualquiera otra índole, que perturbe su deber de hacer justicia.

El deplorable espectáculo que han dado, en Chile, un importante número de jueces desde hace décadas, al fallar conforme a sus particulares concepciones políticas y en defensa de un modelo de sociedad que pone su centro en el dinero y en el poder de los grupos económicos, independientemente de la fuerza jurídica de las alegaciones del más débil, es la principal vulneración a la independencia del poder judicial y la cometen algunos de sus propios miembros.

El ministro Raúl Mera por más que cuente con la aprobación de la Corte Suprema que lo propuso y del Presidente Piñera que lo eligió, de la quina respectiva, no es un juez de excelencia ya que sus sentencias hablan de su falta de independencia y su parcialidad.

Los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985 señala en su númeral segundo:

“Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

Las resoluciones que  el ministro Mera ha expedido en materia de derechos humanos y de garantías constitucionales nos dicen  que ha resuelto con parcialidad, no basándose en los hechos probados en la causa, en disonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y acomodando sus fallos a los intereses del poder  de turno.  Es él y nadie más, quien ha hecho un ejercicio de dependencia de los poderes fácticos, alejándose de la juridicidad y la justicia.

Entonces es lógico vetar el ascenso de este magistrado, no  porque no piensa como uno o porque falló un asunto en contra de quienes lo rechazan o porque no condenó a quien se estima que debió hacerlo, sino porque ha fallado, en casos emblemáticos, contrariando principos universales que rigen a los Estados democráticos que pretenden ser respetuosos de los derechos humanos y contrariando la razón jurídica.

Sentenciar a favor de los poderosos, contrariando el derecho, lo suma a la larga lista de magistrados que  llenaron de indignidad al poder judicial al no jugarse por exigir desde sus magistraturas el respeto de los derechos humanos de parte del Estado y sus organismos.

No nos parece que pueda considerarse, que los senadores que han pensado en no dar su voto al Ministro Mera, fundando su decisión en la forma como ha resuelto en materias de derechos humanos y de garantías constitucionales, puedan ser  acusados de tener  una conducta impropia e ilegítima, que atenta contra el ordenamiento constitucional, toda vez que es este mismo ordenamiento el que contempla la posibilidad de oponerse a un nombre, por lo que constituye el ejercicio de un derecho que en ningún caso puede estimarse como la revisión de fundamentos o contenido de resoluciones emitidas por él, y menos aún cuando respecto de éstas ya existe cosa juzgada.  Todo ello cobra aún más sentido cuando a través de sus fallos conocemos una posición que no es garante del respeto de los derechos humanos; condición inaceptable para quien tenga aspiraciones de integrar el máximo tribunal de la república.

Todavía en la constitución de Pinochet, se puede visualizar que el sentido de los artículos 32 N°12, 53 N° 9  y  78 de la Constitución, de exigir la concurrencia del Senado y el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio para aprobar la designación de los ministros de la Corte Suprema –hecha por ésta y por el Presidente de la República– pretende investir  a estos magistrados de la soberanía del pueblo, lo que les dará la legitimidad necesaria para resolver las controversias, toda vez, que a lo menos en la teoría constitucional, dichas autoridades ejercen la soberanía al tenor de ambos incisos del artículo 5°  de la Carta Fundamental y debe tenerse particularmente presente el inciso 2 del artículo citado:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

Por lo que no es  contrario, ni vulnera  la independencia del Poder Judicial, exigirle a sus miembros, presentes o futuros, que plasmen en sus fallos la protección y resguardo de los derechos humanos, que  pongan en el centro de su acción a  los más débiles y desprotegidos, y sus derechos,  que no se alíen con el poder; es una condición necesaria para que los tribunales de justicia comiencen a recuperar el prestigio perdido en tiempos de dictadura, y antes, y para que viabilicen lo que es una verdadera independencia del poder judicial.

Mientras tanto es sano, para la democracia y los derechos humanos, que el Ministro Raúl Mera no integre la Corte Suprema.

DIRECCIÓN NACIONAL IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ,  HÉCTOR SOTO,  BRAYAN GALAZ.

Valparaíso, 26 de julio de 2020.




Corte Suprema declara ilegal despido de funcionario de Desarrollo Social y obliga pago de sueldo hasta término del contrato

En fallo unánime la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por el término anticipado de la contrata del año 2019 de Ramón Vargas, funcionario de la Unidad de Comunicaciones de esta repartición, en junio del mismo año. La sentencia señala que el ministerio deberá pagar todas las remuneraciones que el funcionario no percibió luego del despido hasta el 31 de diciembre de ese año.

Tal como lo explicó el propio Ramón Vargas, señaló que es lamentable que llegue una nueva autoridad y en menos de una semana, sin ni siquiera preguntarle sobre la labor que desempeñaba y que realizó  durante 4 años con buena evaluación en dos gobiernos de distinto color político, proceda a despedirlo señalando que ´no era de su confianza´ para traer a su propio equipo”.

 

El ex funcionario desvinculado explicó que el máximo tribunal del país señaló en su fallo que el termino anticipado de contrata realizado por el ministerio fue un acto ilegal y que el argumento esgrimido por la autoridad que era “pérdida de confianza” no corresponde, ya que su labor de Administrador de Redes Digitales, “no puede ser considerada como una de exclusiva confianza por cuanto no se inscribe en categoría alguna de aquellas que contempla el Estatuto Administrativo”.

Ramón Vargas enfatizó que en su sentencia, la Corte Suprema le recuerda a la autoridad de Gobierno  que el uso de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios» en las contratas de los funcionarios permite “que la autoridad administrativa pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice”, tal como ocurrió en este caso.

 

Por su parte el abogado Leonardo Mena Díaz, representante  del ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social ilegalmente desvinculado, celebró el fallo señalando que esto ratifica la abundante jurisprudencia que reconoce el derecho de estabilidad en el empleo de los funcionarios a contrata, ratificando que transitoriedad no significa precarización”. También agregó que “la autoridad administrativa debe respetar dichos criterios, de tal forma de no incurrir en actos ilegales”.




Camilo Sánchez, Presidente de las JJCC: “En Chile hay Presos Políticos”

La mañana de este viernes, las Juventudes Comunistas presentaron una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para denunciar la existencia de presos políticos en nuestro país. Desde el inicio de las protestas desarrolladas en todo Chile, existen 25 mil personas formalizadas, y entre ellas más de 2300 en prisión preventiva.

El día lunes 23 de diciembre, el profesor Roberto Campos Weiss fue liberado de la Cárcel de Alta Seguridad, tras 56 días de prisión preventiva por ser acusado de provocar destrozos en la estación San Joaquín del Metro de Santiago.

A pesar de la liberación del profesor, siguen existiendo más de 2 mil personas que están con prisión preventiva en todo el país, producto de su participación en las jornadas de protesta social. Al respecto, Camilo Sánchez, presidente de las JJCC, señaló “tenemos el convencimiento de que en nuestro país existen presos políticos a causa de la presión del gobierno por criminalizar un conflicto de tipo social y político”. Además, el dirigente comunista puntualizó que “existe un trato discriminatorio en la justicia chilena puesto que encarcela la pobreza y otorga salidas alternativas a quienes ejercen el poder”.

La carta contiene una solicitud dirigida al presidente de la Corte Suprema en el marco de las fiestas de fines de este 2019 “en medio de las fiestas de fin de año donde miles de familias esperan abrazar y contar con sus seres queridos, queremos solicitar a usted tomar las medidas y gestiones que estén a su alcance para velar por la libertad cuanto antes de todas y todos los presos políticos, revocando las medidas cautelares injustamente aplicadas para quienes no son ningún peligro para la sociedad”.

Al cierre de la misiva, Camilo Sánchez señala que “está claro que el verdadero peligro para la sociedad han sido y siguen siendo quienes han asesinado, torturado, mutilado, violado y herido, los cuales lamentablemente en su mayoría siguen libres”.

(Descargar PDF) Carta JJCC a Corte Suprema