Cámara de Diputados aprobó informe final de Comisión Investigadora por el denominado Caso Jueces de Rancagua

Por la mañana del miércoles, el informe ya había sido votado de manera unánime por los diputados integrantes de la comisión presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS).

La sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe final, que incluye conclusiones y propuestas, de la Comisión Investigadora por las irregularidades en la Corte de Apelaciones de Rancagua, más conocido como el caso “Desastre de Rancagua”.

Al respecto, la presidenta de la comisión investigadora, diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que “hemos tenido un informe de consenso, aprobado primero por la unanimidad de los diputados en la comisión, y luego por la sala, donde en primera instancia reconocemos el tremendo trabajo que realizó la ministra Rosa María Maggi, como representante de la Corte Suprema, quien investigó e hizo un informe tan contundente. Y en este sentido, respaldamos absolutamente lo que ha hecho la Corte Suprema, en relación a los 3 jueces, en este caso, por las circunstancias, a Vásquez y a Elgueta, y su la expulsión del Poder Judicial”.

Asimismo, la parlamentaria agregó que “en este informe también planteamos que hay que tener una barrera absoluta entre la función parlamentaria o lo que hace un parlamentario en relación al Poder Judicial, una muralla china entre el Poder Legislativo y el Judicial y la Fiscalía, sobre todo en estas reuniones que se dan y que no tienen la rigurosidad en términos de la información de quién se reúne y cuáles son las materias”. Y en la misma línea, agregó “dejamos claro que para nosotros son muy importante las modificaciones que tiene que realizar el Poder Judicial en relación a la transparencia de los nombramientos, tanto lo referente a la Corte de Apelaciones, como también con los suplentes, con los Notarios, con la conformación de las distintas Salas”.

“Nos parece muy importante que el Ejecutivo, y esa es la petición que nosotros hacemos con las conclusiones, realice esta modernización de los Tribunales o del Poder Judicial, lo más urgente posible, de la misma forma el nombramiento de los notarios. Como asimismo, hemos solicitado, también que se revise absolutamente lo que está ocurriendo en otras Cortes de Apelaciones, esta es una luz amarilla que pasó absolutamente a roja en la Región de O´Higgins, por lo que consideramos que tenemos que aprender de esto y establecer una metodología de monitoreo de todas las Cortes de Apelaciones y de los Tribunales Menores, que nos permitan saber qué está ocurriendo y que no tengamos esta situación tan dramática como la que hoy está sufriendo la Corte de Apelaciones de Rancagua. Porque no es una situación que vive solo la Corte sino la ciudadanía completa, porque aún la región está en una situación de anormalidad en términos de la justicia”.

Finalmente, Alejandra Sepúlveda, se refirió a uno de los puntos más importantes y debatidos durante la comisión y sus conclusiones, como fue la función de “velar por la conducta de los jueces” que establece la Constitución al Presidente de la República, señalando que “en relación a este tema y sobre todo basados en lo que nos plantearon los abogados constitucionalistas que asistieron, incluso el propio Contralor General de la República, no existe claridad sobre el verbo “velar”, entonces lo que estamos solicitando es que exista una aclaración y profundización en relación a este concepto de velar o, en su defecto, retirarlo de la Constitución, porque al final lo único en lo que se transforma el Ministerio de Justicia es el chequear, si corresponde o no, nombrar a determinados jueces, pero esa no es la intención del Legislador en su momento, sino que el velar significaba qué es lo que ocurre con la conducta ministerial, que a mi juicio hoy no se estaría cumpliendo”.




Comisión Investigadora por caso Jueces analizó “malas prácticas” del Poder Judicial que “permitirían espacios a la corrupción”

A juicio de la Asociación de Magistrados de Chile “las causas que han permitido esta situación pasaría por la forma en que está estructurado el diseño institucional que permite una excesiva concentración de las facultades administrativas en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema”.

La Comisión Investigadora por el denominado Caso Jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presidida por la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, recibió en sesión de hoy a dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile y del Colegio de Abogados de Chile, con quienes se analizó “cuáles podrían ser las causas que han permitido la situación que estamos investigando en este desastre de Rancagua”, señaló la presidenta.

Al respecto, Sepúlveda catalogó como “una sesión muy buena y además bastante concluyente, pues hubo un común denominador entre los dos expositores, en relación con cuales serían las malas prácticas que hoy día tenemos en los tribunales, y cómo de alguna manera también los incentivos para poder desarrollar la carrera en tribunales son perversos, porque tiene que ver con estímulo que son negativos precisamente para impartir la justicia”.

Esperamos afinar y tener muchos más detalles en términos de cuáles son los puntos críticos en relación a las decisiones que tienen que tomar los magistrados, pero también las múltiples funciones que realizan y no les permite tener el foco en lo que tiene que ver con impartir justicia, sino que más bien los obliga a realizar otras funciones administrativas, como calificaciones, ascensos y designaciones que inevitablemente hacen que se pierda el foco en lo realmente importante que es impartir justicia”.

Lo anterior, principalmente reforzado en la exposición del director de la Asociación de Magistrados de Chile, Mauricio Olave, quien indicó que las causas que han permitido la situación que está investigándose a nuestro entender pasa por las deficiencias en la forma en que está estructurado el diseño institucional que regula el gobierno institucional de los jueces, que permite una excesiva concentración de las facultades gerenciales o administrativas en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema y deja espacios para que existan lugares aptos para corrupción, vale decir, la forma en que está organizada la carrera judicial, con la concentración de poderes en las cortes para designar quiénes son los que ingresan al Poder Judicial, quiénes ascienden en el mismo, quiénes salen del sistema distrayendo de la labor esencial de los jueces que es resolver en derecho”.

Sin embargo, Olave destacó que “no hemos recibido otras denuncias y esperamos que estas cosas no se repitan, lo que hemos venido diciendo eso si es que no podemos darle garantía a la ciudadanía de que estas cosas no se repitan si no somos capaces de modificar drásticamente el diseño institucional. Y eso hemos venido a expresar aquí y hemos recibido bastante feedback de la comisión que nos ha mirado con respeto y ha puesto atención a las cosas que le hemos señalado y nos vamos más confiados hoy de que este Congreso pueda tomar cartas en el asunto y entrar a la discusión que es lo que esperamos”, concluyó.




Presidenta de Comisión Investigadora por “Caso Jueces” lamentó negativa a asistir de representantes de la Corte Suprema

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), señaló que “no es una buena señal” pero esperan que “la negativa verbal sea formalizada por escrito”, sin embargo, acordaron volver a invitarlos.

La diputada y presidenta de la Comisión Investigadora por el denominado “Caso Jueces”, Alejandra Sepúlveda (FRVS), lamentó que tanto el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, como la ministra Rosa María Maggi, hayan desistido de asistir a la instancia que investiga lo relativo a la Corte Suprema de Rancagua.

Según explicó la parlamentaria, tras la invitación formal despachada el martes 28 de mayo, “el secretario de la comisión fue consultando y finalmente el día jueves se nos informó que la decisión la dejarían para el pleno de la Corte Suprema que se realizaría el día viernes siguiente, el cual tomó la decisión de que ni el presidente de la Corte Suprema ni la ministra Maggi asistieran a la comisión investigadora, porque no le correspondía a las atribuciones de la comisión”. Lo anterior, aún en el ámbito informal, pues al término de la instancia aún no llegaba respuesta en términos formales.

 

“Lamentamos que la Corte Suprema, o cualquiera de sus representantes, el presidente, la ministra Maggi o el vocero, no hayan asistido hoy día a la comisión. Primero porque es muy importante que ellos den a conocer qué es lo que está ocurriendo con el proceso que hoy día se está viviendo al interior de la Corte Suprema con esta investigación de la ministra Maggi. Pero también el procedimiento que esperan conocer además todos los chilenos y chilenas, pues a mi juicio lo que pide la ciudadanía es que las cosas no ocurran entre cuatro paredes, sino que precisamente sepamos cuáles son los tiempos, fundamentalmente con lo que está ocurriendo en Rancagua con la aplicación de la justicia”.

 

Asimismo, la diputada informó que “al menos hoy día tenemos ya el informe de la ministra Maggi, no oficialmente, sino que entregado por un diputado, pero lo estamos pidiendo también oficialmente a fin de poder analizarlo y darle consistencia a una nueva invitación que, como comisión ya acordamos, realizaremos a los representantes de la Corte Suprema”.

Esperamos que la Corte Suprema venga en algún minuto, porque además nosotros como Comisión Investigadora también tenemos la facultad que nos mandató las sala a hacer propuestas en relación a las modificaciones que deberían ocurrir al interior de la Corte Suprema, en lo que respecta a las nominaciones y los nombramientos. Y lógicamente, esperamos que ellos den su opinión y que no se diga después que no son tomados en cuenta en las propuestas que tanto el Ministerio de Justicia como la propia Cámara podamos a hacer a los procedimientos de elección de los jueces de la República”, concluyó.




Diputada Sepúlveda (FREVS) valoró designación de fiscal Campos para investigar arista penal de caso de Emiliano Arias

Sin embargo, la parlamentaria recordó que el foco más importante es “resolver cuanto antes el caso de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua y saldar una deuda de transparencia y fin a la corrupción con la ciudadanía”.

La diputada por la región de O´Higgins, Alejandra Sepúlveda, valoró la designación del fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenio Campos Lucero,  – quien actualmente investiga el caso de fraude en Carabineros, más conocido como “Pacogate” – para investigar la arista judicial de las acusaciones contra Emiliano Arias.

Al respecto, la parlamentaria señaló que dicha resolución, tomada tras el consejo extraordinario de fiscales y que abre una causa penal contra el jefe del Ministerio Público en Rancagua, “me parece una buena decisión, pues es un fiscal que tiene una amplia experiencia, con una trayectoria importante en casos de corrupción y que además ha conducido con mucha eficiencia el caso de Carabineros. Pero lo importante aquí es que lo antes posibles se pueda resolver el caso de la Fiscalía Regional de Rancagua, dado que no puede ser que aquellos que con los que son los persecutores más importantes dentro de la región, hoy día tengamos el conflicto que tenemos”.

Sin embargo, Sepúlveda recalcó que “lo más importantes que es el caso de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua avance y se resuelva, ese es el foco más importante y el que no debemos perder, pues ahí está el delito, ahí está el pago de coimas y el tráfico de drogas. Además, es una deuda que tenemos que develar a la ciudadanía y a la región, y esperamos que con este fiscal, pero también con lo que está haciendo la ministra Maggi podamos tener y dilucidar la verdad lo antes posibles”.




[Columna] Crisis de instituciones y acción política

(Por Juan Gajardo López / miembro comisión política PC de Chile). Esta última semana los titulares de los medios de comunicación han sido copados por las noticias que revelan casos de descomposición en el poder judicial y en la iglesia evangélica. Si unimos lo anterior con los manejos económicos irregulares que se investigan en Carabineros y el Ejército, al  financiamiento ilegal de políticos por parte de empresas privadas, a la crisis de la iglesia católica,a la escasa credibilidad pública con la que cuenta el parlamento y otras situaciones de conocimiento público que afectan a diversas instituciones de la vida nacional, podemos construir la hipótesis que enfrentamos una crisis institucional en la cual la confianza ciudadana está profundamente afectada.

Salir de esta situación obliga a un diagnóstico en mayor profundidad del porqué llegamos a este estado. Sin duda acá no lo haremos. La revolución tecnológica que modifica los medios y en consecuencia las relaciones de producción; como el post modernismo en sus diferentes expresiones,particularmente comunicacionales, que modelan la cultura; o relaciones internacionales multilaterales frente a la pretensión unípolar de los EEUU son determinantes generales que sin duda influyen. Pero en nuestro país el agente de la descomposición que afecta a nuestra sociedad fue  a no dudarlo el tipo de institucionalidad generada por la dictadura de la derecha cimentada bajo el poder militar.

Frente a esta crisis la alternativa de salida es popular o reaccionaria. La salida reaccionaria está dada por la profundización del neoliberalismo en su versión tipo gobierno actual o bien con una salida que recurra a un liderazgo populista represivo, opción que la derecha económica en sus diversas manifestaciones políticas jamás ha desahuciado. La salida popular en cambio obliga a una construcción político social que re sitúe a las amplias masas populares como hacedoras de su propia historia. Esto significa ir más allá de la suma de votos de partidos o coaliciones que sirvan para derrotar a la derecha, a más que tener una plataforma programática básica en la cual se concuerde,  porque siendo ambas condiciones necesarias, son insuficientes. La superación del neoliberalismo requiere de la mayor amplitud, que integre a todos los sectores populares objetivamente perjudicados y agraviados por este sistema, conscientes de sus derechos y también de sus deberes.

La superación desde el mundo popular de la crisis institucional que enunciábamos nos obliga a actuar con transparencia ante las masas, en este caso diciendo que no nos interesa cualquier acuerdo o alianza. Estamos por una alianza que coloque a los intereses de la inmensa mayoría como el eje de sus preocupaciones y que eso se traduzca en líneas programáticas pero también en acciones.

La complejidad de la misión nos exige flexibilidad en el accionar sin perder jamás de vista el objetivo para este periodo histórico. Reiterar por ejemplo que en la dimensión política estamos por la más amplia unidad de toda la oposición al actual gobierno, pero que esta no se decreta, no depende exclusivamente de nuestra voluntad, que así como el MIDA o el Juntos Podemos correspondieron a otros momentos históricos, también lo es la Nueva Mayoría y en consecuencia trabajar por la unidad más amplia invita a desplegar otras iniciativas, sin despreciar ni desconocer a nadie, buscando al final de este proceso que concluye el año 21 llegar todos juntos, pero asumiendo la realidad que para esta elección de concejales las diferentes fuerzas de oposición construiremos diferentes pactos, que en la elección de autoridades unipersonales (alcaldes y gobernadores) estamos porque se definan los candidatos a través de primarias y en consecuencia, NINGÚN voto comunista será entregado por gracia a ningún presunto aliado. Sólo expresando nítidamente nuestra posición lograremos ser contribuyentes a que el quehacer político también recupere prestigio.