Diputado Teillier ante casos de corrupción en Poder Judicial, Fuerzas Armadas y policías: «Desplegaremos toda nuestra capacidad fiscalizadora desde el Parlamento»

Frente a los hechos de corrupción que envuelven  la actividad pública, las FF.AA. policías y más recientemente al Poder Judicial, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,  sostuvo que como colectividad   desplegaran toda su influencia fiscalizadora desde el Parlamento para evitar que estos casos empañen por igual a todos los actores políticos.

En este sentido, el diputado Guillermo Teillier expresó que existe un agobio ciudadano al darse cuenta que la gran mayoría de nuestra institucionalidad política, uniformada , judicial y hasta religiosa  ha sido afectada por personas inescrupulosas que han generado un caos social que ya nadie entiende.

 

Guillermo Teillier además apuntó sus dardos en contra del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien a su juicio ha instigado los casos de tráfico de influencias en el Poder Judicial en Rancagua, afectando de paso la credibilidad de toda la clase política, enfatizó.

 

Finalmente, el presidente del partido Comunista consideró urgente reconstruir la confianza en nuestras estructuras sociales y políticas, particularmente  en el Poder Judicial, pues  instruir a los jueces y fiscales para favorecer a los poderosos del país como ha estado ocurriendo, puede generar un conflicto en la ciudadanía de graves e insospechadas  consecuencias , concluyó el diputado Guillermo Teillier .




[Columna] Crisis de instituciones y acción política

(Por Juan Gajardo López / miembro comisión política PC de Chile). Esta última semana los titulares de los medios de comunicación han sido copados por las noticias que revelan casos de descomposición en el poder judicial y en la iglesia evangélica. Si unimos lo anterior con los manejos económicos irregulares que se investigan en Carabineros y el Ejército, al  financiamiento ilegal de políticos por parte de empresas privadas, a la crisis de la iglesia católica,a la escasa credibilidad pública con la que cuenta el parlamento y otras situaciones de conocimiento público que afectan a diversas instituciones de la vida nacional, podemos construir la hipótesis que enfrentamos una crisis institucional en la cual la confianza ciudadana está profundamente afectada.

Salir de esta situación obliga a un diagnóstico en mayor profundidad del porqué llegamos a este estado. Sin duda acá no lo haremos. La revolución tecnológica que modifica los medios y en consecuencia las relaciones de producción; como el post modernismo en sus diferentes expresiones,particularmente comunicacionales, que modelan la cultura; o relaciones internacionales multilaterales frente a la pretensión unípolar de los EEUU son determinantes generales que sin duda influyen. Pero en nuestro país el agente de la descomposición que afecta a nuestra sociedad fue  a no dudarlo el tipo de institucionalidad generada por la dictadura de la derecha cimentada bajo el poder militar.

Frente a esta crisis la alternativa de salida es popular o reaccionaria. La salida reaccionaria está dada por la profundización del neoliberalismo en su versión tipo gobierno actual o bien con una salida que recurra a un liderazgo populista represivo, opción que la derecha económica en sus diversas manifestaciones políticas jamás ha desahuciado. La salida popular en cambio obliga a una construcción político social que re sitúe a las amplias masas populares como hacedoras de su propia historia. Esto significa ir más allá de la suma de votos de partidos o coaliciones que sirvan para derrotar a la derecha, a más que tener una plataforma programática básica en la cual se concuerde,  porque siendo ambas condiciones necesarias, son insuficientes. La superación del neoliberalismo requiere de la mayor amplitud, que integre a todos los sectores populares objetivamente perjudicados y agraviados por este sistema, conscientes de sus derechos y también de sus deberes.

La superación desde el mundo popular de la crisis institucional que enunciábamos nos obliga a actuar con transparencia ante las masas, en este caso diciendo que no nos interesa cualquier acuerdo o alianza. Estamos por una alianza que coloque a los intereses de la inmensa mayoría como el eje de sus preocupaciones y que eso se traduzca en líneas programáticas pero también en acciones.

La complejidad de la misión nos exige flexibilidad en el accionar sin perder jamás de vista el objetivo para este periodo histórico. Reiterar por ejemplo que en la dimensión política estamos por la más amplia unidad de toda la oposición al actual gobierno, pero que esta no se decreta, no depende exclusivamente de nuestra voluntad, que así como el MIDA o el Juntos Podemos correspondieron a otros momentos históricos, también lo es la Nueva Mayoría y en consecuencia trabajar por la unidad más amplia invita a desplegar otras iniciativas, sin despreciar ni desconocer a nadie, buscando al final de este proceso que concluye el año 21 llegar todos juntos, pero asumiendo la realidad que para esta elección de concejales las diferentes fuerzas de oposición construiremos diferentes pactos, que en la elección de autoridades unipersonales (alcaldes y gobernadores) estamos porque se definan los candidatos a través de primarias y en consecuencia, NINGÚN voto comunista será entregado por gracia a ningún presunto aliado. Sólo expresando nítidamente nuestra posición lograremos ser contribuyentes a que el quehacer político también recupere prestigio.




Bárbara Figueroa, el TPP11, Odebrecht y Alan García

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, se refirió al contexto de corrupción que envuelve la política peruana y  varios países de latinoamérica, aclarando que no se trata de situaciones aisladas, ni hechos puntuales como el involucramiento de ex mandatarios en el llamado caso Lava Jato – Odebrecht.

La dirigenta sindical indicó que la derecha a nivel internacional está vinculada a coimas, financiamiento irregular de la política y otras prácticas de corrupción, incluyendo a los golpistas brasileños que enjuiciaron a la ex presidenta Dilma Rousseff para sacarla ilegítimamente del cargo.

 

Bárbara Figueroa aclaró que estos casos de corrupción responden a una estrategia general de los poderes económicos, vinculada a su política transnacional sobre los gobiernos de cada país.

 

En ese sentido, la presidenta de la multisindical rechazó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP-11, argumentando que se enmarca en la misma lógica de dominación ejercida por las grandes empresas transnacionales.

 

Bárbara Figueroa afirmó que la contrarreforma tributaria del gobierno también responde al control de los poderes fácticos en la implementación de políticas públicas de los Estados.

 

Finalmente, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, explicó que el gobierno de Piñera se ve obligado a generar concesiones y una política regresiva de reforma tributaria, en respuesta a los sectores económicos que lo financian. Esto, al igual que la derecha en Brasil, Argentina y Colombia.




Diputado Barrera acusó intromisión ilegítima de ministro Larraín en los tribunales de justicia

Jefe de la bancada PC – independientes criticó el apoyo del ministro de justicia al ex senador UDI, Jaime Orpis, imputado por los delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco en el llamado caso Corpesca. “No resulta aceptable que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín,  intervenga públicamente en favor del principal acusado en uno de los casos de corrupción más graves que hemos conocido y que sigue indignando a la inmensa  mayoría de los chilenos y chilenas”.

Así lo expresó este miércoles en la hora de incidentes de la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada PC, Boris Barrera, al cuestionar el apoyo que el secretario de Estado entregó al ex senador Jaime Orpis, imputado por los delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco en el llamado caso Corpesca.

El ministro Larraín afirmó: “tengo plena confianza en Jaime Orpis, en su  conducta, y espero dar testimonio de ello”, al respaldar al ex senador UDI que no solo reconoció haber recibido millonarios aportes de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca, sino también de otras seis empresas.

 

La tramitación de dicha normativa, señaló Barrera, “fue aprobada a través de la compra de votos por parte de las grandes empresas pesqueras. Por la misma razón, dos comisiones de esta Cámara aprobaron declarar la nulidad de esa ley y esperamos que pronto la Sala pueda discutir y respaldar la moción que anula una norma corrupta”.

 En su alocución, Barrera afirmó que el apoyo del ministro de justicia  al imputado es de suma gravedad, “porque el solo hecho de efectuar estas declaraciones implica una presión indebida respecto de los magistrados que deberán resolver sobre la culpabilidad  del ex senador Orpis”.

“El Ministro de Justicia es precisamente la persona que tiene la facultad, en definitiva, de nombrar a los jueces, por lo que una sentencia  en contra de lo expresado por él podría ser interpretado como un obstáculo a la hora de obtener nombramientos en cargos más altos dentro de los escalafones de las respectivas magistraturas y constituyen un atentado al principio de independencia de los poderes del Estado”, señaló el legislador.

 

Barrera afirmó que la actitud del Ministro no constituye un hecho aislado, ya que en abril de 2018, expresó que “la mayoría de los jueces son de izquierda”.

“Estas declaraciones también importaron en su momento un intento por afectar la independencia del poder judicial, toda vez que condiciona la legítima aspiración de ascenso en la carrera judicial, al pensamiento político y al contenido mismo de los fallos, cuestión que a simple vista escapa la competencia del señor Ministro y aún más, implica una intromisión ilegítima en la independencia de los tribunales de Justicia”, precisó el jefe de la bancada PC.

Por ello, afirmó que no es aceptable que Larraín  intervenga públicamente en favor del principal acusado en uno de los casos de corrupción más graves que se han registrado en el país.




Grave denuncia contra Seremi de Gobierno de la séptima región

Una grave denuncia realizó el Partido Por la Democracia en contra del  Seremi de Gobierno de la Séptima Región, Jorge Guzmán, luego que el Intendente del Maule, Pablo  Milard, entregara asignaciones de funciones a un estudio jurídico local  en que el que participaba  el propio Guzmán, militante -junto a sus socios- del partido oficialista Evópoli .

Alertados por sus dirigentes locales de esta grave e irregular situación, el PPD a través de su Secretario General, Sebastián Vergara, expresó que más allá del ámbito legal, la designación arbitraria por parte del intendente Milard de una empresa asesora sin establecer los principios  mínimos de transparencia, constituye un hecho que se aleja de los estándares de probidad y ética que hoy demanda la ciudadanía.

El dirigente nacional del PPD además cuestionó fuertemente
que los profesionales contratados –y que son parte del estudio jurídico en que participaba
 el Seremi Jorge Guzmán ,hayan recibido
altas sumas de dinero por esta labor encomendado por la intendencia Maulina,
aprovechando presumiblemente  la
influencia política del Secretario Regional Ministerial  de Gobierno ,designado por Sebastián Piñera.

Sebastián Vergara expresó que esta denuncia que ha
promovido su colectividad en la Región del Maule, evidencia un capítulo más de
la historia de nombramientos irregulares y nepotismo que han marcado la gestión
de la Derecha a cargo del país, la cual ha sido repudiada por la ciudadanía,
tal como la reflejan las exiguas cifras de aprobación que recibe actualmente el
Ejecutivo.

Finalmente el Secretario General del PPD anunció que junto a los directivos locales del Maule, solicitaran explicaciones al gobierno y en particular a la portavoz de la Moneda Cecilia Pérez, no descartando recurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncia sobre esta hecho claramente irregular, y de cuya resolución puede surgir la petición de destitución del Intendente de la Séptima Región Pablo Milard, así como del Seremi Jorge Guzmán.




Juan A. Lagos analiza el complejo momento de las Fuerzas Armadas y Carabineros

 

El analista y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, dijo que es insostenible atribuir la crisis de las instituciones armadas y de seguridad pública sólo a una supuesta falta de control y fiscalización del poder civil a las Fuerzas Armadas.

El analista político aclaró que sectores de derecha e incluso la propia Concertación, fueron quienes diseñaron la arquitectura del poder militar, encabezado en su momento por el dictador Augusto Pinochet.

El analista Juan Andrés Lagos recordó que las Fuerzas Armadas fueron parte de la dictadura, donde las violaciones a los Derechos Humanos, crímenes y hechos de corrupción eran recurrentes, pero no eran investigados como ahora.

Según el dirigente comunista, las Fuerzas Armadas y policiales de Chile, Brasil e Israel, se han visto históricamente influenciadas por la doctrina militar norteamericana, lo que explica la complicidad de los uniformados con los criminales de la Dictadura. 

 

 

El analista político indicó que la crisis de las instituciones castrenses responde a una fuerte disputa entre posiciones de poder que fueron entregadas por los poderes fácticos en la década de los 70.

 

Juan Andrés Lagos llamó a avanzar en la superación de la corrupción y los pactos de silencio al interior del Ejército, en el marco de una reforma estructural de las doctrinas que rigen a la institución.




Teillier y situación en el Ejército: «Comandante en Jefe debe realizar acciones concretas frente a la corrupción y sobre DD.HH.»

El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier, señaló que el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, debe sustentar en acciones concretas su rechazo frente a los hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas por la institución en los últimos 50 años, tras manifestar esa postura ante la comisión de defensa de la Cámara Baja.

 

A juicio del parlamentario, el tema de fondo radica en buscar mecanismos de fiscalización que permitan terminar con la corrupción y el negacionismo al interior de las Fuerzas Armadas.  

 

El presidente del PC sostuvo que general Ricardo Martínez debe transparentar la mirada institucional frente al homenaje rendido a Miguel Krassnoff y la venta de armas al narcotráfico en el interior del Ejército.

 

Guillermo Teillier aclaró que el Ejército debe reivindicarse ante la ciudadanía por su responsabilidad histórica en crímenes de lesa humanidad, y poner fin a la jerarquía militar a la hora de juzgar delitos que competen al ámbito de la justicia civil.

 

Para el diputado Guillermo Teillier, lo más importante es que el Ejército reconozca de una vez por todas que dieron un Golpe de Estado y violaron los Derechos Humanos en Dictadura, tratándose además de una institución que está siendo corroída por la corrupción y el tráfico de armas. 




Francisco Vidal: «Es imprescindible romper el vínculo de la derecha con nuestras Fuerzas Armadas»

El ex ministro  y dirigente PPD, Francisco Vidal, valoró la condena dictada por el juez Mario Carroza al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por el caso Caravana de la Muerte, ya que mediante esta sentencia, señala, se reconoce una vez m´ças la violación institucional en que incurrieron las Fuerzas Armadas tras el fusilamiento criminal de 15 personas en el Regimiento Árica de La Serena. 

 

Según Francisco Vidal,  la política criminal que el dictador Augusto Pinochet llevó a cabo en todo el país, se refleja, por ejemplo también en las 193 ejecuciones registradas en la Araucanía entre 1973 y 1989, de las cuales 123 figuran como desapariciones forzadas.

 

El ex ministro de Estado, aclaró que el fallo de la justicia debiese considerar el reconocimiento por parte de Cheyre,  cuando fue máxima autoridad del Ejército,de la política sistemática y criminal que encabezaron las Fuerzas Armadas en dictadura.

 

Francisco Vidal indicó que el diagnostico de la izquierda apunta a la necesidad histórica de romper el vínculo generado en dictadura entre la derecha y las Fuerzas Armadas, paralelamente a ampliar la carrera militar y eliminar la ley reservada del cobre para evitar nuevos casos de corrupción institucional.

 

A juicio de Francisco Vidal, la condena que pesa contra Juan Emilio Cheyre significa un enorme avance en la construcción de la democracia chilena al ser el primer comandante en jefe de la principal rama castrense en ser condenado.




Mauricio Daza: «Resolución de caso Penta garantiza la impunidad en uno de los hechos de corrupción más graves que se han cometido en el país»

Luego de que el Octavo Juzgado de Garantía decidiera absolver a Pablo Wagner, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín del delito de cohecho en el caso Penta, el abogado querellante y representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, anunció que interpondrán recursos ante la Corte de Apelaciones, debido a la forma cómo se llevo a cabo el acuerdo entre las defensas de los imputados y el fiscal Manuel Guerra.

Mauricio Daza aclaró que al remplazar el delito de soborno y cohecho por enriquecimiento ilícito se está garantizando la impunidad en uno de los hechos de corrupción más graves que se han cometido en el país.

 

Mauricio Daza sostuvo que la absolución de los imputados es un mensaje para los grandes grupos económicos incurran en actos de soborno a altas autoridades de la república, ya que en caso de ser descubiertos, deberán pagar una mínima fracción de los beneficios obtenidos mediante el pago de coimas.

 

El abogado querellante indicó que van a presentar un recurso de apelación contra el ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, paralelamente al recurso de queja anunciado por el Consejo de Defensa del Estado, en vista de la ilegalidad de la maniobra ejecutada por la Fiscalía.

 

Por otro lado, Mauricio Daza aclaró que este acuerdo se llevó a cabo con la aprobación del fiscal nacional Jorge Abbott, quien ya había intervenido en el caso PENTA con anterioridad.

 

Finalmente, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, sostuvo que hay una responsabilidad compartida entre Jorge Abbott y Manuel Guerra, en la medida que la designación de funciones y cargos al interior del Ministerio Público pasa por relaciones de cercanía y amistad con las autoridades de turno.




Escándalo por Penta: Rechazo a resolución de Fiscalía de reemplazar acusación de soborno y cohecho

En la segunda jornada de audiencia del caso Penta, el juez Daniel Aravena del Octavo Juzgado de Garantía dio luz verde al acuerdo entre las defensas de los imputados y la fiscalía de ir a un juicio abreviado, luego de determinar que la parte querellante sobre delitos tributarios sólo compete al Servicio de Impuestos Internos, y no al resto de querellantes, entre los que se encuentra el Consejo de Defensa del Estado y la ONG Ciudadano Inteligente.

El diputado del Partido Socialista, Marcelo Schilling, aclaró que los defensores de los intereses del Estado y la sociedad renunciaron a su deber al aceptar que el fiscal Manuel Guerra decidiera re formalizar a los acusados Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y Pablo Wagner, remplazando el delito de soborno y cohecho por enriquecimiento ilícito.

 

En ese sentido, Marcelo Schilling calificó como una mala señal que el Tribunal acogiera la reformalización de los imputados, sin dar a conocer fundamento alguno.

 

El diputado Leonardo Soto, dijo que es una vergüenza el actuar de la justicia en esta investigación, donde se había comprobado la entrega de más de 42 millones de pesos al entonces subsecretario de minería, Pablo Wagner, por parte de un grupo económico que a su vez le pedía favores políticos para sacar adelante el proyecto Dominga.

 

Leonardo Soto aclaró que los imputados del caso PENTA arriesgaban penas por más de 5 años y un día, por la gravedad de sus delitos. En ese sentido, el parlamentario aseguró que Chile faltó a la justicia y a la democracia.

 

Recordar que el procedimiento abreviado que implica una pena remitida de 4 años y el pago de una multa de $1.700 millones por parte de Carlos Délano y Carlos Lavín. Esto, luego que el acuerdo lograra eliminar el delito de soborno.

En el caso del ex subsecretario Pablo Wagner, el delito de cohecho que se le imputaba, fue cambiado por el de enriquecimiento ilícito.