Lautaro Carmona ante espionaje del Ejército: “Hay urgencia de democratizar las Fuerzas Armadas y de orden”

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apeló a la urgencia de democratizar las Fuerzas Armadas y de Orden, a la luz de las nuevas denuncias sobre el uso de espionaje y escuchas telefónicas al interior del Ejército y hacia periodistas. Carmona repudió que la institución abuse de tecnologías estatales para tapar delitos de corrupción.

 

El secretario general del PC indicó que la gravedad de los hechos amerita abrir el debate sobre un proyecto de ley que democratice las Fuerzas Armadas y su doctrina.

 

En ese sentido, Lautaro Carmona hizo un llamado a romper con la impunidad instalada en el Ejército durante la Dictadura, la cual ha dado paso a una serie de delitos e irregularidades.

 

El secretario general del PC concluyó que la justicia debe actuar con la máxima rigurosidad ante las últimas revelaciones sobre escuchas telefónicas y espionaje que comprometen al Ejército de Chile.

 




Diputado Leonardo Soto: “Suspensión de causa contra General (R) Oviedo se asemeja a red de protección e impunidad”

El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, sostuvo que la determinación de suspender la causa contra el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, se asemeja a una red de protección e impunidad.

El parlamentario consideró inaceptable que la justicia deba esperar más de un año para dictar una resolución del caso, luego de que el Tribunal Constitucional frenara todos los indicios de delito que eran investigados por la ministra en visita Romy Rutherford.

 

Leonardo Soto consideró grave que el Tribunal Constitucional paralizara esta causa judicial, tratándose de actos de corrupción que involucran a quien ostento el más alto cargo del Ejército.

 

Por otro lado, el diputado socialista informó que la Corte Suprema deberá definir si continúa el procesamiento contra Humberto Oviedo, pese a la suspensión de la causa.

 

El diputado Leonardo Soto alertó sobre un eventual conflicto entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, en caso de que esta última rechace el recurso de amparo del General (R) Oviedo y lo mantenga en prisión hasta que el TC dicte fallo.

 




Lautaro Carmona y la corrupción en altos mandos del Ejército: “Urge democratizar las Fuerzas Armadas

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó a la democratización de las instituciones del Estado como una necesidad imperante, esto a propósito del procesamiento de los excomandantes en jefes del Ejército, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba, por malversación de caudales públicos y lavado de activos, respectivamente.

Carmona afirmó que estos hechos de corrupción responden a la impunidad que impera en Chile desde la dictadura militar.

 

El secretario general del PC fue enfático en señalar que se debe poner fin a la impunidad y los abusos que la dictadura intentó legitimar por la fuerza, y en respuesta a los dictámenes norteamericanos.

 

Lautaro Carmona rechazó la postura del Tribunal Constitucional que pretende dejar en la impunidad los delitos cometidos por el ex comandante Oviedo.

En su diagnóstico, Chile requiere de una nueva Constitución para evitar estos hechos de corrupción que comprometen a las Fuerzas Armadas.

 

En ese contexto, el secretario general del PC valoró la coordinación denominada “Unidad para el Cambio” como un espacio para recoger las demandas de los movimientos sociales, entre las que destaca una nueva constitución nacida en democracia.

Lautaro Carmona aseguró que la impunidad aún prevalece en las fuerzas armadas debido a lo que califico como “una eterna transición a la democracia”. Es por esto que llamó a romper con los enclaves dictatoriales.




Claudia Pascual y la corrupción: “Es muy peligroso porque genera una debilidad institucional y la desafección de la gente con las instituciones del Estado y la justicia”

Como tremendamente  peligroso para la democracia  calificó la exministra de la Mujer  y Equidad de Género, Claudia Pascual,  los permanentes brotes de corrupción que han afectado a diversas instituciones y personeros políticos de nuestro país.

En este sentido, la dirigenta comunista  agregó que junto con los ilícitos que representan literalmente  robos o defraudaciones  de dineros fiscales , ahora existen  hechos igual de complejos como son la  utilización  indebida de influencias para lograr contratos, licitaciones y nombramientos públicos, como ha ocurrido últimamente.

 

Claudia Pascual  expresó que este fenómeno de la corrupción que comienza a surgir a nuestro país, junto con generar un falta de legitimidad en las instituciones, colabora con la desafectación de las personas hacia la política, sobre todo cuando se advierte que el Ministerio Público, algunos integrantes del Parlamento, las instituciones  armadas y de seguridad han sido salpicadas por este tipo de denuncias.

 

La encargada de Género del partido Comunista recordó que hace unos meses atrás un estudio reveló que a los jóvenes en Chile les da lo mismo vivir en Democracia o en Dictadura, lo cual a su juicio es reflejo de una apatía surgida precisamente por los hechos  de corrupción que se han develado en el país.

 

Del mismo modo, la exministra Claudia Pascual señaló que en el ámbito del tráfico de influencia resulta cuestionable  que algunos nombramientos para integrar instituciones de carácter  autónomo como el Poder Judicial o la Contraloría surjan de ternas propuestas por el Ejecutivo y sean ratificadas por el senado, ya que eso puede ser caldo de cultivo para el lobby político.

 

Finalmente la dirigenta política Claudia Pascual sostuvo que la opinión pública ha percibido  que en el ámbito  de los poderes del Estado ha primado de manera inconveniente el pago de favores, para optar a ciertos cargos o beneficios fiscales , desplazando al criterio técnico , así como a los meritos profesionales y éticos de los postulantes, lo cual es particularmente  dañino para nuestra democracia, concluyó la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género.




Marcos Barraza: “Fiscal Nacional debe preservar independencia y no vulnerar principio de igualdad ante la ley”

El Ministerio Público anunció este lunes mediante un comunicado que por orden del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se dejó sin efecto el convenio de colaboración que el organismo había firmado el pasado 30 de abril con la Conferencia Episcopal de Chile (CECH).

Para el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se trataba de un acuerdo desafortunado, que sólo contribuía a desprestigiar la acción penal del Ministerio Público.

El dirigente del Partido Comunista sentenció que no se puede establecer ningún convenio que de garantías y privilegios a la Iglesia Católica, respecto a procedimientos investigativos en curso, referentes a agresiones sexuales.

 

En ese sentido, Marcos Barraza acusó al Ministerio Público de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, pues la firma del convenio permitía entregar información privilegiada a la Iglesia Católica, en un contexto donde esta última está siendo investigada por eventuales encubrimientos de sus sacerdotes.

 

El ex ministro de Estado sostuvo que la Iglesia Católica debería pedir disculpas públicas, y contribuir de manera rigurosa en el esclarecimiento de responsabilidades penales por casos de connotación sexual.

Asimismo, consideró improcedente la firma de este convenio, pues da cuenta de la mala conducción del Ministerio Público, como institución persecutora de delitos graves.

 

A juicio de Marcos Barraza, el fiscal Jorge Abbott se equivocó al firmar dicho protocolo, y por tanto, debiese dar explicaciones más contundentes por haber legitimado acuerdos extrajudiciales.

 

El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza aclaró que si no hay justicia, es muy difícil pensar en la reparación a las víctimas de violaciones y agresiones sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica.




Diputado Teillier ante casos de corrupción en Poder Judicial, Fuerzas Armadas y policías: “Desplegaremos toda nuestra capacidad fiscalizadora desde el Parlamento”

Frente a los hechos de corrupción que envuelven  la actividad pública, las FF.AA. policías y más recientemente al Poder Judicial, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,  sostuvo que como colectividad   desplegaran toda su influencia fiscalizadora desde el Parlamento para evitar que estos casos empañen por igual a todos los actores políticos.

En este sentido, el diputado Guillermo Teillier expresó que existe un agobio ciudadano al darse cuenta que la gran mayoría de nuestra institucionalidad política, uniformada , judicial y hasta religiosa  ha sido afectada por personas inescrupulosas que han generado un caos social que ya nadie entiende.

 

Guillermo Teillier además apuntó sus dardos en contra del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien a su juicio ha instigado los casos de tráfico de influencias en el Poder Judicial en Rancagua, afectando de paso la credibilidad de toda la clase política, enfatizó.

 

Finalmente, el presidente del partido Comunista consideró urgente reconstruir la confianza en nuestras estructuras sociales y políticas, particularmente  en el Poder Judicial, pues  instruir a los jueces y fiscales para favorecer a los poderosos del país como ha estado ocurriendo, puede generar un conflicto en la ciudadanía de graves e insospechadas  consecuencias , concluyó el diputado Guillermo Teillier .




[Columna] Crisis de instituciones y acción política

(Por Juan Gajardo López / miembro comisión política PC de Chile). Esta última semana los titulares de los medios de comunicación han sido copados por las noticias que revelan casos de descomposición en el poder judicial y en la iglesia evangélica. Si unimos lo anterior con los manejos económicos irregulares que se investigan en Carabineros y el Ejército, al  financiamiento ilegal de políticos por parte de empresas privadas, a la crisis de la iglesia católica,a la escasa credibilidad pública con la que cuenta el parlamento y otras situaciones de conocimiento público que afectan a diversas instituciones de la vida nacional, podemos construir la hipótesis que enfrentamos una crisis institucional en la cual la confianza ciudadana está profundamente afectada.

Salir de esta situación obliga a un diagnóstico en mayor profundidad del porqué llegamos a este estado. Sin duda acá no lo haremos. La revolución tecnológica que modifica los medios y en consecuencia las relaciones de producción; como el post modernismo en sus diferentes expresiones,particularmente comunicacionales, que modelan la cultura; o relaciones internacionales multilaterales frente a la pretensión unípolar de los EEUU son determinantes generales que sin duda influyen. Pero en nuestro país el agente de la descomposición que afecta a nuestra sociedad fue  a no dudarlo el tipo de institucionalidad generada por la dictadura de la derecha cimentada bajo el poder militar.

Frente a esta crisis la alternativa de salida es popular o reaccionaria. La salida reaccionaria está dada por la profundización del neoliberalismo en su versión tipo gobierno actual o bien con una salida que recurra a un liderazgo populista represivo, opción que la derecha económica en sus diversas manifestaciones políticas jamás ha desahuciado. La salida popular en cambio obliga a una construcción político social que re sitúe a las amplias masas populares como hacedoras de su propia historia. Esto significa ir más allá de la suma de votos de partidos o coaliciones que sirvan para derrotar a la derecha, a más que tener una plataforma programática básica en la cual se concuerde,  porque siendo ambas condiciones necesarias, son insuficientes. La superación del neoliberalismo requiere de la mayor amplitud, que integre a todos los sectores populares objetivamente perjudicados y agraviados por este sistema, conscientes de sus derechos y también de sus deberes.

La superación desde el mundo popular de la crisis institucional que enunciábamos nos obliga a actuar con transparencia ante las masas, en este caso diciendo que no nos interesa cualquier acuerdo o alianza. Estamos por una alianza que coloque a los intereses de la inmensa mayoría como el eje de sus preocupaciones y que eso se traduzca en líneas programáticas pero también en acciones.

La complejidad de la misión nos exige flexibilidad en el accionar sin perder jamás de vista el objetivo para este periodo histórico. Reiterar por ejemplo que en la dimensión política estamos por la más amplia unidad de toda la oposición al actual gobierno, pero que esta no se decreta, no depende exclusivamente de nuestra voluntad, que así como el MIDA o el Juntos Podemos correspondieron a otros momentos históricos, también lo es la Nueva Mayoría y en consecuencia trabajar por la unidad más amplia invita a desplegar otras iniciativas, sin despreciar ni desconocer a nadie, buscando al final de este proceso que concluye el año 21 llegar todos juntos, pero asumiendo la realidad que para esta elección de concejales las diferentes fuerzas de oposición construiremos diferentes pactos, que en la elección de autoridades unipersonales (alcaldes y gobernadores) estamos porque se definan los candidatos a través de primarias y en consecuencia, NINGÚN voto comunista será entregado por gracia a ningún presunto aliado. Sólo expresando nítidamente nuestra posición lograremos ser contribuyentes a que el quehacer político también recupere prestigio.




Bárbara Figueroa, el TPP11, Odebrecht y Alan García

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, se refirió al contexto de corrupción que envuelve la política peruana y  varios países de latinoamérica, aclarando que no se trata de situaciones aisladas, ni hechos puntuales como el involucramiento de ex mandatarios en el llamado caso Lava Jato – Odebrecht.

La dirigenta sindical indicó que la derecha a nivel internacional está vinculada a coimas, financiamiento irregular de la política y otras prácticas de corrupción, incluyendo a los golpistas brasileños que enjuiciaron a la ex presidenta Dilma Rousseff para sacarla ilegítimamente del cargo.

 

Bárbara Figueroa aclaró que estos casos de corrupción responden a una estrategia general de los poderes económicos, vinculada a su política transnacional sobre los gobiernos de cada país.

 

En ese sentido, la presidenta de la multisindical rechazó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP-11, argumentando que se enmarca en la misma lógica de dominación ejercida por las grandes empresas transnacionales.

 

Bárbara Figueroa afirmó que la contrarreforma tributaria del gobierno también responde al control de los poderes fácticos en la implementación de políticas públicas de los Estados.

 

Finalmente, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, explicó que el gobierno de Piñera se ve obligado a generar concesiones y una política regresiva de reforma tributaria, en respuesta a los sectores económicos que lo financian. Esto, al igual que la derecha en Brasil, Argentina y Colombia.




Diputado Barrera acusó intromisión ilegítima de ministro Larraín en los tribunales de justicia

Jefe de la bancada PC – independientes criticó el apoyo del ministro de justicia al ex senador UDI, Jaime Orpis, imputado por los delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco en el llamado caso Corpesca. “No resulta aceptable que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín,  intervenga públicamente en favor del principal acusado en uno de los casos de corrupción más graves que hemos conocido y que sigue indignando a la inmensa  mayoría de los chilenos y chilenas”.

Así lo expresó este miércoles en la hora de incidentes de la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada PC, Boris Barrera, al cuestionar el apoyo que el secretario de Estado entregó al ex senador Jaime Orpis, imputado por los delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco en el llamado caso Corpesca.

El ministro Larraín afirmó: “tengo plena confianza en Jaime Orpis, en su  conducta, y espero dar testimonio de ello”, al respaldar al ex senador UDI que no solo reconoció haber recibido millonarios aportes de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca, sino también de otras seis empresas.

 

La tramitación de dicha normativa, señaló Barrera, “fue aprobada a través de la compra de votos por parte de las grandes empresas pesqueras. Por la misma razón, dos comisiones de esta Cámara aprobaron declarar la nulidad de esa ley y esperamos que pronto la Sala pueda discutir y respaldar la moción que anula una norma corrupta”.

 En su alocución, Barrera afirmó que el apoyo del ministro de justicia  al imputado es de suma gravedad, “porque el solo hecho de efectuar estas declaraciones implica una presión indebida respecto de los magistrados que deberán resolver sobre la culpabilidad  del ex senador Orpis”.

“El Ministro de Justicia es precisamente la persona que tiene la facultad, en definitiva, de nombrar a los jueces, por lo que una sentencia  en contra de lo expresado por él podría ser interpretado como un obstáculo a la hora de obtener nombramientos en cargos más altos dentro de los escalafones de las respectivas magistraturas y constituyen un atentado al principio de independencia de los poderes del Estado”, señaló el legislador.

 

Barrera afirmó que la actitud del Ministro no constituye un hecho aislado, ya que en abril de 2018, expresó que “la mayoría de los jueces son de izquierda”.

“Estas declaraciones también importaron en su momento un intento por afectar la independencia del poder judicial, toda vez que condiciona la legítima aspiración de ascenso en la carrera judicial, al pensamiento político y al contenido mismo de los fallos, cuestión que a simple vista escapa la competencia del señor Ministro y aún más, implica una intromisión ilegítima en la independencia de los tribunales de Justicia”, precisó el jefe de la bancada PC.

Por ello, afirmó que no es aceptable que Larraín  intervenga públicamente en favor del principal acusado en uno de los casos de corrupción más graves que se han registrado en el país.




Grave denuncia contra Seremi de Gobierno de la séptima región

Una grave denuncia realizó el Partido Por la Democracia en contra del  Seremi de Gobierno de la Séptima Región, Jorge Guzmán, luego que el Intendente del Maule, Pablo  Milard, entregara asignaciones de funciones a un estudio jurídico local  en que el que participaba  el propio Guzmán, militante -junto a sus socios- del partido oficialista Evópoli .

Alertados por sus dirigentes locales de esta grave e irregular situación, el PPD a través de su Secretario General, Sebastián Vergara, expresó que más allá del ámbito legal, la designación arbitraria por parte del intendente Milard de una empresa asesora sin establecer los principios  mínimos de transparencia, constituye un hecho que se aleja de los estándares de probidad y ética que hoy demanda la ciudadanía.

El dirigente nacional del PPD además cuestionó fuertemente
que los profesionales contratados –y que son parte del estudio jurídico en que participaba
 el Seremi Jorge Guzmán ,hayan recibido
altas sumas de dinero por esta labor encomendado por la intendencia Maulina,
aprovechando presumiblemente  la
influencia política del Secretario Regional Ministerial  de Gobierno ,designado por Sebastián Piñera.

Sebastián Vergara expresó que esta denuncia que ha
promovido su colectividad en la Región del Maule, evidencia un capítulo más de
la historia de nombramientos irregulares y nepotismo que han marcado la gestión
de la Derecha a cargo del país, la cual ha sido repudiada por la ciudadanía,
tal como la reflejan las exiguas cifras de aprobación que recibe actualmente el
Ejecutivo.

Finalmente el Secretario General del PPD anunció que junto a los directivos locales del Maule, solicitaran explicaciones al gobierno y en particular a la portavoz de la Moneda Cecilia Pérez, no descartando recurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncia sobre esta hecho claramente irregular, y de cuya resolución puede surgir la petición de destitución del Intendente de la Séptima Región Pablo Milard, así como del Seremi Jorge Guzmán.