TIERRA COLORADA: “Las irregularidades en la división El Salvador de Codelco”

El lunes 12 de agosto, la Comisión investigadora del Senado emitió sus conclusiones sobre las irregularidades en la licitación de la división de Codelco, El Salvador.




Piden pronunciamiento de la Contraloría por cambios curriculares en educación media

Representantes de la Corporación de Padres por el Derecho a la Educación, Corpade y de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, con el fin de que este organismo se inhiba de la toma de razón de la reforma curricular que deja como optativas las asignaturas de historia, educación fisca y arte para los terceros y cuartos medios.

La presidenta de Corpade, Dafne Concha, señaló que la iniciativa impulsada por la ministra Marcela Cubillas, deja estas asignaturas al arbitrio de los sostenedores de escuelas y liceos, pese a ser contenidos elementales para la formación de los estudiantes.

 

Dafne Concha añadió que la asignatura de historia no puede ser suprimida de las mallas curriculares, en un contexto nacional marcado por una reciente dictadura y el negacionismo frente a los crímenes cometidos en dicho periodo.

 

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, Manuel Valenzuela, advirtió que todas las modificaciones ordenadas desde el Mineduc deben ser consensuadas con los demás actores de la educación.

 

Por su parte, el abogado Sergio Marabolí, quien explicó los fundamentos de este requerimiento y cómo el actuar del Mineduc transgrede nuestros principios constitucionales.

 

Otro de los argumentos expuestos en esta presentación, alude a un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que establece que cualquier modificación en el ámbito de la enseñanza debe ser consensuada por la comunidad educativa, o  de lo contrario representa graves vicios de ilegalidad.




JJ.CC. acude a Contraloría por mal uso de recursos públicos en consulta por “toques de queda”

En compañía de la Diputada Camila Vallejo llegaron al ente fiscalizador para que investigue el uso de recursos en “asuntos que no están dentro de sus competencias”.

Un nuevo inconveniente suma la polémica consulta ciudadana que pretende restringir el libre tránsito de jóvenes menores de 16 años desde un horario a determinar realizada el pasado domingo en 8 comunas del país, ya que a la baja participación (sólo un 8,9% del padrón habilitado), se suma quelas Juventudes Comunistas junto a la Diputada Camila Vallejo acudieron a la Contraloría General de la República documentando antecedentes sobre un eventual mal uso de recursos públicos.

En la acción, Camilo Sánchez, el presidente de las JJCC, resaltó que “la gente le dio la espalda a la criminalización de la juventud y a estos anuncios populistas. A pesar de toda la costosa campaña mediática que implementaron, no lograron convocar ni al 9% del padrón”.

Asimismo, Sánchez advirtió que “los alcaldes y alcaldesas involucradas tendrán que dar explicaciones por el uso de recursos en asuntos que no están dentro de sus competencias”, y agregó:”esta costosa pirotecnia contra la juventud debe parar. Esta fue solo una cortina de humo para cubrir la inoperancias de las autoridades frente a al narcotráfico”.

Por su parte, la Diputada Camila Vallejo, señaló que “no solamente estamos ante una consulta que ha excedido las atribuciones jurídicas y administrativas de los municipios, sino que también tenemos un problema de fondo, aquí hay un 91% de la población que le dio la espalda a la consulta sobre la cual los municipios pretenden imponer una restricción de derechos”.

“Cuando una sociedad busca restringir derechos, particularmente a los menores de edad, no lo puede hacer simplemente por vía administrativa en un municipio. Esto es un tema delicado, que involucra una discusión legislativa, y por cierto en primera instancia consultarle a los menores”, añadió la Parlamentaria por el Distrito 12, que incluye a la comuna de La Florida.

Finalmente, el abogado Luis Cuello enfatizó que “la Contraloría ha establecido claramente que los recursos financieros de las municipalidades deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios. Imponer un toque de queda es completamente ajeno a una municipalidad. En esta consulta se contraviene también el principio de probidad, pues se empleó a personal y recursos en una consulta inútil, cuyo propósito es imposible de implementar”.

Presentación CGR gasto Consulta




Trabajadores de Metro piden sumario por notable abandono de deberes contra director nacional del Trabajo

Dirigentes de la Federación de trabajadores del Metro  exigieron a la Contraloría que se pronuncie e instruya un sumario  “por notable abandono de deberes”  en contra de  Mauricio Peñaloza, director nacional de la Dirección del Trabajo, quien tras 9 meses de vencido el plazo legal, aun no se ha pronunciado por la solicitud de servicios mínimos.

Tal como lo expresó la presidenta de la Federación de Sindicatos del Metro, Paula Rivas, la negligencia con que ha actuado la autoridad de gobierno ha entorpecido gravemente el derecho de los trabajadores de negociar colectivamente.

 

Por su parte, el presidente del Sindicato número 1 del Metro, Eric Campos denunció que el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, tiene un comportamiento al de un operador político de los empresarios, al inhibir el legítimo derecho a la libertad sindical de los trabajadores.

 

Eric Campos anunció que como funcionarios del Metro, seguirán en su proceso de negociación colectiva  con o sin servicios mínimos, no descartando radicalizar esta movilización, si es que el titular de la DT sigue actuando como operador político del gobierno.

 

Los dirigentes de la Federación de trabajadores de Metro también pidieron al contralor a concretar una investigación respecto a la labor de Mauricio Peñaloza a cargo de la Dirección del Trabajo, pues hoy parece que este organismo atenta contra los intereses de los trabajadores y no cumpla con la labor  de defender  los derechos laborales.




Claudia Pascual y la corrupción: “Es muy peligroso porque genera una debilidad institucional y la desafección de la gente con las instituciones del Estado y la justicia”

Como tremendamente  peligroso para la democracia  calificó la exministra de la Mujer  y Equidad de Género, Claudia Pascual,  los permanentes brotes de corrupción que han afectado a diversas instituciones y personeros políticos de nuestro país.

En este sentido, la dirigenta comunista  agregó que junto con los ilícitos que representan literalmente  robos o defraudaciones  de dineros fiscales , ahora existen  hechos igual de complejos como son la  utilización  indebida de influencias para lograr contratos, licitaciones y nombramientos públicos, como ha ocurrido últimamente.

 

Claudia Pascual  expresó que este fenómeno de la corrupción que comienza a surgir a nuestro país, junto con generar un falta de legitimidad en las instituciones, colabora con la desafectación de las personas hacia la política, sobre todo cuando se advierte que el Ministerio Público, algunos integrantes del Parlamento, las instituciones  armadas y de seguridad han sido salpicadas por este tipo de denuncias.

 

La encargada de Género del partido Comunista recordó que hace unos meses atrás un estudio reveló que a los jóvenes en Chile les da lo mismo vivir en Democracia o en Dictadura, lo cual a su juicio es reflejo de una apatía surgida precisamente por los hechos  de corrupción que se han develado en el país.

 

Del mismo modo, la exministra Claudia Pascual señaló que en el ámbito del tráfico de influencia resulta cuestionable  que algunos nombramientos para integrar instituciones de carácter  autónomo como el Poder Judicial o la Contraloría surjan de ternas propuestas por el Ejecutivo y sean ratificadas por el senado, ya que eso puede ser caldo de cultivo para el lobby político.

 

Finalmente la dirigenta política Claudia Pascual sostuvo que la opinión pública ha percibido  que en el ámbito  de los poderes del Estado ha primado de manera inconveniente el pago de favores, para optar a ciertos cargos o beneficios fiscales , desplazando al criterio técnico , así como a los meritos profesionales y éticos de los postulantes, lo cual es particularmente  dañino para nuestra democracia, concluyó la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género.




Bancada PC – Independientes presenta recurso en Contraloría contra instalación de medidores “inteligentes”

Los diputados de la bancada PC – Independientes, presentaron en la Contraloría General de la República un requerimiento por la instalación de medidores inteligentes, al considerar que no existe una ninguna norma técnica ni económica que obligue a los usuarios a acatar esta medida.

Así lo detalló el jefe de la bancada, diputado Boris Barrera, solicitando también que la Superintendencia  de Electricidad  y Combustible  suspenda la instalación  de estos denominados medidores inteligentes al no existir una norma técnica que avale este procedimiento, tal como lo reconoció la propia ministra de Energía, enfatizó el legislador.

 

Por su parte, la diputada independiente Marisela Santibáñez conminó a la ciudadanía a no permitir el abuso que significa el cambio del  medidor antiguo por estos inteligentes, pues sólo representa favorecer los negocios de las grandes empresas eléctricas.

 

Este requerimiento ante la Contraloría -tal como lo comentó la diputada comunista Camila Vallejo- tiene por objeto que la entidad exija a la Superintendencia de Electricidad que cumpla su rol fiscalizador  y detenga esta instalación de estos medidores inteligentes  por el cual ya se comenzó a cobrar a cerca de 500 mil usuarios.

 

Desde la bancada PC-Independiente recordaron finalmente que ya presentaron hace unas semanas atrás, un proyecto de ley que establece en su parte medular que el cambio de medidor sea voluntario para los usuarios, además que el costo en el caso de aceptar  lo asuman las empresas distribuidoras y que finalmente a aquellos clientes a los que se les comenzó a cobrar la instalación  de estos artefactos inteligentes , se les rembolse de inmediato el dinero pagado.




Contraloría rechaza toque de queda para menores en Quilpué

La Contraloría Regional de Valparaíso, se refirió al anuncio del alcalde de Quilpué de establecer, a través de una ordenanza, un toque de queda para menores de edad. Este viernes, el órgano contralor respondió al requerimiento presentado el 15 de enero por el dirigente estudiantil Ignacio Navarro y el abogado Luis Cuello, quienes solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de la anunciada ordenanza.

La resolución establece que las municipalidades “deben sujetarse de manera estricta al marco fijado por el ordenamiento jurídico, no pudiendo imponer mayores o menores exigencias que las previstas en las leyes”. Al mismo tiempo advirtió a la Municipalidad de Quilpué que “deberá tener especial consideración de la regulación constitucional dada para la materia en el numeral 7 del  artículo 19 de la Constitución Política”.

Según explicó el abogado Luis Cuello “la norma constitucional citada establece que la libertad personal sólo puede ser restringida en los casos que determine la Constitución o la ley, lo que excluye las ordenanzas municipales. El mensaje de la Contraloría es claro: una ordenanza que vulnere la libertad personal es ilegal.”

“Lo que corresponde ahora es que el alcalde de Quilpué desista de esta medida abiertamente discriminatoria e inconstitucional”, aseguró Cuello.

Para Ignacio Navarro, coordinador de la Federación de Estudiantes Secundarios de Marga Marga, “la voz de las y los secundarios fue oída por la Contraloría. Por supuesto que, desde ahora, las y los jóvenes no pueden ser pasados a llevar ya que se demuestra que son personas capaces y que pueden construir su futuro, desarrollarse y no ser castigados por solo sospechar de ellos.”

Para el dirigente estudiantil “esto marca un precedente que también alcanza al gobierno de Piñera, el cual no entiende la libertad y los derechos de las y los jóvenes,  ya que tiene un capricho con seguir reprimiéndolos con el proyecto de ley que permite el control de identidad a jóvenes de 14 años.”




Déficit en municipio de Viña: Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar declaró admisible la querella por fraude al fisco presentada por dirigentes sociales en contra de quienes resulten responsables, después de conocerse el informe de la Contraloría General sobre el millonario déficit en la administración de la alcaldesa Virginia Reginato.

Para el abogado querellante, Luis Cuello, “es indispensable que se determinen hasta que nivel llegan las responsabilidades y también que se esclarezca cual fue el verdadero destino de los recursos defraudados.” En este sentido indicó que “resulta inverosímil que la Municipalidad haya decidido regalar decenas de millones de pesos a empresas privadas.”

En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos Sedamar Oriente, Nicolás López, dijo que “las organizaciones sociales queremos marcar un precedente, para que la actual administración municipal y las que vengan, del sector que sean, no pretendan nuevamente cometer prácticas que atenten contra los intereses de los vecinos y vecinas.”

La resolución fue notificada también al Ministerio Público, que deberá pronunciarse sobre las diligencias solicitadas por los querellantes, entre ellas la declaración del Administrador Municipal.




Diputados piden remoción de ex contralor Ramiro Mendoza del Consejo Asesor para Modernización del Estado

Daniel Núñez (PC) y Jaime Mulet (FRVS) ingresaron oficialmente la solicitud de remoción del excontralor Ramiro Mendoza, quien se desempeña como presidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado desde junio del 2018. Para los diputados, la salida de Mendoza es un “mínimo de transparencia” dada la investigación que se cursa por la anulación de un sumario de Contraloría que podría haber detectado con anticipación el mega fraude en Carabineros.

Tal como lo habían adelantado la semana recién pasada, los diputados Daniel Núñez (PC) y Jaime Mulet (FRVS) llegaron hasta el Palacio de La Moneda para ingresar la solicitud de remoción del actual presidente del Consejo Asesor para la Modernización de Estado, el ex contralor Ramiro Mendoza.

La solicitud surge tras los antecedentes que revelaron que en el año 2010 el entonces Contralor de la República, Ramiro Mendoza, anuló un sumario realizado al Departamento de Remuneraciones de Carabineros. Dicho sumario podría haber alertado sobre las irregularidades antes de que estallara públicamente el denominado “Pacogate”. Sin embargo, no sólo fue anulado, sino que posteriormente se extravió, hechos que han promovido una investigación judicial a cago del fiscal Eugenio Campos.

En ese marco, el diputado Daniel Núñez sostuvo que “hemos venido a pedirle al Presidente de la República, lo que consideramos es un mínimo acto de transparencia que se le puede pedir a un Presidente, que es que remueva al excontralor Ramiro Mendoza de este Consejo Asesor para la Modernización del Estado. Los hechos que son de público conocimiento, donde hay una situación absolutamente comprobada, donde hay una anulación de un sumario que se estaba impartiendo en el 2010 y que podría haber detectado este fraude multimillonario, evidente que es un hecho extremadamente grave”.

 

“Dada esta acción que es un acto de encubrimiento al fraude que se ha producido en Carabineros, Ramiro Mendoza queda inhabilitado para asumir un cargo en este Consejo Asesor. No podemos tener a una persona con este currículum y con estas faltas quien esté dirigiendo una entidad tan importante”, agregó Núñez.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet agregó que “si verdad queremos modernizar el Estado, es muy importante el término de un tipo de práctica que precisamente va en contra de eso. A Ramiro Mendoza le asiste la presunción de inocencia, pues no ha sido condenado en ninguna de las investigaciones, pero las prácticas que revelan las conversaciones que se han sabido y las declaraciones que se han hecho, son prácticas que debemos erradicar”.

 

“Las cuestiones de poca transparencia de entendimiento entre los poderosos, es algo que hay que erradicar absolutamente, y son temas que lleva este Consejo Asesor. Por eso es que creemos que él debe dar un paso al costado y si no, el Presidente de la República debe pedirle la renuncia”, concluyó Mulet.




ANEF y Frente de Trabajadores del Sename solicitan a CGR pronunciamiento sobre legalidad de cambios administrativos que se están ejecutando vía resolución exenta al interior del servicio

Frente de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename), acompañados por el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, interpusieron esta mañana presentación ante la Contraloría General de la Republica, con el objeto que el organismo autónomo se pronuncie sobre la legalidad de los cambios administrativos que lleva adelante la Directora del Servicio, Susana Tonda Mitri. Los sindicalistas solicitaron al Contralor pronunciamiento respecto de la legalidad de los actos administrativos ejecutados por la Directora Nacional, con los que —según los dirigentes– se estaría burlando al Parlamento y a las Instituciones democráticas.

Para el Frente de Trabajadores del Sename, la Dirección del Servicio, amparada en el cuestionamiento público hacia su funcionamiento y funcionarios, han tomado medidas administrativas que transforman el Servicio internamente de manera ilegal, sin considerar ni agilizar las dos propuestas de reestructuración que ya existen en el Congreso. Según los/las dirigentes de las Asociaciones de Funcionarios (Afuse, Antrase, Anfur) los actuales cambios internos ponen en riesgo la seguridad y la atención hacia los niños/as, además de amenazar la continuidad de funcionarios capacitados y profesionalizados, en cuanto pretende poner en marcha una estrategia de privatización del cuidado de los menores en pequeños centros, que hasta la fecha no contarían con precedentes comparables en el mundo con resultados positivos.

Se estaría haciendo un rediseño del Servicio con una resolución exenta, cuando se debería hacer por Ley. El proyecto del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera propone la creación de centros pequeños que se asemejen más a lo que hacen los Organismos Colaboradores y el Hogar de Cristo, en lugar de Centros Especializados que den la atención necesaria y diaria que exigen las condición de estos niños. “Nosotros atendemos niños con cuadros muchos más complejos que los atendidos por los Colaboradores. Los niños que atiende Sename no pueden entrar y salir de una casa, ya que necesitan una atención personalizada y profesionalizada. Lo que pretende hacer esta Directora, es asemejar todos los Centros a los hogares que tiene el Hogar de Cristo, porque pretenden en este nuevo proyecto de Ley entregar toda la responsabilidad a los privados, deshaciéndose de los Centros de Administración Directa tal como lo contempla uno de sus artículos, que dice que todos estos proyectos van a ser desarrollados por privados, y si no hubiese interés de los privados, recién entraría a actuar el Estado”, afirma, Walter Arancibia de Antrase.

 

“Existen cambios con los que concordamos, y sabemos que deben haber cambios estructurales y de fondo(…) en lo que no estamos de acuerdo es que se instale en el Sename cambios que agregan evaluaciones psicolaborales a los funcionarios que no se ajustan a Derecho, y pretenden instalar las condiciones para el despido de trabajadores de carrera con la eliminación de los Cread y las instalaciones de las nuevas residencias privadas que debieran contar con un nuevo perfil de profesionales”, señala Alicia del Basto de Anfuse.

 

“Este proyecto de residencias privadas ha fallado en varias partes del mundo. Falló en Inglaterra, en Noruega, Uruguay y en otras partes. El Gobierno a partir de la presión que reciben de Naciones Unidas, está haciendo un cambio que no va en la dirección de amparar y proteger los derechos de los niños/as” agrega Luis Cortes de ANFUR.

 

En tanto, el presidente de ANEF, Carlos Insunza, lamentó que a “8 meses de Gobierno no haya un solo proyecto de Ley que vaya en la dirección de instalar como prioridad la infancia, ni siquiera se ha avanzado legislativamente en el Congreso. No hay ley de garantías de Derechos de la Infancia, no hay Ley para la creación de los dos nuevos servicios que están planteados para reemplazar al sename.

 

No hay ninguna legislación que hoy esté aprobada. Estamos frente a un proceso ilegal que pretende construir las condiciones para generar la privatización y la mercantilización de los derechos de niños/as de nuestro país. La creación de estos centros de pequeño formato sin especialización, sin profesionalización, sin asignación presupuestaria y sin ningún tipo de respaldo, no da cuenta de las necesidades de los niños de mayor vulnerabilidad de nuestro país; tan sólo se están generando las condiciones para que posteriormente puedan ser entregados al negocio. Es sabido que Los Centros de Administración Directa del Sename, no son los mayores espacios de vulneración de los derechos de los niñas/as, como lo ha acreditado cada comisión investigadora, sino los Organismos Colaboradores privados”.