El “veranito” del gobierno

(Por Juan Gajardo López / Profesor / miembro comisión política PCCH). La derecha, usando su condición de ser gobierno, aprovechó el periodo estival para  reforzar bases de apoyo para lo que será su segundo año de gobierno, en el cual se asume deberá intentar hacer aprobar un conjunto de proyectos que definen su carácter y en esta perspectiva,  lo más probable es que genere cambios en su línea directa de mando (ministerios, subsecretarías, intendencias, gobernaciones) buscando así  tratar de evitar los variados y múltiples errores de gestión que caracterizaron su primer año y que le llevaron a una rápida pérdida de su base de apoyo.

Temas como la crisis de Venezuela han permitido al gobierno camuflar su incapacidad en la gestión gubernamental propiamente tal, la cual se hace evidente, incluso en este periodo,  por ejemplo en el como se  han enfrentado  los fenómenos climáticos que han afectado a la zona norte del país, en lo cual  la reacción de las autoridades de derecha ha sido lenta y carente de coordinación, lo mismo que frente a los incendios forestales en la zona sur. Digamos y como comentario marginal en esta oportunidad, que los efectos del cambio climático comienzan a sentirse con fuerza en Chile y este gobierno parece decidido a seguir impulsando y autorizando proyectos de desarrollo empresarial atentatorios contra el medio ambiente.

Lamentablemente para Chile y sus habitantes, las dos principales promesas de campaña del señor Piñera se ven lejanas en su cumplimiento. A un año de gobierno la inseguridad ciudadana se ha incrementado y el desarrollo económico que posibilite mayor empleo no se ve, al contrario, es desmentido por los índices oficiales de la actividad económica. El gobierno, a lo menos públicamente, no se hace cargo de esta situación y como al parecer lo más importante para ellos es prolongar el gobierno durante otros cuatro años a partir del año 22, caen en una especie de obsesión por intentar destruir algunas de las reformas claves del gobierno anterior y,  no apelando a razones técnicas, sino a  las fobias que personalizadas en la ex presidenta, son en definitiva contra cualquier intento por modificar la situación de privilegio que forjaron a partir de la dictadura. Es esta conducta política macro, la que se ve reflejada en conductas individuales como las de los señores abogados Pérez  Cruz  y Rosselot.

Es así como el gobierno anuncia una contrarreforma tributaria, cuando la reforma anterior aún no se encuentra plenamente en régimen y por tanto, carece de un fundamento técnico, de evaluación objetiva, esta pretensión. El extremo ideologismo  de esta administración busca favorecer con una disminución de impuestos a una ínfima minoría, asumiendo que los mayores recursos de los cuales esa minoría dispondrá, los reintegrará a la actividad económica provocando una aceleración del crecimiento. Situación similar se enfrenta en el terreno de lo educacional, donde la actual ministra con  tosudez y desechando opiniones de expertos de su propio sector,  emprende una publicitada gira en su afán de reponer la discriminación en el ingreso a los establecimientos educacionales.

Otros dos temas en los cuales el gobierno ha anunciado proyectos de reformas en lo previsional  y lo laboral, ambas con alta importancia. Padecemos de un sistema previsional generado en plena dictadura por uno de los hermanos del actual presidente, que  ha comprobado ser  ineficiente e injusto. Lamentablemente en el anterior gobierno no se logró legislar y el malestar popular contra las bajas jubilaciones que entrega este sistema, es escamoteada y manipulada por los publicistas del gobierno, para intentar hacer creer que los problemas que tiene este sistema se resuelven profundizando aún más las características de estas AFP, o sea, seguir con un sistema de ahorro previsional exclusivamente individual y administrado por los de siempre en un esquema de mercado no transparente. Donde si el gobierno anterior intervino fue en las relaciones laborales, donde con una reforma que muchos en su momento criticaron  por incompleta, sin embargo mostró que  logra fortalecer el movimiento sindical, cuestión clave si el objetivo es defender los intereses de los trabajadores.A  estos dos últimos intentos de la derecha gobernantes el movimiento sindical se prepara a responder.




Daniel Jadue encabeza campaña solidaria con el norte y da duras críticas al gobierno «por estar más preocupados de otro país»

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue acusó a Sebastián Piñera de estar incitando un golpe de Estado en Venezuela, para luego comprar  acciones de empresas que el golpista y auto proclamado presidente encargado Juan Guaidó, pretenda privatizar.

Al mismo tiempo, rechazó de plano que Piñera se reúna con los principales líderes de regímenes que no respetan los derechos humanos como Israel y Arabia Saudita, lo que demuestra, concluyentemente, que para gobierno de la derecha en Chile sus intereses están puestos no en las personas y sus derechos humanos, sino en sacar provecho de situaciones dramáticas.

 

El alcalde Daniel Jadue destacó que en su comuna se está recolectando mercadería, medicamentos e insumos que la población del norte necesita, dada la ausencia del gobierno quien tardó 6 días en reaccionar ante la emergencia, tanto del sur en los incendios, como la del norte y las lluvias.

 

Daniel Jadue aseguró que la ayuda humanitaria que manda al norte no son armas como lo hace EEUU, que ha pretendido golpes de Estado en la región.

Lo anterior, al cuestionarse que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no permitiría una supuesta ayuda humanitaria.

 

En estos términos el alcalde de Recoleta Daniel Jadue repudió las pretensiones golpistas que llevan a cabo gobierno de la región, incluido el gobierno de Piñera, en contra del gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.




Izquierda Cristiana llama a apoyar el diálogo en Venezuela

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, recibió a dirigentes nacionales de la Izquierda Cristiana (IC), quienes se presentaron este lunes en la sede diplomática para dar su respaldo al gobierno de presidente Nicolás Maduro.

Los integrantes de la IC presentaron ante el embajador venezolano “La verdad nos hace libres”, documento donde destacan la posición de su partido respecto a la crisis política que se vive en Venezuela, exhortando a “apoyar el proceso bolivariano y el diálogo franco que promueven México y Uruguay”.

Fernando Astudillo, vocero del departamento de relaciones internacionales y dirigente nacional de la IC, señaló que, bajo ninguna premisa validarán “la intervención, la injerencia, ni más golpes de Estado en la región”.

“Desde nuestra mirada que vincula la fe con la política y la no violencia activa, nos parecía muy importante entregar este respaldo al pueblo venezolano, reafirmando nuestro compromiso con la paz y con la solución del conflicto a través de la vías institucionales”, destacó Astudillo.

En tanto el embajador venezolano, Arévalo Méndez, agradeció el apoyo del partido político chileno destacando este tipo de gestos muestran “un nivel de conocimiento extraordinario, mientras el corporativismo mediático utiliza etiquetas sin profundizar en las noticias”.

“Nosotros no deseamos una guerra, pero el día que caiga la primera bomba en Venezuela, se va a generar una verdadera crisis migratoria y Chile tendrá que prepararse para recibir no menos de dos millones de venezolanos”, advirtió Méndez.

“Estados Unidos tiene 193 misiones diplomáticas más las de Naciones Unidas, pero tiene 846 bases militares desplegadas en el mundo, entonces la pregunta es ¿Quién hegemoniza la política exterior norteamericana, el Departamento de Estado o el Pentágono?”, concluyó el jefe de la misión diplomática.
Además de Fernando Astudillo, por parte de la IC participaron también; Mario Muñoz, del liderazgo evangélico; Humberto González, dirigente del Colegio de Profesores; Héctor Soto, coordinador político Maule; y Rosa Inostroza, del frente de profesores.

El apoyo al gobierno de Nicolás Maduro por parte de la IC, se realiza en medio de la crisis política que atraviesa el país sudamericano, donde la oposición autoproclamó al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela agudizando el conflicto.




Golpe de Estado Electivo

(Por Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor general de prensa radio Nuevo Mundo). En las comunicaciones políticas se detalla que las prácticas sociales requieren de un tiempo para que éstas tengan sentido en la población. Desde este punto de vista, algunas costumbres podrían situarse en los ámbitos de la estigmatización a una persona pública, la criminalización a un pueblo originario, o el sentido de pertenencia para avalar un golpe de Estado.

En algunos países las prácticas sociales han permitido apedrear a una prostituta, rechazar a los enfermos, no dejar conducir vehículos a las mujeres, o criminalizar a los afroamericanos por su color de piel.

Estos haceres sociales requieren de una cierta evolución para asentarse y que la población tenga esa “experiencia” de decisión, de poder, o de auto-humillación.

Al respecto, los medios de comunicación son un puente para acercar aquellas ideas desde el mundo político, del mundo de los medios de comunicación, y de la ciudadanía a la población en general, y transformarlos como exigencias “necesarias” de implementar.

Al mismo tiempo, quienes incitan a concretar y hacer ver necesarias aquellas prácticas construyen un nuevo tipo de legalidad y legitimidad institucional que permita, por ejemplo, que una persona se autoproclame Presidente de la República,  y se convierta en dictador, y sea visto como normal, es decir, un implante de un inconsciente ajeno.

De esta forma, y en Venezuela, ustedes observarán que los medios de comunicación y los opositores ya han señalado que el tiempo (plazos) corre en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y delinean el rumbo que se debe tomar, incluso con intervención militar extranjera para avalar una dictadura en iniciación.

Así categorías comunicacionales como “lo que podría ser”, están a diario en los informativos, es decir, los medios de comunicación están reiniciando, colocando y midiendo la capacidad “de poder” de la oposición latinoamericana al servicio de la oposición a Nicolás Maduro.

En efecto, los medios de comunicación no hablan de “lo que debiera ser”, o del sentirse obligado a actuar, sino de la facultad y justicia de ejercer el mando o el dominio sobre cualquiera, incluso a través de un golpe de Estado o intervención extranjera, porque esa es la “experiencia” electiva, también validada por los medios y que supuestamente la población aceptó.

En esta tarea de desestabilización, la cadena noticiosa CNN ha tenido un rol activo, al igual que otros medios de comunicación que representan la disputa de intereses financieros y económicos a nivel planetario.

La mezcla de estos elementos como se ve es sencilla pero efectiva. Estas combinaciones de la comunicación y la política han estado presentes en las llamadas primaveras árabes que destruyeron a manos de Estados Unidos construcciones de identidades milenarias, y que es justamente lo que se pretende hoy en Venezuela: destruir identidades. Lo anterior empieza a tomar forma cuando encuestas virtuales dicen que parte de la población de aquel país también permitiría una invasión militar como las que hubo en algunos países del medio oriente.

Lo que ocurre en aquella comunicación política es la insistencia para actuar con poder; desestabilización y estructuración de un período y un rumbo: Es decir, crear un acontecimiento traumático que destruya la identidad del pueblo bolivariano. En este caso un presidente auto-proclamado es un acontecimiento traumático.

Lechner lo señaló en su momento: “crear orden es una forma de crear continuidad”, y lo anterior pasa por articular las contra reformas, y el sin fin de cambios que quieren los opositores venezolanos para sus intereses personales. Sólo véase el caso de Brasil: se legitima un golpe de Estado parlamentario, asume un presidente de derecha, y ellos “colocan” posteriormente a otro presidente de extrema derecha en base al miedo y la emocionalidad del sujeto social. Un Golpe de Estado electivo; lo mismo que se pretende hacer hoy en Venezuela.

Al igual como se hizo en Brasil, la minoría opositora venezolana impide a la población reinterpretar y relatar su historia con autoridad, hoy están reduciendo la distancia entre lo que ocurrió en su pasado social político y lo que podría haber ocurrido. La oposición de aquel país está re-significando la historia: lo que podría ser.

  • Un Golpe de Estado Electivo es: Incitar a la población a manifestarse, a través de las redes sociales u otros instrumentos de comunicación, y decidir qué final debe tener un gobierno en ejercicio, no hay otra alternativa. Los medios de comunicación cumplen la función de legitimar las opciones:
  • Las preferencias que se entregan son:
  • Destitución del presidente.
  • Intervención militar extranjera y local.
  • Encarcelamiento del presidente y sus cercanos.
  • Ajusticiamiento y muerte del mandatario.



Fascismo versus democracia: A constituir el frente anti – fascista en América latina

(Por René Leal Hurtado, Doctor en Sociología). Los hechos por todos conocidos en Venezuela no son más que el último capítulo que el imperialismo norteamericano pretende escribir con la misma tinta de siempre, la sangre.

La abierta, desfachatada y alevosa intervención del Tío Sam en el país caribeño, en el cual no se ha puesto a la saga sino a la cabeza como vanguardia del golpe de estado en curso, revelan su propósito de intervenir el país y apoderarse de sus enormes riquezas naturales, en especial, el petróleo.

Los dueños del imperio del capital, en una actitud reaccionaria que siempre ha caracterizado a las clases dominantes, están respondiendo con extremada beligerancia de clases a los avances sociales y los proyectos progresistas que se sumaron a la lucha contra el neoliberalismo en años recientes, como fueron – y algunos siguen siendo – Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay, entre los cuales, es difícil incluir a Chile. Sin duda, el acoso a Venezuela es parte de este proceso, castigar a los que osaron desafiar al imperio del capital.

Como señalara Ralph Milliband – sólo un mes después del golpe militar en Chile en 1973 – la clase del capital entendió inmediatamente, después del triunfo electoral de Allende, que la lucha de clases cotidiana, reivindicativa, ascendía cualitativamente a una ‘guerra de clases´. La burguesía chilena, en alianza con la norteamericana, se armaron ideológica y militarmente para terminar con el sueño de Allende del socialismo con gusto a empanada y vino tinto, quien no percibió – idealista o ingenuamente – que un cambio de esa magnitud no podía ser tolerado por aquellos que rigen a nuestro pueblos y, especialmente, a los jefes del imperio norteamericano. Algo casi idéntico se puede reproducir hoy en Venezuela, la diferencia reside en el apoyo popular y de la unidad de las fuerzas armadas tras el Presidente Nicolás Maduro.

Pero se debe alertar a que, en esta oportunidad, el imperialismo cuenta con más elementos que lo benefician que en los setentas. Efectivamente, el gobierno de Trump puede valerse de todas las herramientas que le otorga la globalización de las comunicaciones, de la información, de la economía, de la política y de la producción cultural, que puede manejar casi a su antojo, por la propiedad que tiene de ellas, así como las tienen las clases dominantes de los países que se han sumado a la sedición internacional que se pretende instalar contra los venezolanos.

Entre ellos, la clase dirigente en Chile, encarnada por la derecha en el gobierno y algunos en la oposición o en la ex Concertación, han jugado un papel vergonzoso, innombrable, promocionando la alianza golpista sudamericana conocida como Grupo, o más bien, ‘Cartel’ de Lima, en la cual Piñera ha sido y es uno de sus principales artífices.

Todo lo anterior es amplificado por el monopolio de los medios de comunicación que esta derecha cavernaria controla a voluntad, verdaderos ‘medios de producción’ de distorsión de la realidad, de ‘fake news’, de mentiras, control que es posibles porque son medios de su propiedad, cuya función ideológica se ha naturalizado. Como la fábula del Rey Desnudo, pareciera que esta verdadera ‘dictadura comunicacional y cultural’ de un nivel de impunidad y alcance global es imperceptible para la mayoría de la gente, lo que se exacerba con el gran poder que le otorga la velocidad de la dinámica relación entre espacio y tiempo, que a la vez, incrementa exponencialmente la penetración ideológica de la clase de los poderosos en la gente, en cada minuto del día, sujetos enajenados ‘aspiracionales’, convertidos en ‘rendidores individualistas’ al servicio del capital.

Coherente a lo señalado previamente, los recientes eventos en nuestro continente revelarían que ha habido un desplazamiento en la articulación de la lucha de clases, contradicción que ha comenzado a expresarse en la emergencia de programas de gobierno, políticas y anti valores culturales de viejo cuño, expresiones nacionalistas y chovinistas que reniegan de pactos internacionales como el migratorio de la ONU, de políticas interculturales que son reemplazadas por otras que buscan la militarización de la Araucanía; políticas de género que exacerban el patriarcado y la discriminación y represión de la diversidad sexual; afrentas políticas que resucitan al pinochetismo en la política, abierta y explícitamente, mostrando de esta forma el desprecio de la Derecha por la defensa y promoción de los derechos humanos, como ya lo hiciera bárbaramente durante la dictadura. Que decir de la desregulación laboral y  la subsecuente pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras a todos los niveles.

Todos estos elementos, de la política, la ideología, la economía, la cultura e incluso de la estética, que instalan las imágenes, símbolos y renacimientos de los zombis fascistas, nos alertan de que el fascismo esta vivo en Chile y tiene – en el Cartel de Lima – un pilar fundamental para articular esta tendencia a nivel latinoamericano, con los Bolzonaros, Macris y Piñeras como sus principales instigadores.

Estamos en presencia entonces de un desplazamiento en la contradicción de clases capital – trabajo hacia la extrema derecha, que se está expresando en una eventual tensión entre ‘fascismo y democracia’, que se estaría sobre poniendo a la tensión entre neoliberalismo y democracia. Para algunos este sería un neo fascismo. Pero más allá de su denominación, lo claro es que la ideología y los regímenes fascistas jamás han sido contradictorios o excluyentes del neoliberalismo, es más, son ambos criaturas del capitalismo, es más, pueden convivir perfectamente. Porqué como Hayek enfatiza, lo que importa al neoliberalismo es lo que lo limita, lo que restringe su afán de acumulación, no el régimen que lo alberga. Chile es el mejor ejemplo de ello. El neoliberalismo se anidó aquí en un régimen fascista desbocado, y prosiguió en una democracia liberal muy bien cautelada. La acumulación y concentración de la riqueza han siempre ido en ascenso, así como la desigualdad e inequidad entre los chilenos y chilenas, de clase, género y culturales, entre muchas otras.

Por lo tanto, fascismo y neoliberalismo son plenamente compatibles, más aun en contextos de globalización donde el capital fluye libremente y puede expandir a ambos a velocidades inimaginables. Que lo haga reviviendo anti valores y acciones genocidas propias del fascismo, no es un problema, sobre todo si el nivel de hegemonía que alcanza el capital en el presente se lo permite. En otras palabras, el papel que juega el control y dominio de las conciencias, que no permiten una ruptura desde un pensamiento conservador y retrogrado que instalan en la sociedad, a uno inquieto, crítico y rebelde. En definitiva, que pueda ocurrir un cambio de sentido en las personas, para liberar y elevar sus niveles de conciencia social y de clases.

En razón de lo anterior, se requiere de una respuesta pronta para impedir el desplazamiento en curso de la contradicción principal hacia un estadio fascista de la humanidad. Por lo tanto, se hace impostergable una alianza anti –fascista, sin ambigüedades, de una izquierda amplia en Chile y en América Latina. La constitución de un Frente Anti – Fascista estaría entonces a la orden del día, dado el actual cuadro de ofensiva y agresividad del imperialismo y las derechas en el ámbito internacional.

En consecuencia, los partidos y movimientos sociales de izquierda y progresistas anti neoliberales y anti fascistas, deben aunar esfuerzos para coordinar un movimiento político agrupado en un frente continental anti fascista, que asuma la defensa y proyecte estratégicamente sociedades más justas, diversas y con un horizonte común de superación del capitalismo bestial que amenaza no sólo la vida de la humanidad, sino la del planeta como un todo.




La posición de la Izquierda Cristiana frente a la crisis política de Venezuela

Como organización de Izquierda Cristiana sentimos la obligación de hablarle al pueblo chileno, en este momento crítico para la hermana República Bolivariana de Venezuela y su pueblo.

Estamos bombardeados por noticias, sobre la crisis política de Venezuela, que contienen verdades a medias, miradas parciales y derechamente mentiras; se asemejan más a propaganda y desahogos emocionales en contra del régimen bolivariano, que a análisis serios y responsables sobre el proceso que vive hoy el país hermano. Por lo que la crisis de Venezuela no puede leerse desde lo que digan las grandes cadenas de noticias.

Lo primero que categóricamente señalamos es que tenemos la convicción moral, política y jurídica que el Presidente Maduro, no es un dictador y el régimen bolivariano que representa no es una dictadura. Creemos que ha cometido errores políticos graves, pero sin ninguna duda hay un abismo, entre lo que son errores y la calificación de su régimen como una dictadura y de él como un dictador.

Queremos en este documentos entregar algunos elementos que contribuyan a la reflexión y que ayuden a comprender la institucionalidad de la República Bolivariana y como en ella y en respeto a su Constitución se ha desarrollado el gobierno del Presidente Maduro.

Venezuela viene arrastrando un deficit de viabilidad económica desde hace más de cuatro décadas, como consecuencia de un modelo económico que abandonó el desarrollo de sectores importantes de su economía por concentrarse casi exclusivamente en la explotación de los hidrocarburos y en el disfrute de la renta petrolera.

La historia ha demostrado que las fluctuaciones políticas pueden crear crisis que potencialmente beneficien los precios, como también pueden deprimirlos. La crisis de los precios del petróleo, inducida por razones geopolíticas, ha afectado una vez más la renta nacional de Venezuela, volviendo a poner en evidencia las fallas y debilidades del modelo económico.

Se hace aún más grave todo lo descrito, si a ello sumamos las injustas y sanciones económicas y el boicot comercial que encabeza EEUU, estableciendo en contra de Venezuela una verdadera guerra económica, que busca agudizar la crisis, destruir su economía y generar descontento entre la     población.

La problemática económica y política, no otorgan derecho a ningun sector de la sociedad venezolana a pretender saltarse la institucionalidad del país y violar una de las constituciones mas avanzadas del continente, (es la primera que instituyó el referendum revocatorio, es decir, el término anticipado del mandato de sus más altas autoridades, si incumplen con las tareas propias de su cargo).

La oposición ha sido incapaz de articular una opción de poder creible y confiable, por no querer respetar los resultados electorales cuando no le han favorecido, sin tomar en cuenta la voluntad expresada por otra parte importante y mayoritaria de la sociedad venezolana. Por el contrario, han preferido   promover   premeditadamente   el   caos,  la  provocación   y la sedición contra el gobierno bolivariano, surgido democráticamente desde 1998.

Lo que define universalmente la democracia es la existencia de elecciones periódicas, libres, secretas e informadas; con participación de todos los partidos políticos e independientes que así lo deseen; el sufragio universal; la competencia leal e informada por los votos; la existencia y funcionamiento de partidos políticos de diverso sesgo ideológico; la libertad de asociación, de reunión, de expresión; la existencia de medios de comunicación masiva independientes; la existencia de una Constitución Política que regula el ejercicio del poder; la existencia de un poder ejecutico, legislativo y judicial independientes y el respeto de los derechos humanos.

No exenta de errores, todas las características de una democracia están presentes en el proceso revolucionario Venezolano.

Hasta hoy, no pueden estimarse serías las acusaciones de violaciones de derechos humanos, entre ellas la libertad de prensa, de reunión, de opinión. Son las mismas noticias, las que nos muestran que estamos frente, a acusaciones infundadas y falsas. Además, ninguno de los Estados censores del régimen venezolano, tiene la autoridad moral de abogar por derechos humanos que son trágicamente violados en sus países.

Los Estados Unidos no tienen moral para trazar pautas a ningún pueblo. El tener la mayor fuerza militar y económica del mundo, no puede ser la causa que nos lleve a aceptar pasivamente sus designios.

Para comprender la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela lo primero que es necesario saber es que en Venezuela, de acuerdo a su ordenamiento constitucional hay 5 poderes:

Poder ejecutivo. Presidencia de la República. Poder legislativo. Asamblea Nacional.

Poder judicial . Tribunal Supremo de Justicia.

Poder ciudadano. Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

Poder electoral. Consejo Nacional Electoral (Junta Nacional electoral, Comisión Registro Civil Electoral, Comisión de Participación Política y Financiamiento).

Cada uno de estos poderes se ejercen con independencia y de acuerdo a las facultades que les otorga la Constitución y la ley.

La Asamblea Nacional con mayoría opositora se ha atrincherado en el palamento para saltarse la misma legalidad que los llevó a ocupar el puesto de poder que hoy detentan.

Por ello es necesario hacer claridad respecto de varios temas: el desacato de la Asamblea Nacional; la Asamblea Constituyente; las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y los principios de no intervención de la ONU y del sistema interamericano.

Todo para demostrar que el régimen bolivariano tiene la legitimidad democrática que le da el pueblo , la constitución, la ley y el derecho internacional:

  1. El desacato de la Asamblea

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en uso de las facultades que le otorga el art. 336 numeral 7 del Constitución declaró a La Asamblea Nacional en desacato el 5 de enero de 2016 y mantiene ese estado hasta la actualidad.

La Sala Constitucional del TSJ de Venezuela emitió una sentencia que decreta que el Máximo Tribunal del país será el encargado de ejercer las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de resguardar el Estado de Derecho, debido a que ese ente con mayoría opositora se encuentra en desacato a las leyes de la República.

El TSJ lo hizo porque la AN juramentó a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas (sur) el 6 de diciembre de 2015, luego de ser suspendidos provisionalmente a causa de irregularidades de votos en esa región. Esta medida hace que todas las acciones del Parlamento desde entonces sean nulas mientras los legisladores no sean desincorporados.

La situación de desacato se mantiene en el ente legislativo venezolano hasta la actualidad con la nueva directiva nombrada y que se niega a aceptar las sentencias emitidas al respecto por el órgano judicial desde principios de 2016.

Son numerosas las sentencias tanto de la Sala Electoral del TSJ Nº 260 de 30 de diciembre de 2015, Nº1 de 11 de enero de 2016 y Nº 108 de 1 de agosto de 2016; como de la Sala Constitucional del TSJ Nº 269 de 21 de abril de 2016, Nº 808 de 2 de septiembre de 2016, Nº 810 de 21 de septiembre de 2016, Nº

952 de 21 de noviembre de 2016, Nº 1012 de 25 de noviembre de 2016, Nº

1013 de 25 de noviembre de 2016 y Nº 2 de 11 de enero de 2017 que ha desacatado la AN.

La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Venezuela se dio a través de un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referente a la constitución de empresas mixtas.

«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», sostiene la sentencia.

Como la AN se encuentra en desacato, aquellas decisiones que le competen, deben ser tomadas por la Sala Constitucional por ser este el máximo intérprete de la Constitución.

Mientras la AN permanezca en desacato de la Constitución sus actuaciones no son legítimas, más aún cuando prefieren permanecer en desobediencia teniendo la posibilidad de ponerse en ley, simplemente, solicitando al presidente electo de la Asamblea convocar a una sesión para retirar los tres parlamentarios.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por medio del artículo 336 numeral 7, determina que la Sala Constitucional tiene la potestad de «declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección».

2.    La asamblea constituyente.

En ejercicio de sus funciones y potestades, el Presidente Maduro convocó a una asamblea constituyente.

El artículo 348 expresamente lo faculta, habiendo otros entes que podrían hacer la misma convocatoria:

“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.”

Las facultades legislativas de la asamblea constituyente emanan de lo que señala el artículo 349 inciso 2 de la Constitución.

“Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.”

No fue el ejecutivo quien declaró en desacato la Asamblea Nacional y coherentemente con ello la suspensión temporal del parlamento.

Tampoco fue el ejecutivo quien instauró una asamblea Constituyente con poderes legislativos, fue el pueblo quien en elecciones abiertas y libres eligió a los representantes de la asamblea constituyente y la Constitución es quien le entrega sus facultades.

  1. Las elecciones presidenciales de mayo de

Las elecciones presidenciales de mayo del 2018 se realizaron cumpliendo con los estándares internacionales, (tal vez sea importante recordar que se adelantaron por expresa petición de la oposición en los frustrada negociación en República Dominicana) con pluralidad de candidatos, con la participación de 16 partidos políticos y con los observadores internacionales que quisieron participar de ellas. El ex presidente español Zapatero fue claro en señalar la transparencia del proceso electoral que fue el mismo que se llevó a cabo en las elecciones del 2015 donde ganó aplastantemente la oposición al Presidente Maduro. Cuestionamientos lleno de prejuicios y sin contenido, ni fundamento por parte de la oposición lo que implicó que una parte de ella haya terminado por restarse de los comicios. Lo que no le resta legitimidad al proceso ya que en Venezuela la participacion electoral es un derecho pero no un deber.

4.    El principio de no intervención en la ONU.

EEUU y sus aliados vulneran flagrantemente el derecho internacional y el principio de no intervención, que está debidamente consagrado en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El estudio del principio de no intervención en el marco de la ONU exige referirse a la resolución 2625 que contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, aprobada en 1970. Esta resolución es un pilar fundamental en la consagración, definición y delimitación del principio.

En el apartado tercero de la normativa en análisis se declara que los principios de la Carta de Naciones Unidas incorporados en esta resolución, entre ellos el de no intervención, «constituyen principios básicos de Derecho Internacional». En relación al contenido de la declaración destacamos lo siguiente.

Primero, en el preámbulo de la resolución 2625, sobresale que «el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales».

La Asamblea General recuerda en esta resolución «el deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado», en cuanto vulnerarían los principios de igualdad soberana de los Estados y de libre determinación de los pueblos. Esto se puede expresar también en que «todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir sus sistemas político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado».

Segundo, en la parte resolutiva la Asamblea General proclama que «ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional».

En esa misma dirección, la Asamblea General sostiene que «ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos». Los Estados deberán también «abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores (guerras civiles) de otro Estado».

En resumen, la resolución 2625 establece que la no injerencia en asuntos internos y externos comprende cuatro prohibiciones: (a) del uso de la fuerza armada; (b) de cualquier injerencia o amenaza; (c) de coacciones distintas del uso de la fuerza armada; (d) del uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional.

Es esta concepción la que permitirá un efectivo resguardo del principio de igualdad soberana y de aquellos que derivan de éste, en cuanto cualquier forma de intervención -salvo aquellas excepciones contempladas por el Derecho Internacional- configura una infracción a la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, tanto a su texto expreso como su espíritu, constituyendo   en   definitiva   una   amenaza   para   la   paz   y   seguridad internacionales.

5.    El principio de no intervención en el sistema interamericano.

James Monroe, Presidente de los Estados Unidos en el año 1823, dirigió un mensaje al Congreso de su país en el que declaró América para los americanos y Europa para los europeos. Sin embargo, sobre la base de los hechos, América no era tampoco para los americanos, sino que sólo para los norteamericanos.

Por primera vez se logra el reconocimiento de la no intervención en la VII Conferencia Internacional Americana celebrada en 1933 en Montevideo, en la que se adoptó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados estableciéndose, en su art. 8° «ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado».

En 1936 se aprobó el Protocolo Adicional, conocido como el Protocolo de No Intervención, acordado en el marco de la Conferencia de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires, en cuyo art. 1° los Estados de América «declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellos, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en asunto internos o externos de cualquiera de los otros Estados Partes». 

En 1938 durante la Conferencia Panamericana de Lima, se aprobó la Declaración de los Principios Americanos, siendo el primero de ellos el siguiente: «Es inadmisible la intervención de un Estado en los asuntos internos o externos de cualquier otro».

Más tarde, en la Conferencia de Chapultepec para estudiar los problemas de la Guerra y de la Paz, en 1945, la Declaración de México indica en su numeral 3 que: «Cada Estado es libre y soberano y ninguno podrá  intervenir en los asuntos internos o externos de otro».

Luego, en los considerandos del Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, de 1947, se expresa que «las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios de solidaridad y cooperación interamericanas y, especialmente, a los principios enunciados en el Acta de Chapultepec».

En 1948 se consagró definitivamente el principio en la Carta de la OEA en el art. 3° letra e) en el cual se reafirma el deber de no intervención:

«Los Estados americanos reafirman los siguientes principios:

  1. e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con  independencia  de  la  naturaleza  de  sus sistemas políticos, económicos y sociales».

El art. 19 establece que: «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen».

En la misma dirección, el art. 20 dispone: «Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza».

El principio de no intervención en los asuntos de los estados, es una norma de derecho internacional que se ha ido consolidando con el paso de las décadas. No existen razones suficientes que justifiquen desconocer este principio.

Como ya lo expresamos, y por lo argumentado, tenemos la convicción de la legitimidad y el apego a la ley del régimen del Presidente Maduro.

El reconocimiento de algunos estados, del auto proclamado presidente encargado Guaidó, no resiste análisis alguno y basta leer los artículos 233 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana para concluir que no tiene asidero institucional alguno.

Además, el reconocimiento de parte de la comunidad internacional de Guaidó, que es presidente de un actor social institucional declarado en desacato por una autoridad constitucional, evidencia la premeditación del propósito conspirativo contra la institucionalidad venezolana.

Esta situación nunca se habÍa producido en el pasado, por lo que de consumarse, sentaría un grave precedente para la soberanía de los pueblos del mundo.

El problema de Venezuela son los intereses estadounidenses y el que la oligarquía se niega a aceptar que sea el pueblo quien efectivamente tiene el poder y se expresa cotidianamente en elecciones respaldando el proceso revolucionario Bolivariano. Ayer en base a mentiras, justificaron intervenciones militares, saqueos y guerras entre hermanos, hoy pretenden hacerlo defendiendo valores en los que ellos mismos nunca han creido, pero han sabido mercadear como la democracia y la libertad.

A los dirigentes de la oposición también le asiste el deber de respetar la constitución, ser serios y responsables respecto a los compromisos que acuerda y luego rehúyen por instrucciones externas.

Exhortamos al pueblo de Chile y a su dirigencia para que:

  • Apoyemos el proceso bolivariano, y el diálogo franco, sincero y responsable entre todos los actores políticos de Venezuela que promueven México y  Uruguay.
  • Digamos no a la intervención extranjera, al boicot económico y a las medidas que pretenden ahogar la revolución
  • Demandemos el respeto a la constitución bolivariana y rechacemos la provocación como       forma       de       incitar       a       la      Para que Venezuela permanezca libre, democrática, independiente, soberana y pluralista, se nos hace inadmisible aceptar que el gobierno de Chile haya respaldado una posición antijurídica que no respeta el derecho internacional, ni la propia institucionalidad del estado de Venezuela, posición que sólo contribuye a fortalecer la división entre los venezolanos y propicia una guerra Civil.

Finalmente, nos quedamos con la convicción que aunque la vida, aparezca provisoriamente vencida, permanece siempre más fuerte que la muerte.

Juan Guerrero Nuñez.

Coordinador Nacional IC

Suscribe Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Izquierda Cristiana de Chile

Fernando Astudillo Becerra, Héctor Soto Bustos, Alonso Salinas García, Domingo Baudrand Cintolesi, Nelson Fuentes Contreras, Nicolás Gómez Núñez, Eugenio Carreño Bravo, David Padilla Ramírez, Humberto González Rojas.

Santiago de Chile, 06 febrero 2019




PC sale al paso ante actitud del gobierno chileno frente a situación de Venezuela

“Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos y en Venezuela” fueron las tajantes declaraciones que tuvo el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto a la tensa situación que vive el país llanero en estos últimos días, ante intentos golpistas. Además el dirigente expresó que la derecha chilena se está aprovechando del momento para sacar ventajas políticas.

En el punto de prensa convocado por el PC  para dar a conocer la posición del partido respecto a temas nacionales como internacionales, Lautaro Carmona fijó la posición que tienen los comunistas respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela.

 

El dirigente comunista fue consultado acerca de si efectivamente se están vulnerando los derechos humanos en Venezuela, a lo que Carmona dijo no tener una respuesta ni tanto de él como del partido debido a que eso lo deben decidir las organizaciones internacionales pertinentes.

 

Por otro lado Lautaro Carmona se refirió por el emplazamiento que ha hecho la derecha chilena a la ex presidenta Michelle Bachelet para que acuda a Venezuela en su rol de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

 

Con respecto a esto último, el Vocero de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, desestimo la asistencia de Michelle Bachelet en Venezuela en un futuro próximo debido a que aun no existen las condiciones para hacerlo. Carmona estuvo acompañado en el punto de prensa del abogado Eduardo Contreras y del presidente de las JJ.CC. Camilo Sánchez.




Pdta. Colegio de Periodistas Metropolitano: «Hay opinión sesgada de los grandes medios hacia la situación política de Venezuela»

La presidenta del Colegio de Periodistas Metropolitano, Oriana Zorrilla, acusó una opinión sesgada de los grandes medios de comunicación, respecto a la situación de Venezuela.

En ese sentido, la dirigenta gremial aclaró que la prensa chilena sólo ha entregado cobertura mediática al golpista Juan Guaidó, sin contrastar visiones entre la oposición venezolana y el gobierno del presidente Maduro.

 

La presidenta regional del Colegio de Periodistas Metropolitano dijo que están a favor del ejercicio profesional en torno al conflicto venezolano y, por tanto, también rechazan el sensacionalismo con que los matinales han cubierto este tema, mostrando realidades distorsionadas y «amarillistas».

 

Oriana Zorrilla indicó que el consejo metropolitano del Colegio de Periodistas ha sido categórico en rechazan el sistema informativo chileno, ya que no garantiza la pluralidad de opiniones, particularmente en la cobertura televisiva, donde se informa el 87% de la ciudadanía.

 

Asimismo, la dirigenta gremial explicó que las llamadas “fake news” o noticias falsas, éstas se sustentan en un sistema informativo basado en montajes y sensacionalismo, dañando severamente la democracia en Chile.

 

La presidenta del Colegio de Periodistas Metropolitano, Oriana Zorrilla, concluyó que la cobertura mediática del golpe de Estado en Venezuela, siembra un mal precedente para la democracia latinoamericana.




Embajador explica las razones de la detención de equipo de prensa de TVN en alrededores del palacio de Gobierno en Venezuela

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez,  informó que la detención en Caracas del equipo de prensa de Televisión Nacional de Chile, obedece a un cúmulo de abusos por parte de dichos profesionales, quienes violaron la franja de seguridad custodiada por la policía en los alrededores del Palacio de Gobierno de Miraflores.

El representante diplomático confirmó que el equipo de TVN será deportado, puesto que no llevaban pasaporte al momento de la detención e ingresaron como turistas y no como corresponsales extranjeros.

 

En una nota realizada para el matinal “Muy Buenos Días”, días antes, el periodista Rodrigo Pérez se encontraba dando información sobre el golpe de Estado en Venezuela y en ese momento pasó a sus espaldas un patrulla de la policía. Ante esto, el reportero cambió su expresión facial por el tránsito del vehículo que ni siquiera se detuvo por su presencia.

Segundos más tarde, Rodrigo Pérez comenzó a huir del lugar destacando lo “increíble” del “seguimiento”, mientras a su alrededor se hallaban personas en completa normalidad. A raíz de esta cobertura y otras, una periodista chilena radicada hace dos años en Venezuela -que trabaja para Telesur, pero que no cuenta con identificación al momento de la grabación- difundió un video donde desmiente el acoso a la prensa que intentó demostrar el enviado de TVN.




Denuncian conspiración liderada por EE.UU. para promover golpe de Estado en Venezuela. Piñera no tendría atribución constitucional para haber reconocido a Guaidó

El timonel del Partido Comunista de Chile y diputado Guillermo Teillier, rechazó que mandatarios de varios países, incluyendo a Sebastián Piñera, se hagan cómplices de una conspiración internacional contra Venezuela, buscando justificar un golpe de Estado en dicha nación.

En ese sentido, el parlamentario aclaró que ningún artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le entrega a Juan Guaidó la potestad para autoproclamarse presidente encargado.

 

Guillermo Teillier indicó que el primer fracaso de Estados Unidos en su intento golpista, fue no haber conseguido los votos para condenar a Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ni prever que tampoco contarían con el respaldo mayoritario de las Fuerzas Armadas y civiles del país llanero.

Sin embargo, a juicio del legislador, eso no quiere decir que el peligro haya acabado.

 

El presidente del PC añadió que la segunda gran derrota del gobierno norteamericano radica en la intervención del canciller venezolano, Jorge Arreaza ante el Consejo de Seguridad de la ONU, encarando a los representantes de Estados Unidos por su intervencionismo feroz.

 

Según Guillermo Teillier, las potencias europeas que están arremetiendo contra Venezuela sólo buscan desviar la atención, ya que se caracterizan por tener conflictos internos de gran envergadura

 

Finalmente, el diputado Guillermo Teillier mostró su descuerdo con que sin ningún sustento jurídico, dirigentes de partidos de centro – izquierda reconozcan al golpista Juan Guaidó, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.