Duras críticas a leyes que criminalizan protesta social y permiten ocupar militares en tarea de seguridad pública

Con votos de la Democracia Cristiana y el PPD, la Sala del Senado aprobó este lunes la idea de legislar la reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar “infraestructura crítica” sin que se decrete estado de excepción.

El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, dijo que como bancada votaron en contra de esta iniciativa, ya que expone a la sociedad civil a eventuales enfrentamientos con militares, lejos de resguardar la seguridad pública.

Asimismo, el parlamentario explicó que se trata de una ley en blanco, pues será el Presidente de la República quien podrá definir por decreto, cuáles son los servicios de infraestructura crítica a resguardar.

 

Alfonso de Urresti aclaró que la preservación del orden público es una tarea que corresponde a Carabineros, y en ningún caso a las Fuerzas Armadas como se hizo en Dictadura.

 

El tanto, el senador Rabindranath Quinteros, sostuvo que esta reforma constitucional viene a criminalizar las manifestaciones pacíficas, pese a estar permitidas en democracia.

 

Rabindranath Quinteros criticó que el ejecutivo esté traspasando al Congreso la inoperancia policial por la vía de proyectos de ley que sólo criminalizan la protesta social.

 

La iniciativa tiene urgencia de discusión inmediata y pasará a su segundo trámite en la Cámara de Diputados tras recibir 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Confusam rechaza leyes criminalizadoras de la protesta social

Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) consideró “vergonzoso” que el proyecto de ley “antisaqueos” fuera despachado al Senado con amplio apoyo de la Democracia Cristiana y el Partido Radical.

La dirigenta advirtió que por esa vía, el Gobierno busca aniquilar el sindicalismo en Chile, tal como se hizo en Dictadura con la finalidad de restringir la libertad de los trabajadores.

En ese sentido, Flores repudió que sectores de oposición se presten para este tipo de estrategias políticas.

 

La presidenta de la CONFUSAM aseveró que Sebastián Piñera debería renunciar por dignidad y principios, debido al autoritarismo que ha caracterizado su mandato tras el estallido social.

 

Gabriela Flores criticó que sectores que dicen ser de oposición terminen aprobando los proyectos de ley del ejecutivo, cuando sólo apuntan a medidas represivas contra el movimiento social.

 

Asimismo, la titular de la CONFUSAM consideró grave que la Organización Panamericana de la Salud haya entregado una carta, apoyando la reforma de Fonasa impulsada por el ministro Jaime Mañalich.

 

Finalmente, Gabriela Flores anunció que presentarán una queja formal ante la OMS, ya que dicha organización no puede politizarse a favor de un Gobierno que ha cometido los peores horrores después de la Dictadura, sentenció.




Diputada Sepúlveda: “No queda claro si el copamiento tiene protocolo al interior de Carabineros”

La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, recibió en su primera sesión con invitados, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.

Lo anterior, pues a juicio de la autoridad este hace que en la práctica se requiera autorización para reunirse, cuestión que según dictámenes internacionales no se requerirían, y fue claro en señalar que  “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que  “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.

Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”

Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.

Por su parte, el diputado integrante de la comisión, Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DDHH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DDHH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DDHH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”

“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.

Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.




Diputada Sepúlveda presidirá comisión que analiza Acusación Constitucional contra Intendente Guevara

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, fue elegida por unanimidad como la presidente de la Comisión que analizará la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Al respecto, la parlamentaria, junto con agradecer el apoyo de sus colegas – todos hombres – a la propuesta del diputado Diego Ibáñez, recalcó que “queremos una comisión donde puedan ser todos escuchados los que quieran venir a poder dar su testimonio, su reflexión, su conocimiento en relación al tema”.

Asimismo, informó que “vamos a sesionar todos los días en que estemos en la Cámara de Diputados, pero también en Santiago, desde las 11 a las 13.30 hrs. Y si es necesario, me han dado la facultad, desde las 18 hasta las 22 hrs. Pues aquí lo importante es cómo hacemos un buen trabajo, lo más acucioso posible, y para ello nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”. Además, adelantó que partirán este martes para definir lista de invitados, sin perjuicio de que ya fueron citados el director del INDH, Sergio Micco, y representantes Amnistia Internacional y Human Rights Watch. 

Consultada por las fechas que tiene el Intendente para dar respuesta a la acusación, Sepúlveda indicó que “el día 16 de enero tiene como límite, a las 12 de la noche, la presentación de los descargos por parte del Intendente, sin embargo nosotros esperamos que lo realice antes, pues recordar que es un solo capítulo de acusación, y posteriormente nosotros tenemos 6 días para poder estudiar su respuesta”.

En este sentido, y tras ser consultada por los dichos del propio Guevara refiriéndose a que él solo hacia su trabajo, por tanto quitándole fundamento a la acusación, la diputada recalcó que “para nosotros es importante que a través de lo que él diga, del escrito que vaya a presentar en términos de la defensa, de la exposición que sus abogados quieran realizar lo planteen todo ahí, y nosotros por cierto no tenemos ninguna dificultad en escucharlos, pero tenemos hoy día un mandato, que es un mandato constitucional, que es absolutamente claro, que es además es un proceso de fiscalización lógico de la Cámara de Diputados, donde la Sala nos ha mandatado a hacer el estudio como corresponde en esta acusación, no vamos a emitir ningún juicio sino en la medida que vamos escuchando a las distintas instituciones que van a venir a dar su exposición a la Comisión”.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a los dichos de autoridades del oficialismo, que han criticado la presentación de esta acusación, y señaló que “están en su justo derecho de plantearlo así y defender al Intendente, pero nosotros tenemos hoy día una misión que es muy importante, que tiene que ver además con una cantidad no menor de diputados que son representantes de la transversalidad de la Oposición, que son los firmantes de la Acusación Constitucional, por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa es que sea lo más ecuánime posible, con el estudio que corresponde, esta Acusación Constitucional, más allá de los dichos del gobierno”.

Finalmente, y ante la pregunta de si esta acusación tiene mayor piso que las anteriores, Sepúlveda fue clara en señalar que “es una acusación que tiene, por lo menos desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en la ciudadanía, fundamentalmente lo que ha ocurrido en Santiago, tiene un asidero de realismo de lo que está ocurriendo hoy día en la calle y en base a eso, la mayoría de los bloques de Oposición hicieron esta Acusación Constitucional, pero nosotros esperamos revisarla en su mérito, en derecho y hacerlo con un debido proceso tanto para el Intendente como para los diputados acusadores”, concluyó. 




Comisión Chilena de Derechos Humanos asegura que gobierno de Piñera replica las herramientas represivas de la dictadura

La Comisión Chilena de Derechos Humanos rechazó un nuevo capítulo de represión policial ocurrido el viernes pasado en la “Plaza de la Dignidad”, en donde el joven manifestante Óscar Pérez  fue atropellado un carro lanzagases, cuyo conductor fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves , pero sin embargo recibió el beneficio de firma mensual.

Para Carlos Margota, presidente del organismo, este grave hecho  refleja la tozudez de un gobierno que replica las mismas herramientas disuasivas  usadas en Dictadura, desoyendo además las recomendaciones de los organismos internacionales  de DD.HH al respecto.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos  cuestionó el actuar del Intendente  Metropolitano Felipe Guevara quien anuncio a la “tolerancia cero” frente a manifestaciones no autorizadas, , señalando que era predecible que los días viernes la gente concurriera a la Plaza de la Dignidad, sobre todo cuando Sebastián Piñera persiste en desoír una genuina agenda social.

 

Carlos Margota detalló que han presentado  querellas criminales en contra de los autores materiales  de estos atropellos a los D.D.H.H, sin prejuicio de la responsabilidad  penal que les cabe a quienes han permitido este actuar brutal de las policiales, como son el Intendente  Metropolitano , el Ministro del interior y por cierto el propio Sebastián Piñera.

 

Consignar que desde la oposición también condenaron el actuar del Intendente Metropolitano   solicitando su renuncia al cargo, pues a juicio de los dirigentes, el hecho de poner más de mil carabineros en los alrededores de plaza Baquedano es una “acción militar”, agregando que el  impedir que la gente llegara al lugar tuvo “consecuencias brutales.




Orden, paz y fascismo

(Por Víctor Peña Godoy / Trabajador Social / Magister en Historia Latinoamericana de la UNLZ de Argentina). Chile vive desde más de un mes un levantamiento generalizado que ya no puede ser clasificado como un estallido social. Aun pese a todo el vandalismo que se ha vivido en estos días, las encuestas, ninguna financiada desde la izquierda, hablan de un apoyo aplastante a las manifestaciones y  a las razones que han motivado esta insubordinación general.

¿Se puede entender este estado de insubordinación general como una amenaza a la paz?

Según los que firmaron el acuerdo que dio cronograma y limitó la facultad constituyente que millones de personas reclaman en las calles, si.  Es difícil comprender no ya los detalles que hacen cuestionable ese acuerdo como el amarre de los dos tercios y la forma de elección de los delegados a una posible convención, sino que el mismo acuerdo invoque un llamado a la paz, porque entonces la tesis de la derecha dura, expresada histéricamente por Piñera, de que  estamos en una guerra, tiene razón.

Chile ha vivido una  ruptura emocional y sociológica  profunda en estos días. El viejo orden que avalaba culturalmente la forma en que estaba estructurada la sociedad, se rompió por una acumulación de contradicciones que se fueron sumando de forma silenciosa y creciente en estos últimos treinta años, en medio de una constante auto alabanza de un sistema que consideraba el aumento del ingreso per cápita como una señal y prueba irrefutable del éxito del modelo económico, político y social chileno.  Tal como escribió dramáticamente alguien alguna vez, la importancia de las mentiras aceptadas, reside en que cuando nos acostumbramos a ellas, ya no sabemos distinguir la verdad, de la falsedad y eso sucedió y sucede en Chile y ha sido la causa esencial de esta reacción en cadena, de tan difícil dimensión o pronóstico.

Es un cliché hablar de clase dominante, pero existe. Acumula  y ejerce el poder económico, comunicacional y político sobre el resto de la sociedad chilena, intentando en tiempos de cambios culturales apabullantes, seguir determinando las reglas de la vida a nivel societal y para las personas de este país. Miraron, primero incrédulos y después con temor lo que ha pasado en Chile en estas últimas semanas y sobrepasado el shock de no poder reaccionar a lo que se llamo, como forma intencional de acotarlo, un estallido social, han tomado la ofensiva comunicacional para poner en primer relevancia el tema de la Paz y Orden Público, como la condición necesaria para avanzar en la agenda de normalizar el país y en apariencia, caminar a las reformas sociales y constitucionales que el país reclama con tanta insistencia.

No pocos personeros de aquellos que administraron, en los últimos treinta años, con todo gusto el sistema que se ha roto en su validación social, se han sumado a ese llamado urgente, como prioridad determinante para este momento histórico al restablecimiento de la Paz y el Orden Público. Hasta algunos viejos revolucionarios arrepentidos de los años setenta y de hasta no hace mucho, han salido a proclamar que vivimos en una situación que amenaza la convivencia y la estabilidad institucional.

Nadie puede dudar que Chile vive episodios de violencia que escapan a cualquier articulación de alguna fuerza política determinada, que intente con esa agenda de desborde,  imponer un camino para la solución de esta crisis. Si algo ha caracterizado este levantamiento nacional es su extraordinaria dimensión geográfica, su enorme caudal y resistencia ciudadana, la variedad de escenarios, la transversalidad  de sus demandas económicas u políticas y la  expresión de una autonomía que supera incluso la convocatoria de las organizaciones que intentan, a partir de su agrupación social y gremial,  la conducción y representación de este movimiento.

El rompimiento del pacto social ha sido profundo y las posibilidades de solución de esta crisis en paz, no se basan en la demonización de este levantamiento y sus formas, muchas de ellas expresadas en el aprovechamiento del lumpen inorgánico y oportunista por excelencia en estos escenarios. Sin embargo ese mismo sector, acotado socialmente, que puede liderar actos de vandalismos, no es capaz por sí mismo de quebrar el orden institucional, pues carece de estructura o proyecto, no cuenta con finalidades superiores a un aprovechamiento  circunstancial, al orden social que los fomentó por años de abandono y marginación social extrema.  La fortaleza del estado, de sus estructuras contensivas y represivas es inmensamente más poderosa en su capacidades que esa amenaza de aquello que es presentado como el riesgo a la paz y la vida de las personas.

La construcción de una amenaza a la vida de cada persona que justifique una guerra o intervención militar, es parte esencial de las doctrinas que expresan las guerras de cuartas generación y eso está ocurriendo. Hay demasiados testigos  en múltiples lugares de Chile que han presenciado el repliegue de las fuerzas policiales en saqueos, quema de infraestructura pública y privada. El que no desee aceptar esa realidad no desea aceptar como hemos llegado a este estado de cosas y es funcional a la agenda represiva.

Aquellos que se escandalizan con que se mencionen si quiera, la posibilidad de que ocurriesen provocaciones de agentes del estado en parte de esas situaciones de violencia y vandalismo extremo, olvidan cuantas guerras se han desatado con acciones de lo que se conoce como acciones de bandera falsa, en donde se culpa, a una fuerza enemiga real o no, para la justificación del despliegue de una guerra. Por si alguien lo olvida la Segunda Guerra Mundial comenzó con un supuesto ataque polaco a una estación de radio alemana que nunca ocurrió. La Guerra de Vietnam con el incidente del Golfo de Tomkin que el mismo senado norteamericano desmintió. Un país llamado Chile, gobernado por un presidente de larga data republicana, con un Plan Zeta y quince mil combatientes extranjeros en su territorio que nadie vio y otro llamado Iraq, con armas de destrucción masiva que nunca existieron. Olvidan el crimen Catrillanca o la Operación Huracán

 ¿Es que eso fue hace mucho? ¿Quienes sostuvieron esos montajes?

¿Entonces es delirante si quiera analizar desde el mismo fundamento de la doctrina militar contemporánea que esa posibilidad no es una mera suposición conspirativa?

Llama la atención que los firmantes del acuerdo de paz y por una nueva constitución limitada de ante mano en sus reglas, no hayan escrito una sola línea para  acordar la investigación debida de todos los actos de violencia que se habían producido hasta la misma tras noche de la firma del texto que nos devolvería la tranquilidad y el orden. Algunos elementos faltaban en ese acuerdo sin los cuales la paz que se pregona no puede producirse.

Tal como las condiciones que aceptaron, por un sector no menor de los partidos políticos opositores a la vieja dictadura, hace treinta años para una democracia tutelada por el poder pinochetista y de la derecha, no hay una línea clara definida y explicita, medianamente firme, que establezca que la violencia ha tenido, en lo fundamental, su detonante en la respuesta incendiaria del propio gobierno, de la derecha y en particular de Carabineros al actual  estado de insubordinación social. La prudencia de un general que acepto que el país no estaba en guerra, se extraña en estos días.

Si a las profundas razones acumuladas durante décadas de desigualdad social, de burla a los  derechos sociales y a las condiciones de vida de la gente más humilde de este país, de la escandalosa justicia de diverso tipo para los delitos económicos de los sectores dominantes, que han afectado la vida de millones de chilenos, se suma el accionar represivo del estado, expresado en un régimen de excepción, con militares en las calles, toque de queda, una brutalidad policial callejera y en sus cuarteles, sin paragón incluso en tiempos de dictadura, que instituciones internacionales que la misma derecha alababa hasta hace poco, han denunciado con todo fundamento y seriedad, tenemos una situación de violencia acumulada e incentivada que se expresa en todo el dramatismo de estos días.

Es curioso que la derecha quiera imponer comunicacionalmente, incluso alejando a las voces más críticas del sistema en los programas de televisión abierta, la legitimidad de volver a instaurar el orden, incluso comparando la situación de Chile con la de países que han vivido ataques de terrorismo integristas, selectivos y hasta masivos en contra su población, que han provocado que unidades militares resguarden sitios de relevancia política y cultural en ciudades europeas. La noción de una amenaza externa no es lo que domina Chile en estos días

Hay una experiencia histórica concreta en Chile en términos de pacificación e instauración del orden y hasta el progreso. Ha sido una constante en nuestro devenir como sociedad:

La pacificación de la Araucanía se llevó a miles de mapuches y el robo de sus tierras. La civilización y progreso de la Patagonia provocó la exterminación total de los pueblos originales australes. El restablecimiento del orden en Iquique se llevó la vida de mil pampinos en la Escuela Santa María, contando mujeres y niños.  El control del Alto Bio Bio en Ranquil mató a centenares de campesinos y ni siquiera sale en los libros de historia. El restablecimiento del orden y los valores patrios se llevó la existencia de centenares de chilenos, la cárcel y tortura para miles más y una dictadura de 17 años.

Cuando la derecha habla de paz siempre ocurre lo mismo. Lo triste es que viejos aliados por las transformaciones sociales, que dicen compartir la necesidad de cambios en esta sociedad, que no impulsaron en sus muchos años de gobierno post Pinochet, que incluso apoyaban y apoyan tratado tan dañinos para nuestra sociedad y soberanía legal como el Trans Pacifico, apoyen una agenda que puede terminar en el establecimiento de una violencia de estado, amparada en reformas legales que señalan incluso la no responsabilidad legal para uniformados.

La paz que Chile necesita no se instaurará a manera de la Paz Romana, aquella que el mismo Kenedy repudiaba, impuesta  a punta de fusiles impunes del estado, que eta vez no tiraran perdigones. Se debe de entender y saber a ciertas, que toda violación a los derechos humanos será inevitablemente castigada tarde o temprano. Si en verdad se desea la paz, debe nacer  de un verdadero acuerdo nacional con fundamentos sólidos en el mundo social, en toda su complejidad y variedad de su representación y demandas, que vaya más allá de partidos que negocian en nombre de una calle insubordinada que no los reconoce como sus representantes.

Aceptar el restablecimiento del orden, de esa Paz que la derecha avala por todos sus medios comunicacionales y difunde en un país en donde no hay un solo  periódico o canal de  televisión de oposición, es la forma más directa de impedir los cambios sociales y la derecha como es su tradición, lo intentará como siempre lo  ha hecho, llamando a salvar la patria y los valores de una sociedad dominada por ellos y que por ningún motivo desean alterar.

Necesitamos Paz, no porque estemos en guerra, sino porque la paz social que se vivió hasta la semana del 18 de octubre pasado, terminó por reventarse por acumulación de energías, como un reactor nuclear llevado a sus límites de posibilidades, explosionado y que no puede ser apagado, si no se comprende las razones de su estallido y sus reales consecuencias. Es esa onda reactiva lo que  sacude a Chile y la paz que se necesita es mucho mayor que el orden público.

Aquellos que desde la oposición, que actúan como respirador artificial de un gobierno fracasado y en banca rota, al que ni siquiera se atreven acusar en el merito de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en estas semanas,  que  se conjugan con la derecha para imponer esa agenda de control social represivo, saben de sobra y hasta por experiencia, que esa puerta de escape a la actual crisis, solo lleva al establecimiento de un golpe blanco, para un fascismo que ya hemos padecido. Es muy triste ser complementario de algo así y Chile por su memoria, presente y futuro no se merece tamaño destino.

La solución de nuestra crisis no pasa por un golpe de estado institucional y reaccionario, ni por una la guerra civil. Chile y su gente merece mucho más que eso.




Familiares de víctimas de impactos de bombas lacrimógenas presentarán querella

La primera reunión de las victimas que se organizan para interponer acciones judiciales se realizó esta tarde. Las graves violaciones a los derechos humanos no pueden quedar impunes y sin reparación, señalaron.

Esta tarde familiares de víctimas de represión por impacto de bombas lacrimógenas se reunieron para presentar en conjunto una querella contra todos quienes resulten responsables de los disparos directamente al cuerpo contra quienes ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.

Luego del estallido social del pasado 18 de octubre son muchos los casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por Carabineros, quienes han reprimido con brutalidad a la población que ejerce su derecho de manifestarse. Además de los heridos oculares por balines, son muchos las personas heridas por el lanzamiento directo al cuerpo de las bombas lacrimógenas.

La directora de Ideas para Conchalí, la abogada Jeannette Jara, señaló que “las personas ejerciendo su derecho a manifestarse y han sido reprimidas, generándose heridas, muchos de ellos con secuelas graves que van a tener que someterse a largas rehabilitaciones”.

Jara fue enfática en indicar que “nuestro país debe avanzar en Justicia, Verdad y Reparación para quienes hoy día son víctimas de violaciones a los derechos humanos y con esto, tomar una lección como sociedad para que nunca más Carabineros, las policías y las Fuerzas Armadas vuelvan a ser parte de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

La organización de las victimas comenzó por el caso de un joven de Conchalí que recibió el impacto de la bomba lacrimógena en su brazo y luego de 15 días hospitalizado y cuatro operaciones le queda un largo camino de recuperación

El menor de edad recibió un impacto de una bomba de gas lacrimógeno el pasado 15 de noviembre y estuvo dos semanas hospitalizado con daño total en su nervio radial de su brazo izquierdo. Su madre, Carolina Espinoza, señaló que buscan justicia y reparación. “Mi hijo tendrá al menos un año y medio de rehabilitación para recuperar la movilidad de su brazo”.

El joven fue herido en Plaza Baquedano y relató que “el impacto fue tan fuerte que me llegó a dar vuelta el brazo. La lacrimógena se me quedó incrustada en el brazo, quemándome todo y sacando el gas hacia mi cara directamente”.

Otro caso fue relatado por Adriana Godoy, madre del joven Juan Carlos Pereira que recibió el impacto en la frente luego de que la policía reprimiera en Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile. Ella relató que “la situación como familia es dolorosa y de incertidumbre, porque ahora (Juan Carlos) debe someterse a otra cirugía en enero. No sabemos hasta donde va a quedar con secuelas”.

“Yo no sé lo que Carabineros están haciendo. Su misión es resguardar (…) y ahora están apuntando a la cabeza de nuestros jóvenes, a nuestro futuro. Yo digo basta ¡No más lacrimógenas! Hago un llamado al gobierno a responder”, agregó.

También expuso Javiera Molina, su hermano de 16 años que fue impacto por una bomba lacrimógena el pasado 6 de diciembre en la nuca. Actualmente sigue hospitalizado en la ex Posta Central sin saber con qué consecuencias quedará. El impacto lo dejó con pérdida de conciencia por lo que no puede recordar que ocurrió.

Por último, Juan Lanata de 74 años, denunció que el viernes pasado en Plaza Baquedano se encontraba con su familia manifestándose y en el sector de Vicuña Mackenna se “produce la arremetida de Carabineros y a una distancia de 20 metros un Carabinero me dispara en 90° directamente una bomba lacrimógena a los testículos”.

Lanata señaló que por suerte no tuvo estallido testicular, pero sí tuvo sangrado y hematomas. Su testimonio fue dado a conocer este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La directora de Ideas para Conchalí hizo un llamado a denunciar estos casos y avanzar para obtener justicia y reparación, poniendo a disposición el correo nomaslacrimogena@gmail.com para quienes quieren sumarse y entregar sus testimonios.




PC de Chile denuncia ataque a sede en Chillán y montaje en Calama

El acceso de la sede del Partido Comunista de Chillán, ubicada en calle Cocharcas con Brasil, resultó con daños tras un incendio aparentemente intencional registrado la madrugada de este miércoles.

Los miembros de la colectividad en la región del Ñuble informaron que se realizará una investigación del caso, ya que comentaron que había líquido acelerante en el lugar, por lo que concurrió personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para efectuar pericias en el lugar.

Al respecto, el presidente del PC de Ñuble, Hugo Agurto, dijo que se trató de un hecho político con fundadas sospechas que venga desde la militancia del partido Republicano que encabeza José Antonio Kast.

 

A juicio de Agurto, este incendio responde a una reacción histórica de la derecha, de la cual el Gobierno es cómplice al pretender que los militares queden impunes de la violaciones de Derechos Humanos, en contextos de manifestación social.

 

El timonel del Partido Comunista de Ñuble aclaró que el Gobierno está buscando una salida de fuerza al estallido social en Chile, lejos de manifestar voluntad política de avanzar en soluciones reales.

 

Desde el PC informaron que afortunadamente sólo resultó con daños el ingreso de la sede y no hubo propagación a inmuebles vecinos por la llegada oportuna de Bomberos de Chillán. Ante lo sucedido iniciaron acciones legales para aclarar las circunstancias del hecho.

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Acusan montaje en Calama

40 días de investigación decretó juez de garantía en caso de irrupción policial a la  sede del partido Comunista en Calama en la madrugada del pasado martes 26, acusando a los militantes que allí se encontraban de “hurto agravado” y de posesión  de “elementos incendiarios” en el lugar .

En este sentido, Ronald Rodríguez, secretario comunal del Partido Comunista de Calama, acusó una persecución y acoso por parte de Carabineros, señalando además que los militantes permanecían en el inmueble para protegerlo de un posible ataque, ante reiteradas amenazas de sectores ultraderechistas.

 

El dirigente comunista de Calama, sostuvo que el Juez de Garantía Local desestimó la acusación que pesaba sobre ellos, al no existir fundamento  de algún delito o alguna antecedente que justificara  medidas cautelares

 

Ronald Rodríguez advirtió que  este gobierno sigue de manera  persistente adoptando estrategias de criminalización del movimiento social, al ser incapaz de enfrentar el verdadero  foco de la violencia, cual la enorme desigualdad que sigue sufriendo nuestro país.

 

Señalar que el Juzgado de Garantía de Calama estimó como ilegal la detención de los dirigentes comunistas, descartando  el delito de hurto agravado pues al contar  con la autorización  y porte de llaves de la sede política, no es entendible  que hayan forzado  su ingreso, ni tampoco que sustraigan especies  desde su interior. Además se precisó que los uniformados entraron por la ventana al lugar y sin la orden judicial requerida para este efecto.




Lapidario informe de Amnistía Internacional sobre violaciones a los DD.HH. en el marco de la protesta social

Amnistía Internacional presentó este jueves los hallazgos y conclusiones de la misión investigadora que llegó a Chile para documentar casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales que comenzaron hace un mes.

En él, se detalla minuciosamente como el gobierno de Piñera ha violado gravemente los derechos humanos, a pesar de las advertencias de diversos organismos humanitarios.

El informe de Amnistía Internacional es demoledor en este sentido y apunta al gobierno de la derecha en casos aberrantes y constantes en contra de la dignidad de las personas.

Pilar San Martín, investigadora del organismo, repudió que a pesar de las evidencias, tanto de heridos como de muertes de ciudadanos, el gobierno siga empeñado en justificar la violencia desproporcional con que han actuado las fuerzas armadas y Carabineros.

 

La investigadora de Amnistía Internacional confirmó que han podido documentar 5 muertes por agentes del Estado, 4 a manos de funcionarios del Ejército y uno por parte de Carabineros.

 

Pilar San Martín añadió que hay más de 2 mil 300 lesionados, de los cuales mil 400 son por armas de fuego, sumado a 4 ataques donde el Ejército disparó munición letal.

 

La investigadora concluyó que agentes del Estado han disparado de forma indiscriminada e injustificada, generando la aberrante cifra de 280 personas con trauma ocular severo.

 

La investigadora de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, añadió que han documentado daño ocular a través de golpes y bombas lacrimógenas lanzadas a la cara, lo cual da cuenta de la brutalidad con que ha actuado Carabineros.




No legislaremos la agenda social del gobierno por insuficiente y mientras se mantenga la represión aseguró diputado Teillier

El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier, aseveró que no están dispuestos a legislar a favor de la agenda del gobierno si este último insiste en impulsar leyes represivas contra el movimiento social y las movilizaciones.

El parlamentario aclaró que la única posibilidad que tiene Sebastián Piñera de resolver esta crisis es abriéndose a la posibilidad de un Plebiscito y posterior Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

 

Guillermo Teillier criticó que el Gobierno y la derecha se aferren a la idea de introducir cambios en el Parlamento, cuando la ciudadanía demanda una Nueva Constitución por la vía de una Asamblea Constituyente.

 

Guillermo Teillier explicó que la Constitución no le asigna el rol constituyente al Parlamento para hacer una Nueva Constitución, ya que éste sólo se limita a introducir reformas.

 

El timonel del PC, Guillermo Teillier, dijo que es la hora de que las organizaciones sociales exijan plebiscito, asamblea constituyente y Nueva Constitución, siendo el único mecanismo para hacer los cambios que Chile requiere.




Marcos Barraza: “Gobierno tiene una conducta autoritaria y espionaje de Carabineros a dirigentes responde a esa doctrina”

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, emplazó al gobierno a asumir su responsabilidad política frente al proceder indebido de Carabineros en el espionaje efectuado a diversos dirigentes sociales y sindicales, previo al estallido social en Chile.

En su diagnóstico, este hecho es indicativo de una conducta autoritaria que antecede la crisis misma y da cuenta de cómo sistemáticamente el gobierno ha instrumentalizado a Carabineros mediante la doctrina del enemigo interno.

 

En ese sentido, Marcos Barraza acusó al Ejecutivo de persistir en una conducta de Dictadura velada, la cual antecede al 18 de octubre y vulnera gravemente el Estado de Derecho.

 

Al mismo tiempo, el dirigente comunista valoró la unidad de los hinchas de las distintas barras de futbol, así como su negativa a reanudar el Torneo Nacional, en el contexto de protestas sociales.

A juicio de Barraza, ambos casos son ilustrativos de la transversalidad de la demanda por una Nueva Constitución y el fin a los abusos, a propósito de las acusaciones de cohecho contra la ex líder del oficialismo PRI, Alejandra Bravo.

 

Marcos Barraza sostuvo que esta crisis institucional demanda la voluntad política del gobierno de refundar la democracia por la vía de una Asamblea Constituyente que de paso a una nueva Constitución.

 

El exministro Marcos Barraza concluyó que la fortaleza del movimiento social radica en la transversalidad y amplitud con que ha sabido expresar su demanda de transformaciones estructurales al modelo neoliberal.