Afep junto a otras organizaciones y personalidades lanzan campaña por la salida de Rozas desde dirección de Carabineros

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, exigió la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas, debido a la fuerte represión policial contra los vecinos de la comuna de El Bosque y otras, cuando protestaban este semana por la falta de alimentos en medio de la cuarentena.

La dirigenta aclaró que esta solicitud contempla el mal precedente del accionar criminal de Carabineros durante los 5 meses de revuelta popular, tratándose de la represión más violenta registrada en Chile post Dictadura.

 

Del mismo modo, Alicia Lira criticó que el gobierno pretenda resolver el problema del hambre por la vía de una serie de políticas asistencialistas y de corto alcance, lejos de garantizar la subsistencia de las familias.

 

La presidenta de la AFEP consideró grave que la ciudadanía tenga que salir a reclamar derechos tan esenciales como la alimentación, siendo nuevamente víctima de una fuerte represión por parte de agentes del Estado.

 

Alicia Lira concluyó que para ir en ayuda de las familias golpeadas por esta crisis, el gobierno debiera recurrir al fisco y al gran empresariado, pues este último se ha caracterizado por reiterados casos de colusión y saqueo de riquezas naturales.




Carlos Insunza: «Gobierno se aprovecha de la contingencia para apelar al uso de la fuerza, reprimiendo duramente las legítimas expresiones del movimiento social»

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales acusó un abuso por parte de las autoridades, del Estado de Excepción Constitucional dictado a partir de la pandemia por el Covid 19 tras la fuerte represión sufrida este 1 de mayo por dirigentes sindicales y sociales que se manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de La Moneda en el marco del Día Internacional de los trabajadores.

Así lo denunció el dirigente nacional de la ANEF, Carlos Insunza, quien señaló que tal como ocurrió durante el estallido social, el gobierno hoy se aprovecha de una contingencia  para apelar al uso de la fuerza, reprimiendo duramente  las legítimas expresiones del movimiento social.

 

Del mismo modo, el representante de los empleados fiscales denunció una incongruencia  e hipocresía del Ejecutivo pues por una parte condena e impide que los dirigentes sindicales se manifiesten en las calles por un supuesto temor al contagio del Covid 19, sin embargo aplaude y promueve la apertura de los malls y centros comerciales, que son verdaderos focos de propagación del virus.

 

Carlos Insunza  lamentó que Sebastián Piñera y su administración  hayan utilizado a los empleados públicos como carne de cañón en su plan de imponer un pseudo” estado de normalidad”, que no es otra cosa que un gesto de respaldo a los grandes grupos económicos, a quienes  urge seguir expandiendo su enorme nivel de ganancias.

 

Finalmente el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Carlos Insunza   señaló que a diferencia de lo que ha pretendido el Ejecutivo transmitirle a la ciudadanía, los trabajadores del Estado han colaborado siempre de manera presencial o mediante la modalidad del teletrabajo con el efectivo cumplimiento de la función pública , pese a los intentos del oficialismo  por relativizar su trascendental misión, concluyó Carlos Insunza.




Declaración de la Coordinadora de Víctimas Trauma Ocular

Como coordinadora de víctimas de trauma ocular declaramos nuestro profundo repudio a las declaraciones y resolución de Carabineros de Chile entorno a la investigación de los  autores responsables de las heridas y daño permanente de nuestro compañero Gustavo Gatica, el cual producto de la violencia y falta absoluta de protocolos por parte de carabineros, sumado a su indiscriminados ataques a manifestantes de manera permanente en donde disparaban directamente al rostro de muchos ellos, dañaron de manera irreparable ocularmente a nuestro compañero Gustavo al igual que a Fabiola Campillay, como a tantos otros de nuestros compañeros y compañeras 456 compatriotas a nivel nacional dejando daños físicos y emocionales, en donde la impunidad deja en manifiesto un absoluto manto a las responsabilidades  de esta institución que no asume como tal, siendo sus efectivos desplegados en manifestaciones con órdenes concretas de persuadir con plena libertad de acción,  lo cual deja al descubierto su ensañamiento, falta de protocolo y el carácter de la violación constante de derechos humanos en cada una de sus acciones.

Queremos en estos momentos exigir claridad de los hechos que ocurrieron durante el ataque a nuestro compañero, que la institución se haga cargo de las responsabilidades que esta tiene en cada una de estas acciones violentas contra manifestantes, teniendo en varios casos registros audiovisuales de muchas de ellas en donde se percutan disparos en el rostro de manifestantes, apremios violentos contra personas, actos de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La negación de responsabilidad genera en la población y en cada una de las victimas un profundo dolor, pero más aún la constante impunidad en la cual a través del anonimato y al amparo de instituciones como la de carabineros de Chile quedan cada uno de los autores de hechos tan violentos como los que hoy en investigación han resuelto de manera especulativa culpar a terceros, como a manifestantes dejando así una enorme incertidumbre de efectivamente encontrar verdad y justicia para las víctimas y familias.

Hoy  enfrentamos la cara más cruda de una justicia que no llega y la terrible impunidad de  autores de mutilación y violación a los derechos humanos, sino también el abandono absoluto de sus víctimas por parte del estado, en donde la atención en instituciones de salud ha sido suspendida, muchas de las victimas hoy se encuentran con procesos de rehabilitación física en espera, a nivel psicológico y apoyo contando con la solidaridad colectiva de espacios de coordinación conjunta como lo es nuestra coordinadora, en donde a través de la solidaridad y apoyo de algunos profesionales que se ponen voluntariamente al servicio de ellos para colaborar hemos podido avanzar en la recuperación parcial pero no total de su cotidianidad, tratando con un profundo esfuerzo de ponerse de pie después de la modificación de sus vidas la cual queda marcada para siempre en un profundo dolor.

Queremos decir que continuamos a paso firme y creemos profundamente en continuar luchando por verdad y justicia para cada uno de nuestro compañeros y compañeras, creemos que en un estado que se dice democrático la verdad y la justicia, la dignidad son ecos importantes en la construcción de un país que debe avanzar en la dignificación de su pueblo, en donde de garantías para el pleno desarrollo de los sujetos en igualdad de condiciones.

Sentimos profundamente que cada muestra por parte del gobierno a través de Piñera, Blumel, Guevara y Mario Rozas sea la negación de hechos y seguir precarizando la vida del pueblo de Chile, como coordinadora reforzamos nuestro compromiso por seguir luchando por cada uno de nuestros compañeros y compañeras en el camino de la verdad, justicia y reparación.

Coordinadora de víctimas trauma ocular.

09 Abril 2020.




29 de marzo: El recuerdo y homenaje a través de Manuel Guerrero Antequera

A 35 años de la muerte de los tres profesionales del partido Comunista: Santiago Nattino, Jose Manuel Parada y Manuel Guerrero a manos de agentes del Estado, sus familiares, compañeros y amigos siguen honrando su memoria y recordando la lucha que llevaron a cabo contra la represión.

Es así como Manuel Guerrero Antequera, hijo del profesor dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile y militante comunista ultimado por efectivos de Carabineros el 29 de marzo de 1985, señaló que tal como ocurrió durante la Dictadura, hoy las fuerzas policiales siguen actuando con singular crueldad a propósito del estallido social y la represión.

 

El sociólogo y académico detalló que si bien la situación surgida raíz del Covid 19 impide realizar como cada año, actos públicos en homenaje a los tres mártires comunistas degollados en 1985, esto no impide reivindicar la justicia y las demandas sociales desde distintas plataforma.

 

Por este motivo Manuel Guerrero invitó, como un reconocimiento a su padre, así como a Jose Manuel Parada, Santiago Nattino, a compartir un espacio de memoria. Esta vez por la cuarentena, será en formato virtual. Este domingo 29 de marzo, a partir de las 19.00 en http://Facebook live https://facebook.com/velaton29M/  donde habrá un espacio, de música, poesía y memoria.




A 35 años: Nada ni nadie está olvidado

Este 28 y 29 de marzo se cumplen 35 años del secuestro y posterior asesinato de los tres  profesionales del partido Comunista:  Santiago Nattino, Manuel Guerrero y  Jose Manuel Parada, quienes fueron degollados vivos por efectivos de Carabineros, en el marco de la sangrienta represión de la Dictadura de Pinochet.

Respecto al simbolismo de esta fecha, donde en pocos días fueron ejecutados además los hermanos Vergara, Paulina Aguirrre y Oscar Fuentes los primeros días de abril, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira  señaló que pese al freno social que representa esta pandemia del Coronavirus, esto no ha impedido que se siga recodando con afecto a los tres mártires de la represión.

 

La dirigenta de los DD.HH.   advirtió que el crimen y la crueldad ejercida en contra de los tres profesionales del partido Comunista  en 1985 y tal como ocurrió con otros activistas sociales, refleja la forma en que impuso su voluntad la tiranía de Pinochet.

 

Alicia Lira lamentó que a 30 años del advenimiento de la democracia, aun persiste un principio de justicia en la medida de lo posible, lo cual a su juicio, es una burla para los familiares de la victimas del terrorismo de Estado.

 

Consignar que Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros .El 30 de marzo, camino a Quilicura ,frente al fundo «El Retiro», y cerca del aeropuerto Pudahuel, los cuerpos de los profesionales fueron encontrados degollados y con signos de tortura.​Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Jose Cánovas Robles condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del entonces General Director de Carabineros y Miembro de la Junta militar César Mendoza.




Unidad Social pide salida inmediata de General Director de Carabineros Mario Rozas

El Bloque Sindical de Unidad Social se reunió para abordar el actual momento del país, en especial la represión y las personas asesinadas, exigiendo la salida inmediata del General Director de Carabineros, Mario Rozas.

En primer término el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, advirtió que los últimos sucesos en que se ha visto involucrado Carabineros revelan un desorden inorgánico, reflejado no solo en los actos de corrupción en su interna, sino además su actuar brutal en contra de la protesta social.

 

Jose Pérez señaló que el General Director de Carabineros, Mario Rozas, debe renunciar, pues día tras día demuestra su incapacidad y su inexperiencia en las calles, al haber limitado su carrear profesional  sólo a labores administrativas  y haber sido en su momento, el escolta de Sebastián Piñera.

 

En tanto, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acusó por parte del gobierno la instauración de una política del empate respecto a los hechos de violencia, siendo además a su juicio, cómplice de las múltiples violaciones a los DD.HH. al no condenar con determinación estos graves sucesos.

 

Bárbara Figueroa abogó por la creación de la figura del Defensor de los Derechos del Pueblo, para que este sea un contrapeso a la impunidad de los agentes del Estado que cometen delitos y acciones lesivas a las prerrogativas ciudadanas.

 

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que las últimas señales dadas por Sebastián Piñera en torno a promover leyes represivas, dan cuenta de que su gobierno replica las mismas herramientas disuasivas del pinochetismo.

 

Carolina Espinoza, vocera de NO + AFP, comentó que como país, hoy  estamos enfrentados a un Ejecutivo que no logra entender que lo que buscan las personas en las calles no es más que justicia social.

 

Desde el bloque sindical de Unidad Social, junto con exigir la salida inmediata del General Director de Carabineros Mario Rozas, anunciaron que seguirán en proceso de movilizaciones, pues esta agenda de represión policial, se suma a una inminente voluntad de  Sebastián Piñera y su sector, de seguir empeñados en sus reformas regresivas, pese a contar con menos de un 10 % de aprobación popular.




Duras críticas a leyes que criminalizan protesta social y permiten ocupar militares en tarea de seguridad pública

Con votos de la Democracia Cristiana y el PPD, la Sala del Senado aprobó este lunes la idea de legislar la reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar «infraestructura crítica» sin que se decrete estado de excepción.

El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, dijo que como bancada votaron en contra de esta iniciativa, ya que expone a la sociedad civil a eventuales enfrentamientos con militares, lejos de resguardar la seguridad pública.

Asimismo, el parlamentario explicó que se trata de una ley en blanco, pues será el Presidente de la República quien podrá definir por decreto, cuáles son los servicios de infraestructura crítica a resguardar.

 

Alfonso de Urresti aclaró que la preservación del orden público es una tarea que corresponde a Carabineros, y en ningún caso a las Fuerzas Armadas como se hizo en Dictadura.

 

El tanto, el senador Rabindranath Quinteros, sostuvo que esta reforma constitucional viene a criminalizar las manifestaciones pacíficas, pese a estar permitidas en democracia.

 

Rabindranath Quinteros criticó que el ejecutivo esté traspasando al Congreso la inoperancia policial por la vía de proyectos de ley que sólo criminalizan la protesta social.

 

La iniciativa tiene urgencia de discusión inmediata y pasará a su segundo trámite en la Cámara de Diputados tras recibir 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Confusam rechaza leyes criminalizadoras de la protesta social

Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) consideró “vergonzoso” que el proyecto de ley “antisaqueos” fuera despachado al Senado con amplio apoyo de la Democracia Cristiana y el Partido Radical.

La dirigenta advirtió que por esa vía, el Gobierno busca aniquilar el sindicalismo en Chile, tal como se hizo en Dictadura con la finalidad de restringir la libertad de los trabajadores.

En ese sentido, Flores repudió que sectores de oposición se presten para este tipo de estrategias políticas.

 

La presidenta de la CONFUSAM aseveró que Sebastián Piñera debería renunciar por dignidad y principios, debido al autoritarismo que ha caracterizado su mandato tras el estallido social.

 

Gabriela Flores criticó que sectores que dicen ser de oposición terminen aprobando los proyectos de ley del ejecutivo, cuando sólo apuntan a medidas represivas contra el movimiento social.

 

Asimismo, la titular de la CONFUSAM consideró grave que la Organización Panamericana de la Salud haya entregado una carta, apoyando la reforma de Fonasa impulsada por el ministro Jaime Mañalich.

 

Finalmente, Gabriela Flores anunció que presentarán una queja formal ante la OMS, ya que dicha organización no puede politizarse a favor de un Gobierno que ha cometido los peores horrores después de la Dictadura, sentenció.




Diputada Sepúlveda: “No queda claro si el copamiento tiene protocolo al interior de Carabineros”

La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, recibió en su primera sesión con invitados, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.

Lo anterior, pues a juicio de la autoridad este hace que en la práctica se requiera autorización para reunirse, cuestión que según dictámenes internacionales no se requerirían, y fue claro en señalar que  “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que  “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.

Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”

Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.

Por su parte, el diputado integrante de la comisión, Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DDHH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DDHH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DDHH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”

“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.

Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.




Diputada Sepúlveda presidirá comisión que analiza Acusación Constitucional contra Intendente Guevara

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, fue elegida por unanimidad como la presidente de la Comisión que analizará la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Al respecto, la parlamentaria, junto con agradecer el apoyo de sus colegas – todos hombres – a la propuesta del diputado Diego Ibáñez, recalcó que “queremos una comisión donde puedan ser todos escuchados los que quieran venir a poder dar su testimonio, su reflexión, su conocimiento en relación al tema”.

Asimismo, informó que “vamos a sesionar todos los días en que estemos en la Cámara de Diputados, pero también en Santiago, desde las 11 a las 13.30 hrs. Y si es necesario, me han dado la facultad, desde las 18 hasta las 22 hrs. Pues aquí lo importante es cómo hacemos un buen trabajo, lo más acucioso posible, y para ello nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”. Además, adelantó que partirán este martes para definir lista de invitados, sin perjuicio de que ya fueron citados el director del INDH, Sergio Micco, y representantes Amnistia Internacional y Human Rights Watch. 

Consultada por las fechas que tiene el Intendente para dar respuesta a la acusación, Sepúlveda indicó que “el día 16 de enero tiene como límite, a las 12 de la noche, la presentación de los descargos por parte del Intendente, sin embargo nosotros esperamos que lo realice antes, pues recordar que es un solo capítulo de acusación, y posteriormente nosotros tenemos 6 días para poder estudiar su respuesta”.

En este sentido, y tras ser consultada por los dichos del propio Guevara refiriéndose a que él solo hacia su trabajo, por tanto quitándole fundamento a la acusación, la diputada recalcó que “para nosotros es importante que a través de lo que él diga, del escrito que vaya a presentar en términos de la defensa, de la exposición que sus abogados quieran realizar lo planteen todo ahí, y nosotros por cierto no tenemos ninguna dificultad en escucharlos, pero tenemos hoy día un mandato, que es un mandato constitucional, que es absolutamente claro, que es además es un proceso de fiscalización lógico de la Cámara de Diputados, donde la Sala nos ha mandatado a hacer el estudio como corresponde en esta acusación, no vamos a emitir ningún juicio sino en la medida que vamos escuchando a las distintas instituciones que van a venir a dar su exposición a la Comisión”.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a los dichos de autoridades del oficialismo, que han criticado la presentación de esta acusación, y señaló que “están en su justo derecho de plantearlo así y defender al Intendente, pero nosotros tenemos hoy día una misión que es muy importante, que tiene que ver además con una cantidad no menor de diputados que son representantes de la transversalidad de la Oposición, que son los firmantes de la Acusación Constitucional, por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa es que sea lo más ecuánime posible, con el estudio que corresponde, esta Acusación Constitucional, más allá de los dichos del gobierno”.

Finalmente, y ante la pregunta de si esta acusación tiene mayor piso que las anteriores, Sepúlveda fue clara en señalar que “es una acusación que tiene, por lo menos desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en la ciudadanía, fundamentalmente lo que ha ocurrido en Santiago, tiene un asidero de realismo de lo que está ocurriendo hoy día en la calle y en base a eso, la mayoría de los bloques de Oposición hicieron esta Acusación Constitucional, pero nosotros esperamos revisarla en su mérito, en derecho y hacerlo con un debido proceso tanto para el Intendente como para los diputados acusadores”, concluyó. 




Comisión Chilena de Derechos Humanos asegura que gobierno de Piñera replica las herramientas represivas de la dictadura

La Comisión Chilena de Derechos Humanos rechazó un nuevo capítulo de represión policial ocurrido el viernes pasado en la “Plaza de la Dignidad”, en donde el joven manifestante Óscar Pérez  fue atropellado un carro lanzagases, cuyo conductor fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves , pero sin embargo recibió el beneficio de firma mensual.

Para Carlos Margota, presidente del organismo, este grave hecho  refleja la tozudez de un gobierno que replica las mismas herramientas disuasivas  usadas en Dictadura, desoyendo además las recomendaciones de los organismos internacionales  de DD.HH al respecto.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos  cuestionó el actuar del Intendente  Metropolitano Felipe Guevara quien anuncio a la «tolerancia cero» frente a manifestaciones no autorizadas, , señalando que era predecible que los días viernes la gente concurriera a la Plaza de la Dignidad, sobre todo cuando Sebastián Piñera persiste en desoír una genuina agenda social.

 

Carlos Margota detalló que han presentado  querellas criminales en contra de los autores materiales  de estos atropellos a los D.D.H.H, sin prejuicio de la responsabilidad  penal que les cabe a quienes han permitido este actuar brutal de las policiales, como son el Intendente  Metropolitano , el Ministro del interior y por cierto el propio Sebastián Piñera.

 

Consignar que desde la oposición también condenaron el actuar del Intendente Metropolitano   solicitando su renuncia al cargo, pues a juicio de los dirigentes, el hecho de poner más de mil carabineros en los alrededores de plaza Baquedano es una «acción militar», agregando que el  impedir que la gente llegara al lugar tuvo «consecuencias brutales.