Roberto Rojas dirigente nacional Pymes: Ingreso de las AFP para dar préstamos vía Corfo hará aún más difícil acceso al crédito. Situación es dramática

Roberto Rojas, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), afirmó que las PYMES serán las menos beneficiadas con las nuevas medidas de apoyo anunciadas por Sebastián Piñera, ya que los créditos serán a intereses demasiado elevados.

El dirigente, vocero también de Convergencia Pymes, cuestionó el negocio que harán las Administradoras de Fondos de Pensiones al facilitar a CORFO mil millones de dólares, pues va a ser mucho más difícil el acceso a créditos con garantía estatal (FOGAPE).

 

El presidente de CONUPIA dijo que el gobierno debiera apoyar a las PYMES a través de subsidios estatales para así evitar el riesgo de quiebra, considerando que éstas proveen más del 60% del empleo privado en Chile.

 

En ese sentido, Roberto Rojas emplazó al Ejecutivo a invertir en ayuda efectiva en términos de subsidios, a objeto de anticiparse a la ola de desempleo que se avecina.

 

Sobre la fórmula de incluir a instituciones no bancarias, como factoring y leasing, Roberto Rojas aclaró que no son mecanismos eficaces a la hora de resguardar la continuidad de las PYMES, porque sus préstamos serán muy onerosos.




Estudio fundación Sol: Morosidad de personas que pagan CAE supera el 44%

Actualización del estudio de fundación SOL que fuera publicado por primera vez en 2016 señala que, si bien el CAE cumplió la promesa del aumento del acceso a la Educación Superior, el 72% de este aumento se concentra en sólo 4 grupos educacionales y un conjunto de Universidades investigadas por lucro, todas privadas. La investigación también muestra que más de un tercio de los egresados (35%) está moroso con un saldo promedio que supera los $6 millones.

“Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE” es el nombre del estudio de Fundación SOL, que actualiza la información publicada en 2019 sobre la situación del Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual actualmente es pagado por más de 559 mil personas. 

El informe explica que la promesa del aumento del acceso a la Educación Superior, se cumplió ampliamente, ya que el año 2005 (antes de la entrada en operaciones del CAE), la matrícula total era de 663.679 alumnos, mientras que, en 2019, esta cifra llegó a 1.268.510 matriculados. Sin embargo, el 72% de este aumento se concentra en sólo 20 instituciones que pertenecen a los siguientes grupos educacionales: i) Laureate International; ii) Santo Tomás; iii) INACAP y iv) Pontificia Universidad Católica. Adicionalmente, en este listado, se encuentran aquellas Universidades investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, Autónoma, Central, del Desarrollo, entre otras.

“Precisamente es en estas instituciones donde se concentra el 67,9% de las y los estudiantes que acceden al CAE y el 67,9% de los recursos que por esta vía ha recibido desde el año 2006 todo el sistema de Educación Superior chileno, lo que equivale aproximadamente a $4 billones (millones de millones). Sólo el Grupo Laureate International, ha recibido más de 1,1 billones de pesos a través del CAE” explica Benjamín Sáez, uno de los investigadores a cargo del estudio.

Financiar a la banca

El estudio también señala que el total de recursos entregados por los Bancos entre 2006 y 2019, a través del CAE, a las instituciones de educación superior acreditadas donde se matriculan los alumnos beneficiados, es de casi $6 billones (millones de millones de pesos). 

“Sólo tres bancos se han adjudicado casi el 90% de los créditos: Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca” asegura Marco Kremerman, también a cargo de la investigación, y agrega que “para hacer este negocio aún más atractivo para la Banca, el Estado se comprometió originalmente a subsidiar a los bancos participantes comprando cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%. Sin embargo, entre 2006 y 2019, el Fisco ha recomprado un 55% de los créditos con un sobreprecio de 25,2% (4,2 veces más que lo que se requería originalmente), lo que equivale a más de $828 mil millones”.

Mientras en 2006 el CAE representaba el 2,4% del presupuesto de la partida de Educación Superior, hoy, a pesar de coexistir con la política de gratuidad de mercado, representa el 24,2% del presupuesto y el Fisco ha comprometido recursos por $504.996 millones para el 2020. “El argumento de la escasez de recursos para a acudir a la Banca, claramente dejó de ser válido” puntualiza Kremerman.

Las altas tasas de morosidad

La investigación señala además que, a diciembre de 2019, se registraban 559.058 personas pagando el CAE, ya sea en calidad de desertores o egresados. En el caso de aquellos estudiantes que desertaron de sus carreras, el 76,8% se encuentran morosos, mientras que los egresados que actualmente están pagando el CAE, se registra un 35% de morosidad, lo que equivale a 151.293 personas.

La morosidad total del sistema es de 44,5% e involucra a 248.699 deudores, lo cual permite concluir que este crédito resulta ser un gasto más que una inversión para el Fisco.

Número de deudores CAE según etapa de pago y % de morosidad a diciembre de 2019.

Al desagregar los datos según tipo de Institución de Educación Superior, se observa que los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación Técnica (52,7%) y en los Institutos Profesionales (50,9%) y en el mundo de las Universidades, son las privadas quienes presentan los datos más preocupantes (37,5%).

“Si analizamos los datos de morosidad según holding o grupos educacionales, se puede constatar que el Grupo Santo Tomás, es quien presenta los niveles más altos con un 48,4% de morosidad, seguido por el Grupo Laureate con un 45,8%” explica Kremerman.

Al analizar los datos por región, se puede observar que los territorios donde se registra mayores niveles de morosidad son: Arica y Parinacota (55,5%), Coquimbo (48,8%), Tarapacá (48,7%), Magallanes (48,7%), Biobío (48,7%) y Antofagasta (47,5%). Cuando se analizan las tasas de morosidad a nivel comunal en territorios con elevado número de habitantes, como es el caso del Gran Santiago, se puede observar cierta correlación entre morosidad e ingresos/pobreza.

Las 10 comunas que registran mayor tasa de morosidad en el Gran Santiago, tienen 92% más de pobreza multidimensional, poco más del doble de pobreza por ingresos y un 48% de los ingresos autónomos del hogar que las 10 comunas que registran menores tasas de morosidad. Vale decir, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos.

“En resumen, con la creación y la profundización del CAE, en términos de gobernanza, se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de Educación Superior chileno, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la Banca asistido por el Estado y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes y futuros trabajadores a través de la deuda” señala Sáez. 

Finalmente, se integra una nueva arista de análisis, enfocada en las brechas entre los aranceles reales y aranceles de referencia cobrados por las casas de estudio. Las brechas fomentan el “co-pago” por parte de los estudiantes y sus hogares, permitiendo el aumento del costo de las carreras, por sobre el costo estimado por el propio Ministerio de Educación. Esto permite que universidades como la del Desarrollo, Adolfo Ibañez, Pontificia Universidad Católica y de Los Andes, superen los 2 millones de pesos de diferencia entre el costo anual real y el arancel de referencia. 

Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020)

20200519_ACTUALIZA Estudio CAE




Pymes: Gran mayoría de solicitudes han sido rechazadas por los bancos; Piñera no cumple su promesa asegura Roberto Rojas

Roberto Rojas, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), descartó que Sebastián Piñera cumpla su promesa de entregar créditos a 300 mil empresas, incluidas las pequeñas y medianas, con garantías del Estado para palear los efectos de la crisis por Covid-19.

El dirigente aclaró que las PYMES beneficiadas no van a ser más de 150 mil, considerando la gran cantidad de solicitudes de crédito que ya han sido rechazadas.

 

El presidente de Conupia remarcó que el número de Pymes respaldadas por la ley de capitalización del Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) no pasará del 5%.

 

Roberto Rojas explicó que el promedio que se le está prestando a la microempresa es 1.8 mes de facturación, es decir, la mitad de los 3 meses anunciados por el Gobierno.

 

El presidente de Conupia concluyó que los principales favorecidos por el FOGAPE son las grandes empresas, quienes pueden acceder a créditos 50 veces mayores que los otorgados a pequeñas y medianas empresas.




Diputado Barrera: “Bancos son los responsables de garantizar seguridad de las tarjetas de crédito”

Subjefe de la bandada PC-PRO, Boris Barrera, aclaró que toda la carga de la prueba y  la responsabilidad en caso de fraude es por parte de las instituciones que emiten las tarjetas.

El subjefe de la bancada PC-PRO, Boris Barrera, afirmó que se ha entregado  información incompleta respecto del proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito en caso de fraude.

El legislador respondió de esta manera a las informaciones de prensa que señalaron que la Comisión de Economía, de la cual es parte, acordó de manera unánime introducir cambios a la iniciativa original acogiendo las preocupaciones de las entidades financieras y  permitiendo que los bancos cobren a los  usuarios un deducible de UF 0,3 en caso de fraude; el aumento del plazo de 3 a 7 días para que la banca pueda devolver el dinero robado y que la devolución sería provisional si la entidad determina que no hubo delito.

 

Boris Barrera aclaró que “está incompleta la información, porque la carga de prueba es por parte de las instituciones emisoras de las tarjetas. En el artículo publicado (diario La Tercera) y que ha generado la polémica, hace referencia a que la devolución de los dineros en caso de fraude iba a ser temporal y que después de forma arbitraria los bancos podían decidir retrotraer el pago”.

Sin embargo, corrigió el legislador “el mismo artículo en su parte final dice que eso va a ser siempre y cuando se acredita por sentencia firme y ejecutoriada. Para poder retrotraer ese pago por parte del banco, tiene que haber un juicio y una sentencia”.

 

Barrera indicó que lo interesante de la iniciativa, “es que toda la carga de la prueba y toda la responsabilidad en caso de fraude es por parte de las instituciones que emiten las tarjetas. De hecho, nosotros ampliamos mucho más la cobertura de estos fraudes cuando pasó por la comisión de la Cámara de Diputados, porque lo ampliamos a un número indeterminado de posibles casos, no solamente de tarjetas bancarias, sino que tarjetas de prepago, tarjetas de crédito virtuales. Hay una inmensa cantidad de medios por los que se puede cometer un fraude, los que ahora están todos incluidos”.

Son los bancos los responsables de garantizar la seguridad de las tarjetas, precisó Barrera. “En la comisión también incorporamos que las instituciones financieras tienen que tomar las medidas necesarias, como mensajes, alertas por patrones de uso de las tarjetas, para que ellos vayan entregando avisos constantes a los clientes para evitar los fraudes”, señaló.

Sobre los deducibles, el diputado aclaró que “acordamos con la comisión en cambiarlo, pero como no se cambió lo sacamos de la tabla y el proyecto va a volver para mejorarlo. Hay que recordar que se formó una mesa técnica, donde se consensuaron varias cosas, indicaciones del gobierno y nuestras y ahí quedó el tema de los deducibles. Quedamos en sacarlo, pero como no se sacó, finalmente lo sacamos de la tabla”.

A juicio de Boris Barrera,  “no deben cobrase deducibles, porque la responsabilidad es de los bancos. Ellos tienen que tomar todas las medidas necesarias para que no existan delitos y eliminar los seguros que hacen contratar. Porque si los vamos a eliminar, sería ilógico que estuviéramos cobrando un deducible, que sería como lo mismo. Por eso es que no debería haber deducibles, lo advertimos y sacamos el proyecto de tabla para mejorarlo”.