Irací Hassler: “Hay una articulación encabezada por alcalde Alessandri, avalada por ley Aula Segura, para desprestigiar a las comunidades educativas”

La concejala y candidata a alcaldesa por Santiago, Irací Hassler, acompañada  de parlamentarios  y actores de la educación, presentó  un requerimiento a la Contraloría  solicitando un pronunciamiento de legalidad e infracciones a la probidad administrativa, sobre un grupo de coordinación vía whatsapp entre Carabineros y civiles funcionarios del alcalde Alessandri y la Dirección del Instituto Nacional Barros Arana, en el cual se divulgaba información privada de estudiantes menores de edad.

Según detalló Iracì Hassler el despliegue mediante drones y registro fotográfico y la inclusión de profesores a grupos de coordinación para vigilar a los alumnos, presenta una acción gravísima y que no puede quedar impune.

 

La concejala y postulante al municipio de Santiago denunció que existe una articulación mediática encabezada por el alcalde Alessandri  avalada por la ley Aula Segura, con el fin de desprestigiar a las comunidades educativas.

 

Para el diputado por el distrito 10 Giorgio Jackson  utilizar a menores de edad y extorsionar a profesores  para que sean literalmente  “soplones” a la conveniencia  del edil de Santiago, es algo que rompe cualquier  lógica y respeto a los derechos más esenciales,

 

Giorgio Jackson emplazó al alcalde Felipe Alessandri a responder por este caso de espionaje abiertamente  ilegal en contra de los alumnos y docentes, pues vulnera un principio básico constitucional como es el de la privacidad.

 

Del mismo modo Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, consideró inaudito  utilizar a elementos tan gravitantes para el proceso educativo como son los profesores,  para ejecutar políticas de persecución y criminalización  en contra de los alumnos.

 

La candidata  a concejala por Santiago Dafne Concha, reiteró su rechazo a la persecución penal en contra de las comunidades escolares, pues estas organizaciones  deben, en un eventual regreso presencial, estar preparadas  para resguardar y proteger a los niños y adolescentes  y no cércalos policialmente  como pretende Alessandri.

 

En respaldo a esta presentación ante la Contraloría, la ex presidenta de la FECH, Emilia Schenider, exigió el mayor rigor de la ley en contra de todos los involucrados en este episodio  de espionaje  escolar ejecutado por la administración  de la Derecha en Santiago.

 

Lorena Avalos, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del INBA reveló las amenazas, intimidaciones y castigos sufridos por los estudiantes en aplicación de normas abusivas como es Aula Segura.

 

Según consta en la presentación hecha por la concejala Iraci Hassler ante la Contraloría, existió en un grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, donde se interactuaba para buscar evidencias que permitieron expulsar o detener estudiantes. El alcalde de Santiago además presionaba a través de sus funcionarios a los docentes para obtener información y para que se aplicaran sanciones cada vez más duras.

 




Profesores llaman a no aprobar idea de legislar en el proyecto de Admisión Justa

El expresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, califica el proyecto como un grave retroceso para la educación: “no podemos seguir reproduciendo la desigualdad a través de este proyecto de ley”

Dirigentes del Colegio de Profesores encabezados por el actual vicepresidente del gremio, Jaime Gajardo, realizaron un fuerte llamado a las bancadas de oposición a rechazar la idea de legislar el proyecto de ley de Admisión Justa impulsado por el gobierno que busca reponer la selección en los establecimientos educacionales.

Gajardo fue enfático en señalar que esta ley es un retroceso. “El único aspecto positivo es cuando habla de los hermanastros bajo un mismo techo, donde los dos pueden ingresar a un establecimiento determinado. Eso está bien, nadie se va a oponer a eso, pero eso se subsana con una ley corta, una ley complementaria para perfeccionar la Ley de Inclusión, pero no planteando todo este proyecto que tiene un punto positivo y 10 negativos”.

 

Ante esta situación el dirigente gremial hizo un llamado a los parlamentarios “a que no voten la idea de legislar y proponemos que hay que defender lo que se ha avanzado, que orienta lo público por sobre lo privado y seguir profundizando los cambios en esa dirección”.

 

También señaló que la Ley de Inclusión vigente y el derecho de educación de calidad para todos debe ser un punto de convergencia de la oposición del país. “Acá esta la oportunidad de la unidad de la oposición” indicó Gajardo y esta debe ser demostrada rechazando la idea de legislar. “No podemos seguir reproduciendo la desigualdad a través de este proyecto de ley”, concluyó.

Maniobras para distraer

En las últimas semanas ante la batería comunicacional del gobierno para instalar este proyecto de ley en la discusión pública, Jaime Gajardo plantea que esto viene a tapar otros conflictos indicando que “es una maniobra distractoria para tapar todo el problema de La Araucanía y la renuncia de Chadwick”.

Similar situación se habría vivido con el Aula Segura cuando en plena discusión legislativa “comenzaron a aparecer los overoles blancos agrediendo a Carabineros y luego que se promulgó la ley, no aparecieron nunca más los overoles blancos”.

Incluso en los canales oficiales del Ministerio de Educación en redes sociales han señalado en los materiales gráficos la llamada “Ley de Admisión Justa” cuando es un tan solo un “proyecto de ley, del cual ni siquiera ha sido aprobada aún la idea de legislar”, expresó Gajardo.

El Dictamen 074359 de 2015 de la Contraloría General de la República indica que en “el caso de las iniciativas de ley, se deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente”, algo que el ministerio de Educación omite en las gráfica que suben a sus redes sociales.

Ley Machuca

Respecto a los dichos de la ministra Cubillos sobre la contradicción que plantea el proyecto de ley Machuca promovido por la oposición, los dirigentes plantearon su apoyo a la iniciativa que busca incluir o no excluir como el proyecto promovido por el gobierno de Piñera.

Nadia Avalos, dirigenta del comunal Maipú del magisterio señaló que “es un falso argumento de parte de la ministra, acá no hay contradicción. Acaso nos vamos a oponer que haya inclusión en el Verbo Divino, en el Villa María Academy, por supuesto que no”.




Camila Vallejo advierte que en la Cámara se revisará en detalle proyecto aprobado en el Senado sobre convivencia escolar

En el marco de la aprobación en el Senado del proyecto que busca terminar con la violencia en los establecimientos educacionales, la diputada Camila Vallejo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, valoró los cambios con los que finalmente fue despachado el proyecto, pese a la resistencia inicial del Ejecutivo para ingresar modificaciones al cuestionado proyecto original. Aunque señaló que deberán revisar con detención lo aprobado y ver que indicaciones harán las y los diputados.

Para la diputada comunista, en este proyecto se ha expresado lo mejor y lo peor de la política, aludiendo a la voluntad de diálogo en el Senado, versus el autoritarismo con que el Gobierno busca aprobar un proyecto sin diálogo democrático.

 

Por otro lado, la diputada Camila Vallejo emplazó a la derecha a resolver la violencia en los establecimientos educacionales, cuyos sostenedores pertenecen a ese sector político.

 

La parlamentaria dijo esperar que el Gobierno se haga cargo de abordar el problema de fondo en materia de violencia en las escuelas, y no solamente con apariciones comunicacionales.  

 

Finalmente, la diputada detalló que “aquí se cambió un proyecto que todos decían que era malo. No era que estuviéramos a favor o en contra de la violencia. Queremos combatir la violencia, pero para eso tenemos que tener buenas herramientas. Lo que se ha hecho con diálogo democrático como corresponde, es mejorar esas herramientas, aunque al Gobierno no le guste. Solo sancionando y no previniendo, no vamos a lograr nunca una solución donde haya escuelas realmente seguras”.




Así quedó aprobado por el Senado proyecto “aula segura” transformado en “aula democrática”

Cuadro Comparativo – Proyecto Aula Democrática

Proyecto del Gobierno Texto Despachado a la Cámara de Diputados

El Ejecutivo declaró desde el comienzo de la discusión como intransables de su proyecto la expulsión inmediata del estudiante como sanción, y que esta fuera una obligación del director y no una facultad.

El proyecto aprobado elimina la expulsión inmediata y obligatoria, faculta al director para suspender al estudiante investigado y establece solo la obligación de iniciar un procedimiento ante hechos graves contra la convivencia escolar la que podrá o no terminar en una expulsión. Los dos puntos intransables del Gobierno quedaron fuera del proyecto.

Obligaba al Director del Establecimiento a expulsar de manera inmediata.   – Faculta al Director a suspender al   estudiante como una medida cautelar  para separar al alumno mientras dura el procedimiento.
– Limitaba la expulsión a dos causales, referidas a infracciones a la ley de armas y a lesiones graves. – Respeta las causales de expulsión establecidas en los reglamentos internos, e incorpora a ellos las dos causales que establecía el proyecto sancionando agresiones de carácter sexual, entre otras.
– Solo condenaba hechos cometidos por estudiantes. – Amplía las causales a hechos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, estudiantes y asistentes de la educación, entre otros.
– Solo reconocía como víctimas a profesores, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. – Reconoce como víctima a cualquier miembro de la comunidad educativa, incluidos los estudiantes.
– La expulsión era sumaria, sin procedimiento previo, sancionando y luego abriendo una eventual reposición de la medida. Sin garantías al debido proceso – Si se determina la expulsión, esta debe ser siempre el resultado de una investigación, que debe presumir la inocencia del estudiante, estableciendo un plazo de 15 días en que se deben respetar las garantías al debido proceso.
– Discriminaba colegios con aportes públicos y particulares pagados. Aplicándose solo a los primeros. – Termina con la discriminación. Se aplica a todo el sistema escolar.
– Se denominaba como “Proyecto de Ley que Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica”. – Se denomina como “Proyecto de Ley que Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar”.




Presentan denuncia contra Canal 13 ante Consejo Nacional de Televisión por manipulación y montaje

Dirigentes de la Juventudes Comunistas, junto a concejales de esta misma colectividad y dirigentes por la educación realizaron una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión acusando una manipulación y montaje en el reportaje de Canal 13 sobre un supuesto “adoctrinamiento” de grupos extremistas en el Liceo Javiera Carrera, justo en el momento en que se discute el proyecto de “Aula Segura” propuesto por el gobierno.

A este respecto, la presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el derecho a la Educación, Dafne Concha, exigió al ministro del Interior disculpas públicas producto de este montaje que calificó como burdo y destinado solamente a manipular a la opinión pública respecto a la aprobación del proyecto “Aula Segura”.

 

Dafne Concha además expresó que este reportaje irresponsable y hecho sin el consentimiento de las estudiantes del Liceo 1, obliga a los actores sociales y a los movimientos ciudadanos en pro de la educación a estar alerta y defender la dignidad de los niños y jóvenes de este país, exigiendo además las responsabilidades políticas que caben por este episodio.

 

Como un verdadero papelón, calificó el presidente de las Juventudes Comunistas Camilo Sánchez, lo ocurrido a raíz de este reportaje de Canal 13, lamentando además que el Gobierno siga intentando ocultar su incapacidad de administrar el país, mediante esta cortina de humo que significa la violencia escolar particularmente en la comuna de Santiago.

 

Camilo Sánchez denunció que tras este reportaje emitido por Canal 13 sólo se haya logrado segregar y criminalizar a las estudiantes del Liceo 1, siendo a su juicio curioso que no se le haya entregado de parte de la estación televisiva la misma cobertura que estas mismas alumnas hicieron sobre abuso sexual dentro de este mismo establecimiento a principios de año.

 

Sobre el mismo punto, la Concejala por Santiago, IracíHasler, advirtió que este episodio es un nuevo intento del Alcalde Felipe Alessandri y el Gobierno por instalar un voladero de luces en el ámbito de la violencia escolar, sin enfrentar los temas de fondo como el acoso sexual y las agresiones que ocurren a diario en liceos y escuelas públicas.

 

Irací Hassler afirmó que existe una desesperación de la Derecha y su gobierno por desviar la atención en los temas urgentes para los estudiantes como la falta de infraestructura, el acoso sexual y la educación no sexista, abriendo un debate entre quienes están a favor o no de la violencia, lo cual no es la discusión real, concluyó.

 

Los dirigentes insistieron en que más allá de las multas que pueda o no imponer el Consejo Nacional de Televisión a Canal 13 tras este reportaje, lo importante es que la emisora ofrezca disculpas públicas y reconozca que las imágenes obtenidas correspondían a una representación artísticas supervisadas por los profesores del Liceo 1, pidiendo además explicaciones al propio Ministro del Interior Andrés Chadwick quien figura en esta emisión entregando declaraciones que fueron utilizadas luego por Sebastián Piñera para promover su proyecto Aula Segura.




Marcos Barraza alerta sobre proyecto “Aula Segura” y la criminalización del movimiento estudiantil

El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció que Sebastián Piñera intenta criminalizar al movimiento estudiantil mediante el proyecto de ley  “Aula Segura”, cuyo contenido altera normas básicas del debido proceso a estudiantes que incurren en actos de violencia.

En ese sentido, Marcos Barraza indicó que la medida del gobierno es efectista, porque no enfrenta el problema de fondo que es el origen de la violencia.

 

A juicio de Marcos Barraza, el Gobierno debe establecer procedimientos de reinserción escolar para aquellos jóvenes que cometan actos violentistas, pero en ningún caso excluirlos del sistema educacional. 

 

El ex ministro de Estado advirtió que el Gobierno busca criminalizar la postura democrática del movimiento estudiantil, lejos de manifestar un interés genuino por revertir el conflicto social.

 

Marcos Barraza rechazó que opere la discrecionalidad para efectos de una sanción, donde se deben respetar las garantías institucionales de los presuntos inculpados.

 

Para Marcos Barraza, este debate debe segur dándose al tenor del debido proceso, lo que implica otorgar garantías, tanto a las víctimas como a los presuntos inculpados.




Juventudes de oposición rechazan Proyecto “Aula Segura”. Piden no criminalizar y apoyo integral a los jóvenes

Tras el rechazo en la Comisión de Constitución del Senado del proyecto “Aula Segura” patrocinado por el Ejecutivo, distintas juventudes políticas se refirieron a este nuevo revés sufrido por el gobierno de Sebastián Piñera.

En primer término, el presidente de las Juventudes Comunistas Camilo Sánchez expresó esta propuesta no innova en nada respecto a la seguridad en las salas de clases, pues los reglamentos internos y la propia Superintendencia de Educación establecen protocolos para sancionar a los estudiantes por hechos de violencia.

 

De igual forma, Cristóbal Pino encargado estudiantil del Movimiento Autonomista afirmó que la iniciativa patrocinada por el Mineduc representa una medida simplista y que no ataca el problema de fondo en cuanto a la violencia escolar, en donde la represión y daño tanto físico como psicológico de los estudiantes se ha transformado en algo habitual.

 

El Secretario de la Unión Nacional Estudiantil Pablo Pizarro denunció que el acoso sexual y los abusos cometidos por los docentes en liceos y colegios es mucho más común que la violencia generada por los alumnos en los establecimientos, siendo esta medida de la autoridad, populista y reaccionaria más que una verdadera solución.

 

Consignar que el informe de la Comisión de Constitución del Senado tildó de inconstitucional las modificaciones que pretenden aprobar el Ejecutivo, por considerar que no se garantizan los elementos mínimos para resguardar el debido proceso, luego que la indicación ingresada al proyecto “Aula Segura” contemplaba un periodo sumario de apenas 48 horas para que el estudiante inculpado por hechos de violencia presente sus descargos.




Jóvenes se unen en rechazo a proyecto “aula segura” y piden debate de fondo sobre educación

Juventudes políticas de oposición entregaron una carta a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, manifestando su rechazo a la forma en que el Gobierno pretende abordar el problema de la violencia en liceos mediante el proyecto de “aula segura”, haciendo además un llamado a abrir un debate de fondo respecto al fortalecimiento de la educación pública y de las comunidades escolares.

Así lo expresó el presidente de las Juventudes comunistas Camilo Sánchez, quien acusó al Ejecutivo de imponer una solución cortoplacista al conflicto y la violencia escolar, pues no entrega respuestas concretas a las problemáticas que sufren diversos planteles de enseñanza, y no integra además a los diversos actores sociales en la conformación de esta iniciativa de ley.

 

Por su parte, la presidenta de las juventudes socialistas Nicole Cardoch advirtió que ningún estudiante en Chile es terrorista como parece interpretar el gobierno con esta propuesta, criticando además que mientras la tendencia social es la integración y la participación escolar, el Mineduc replica con este proyecto “aula segura”, el cual sólo colabora con la arbitrariedad y la exclusión de niños y jóvenes en el país.

 

En tanto el presidente de la juventud Demócrata Cristiana, Manuel Gallardo denunció que  Piñera y su Gobierno incurren en una profunda contradicción pues apenas asumido hablaron de que los niños “son lo primero”, y hoy realizan una caricatura entre estudiantes de primera y segunda categoría, quienes serán expulsados de la enseñanza, engrosando la cifra de 35 mil jóvenes que sólo en la Región Metropolitana no están insertos en el sistema educacional.

 

Del mismo modo, el dirigente juvenil del PPD Fabio Salinas enfatizó que este proyecto de “Aula Segura” del Ejecutivo sólo permitirá de manera irresponsable que los directores de establecimientos educacionales obedeciendo intereses políticos, puedan perseguir a los estudiantes que ejerzan cargos diligénciales dentro de sus planteles, solo por razones ideológicas.

 

Oscar Vargas representante de las juventudes del MIR, denunció que aquellos que hoy son autoridades de gobierno y validaron los crímenes más brutales durante la Dictadura, son los mismos que hoy acusan y criminalización a los estudiantes, quienes día a día sufren la agresión que significa ser reprimidos en las calles o incluso ser afectados por la violencia que significa vivir en un medio ambiente contaminado como ocurre en la zona de Quinteros y Puchuncaví.

 

Desde la óptica de la educación municipal, la concejala comunista por la comuna de Santiago Irací Hassler denunció que esta medida efectista de Piñera y el Mineduc tiene un claro sesgo de discriminación, pues pretende establecer un modelo de enseñanza elitista y excluyente  mediante la expulsión de los alumnos culpados por hechos de violencia.

 

Los noveles dirigentes políticos advirtieron que este proyecto de “Aula Segura”, el cual permite la expulsión inmediata de alumnos vinculados a hechos de violencia sin una investigación previa, omite de manera vergonzosa las disposiciones contempladas en los reglamentos escolares, y prescinde de la opinión y autonomía que debe primar por parte de la comunidad escolar. De igual forma resulta a juicio de los personeros de las distintas juventudes partidarias, una medida efectista e insuficiente pues no ataca los problemas de fondo, concluyeron.




Profesores rechazan proyecto “Aula Segura” y llaman al gobierno a iniciar un debate nacional de cómo enfrentar violencia en establecimientos educacionales

También criticaron que medidas legales vigentes en la actualidad no se aplican. Dirigentes del Colegio de Profesores rechazaron la iniciativa legal de “Aula Segura” impulsada por el gobierno a la que catalogaron como populista y que no trata el problema de fondo de erradicar la violencia en las escuelas del país.

En conferencia de prensa, el vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, rechazó el proyecto de ley que impulsa el ejecutivo al no abordar el problema estructural que afecta a la educación y criticó el rol de las policías en identificar y neutralizar a pequeños grupos que alteran la convivencia escolar.

En este sentido, se mostró sorprendido que a pesar de toda la tecnología que tiene la fuerza policial, no se pueda poner fin a estos grupos, señalando “no quiero pensar mal, pero acá hay una mano mora detrás de todo esto, porque nos llama la atención que se ataque a los principales colegios del país, a lo más emblemáticos y creemos que esto es producto de alguien que está interesado en destruir la educación publica (…) y en definitiva seguir aportando al camino privatizador que es lo que caracteriza a este gobierno”.

Gajardo además indicó que se debe avanzar en desmunicipalizar la educación, dado que este conflicto es la muestra clara del fracaso del modelo educativo. La defensa de la educación pública debe ir de la mano de desmunicipalizar y no seguir postergando este proceso.

Una de las críticas de los docentes al proyecto de ley se debe por ser una medida para los colegios de la comuna de Santiago que afectará al resto del país sin un debate previo. Para Isolina Cruz, dirigente del magisterio de El Bosque, este proyecto “debe ser debatido por toda la comunidad escolar y en todo el país, es extraño que en Santiago por diez liceos se tome esta medida. Cuando debería ser conversado y trabajado en todo Chile”.

Medidas que se pueden tomar con la legalidad vigente

El secretario general del Regional Metropolitano del magisterio, Jorge Abedrapo, puso énfasis en que las medidas que pretende el gobierno aplicar con este proyecto de ley ya “se encuentran disponibles en el cuerpo legal vigente y que estas medidas no se han querido tomar, simplemente no se han realizado”.

Entre las que señalada por el dirigente se encuentran el Estatuto Docente que en su articulo 8° bis permite entrega “atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento. Los docentes que vean vulnerados los derechos antes descritos podrán ejercer las acciones legales que sean procedentes”

Además, del Código del Trabajo donde el artículo 184 señala que el empleador está “obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

Sin embargo, indicó que en los colegios cuando ocurren estos hechos no se cumplen las medidas, “simplemente se le trata de bajar el perfil, porque un hecho de este tipo desprestigia al colegio, baja la matricula y en un sistema de mercado donde la matricula es el negocio, afecta al negocio”.

Y por último el Reglamento de Convivencia que debe establecer las reglas al interior de la comunidad educativa, el cual puede ser modificado por la misma comunidad escolar.

(Escuche los principales elementos entregados en la ocasión)