Carlos Insunza y la reforma tributaria: «Sigue siendo un mal proyecto, insuficiente pese a la eliminación de la reintegración tributaria»

La Sala del Senado ratificó el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta y despachó a Ley la Reforma Tributaria, luego de 17 meses de debate en el Congreso y con una modificación sustancial realizada tras la crisis social del 18 de octubre.

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, afirmó que sigue siendo un mal proyecto, pese a la eliminación de la reintegración tributaria.

Esto, ya que en su diagnóstico, va a implicar una nueva reforma tributaria dentro de los próximos años, para poner a Chile a la altura de los desafíos que hay en materia social.

 

El Vicepresidente de la ANEF indicó que el tema tributario debe ser abordado tanto en el debate constitucional, como a la hora de que el Parlamento discuta cómo financiar las transformaciones estructurales que el país requiere.

 

Carlos Insunza señaló que la reforma del gobierno no aumenta de manera significativa la carga tributaria del 1% más rico del país, ni genera un marco de justicia fiscal.

 

Al mismo tiempo, el Vicepresidente de la ANEF descartó que el Estado pueda cubrir la deuda social mediante los dos mil doscientos millones de recaudación fiscal extra que establece la reforma tributaria

 

Carlos Insunza concluyó que esta reforma es insuficiente, pues no modifica estructuralmente las lógicas tributarias, no combate la evasión de impuestos de forma eficiente.




Carlos Insunza y los principales lineamientos del Congreso Nacional de la CUT: «Hemos jugado y debemos seguir jugando un rol para lograr las transformaciones que Chile demanda»

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, detalló los principales lineamientos del décimo segundo Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, fijado para el 24 y 25 de enero.

Insunza dijo que el encuentro busca proyectar las transformaciones que Chile ha visualizado con más fuerza tras el estallido social.

 

El dirigente de la ANEF y la CUT ratificó que desde la mesa de Unidad Social seguirán aportando sobre la base de elementos concretos para enfrentar la arremetida de sectores reaccionarios, en el marco del proceso constituyente en curso y de una nueva Constitución.

 

Carlos Insunza aclaró que el estallido social puso en el tapete las mismas demandas que han venido haciendo desde el retorno a la democracia, y que estarán al centro del debate en el Congreso de la CUT.

 

El dirigente de la ANEF apeló a la urgencia de que la institucionalidad responda a las peticiones del bloque sindical de la Mesa de Unidad Social, las cuales se han venido postergando desde mucho antes del estallido en Chile.




El gobierno no ha tenido ningún pronunciamiento ni voluntad frente al petitorio de Unidad Social sostuvo Carlos Insunza

Cinco semanas han pasado desde la reunión sostenida en La Moneda entre el ministro del interior, Gonzalo Blumel, y representantes de la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 150 organizaciones del país, a objeto de discutir las mejores alternativas para enfrentar la crisis social y política que vive el país.

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y de la CUT, confirmó que decidieron suspender las conversaciones con el gobierno, ya que desde esa fecha no ha habido ningún pronunciamiento, respecto a su petitorio.

 

El dirigente de la ANEF aclaró que el gobierno ha sido incapaz de jugar un rol democrático, cumpliendo su compromiso de entregar respuesta a las demandas del movimiento social.

 

En ese sentido, Carlos Insunza criticó que el gobierno siga empeñado en impulsar su propia agenda legislativa, en un contexto donde además la oposición no ha sido capaz de articularse para enfrentar dicha arremetida.

 

El dirigente de la ANEF instó a la oposición a jugar un rol determinante en el Parlamento, articulando las mayorías requeridas para frenar el avance de los proyectos del Ejecutivo, así como responder al petitorio de la mesa de Unidad Social.




Hay una orquestada campaña del terror del gobierno y el empresariado por situación económica asegura Carlos Insunza

Complejo se avizora el inicio de este año económico para el país, pues a la disminución del Producto Interno Bruto en un 1%, también se espera que la cifra de desempleo alcance los 2 dígitos, según algunas proyecciones estadísticas del INE.

Al respecto, el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, sostuvo que si bien este panorama complicado evidentemente tiene cierta base real, también existe al respecto una campaña del terror orquestada  por el gobierno y el gran empresariado, para aprovechar esta coyuntura económica a fin de precarizar aun mas las condiciones laborales de los trabajadores.

 

Del mismo modo, el personero de los empleados fiscales insistió en que el Ejecutivo lejos de aplicar créditos o bonos paliativos frente a la crisis de empleabilidad , debe poner el foco en una agenda reactivadora y de protección a los trabajadores, previniendo especialmente en el sector privado que se utilice este difícil panorama social para justificar despidos en forma indiscriminada.

 

Respecto a la propuesta supuestamente reactivadora del Gobierno que plantea, entre otros puntos, que se pacten jornadas de trabajo reducidas, cuya remuneración se subsidiaria con el Seguro de Cesantía, Carlos Insunza criticó que una vez más se busque echar mano de instrumentos de seguridad social para superar esta difícil escenario laboral.

 

Así mismo, el vicepresidente del área de regiones de la ANEF manifestó que es imposible que el gobierno de Sebastián Piñera de por superado este  estallido social, si no ha sido capaz de cambiar las estructuras de desigualdad que han afectado al país, ni tampoco de elaborar una agenda de desarrollo y de protección salarial.

 

Finalmente Carlos Insunza instó a que el gobierno  este año 2020 de una vez por todas exija a los empresarios cumplir su rol de responsabilidad social, para evitar así aplicar medidas poco efectivas como es este ingreso mínimo asegurado, el que a su juicio no es más que un subsidio  a costa del Estado, el cual sólo busca suplir una tarea pendiente que los empleadores no quieren asumir concluyó el dirigente de los empleados fiscales.




Carlos Insunza: «Declaraciones de Piñera vienen a profundizar conflicto social y agudizan situación de violaciones a los DD.HH.»

Carlos Inzunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), no descartó que el Parlamento deba impulsar una nueva acusación constitucional contra el Presidente de la República, ante la violación sistemática a los Derechos Humanos en Chile.

Inzunza explicó que el discurso de Sebastián Piñera se ha vuelto insostenible, dado el nivel de mentira y manipulación en que incurre al negar hechos reiterados de violencia y abuso policial.

De esta forma, el dirigente rechazó las nuevas aseveraciones del mandatario dadas a CNN en español.

 

El dirigente de la ANEF advirtió que las declaraciones de Piñera vienen a profundizar el conflicto social, tratándose de la peor crisis en materia de violaciones a los Derechos Humanos desde 1089.

 

Carlos Inzunza explicó que la estrategia del mandatario se enmarca en un operativo internacional encabezado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y cuyo objetivo es desprestigiar a gobiernos progresistas de la región.

 

El dirigente comunista aclaró que quienes hoy justifican las violaciones a los Derechos Humanos son los mismos sectores que niegan los crímenes de la Dictadura.

 

Finalmente, Carlos Inzunza miró con preocupación que en menos de una semana las Fuerzas Armadas y Carabineros fueran capaces de reinstalar los dispositivos y métodos usados en Dictadura para reprimir demandas sociales por la vía del terrorismo de Estado.




Carlos Insunza: «Gobierno busca pactar a espaldas de la ciudadanía para limitar el alcance de las transformaciones sociales que exige Chile»

El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Inzunza, acusó al gobierno de pactar a espaldas de la ciudadanía para limitar el alcance de las transformaciones sociales exigidas por el movimiento popular.

En ese sentido, Inzunza aseguró que Sebastián Piñera ha sido incapaz de dar una respuesta coherente al país, pues sigue empeñado en defender la Constitución pinochetista.

 

Carlos Inzunza sostuvo que la movilización social es la única forma de presionar al Gobierno, rompiendo con el cerco de las negociaciones entre oficialismo y sectores de oposición,

 

Asimismo, el dirigente de la ANEF aclaró que la mesa de Unidad Social rechazó el cómo fue zanjado el acuerdo por nueva Constitución, tanto en su forma como contenidos.

 

Carlos Inzunza concluyó que la letra chica del acuerdo fue hecha a la medida de quienes pretenden mantener la Constitución del 80, tal como fue afirmado por el propio senador Andrés Allamand.

 

El dirigente de la ANEF, Carlos Inzunza instó al movimiento social a seguir empujando la exigencia de una Asamblea Constituyente que represente plenamente la voluntad mayoritaria del país.




Gobierno se niega a avanzar de manera profunda en garantizar salarios dignos asegura Carlos Insunza

Carlos Inzunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, emplazó al gobierno a avanzar en una política salarial que en el corto plazo garantice un salario mínimo de 500 mil pesos.

En ese sentido, Inzunza rechazó el proyecto del gobierno sobre sueldo mínimo de $350.000 pesos, argumentando que el monto ofrecido está muy por debajo de lo que se requiere para superar la línea de la pobreza.

 

Carlos Inzunza criticó que el gobierno se niegue a avanzar en materia de salarios dignos, aún cuando muchas empresas han planteado incrementos mucho mayores al propuesto por Piñera.

 

El dirigente de la ANEF señaló que el gobierno comete un error al aumentar el salario mínimo por la vía de subsidios estatal, ya que este tipo de medidas genera despidos masivos en el sector.

 

En ese sentido, Carlos Inzunza llamó al Parlamento a declarar huelgas legislativas para rechazar los proyectos de ley que el Gobierno pretende imponer a la ciudadanía.

 

El dirigente de la ANEF concluyó que la baja legitimidad de las instituciones obliga al gobierno a dialogar con los movimientos sociales, siendo la participación un elemento fundamental de la democracia.




Carlos Insunza: «Piñera sigue resguardando Constitución nacida en dictadura que impide las transformaciones sociales»

El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y consejero de la CUT, Carlos Insunza, rechazó que Sebastián Piñera siga resguardando una Constitución nacida en Dictadura para impedir transformaciones sociales en Chile.

En ese sentido, Insunza cuestionó duramente la agenda social del Gobierno por enmarcarse en una defensa férrea a la institucionalidad que históricamente ha vulnerado derechos sociales por la vía de la mercantilización.

 

Asimismo, Carlos Insunza valoró que la comisión de constitución del Senado rechazara el proyecto de sala cuna universal, por enmarcarse en el conjunto de medidas parche que ha anunciado el Gobierno para profundizar el modelo neoliberal.

 

El dirigente de la ANEF criticó que la derecha busque instalar la idea de que la crisis social en Chile pasa por un Estado ineficiente y no por un cambio a la Constitución.

Carlos Insunza aclaró que ese discurso es una falacia, ya que el Estado se ve coartado en su capacidad de acción, fruto del marco institucional que lo rige.

 

El consejero nacional de la CUT apuntó a una reestructuración integral de la propuesta presupuestaria del Gobierno, en un contexto donde el Estado requiere un impulso mucho mayor para responder a las demandas ciudadanas.

 

Finalmente, Carlos Insunza destacó que la mesa de Unidad Social busca ser un aporte a esta construcción unitaria, desde las más de 200 organizaciones que allí confluyen para exigir transformaciones profundas.




Trabajadores del Estado se pronuncian ante grave crisis de derechos humanos que vive Chile

Ante las masivas denuncias de violación de derechos humanos que han sido conocidas y reportadas por la ciudadanía en las últimas semanas, en el contexto de crisis social que vive nuestro país.
Ante las declaraciones públicas de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, que buscan ocultar y/o minimizar los graves hechos de violencia ejercidos por parte de agentes del Estado.
Constatando, con preocupación, que la institucionalidad de protección de los derechos humanos se encuentra sobrepasada y que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para ejercer su misión.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF – y las Asociaciones de Funcionarias/os Públicas/os abajo firmantes, representativas de las instituciones del Estado que cumplen funciones y responsabilidades directas en la promoción y protección de los derechos humanos, en nuestra condición de representantes sindicales, hemos decidido organizarnos y constituir el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, como espacio de diálogo y trabajo colaborativo, que nos permita relevar conjuntamente las problemáticas estructurales, así como las falencias en la gestión de coyuntura que afectan a nuestros servicios y que hoy limitan el pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile de proteger a las personas que habitan nuestro país, frente a los abusos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Afirmamos que nuestro país vive la peor crisis de violación masiva e indiscriminada de derechos humanos desde el término de la dictadura cívico-militar. Y, en este contexto, expresamos nuestro tajante rechazo y máxima preocupación por las declaraciones de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, y las de Orden y Seguridad Pública que minimizan, relativizan o niegan la gravedad de la situación.
Denunciamos estas actuaciones, que provienen desde el propio Estado, que invisibilizan y respaldan los graves hechos de violencia estatal ocurridos en contra del conjunto de la población, y particularmente los que han afectado a los sectores más vulnerados de nuestras sociedad, como lo son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes al pueblo mapuche, personas migrantes, entre otros.
Alertamos que las conductas de estas autoridades lindan peligrosamente con el incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que recaen sobre ellas, que debieran ser las primeras en tomar acciones para detener estas prácticas inaceptables y garantizar el que sean investigadas, sancionadas y, sus víctimas, reparadas. De lo contrario, nuestra sociedad corre el riesgo de permitir no sólo su continuidad y normalización, sino que se construya un camino de completa impunidad, repitiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de nuestro país, como lo fue la dictadura cívico-militar.
Nuestra decisión es organizarnos y movilizarnos para alzar la voz y exigir a nuestras autoridades una actuación activa y a la altura de lo que internacionalmente se exige aplicar ante hechos de vulneración de derechos humanos, así como también denunciar las falencias institucionales de las que hemos sido testigos durante estas semanas de movilización social, porque entendemos que aquel es nuestro deber como funcionarios/as públicos/as al servicio de la ciudadanía.
Hemos identificado barreras que se vinculan directamente con la falta de canales confiables de información y denuncia; publicación de cifras sensibles cuya rigurosidad metodológica se desconoce; dificultades para entregar orientación, información y defensa jurídica a víctimas que además tienen calidad de imputadas; retrasos y dificultades para la plena aplicación de convenciones y protocolos internacionales de derechos humanos; ausencia de coordinación interinstitucional y canales más expeditos para facilitar posibles denuncias; entre otras.
De acuerdo a las cifras entregadas públicamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre, se registran 4.316 personas detenidas en comisarías, 1.574 personas heridas en hospitales, grupo dentro del cual se registran 157 registran heridas oculares y 5 con pérdida ocular. Asimismo, se han presentado 18 acciones judiciales por violencia sexual, cuyas víctimas han sido en su mayoría mujeres y personas LGBTI.
Las cifras señaladas son altamente preocupantes, más cuando diversos organismos como la Defensoría Penal Pública, han expuesto cifras propias significativamente mayores, y nos obligan a mantenernos alerta para impedir que violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo. Compartimos la necesidad de máxima responsabilidad de todos los actores que difundan y publiquen información en la materia, pero esta exigencia no debe ser usada como medio para invisibilizar la gravedad de la situación que vive la población.
En este contexto, y asumiendo plenamente su gravedad y complejidad, el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, hace el siguiente llamado a la ciudadanía, pero con particular urgencia a las autoridades responsables:
1. Expresamos nuestro respaldo a la denuncias que se han realizado y hacemos un urgente llamado a la población para que toda persona cuyos derechos humanos han sido vulnerados, en el contexto de la movilización social, formalice la denuncia, a fin que los hechos sean debidamente investigados.
2. Proponemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a requerir al gobierno se traslade en comisión de servicio a los/as funcionarios/as públicos/as de otras reparticiones que estén dispuestos a ser voluntarios/as en las tareas del INDH y cuenten con las competencias técnicas y profesionales para apoyar sus tareas en esta situación de crisis. Asimismo, proponemos que se amplíen estas medidas a los/as profesionales abogados/as voluntarios/as que se ofrezcan para la presentación de querellas y seguimiento de los procesos que implican.
3. Instamos al Ministerio Público a tomar las medidas institucionales pertinentes para incentivar la realización de denuncias, acercando este procedimiento a la población, como por ejemplo a los lugares de primera llegada de las víctimas, como lo son los hospitales, consultorios, y comisarías. En el caso de las dependencias de Carabineros, resulta indispensable que los fiscales actuantes no sólo procesen las denuncias entregadas por dicha institución, sino que establezcan procedimientos que garanticen el derecho de cada persona a denunciar las vulneraciones de derechos a las que pudiera haber sido sometida.
4. Instamos asimismo a la Defensoría Penal Pública a tomar medidas institucionales para instruir en la misma dirección recién mencionada, respecto del rol institucional que les corresponde en la provisión de la defensa penal, garantizando que efectivamente se realicen y se continúe con el procedimiento de seguimiento de las denuncias de las personas que representan cuando estas se han puesto en conocimiento del juez de garantía.
5. Requerimos al Servicio Médico Legal para que active de forma plena los Protocolos de Minnesota y de Estambul, particularmente respecto de las instalación de supervisión imparcial y de acceso a la prensa para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones. Asimismo, resulta indispensable el fortalecimiento del equipo que realiza este tipo de peritajes, y que se garantice la celeridad de las atenciones.
6. Exigimos a las autoridades del Ministerio y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, las Sras. Isabel Plá y María Carolina Plaza respectivamente, así como a la del Instituto Nacional de la Juventud, el Sr. Mirko Salfate, que terminen con el silencio que han mantenido y actúen en concordancia con su mandato institucional y tomen medidas activas para proteger a las víctimas de violación de derechos humanos.
7. Finalmente, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional para el año 2020, demandamos a los/as parlamentarios/as que incorporen partidas presupuestarias que fortalezcan la institucionalidad de derechos humanos, particularmente, como una lección de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo, proponemos que se instauren partidas presupuestarias especiales asignadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que permitan a esa institución gatillar recursos adicionales para enfrentar situaciones de crisis cuyo uso sea resorte exclusivo y autónomo de dicha institución y no dependan de la definición del Ejecutivo.
Asimismo, resulta indispensable que se garanticen los recursos necesarios para los largos procesos de denuncia, investigación, sanción y reparación que vendrán por delante.
Finalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a todos/as los/as funcionarios/as del Estado a movilizarse y trabajar conjuntamente para que estos hechos no sigan produciéndose y reafirmemos nuestra convicción de ser participantes activos de la lucha social por reivindicar nuestros derechos, y los de las mayorías de nuestro país, que hoy se han levantado como banderas de la Movilización Ciudadana.

Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ANFUDDHH
Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, AFFINDH
Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH, ANDEDH
Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUSEM
Asociación de Funcionarios/as del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ANFUMEGG
Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, AFINJUV
Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP
Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, AFFREMCEN
Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, ANFMSL
Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, AFUDEP




Mesa de Unidad Social entregó su posición sobre la protesta social en curso y llamó a paro nacional para el 23 de octubre

COMUNICADO PÚBLICO

Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar. El estallido social detonado por las alzas de la locomoción colectiva a puesto en evidencia la rabia contenida y el descontento por las políticas impulsadas en las últimas décadas, alzas permanentes de los servicios básicos, los estancados salarios y la mercantilización de los derechos sociales entre otras.

Frente a esto, el Gobierno esta llevando a cabo un verdadero “auto Golpe”, recurriendo a la mayor de las practicas antidemocráticas que es usar a las FF.AA. para imponer “paz social” por la vía de la fuerza y en ese contexto imponer sus políticas antipopulares en pensiones, tributaria, jornada de trabajo, etc. El gobierno con su actuar, tiene paralizado al país con el clima de violencia instalado con la presencia de los militares en las calles.

Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana generalizada en todo el territorio, con su actitud es claro que no está en condiciones de seguir dirigiendo al país.

Por tanto, en primer lugar, en los marcos de la ley y en relación a cada caso, ningún trabajador debe poner en riesgo su integridad, ni asistir a sus puestos de trabajo si no están las condiciones para ello.

Las organizaciones sindicales presentes, en una reunión de Unidad Sindical de urgencia, demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles.

Solo depuesto el Estado de Emergencia, habrá condiciones que permitan iniciar de manera real, un diálogo social y político, con organizaciones representativas de los trabajadores y movimientos sociales, que le de respuesta a las demandas que son las que han generado este estado de indignación social.

Las organizaciones presentes, manifestamos nuestra decisión de convocar a una gran Huelga General que vacié las calles del país. De no mediar respuestas del gobierno y una salida pronta al actual estado de crisis de la institucionalidad democrática, se hará efectiva a partir del próximo miércoles 23 de octubre.

Hacemos un llamado categórico a la oposición y progresismo a que de una vez recojan y legislen considerando las demandas populares y actúen por el bien del país con criterios de unidad en torno a las exigencias y gravedad del momento. En lo inmediato, les exigimos paralizar toda acción legislativa mientras se mantenga el estado de excepción, asumiendo una huelga parlamentaria.

Estamos ciertos que los primeros responsables de la violencia es esta elite arrogante e insensible que durante décadas ha abusado de manera impune y ha mercantilizado hasta los derechos más elementales; ellos no son ejemplo de nada, son los que han llevado a este país al grave estallido que vivimos hoy.

Pero con la misma claridad condenamos de la manera más enérgica la violencia irracional generada por la actitud del gobierno, que ha permitido acciones de vandalismo y delincuencia de grupos minoritarios, mientras la gran mayoría del país se ha manifestado de manera pacífica y organizada por todo el territorio. Es absurdo destruir el metro que no es usado por los poderosos sino por trabajadores y trabajadoras, es repudiable el saqueo de negocios, algunos de ellos de pequeños comerciantes, así como la destrucción de bienes públicos. Esa violencia irracional solo es funcional a los poderosos para justificar la represión y militarización del país. Pero también dejamos planteada la pregunta acerca de la sospechosa ausencia de vigilancia y protección policial a la red de metro, negocios y edificios, justo en los momentos en que operaban estos grupos de desconocida y dudosa pertenencia.

Finalmente, las organizaciones sindicales reunidas el día de hoy, reiteramos y hacemos nuestra la declaración y petitorio de Unidad Social, que contiene las demandas de la ciudadanía toda, del día 19 de Octubre, bajo el lema: Nos cansamos, nos unimos.

Central Unitaria de Trabajadores – Coordinadora no más AFP – Asociación Nacional Empleados Fiscales ANEF – CONFUSAM – FENPRUSS – Confederación Coordinadora de Sindicatos del comercio y servicios financieros – FEDASAP – Confederación bancaria-  CONFEDEPRUS – Sindicato Interempresa Líder SIL – Colegio de Profesores – FENATS Nacional.

Adhieren: CONES – CONFECH – Chile mejor sin TLC – Cumbre de los pueblos – FECH – FENAPO – FEUARCIS.