Carlos Insunza: «Gobierno nuevamente busca usar instituciones del Estado como ´punta de lanza´ para acelerar proceso de normalización de la economía aún en medio de la pandemia»

Carlos Insunza, dirigente de la Anef quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), denunció graves incumplimientos de la dirección del servicio, respecto al plan de continuidad por emergencia sanitaria COVID-19, cuyo objetivo es proteger la salud y vida de sus trabajadores.

En ese sentido, el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), afirmó que el gobierno nuevamente está buscando usar a las instituciones del Estado como “punta de lanza” para acelerar el proceso de normalización de la economía aún en medio de la pandemia.

 

Carlos Insunza fue enfático en sostener que el Estado tiene la obligación de proteger a sus trabajadores, así como a los usuarios de los servicios públicos, a partir de modalidades de trabajo remoto y turnos rotativos durante la emergencia sanitaria.

 

Asimismo, el expresidente de la Aneiich consideró de suma gravedad que el Servicio de Impuestos Internos haya puesto el foco en instalar dinámicas de flexibilidad laboral, y no de flexibilización frente a la contingencia.

 

Carlos Insunza dijo que uno de los problemas fundamentales del Plan de Retorno radica en la incongruencia de los criterios establecidos para volver a las labores presenciales, sin tomar en cuenta las particularidades de cada región, en cuanto al nivel de contagio.

 

En ese sentido, el dirigente de la ANEF calificó como un abuso que las oficinas del Servicio de Impuestos Internos estén abriendo sin considerar que muchos de sus funcionarios tienen que desplazarse desde comunas que siguen con estados de emergencia sanitaria.

 

Carlos Insunza concluyó que el plan de continuidad por emergencia sanitaria no sólo es insuficiente, sino que principalmente, no permite avanzar en una dinámica de protección e integridad de la salud de los trabajadores.




Impuesto a los súper ricos es una posibilidad concreta de proyectar no sólo un despliegue de apoyo estatal para este año, sino además con miras  a la reconstrucción económica que el país requiere a partir del 2021 sostiene Carlos Insunza

En medio del debate sobre el proyecto que aplica un impuesto de 2.5 %  al patrimonio de los súper ricos, como fórmula para allegar recursos  al erario nacional en medio esta crisis sanitaria y económica, distintos actores gremiales se manifestaron  a favor de esta propuesta.

Para el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, esta propuesta se abre también como una posibilidad concreta de proyectar no sólo un despliegue de apoyo estatal para este año, sino además con miras  a la reconstrucción económica que el país requiere a partir del 2021.

 

El consejero de la Central Unitaria de Trabajadores rechazó los argumentos de la derecha económica  en cuanto a la complejidad de implementar  este tributo a las grandes fortunas, pues esta moción se aplicaría sólo a un grupo acotado de personas y por solo una única vez.

 

Carlos Insunza  manifestó que este aporte del 2.5 % del patrimonio  de los Súper Ricos es también un acto de justicia, pues la mayor carga tributaria hasta ahora es asumida por la gran mayoría de la población quienes pagan un 19 % de IVA  de manera habitual en sus consumos cotidianos.

 

Del mismo modo el director nacional de la ANEF  detalló que si bien han existido gracias  a la presión social, una serie de instrumentos de respaldo en medio de esta pandemia, como son el Ingreso Familiar de Emergencia y los bonos Covid, el grueso de estos recursos fiscales han sido para favorecer a las grandes empresas.

 

A juicio de Carlos Insunza  el debate sobre este gravamen a las grandes fortunas debe incorporar no solo una  recaudación que podría representar ingresos al Estado por más de 6 mil millones de dólares, sino además la forma en que se van a distribuir estos dineros en un escenario marcado por la contracción económica y el desempleo, concluyó.




Carlos Insunza y bono de apoyo a la clase media: «Hubo evidente improvisación y apresuramiento»

Carlos Insunza, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, expresó su malestar por el rol que les dio el gobierno en el proceso para la postulación al bono de $500.000 de ayuda a la clase media, a sólo un día de haber sido tramitada la ley.

Carlos Insunza responsabilizó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones y a la dirección del Servicio de Impuestos Internos, frente al colapso de la página web institucional, así como las dificultades para realizar otros trámites no relacionados con la solicitud del «Bono de Clase Media» ofrecido por el Ejecutivo.

En ese sentido, el también dirigente de la ANEF aclaró que era imposible que el proceso de postulación entrara en vigencia de manera óptima el mismo día en que se publicó la legislación.

 

Carlos Insunza dijo que el colapso de la página web era esperable, considerando además que a diario deben atender a los contribuyentes, realizando trámites propios como la emisión de boletas o facturas electrónicas.

 

Asimismo, el director de la Asociación Nacional de Impuestos Internos, criticó que se sancione a quienes reciban el bono de quinientos mil pesos sin que les corresponda, ya que esos errores de interpretación obedecen al apresuramiento del gobierno en el proceso de postulación.

 

En ese sentido, Carlos Insunza calificó como “un abuso en toda su magnitud” que bancadas del oficialismo amenacen con abrir una investigación contra funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ignorando el gran esfuerzo que ellos han realizado para orientar a la ciudadanía sobre el trámite, aún cuando éste no es parte de sus labores.

 

Carlos Insunza concluyó que Sebastián Piñera persiste en una lógica de persecución contra los funcionarios públicos, a objeto de descargar en terceros su propia responsabilidad y sin ninguna autocrítica.




Carlos Insunza y retiro del 10%: «Aprobar sin letra chica, sin discriminación y ahora»

Carlos Insunza, vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), emplazó a los parlamentarios a aprobar el retiro del 10% de fondos de pensiones sin letra chica, para así poder combatir los efectos de la crisis económica y social que golpea a Chile producto de la pandemia de Coronavirus.

Asimismo, el también dirigente del Partido Comunista señaló que el quiebre del oficialismo responde a que algunos parlamentarios de derecha se han visto obligados a asumir posiciones contrarias a su ideología, con tal de no seguir profundizando el descontento social derivado de la mala gestión del gobierno.

 

El vicepresidente de la ANEF añadió que la postura del ejecutivo en rechazo a esta iniciativa, se explica en la defensa histórica de la derecha empresarial a las AFP, por constituir uno de los pilares del modelo neoliberal que impuso su sector en Dictadura.

 

Al ser consultado por las declaraciones del ministro del interior, Gonzalo Blumel, asegurando que no se podrá financiar el acuerdo de un Plan de Emergencia en caso de aprobarse el retiro de fondos en el Parlamento, Carlos Insunza afirmó que estas amenazas ponen en evidencia el fracaso de la gestión gubernamental frente a la necesidad de transformar radicalmente las estructuras económicas del país.

 

El dirigente comunista fue enfático en sostener que el retiro del 10% de fondos previsionales debe ser aprobado a la brevedad, y sin ningún tipo de letra chica, independiente de la necesidad de abrir un debate más de fondo a partir de este proyecto de ley.

 

Carlos Insunza sostuvo que el proyecto de retiro de fondos debe ser aprobado a la máxima velocidad, pues en paralelo a ser un apoyo para las familias en tiempos de crisis, “viene a relevar cuestiones que son de carácter mucho más estructural que lo que hoy se está debatiendo”.

 

Cooncluyó e dirigente que el proyecto de reforma constitucional debe ser aprobado rápidamente, la gente no puede seguir esperando, finalizó Insunza.




Carlos Insunza: «Amenazas vienen a ratificar conducta permanente del gobierno hacia las organizaciones del país, utilizando todos los mecanismos posibles para imponer sus ideas por sobre el diálogo social»

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se comunicó con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, a fin de informarle que se suspendía todo diálogo con la Confederación, y que se congelaban las propuestas efectuadas en la reunión del 26 de junio, encuentro en el que participó el Directorio Nacional de la ANEF con el ministro y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

En la ocasión, ambos personeros de gobierno comprometieron instalar un espacio bipartito de trabajo y coordinación que permitiera un diálogo, por una parte, respecto al tema sanitario, sobre condiciones de retorno al trabajo presencial de los funcionarios/as públicos/as y de los protocolos de protección de la vida y salud de los mismos y, por otra parte, respecto al presupuesto fiscal denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, concepto rechazado por esta Confederación.

Según relataron desde la ANEF, el tono de la conversación del ministro Ignacio Briones con José Pérez, con veladas amenazas respecto de los intereses generales y sectoriales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, anunciando que solo se mantendrían los canales formales de encuentro, como la Mesa del Sector Público. Todo esto, debido a la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la ANEF y la FEDEPRUS, en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich Mux, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Al respecto, el dirigente de la ANEF, Carlos Insunza, afirmó que estas amenazas vienen a ratificar la conducta permanente que ha tenido el gobierno hacia las organizaciones del país, utilizando todos los mecanismos posibles para imponer sus ideas por sobre el diálogo social.

 

Carlos Insunza aseguró que el gobierno busca minimizar la acción del Estado, desde el ámbito de la función pública, lejos de resguardar la salud y la vida de los trabajadores en tiempos de pandemia.

 

El dirigente de la ANEF añadió que el ejecutivo ha implementado una lógica de manejo de información de espalda a la ciudadanía, pues se desconocen las proyecciones fiscales para 2021, así como el uso que están teniendo los recursos públicos a la fecha.

 

Asimismo, Carlos Insunza señaló que el gobierno sigue empeñado en descargar los costos de la crisis sobre los hombros de los trabajadores con tal de proteger los intereses del gran empresariado.  

 

Finalmente, el dirigente de la ANEF dijo que las amenazas del ministro de Hacienda deben constituir una alerta para el mundo social y sindical, a objeto de que éstos sean capaces de articular un trabajo conjunto que confronte la arremetida del Ejecutivo.

 

La ANEF ratificó que mantiene la disposición a un diálogo responsable y con propuestas, pero también la firme convicción del deber de movilizarse para defender el rol del Estado, su función estratégica, la defensa de los derechos de los/as funcionarios públicos. También, asumimos un sindicalismo socio político que busca generar y protagonizar las transformaciones necesarias hacia “una sociedad con crecientes niveles de libertad, democracia y justicia social, aportando a la construcción de un Estado de derecho, social y democrático, al servicio de las mayorías del país”.




Transversal respaldo a Anef tras rompimiento del diálogo y amenazas de ministro Briones

Dirigentes del mundo progresista salieron a respaldar al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, quien denunció haber recibido una llamada amenazante por parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tras la presentación de una querella contra el gobierno por los costos que ha provocado su manejo sanitario para los funcionarios públicos.

El representante de la ANEF aseguró que Briones lo llamó la tarde del viernes, especialmente para decirle que esta acción judicial interferiría en los diálogos posteriores que mantendrían con el gobierno.

José Pérez Debelli, aclaró que el gobierno de turno tiene la obligación de respetar el diálogo social con carácter resolutivo, haciéndose cargo de los procesos de defensa de los trabajadores del Estado en un escenario como el actual.

 

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, junto con solidarizar con los funcionarios de la ANEF, criticó que el gobierno menosprecie el aporte de los actores sindicales cada vez que sus propuestas no se ajustan a sus intereses.

 

En tanto, Julio Fuentes, quien es parte de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, advirtió que la negativa al diálogo por parte del Ejecutivo será denunciada en foros internacionales durante los próximos días.

 

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, consideró grave que el ministro Briones suspenda el diálogo con la ANEF, tratándose de un pilar importante en el funcionamiento del Estado, y dada la necesidad de impulsar medidas preventivas ante el ingreso gradual de los funcionarios a sus labores presenciales.

 

Asimismo, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, acusó a las autoridades de gobierno de actuar sistemáticamente mediante chantaje y matonaje, en vez de cumplir con su rol de servidores públicos.

 

El secretario general del Partido Por la Democracia, Sebastián Vergara, denunció que las amenazas de Ignacio Briones constituyen un acto ilegal que va a repercutir directamente en la relación de su partido con el Gobierno.

 

A nombre de la bancada de Convergencia Social, el diputado Gonzalo Winter, indicó que estas amenazas vienen a relucir la incapacidad de gestión y deprecio a la democracia por parte del Gobierno.

 

El dirigente comunista y vicepresidente de la ANEF, Carlos Insunza, llamó al mundo social y sindical a articular un trabajo conjunto que confronte la arremetida del Gobierno.

 

La ANEF presentó una querella  —declarada admisible en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago—, acusando que dichas autoridades cometieron “una negligencia grave, como descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la Nación (…) que han tenido como resultado el fallecimiento de más de 10.159 personas a causa o producto del contagio de Covid-19, de acuerdo al 31° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre casos Sospechosos y Confirmados, acumulados al día 5 de Julio del año 2020″.




ANEF condena prepotencia e intento de amedrentamiento del ministro de Hacienda

El día 10 julio 2020, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se comunicó con el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, a fin de informarle que se suspendía todo diálogo con la Confederación, y que se congelaban las propuestas efectuadas en la reunión del 26 de junio, encuentro en el que participó el Directorio Nacional de la ANEF con el ministro y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. En la ocasión, ambos personeros de gobierno comprometieron instalar un espacio bipartito de trabajo y coordinación que permitiera un diálogo, por una parte, respecto al tema sanitario, sobre condiciones de retorno al trabajo presencial de los funcionarios/as públicos/as y de los protocolos de protección de la vida y salud de los mismos y, por otra parte, respecto al presupuesto fiscal denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, concepto rechazado por esta Confederación.

El tono de la conversación del ministro Ignacio Briones con nuestro presidente fue áspero e irreverente en relación con la mayor Confederación del país, con veladas amenazas respecto de los intereses generales y sectoriales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, anunciando que solo se mantendrían los canales formales de encuentro, como la Mesa del Sector Público. Todo esto, debido a la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la ANEF y la FEDEPRUS, en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich Mux, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Manteniendo la coherencia de nuestra posición pública, el presidente nacional de la ANEF rechazó la forma y el contenido del mensaje sobre un corte unilateral e intempestivo  de las comunicaciones del gobierno con la ANEF, señalando que se trataba de una verdadera “vendetta” contra nuestra Confederación, además de recordarle que, hasta la fecha, no hay ningún diálogo social resolutivo, solo la imposición gubernamental de Oficios Circulares inconsultos, en materias de extrema gravedad; estableciendo ajustes presupuestarios a los Servicios Públicos que colocan en riesgo las posibilidades del Estado en el desarrollo de las políticas públicas, afectando programas sociales que requieren los/as chilenos, además de exponer a los funcionarios/as públicos/as a un retorno a las funciones presenciales en los peores momentos de la pandemia, arriesgando la vida y la salud de miles de ciudadanos/as con mensajes confusos, erráticos y criminales, que no sólo afectan a los/as trabajadores, también a la población que padece hambre y se muere por el contagio de esta pandemia.

Con fecha 11 julio 2020, se reunió el Directorio nacional ampliado de la ANEF, su máxima representación sindical, repudiando la actitud del ministro de Hacienda y concordó que tiene que centrarse en respetar la relación de contraparte con la Confederación, asumiendo los desafíos que implica un trabajo urgente en el ámbito Sanitario y en materia de Ajuste Fiscal, además de otras materias vinculadas a los procesos de la gestión de los Servicios y los/as funcionarios/as públicos.

La ANEF mantiene la disposición a un diálogo responsable y con propuestas, pero también la firme convicción del deber de movilizarse para defender el rol del Estado, su función estratégica, la defensa de los derechos de los/as funcionarios públicos. También, asumimos un sindicalismo socio político que busca generar y protagonizar las transformaciones necesarias hacia “una sociedad con crecientes niveles de libertad, democracia y justicia social, aportando a la construcción de un Estado de derecho, social y democrático, al servicio de las mayorías del país”.

Son los Tribunales de Justicia que analizarán la querella presentada por la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, la ANEF y la FEDEPRUS, no un ministro de Estado, cuyo deber es mantener un canal expedito de comunicación con las organizaciones sindicales y sociales y la ciudadanía en general.

DIRECTORIO NACIONAL ANEF




Se profundizan las lógicas de endeudamiento a partir del denominado plan de protección a la clase media señala Carlos Insunza

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), acusó una profundización de las lógicas de endeudamiento a partir del denominado Plan de Protección a la clase media, el cual se basa en la entrega de créditos blandos, la postergación del pago de dividendos hipotecarios, el Crédito con Aval del Estado para la educación superior y la ampliación del subsidio de arriendos.

En su diagnóstico, las tres primeras medidas constituyen un agravamiento en las tasas de morosidad de las familias, tal como lo hace el proyecto de ley presentado por el gobierno para mantener el ingreso de los trabajadores a honorarios a partir de la declaración de impuestos de años posteriores.

 

El dirigente de la ANEF remarcó que desde el mundo social y sindical existe un diagnóstico compartido en torno al fracaso de las medidas que hasta ahora el ejecutivo ha dejado al alero de la banca.

 

Respecto a la ampliación del subsidio de arriendos, Carlos Insunza aclaró que es una cobertura ínfima, en relación al alcance del drama humano desatado tras la pandemia.

 

El dirigente de la ANEF sostuvo que el gobierno ha mantenido una política errada en materia sanitaria y económica, con un altísimo costo en vidas humanas y empobrecimiento de la población.

 

Carlos Insunza, concluyó que Piñera insiste en un paquete de medidas con un marcado sesgo ideológico, ante su insistencia en mantener una política errada con tal de no alterar los fundamentos del modelo económico.




Tozudez del gobierno da cuenta que no hay voluntad alguna de recaudar más recursos por la vía tributaria o del endeudamiento fiscal señala Carlos Insunza

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, (ANEF), sostuvo que las recientes negociaciones del ejecutivo y sectores de oposición en torno a un Ingreso Económico de Emergencia, no entrega claridad, respecto a la real contención de los efectos de la crisis en los próximos 18 meses.

El dirigente visualizó un panorama desalentador, si esto se suma a los recortes presupuestarios que ha establecido el gobierno para lo que resta del año y 2021.

 

Carlos Insunza dijo que los espacios de negociación entre el Ejecutivo y sectores de oposición, no permiten visualizar elementos  nuevos que permitan enfrentar los próximos 18 meses en condiciones óptimas.

 

El dirigente de la ANEF afirmó que la tozudez del gobierno da cuenta de que no hay voluntad alguna de recaudar más recursos por la vía tributaria o del endeudamiento fiscal.

 

Carlos Insunza concluyó que si el gobierno no cambia su estrategia para enfrentar la pandemia, no existe ninguna posibilidad de absorber los efectos de la pandemia, tanto en el plano económico como social.




Carlos Insunza: «Gobierno busca reducir al mínimo la función pública bajo el pretexto de necesitar esos recursos para enfrentar la crisis sanitaria»

El Ministerio de Hacienda junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) decidieron adelantar la fase exploratoria del erario fiscal 2021 para abril, con el proceso de levantamiento de información, y además establecieron que el presupuesto sea en base cero ajustado. Esto se refiere al nivel mínimo de recursos que asegure el cumplimiento de las leyes por parte de los Servicios, las obligaciones contractuales vigentes, y el nivel de operación mínimo de estos.

Ante este cambio, Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), denunció que el gobierno busca reducir al mínimo la función pública bajo el pretexto de necesitar esos recursos para enfrentar la crisis sanitaria.

 

Carlos Insunza explicó que el presupuesto base cero ajustado viene a reducir en un 8% los recursos disponibles, recortando a su vez las capacidades de cada institución pública para cumplir con su misión.

 

El dirigente de la ANEF afirmó que Chile requiere un presupuesto expansivo que esté a la altura de las necesidades del país durante esta crisis, así como la para lograr una reactivación económica durante 2021.

 

El ministro de Hacienda ha anunciado, primero, una reasignación de recursos del presupuesto de este año, que incluye una reducción de la inversión pública de más de US$ 1.200 millones, y un marco presupuestario para el 2020 que ha denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, que establece que las reparticiones públicas solo podrán solicitar recursos “con un tope máximo de 90% del presupuesto aprobado en la Ley 2020”.