Lorena Pizarro ante beneficios a reos de Punta Peuco: “Una cobardía de quienes hoy están el gobierno y fueron cómplices en dictadura”

Su más categórico rechazo manifestaron las agrupaciones de Derechos Humanos al proyecto que afina el Gobierno de Sebastián Piñera para permitir indultar y/o conmutar las condenas a reos de edad avanzada o que sufran enfermedades terminales, pues se estima que sería solo una estrategia para entregar beneficios carcelarios a los condenados en Punta Peuco por crímenes cometidos durante la represión.

Así lo expresó la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro calificando como una cobardía esta iniciativa de aquellos mismos que hoy gobiernan y que   ayer colaboraron desde diversos ámbitos  de una Dictadura feroz que impuso como política el terrorismo de Estado.

 

Sobre el mismo tema, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira consideró que la situación de privilegios en que viven los genocidas de Punta Peuco no amerita ningún beneficio por temas de salud, pues la forma  en que cumplen condena difiere absolutamente con los reos comunes , quienes viven en condiciones infrahumanas en los distintos penales del país.

 

Consultada sobre el mismo punto, la ex Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries afirmó que esta nueva iniciativa solo esconde un traje a medida para los cómplices de la Dictadura , acusando además en los argumentos del oficialismo una manipulación de las enfermedades con la edad para acceder a la impunidad.

 

Así mismo la abogada Lorena Fries recordó que el gobierno anterior elaboró una propuesta en el mismo sentido pero conforme al estatuto de Roma suscrito por Chile, en donde se condiciona la entrega de beneficios carcelarios al arrepentimiento eficaz y la colaboración efectiva más allá de factores como la edad o la condición de salud, presupuestos que los internos de Punta Peuco no tienen el menor interés de cumplir, concluyó.




Juan Andrés Lagos sobre detención de Lula: “Son hechos extremadamente graves para Brasil y toda América Latina”

El analista político, Juan Andrés Lagos afirmó que el juicio político contra el ex presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva es un intento estratégico de los poderes fácticos, encabezado por el presidente interino, Michel Temer y un Tribunal que no tiene ningún aval jurídico y ha pasado a llevar el Estado de Derecho las veces que ha querido.

 

En ese sentido, Juan Andrés Lagos acusó a la Organización de Estados Americanos de silencio cómplice y de venderse al imperialismo norteamericano que no quiere democracia.

 

Alicia Lira del mundo de los DD.HH.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que lo que está pasando en Brasil es parte de una campaña impulsada por Estados Unidos en Americana Latina, para destituir mandatarios del mundo progresista.

 

Alicia Lira afirmó que como agrupación condenan este hecho, en vista de cómo se convierte en enemigo público aquellos gobiernos democráticos que atienden demandas políticas y sociales, como Venezuela, Cuba y Brasil, lo que calificó como un retroceso muy grande para el continente.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira advirtió que esto es una voz de alerta, porque no se puede permitir tan impunemente la manipulación de pruebas judiciales para romper con la democracia.




Caso Quichillao: Preocupación en el mundo sindical, de DD.HH. y la familia ante posible cierre de la causa

La Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, encabezada por su Presidente Manuel Ahumada y acompañado por la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira manifestaron su preocupación ante la situación de impunidad en que quedará la causa judicial por el asesinato del dirigente minero Nelson Quichillao, muerto recordemos en julio del 2015 por Fuerzas Especiales de Carabineros; esto luego que  el próximo miércoles 28 de marzo, en la comuna de Diego de Almagro, trascendió que la fiscalía local solicitará no perseverar en esta acción judicial impidiendo la formalización del funcionario de Carabineros Marco Guerrero Martínez como autor del disparo que provocó el homicidio de Quichillao.

Sobre este  punto Manuel Ahumada hizo un llamado a toda la comunidad del norte afectada con este caso , a concurrir este 28 de marzo a las afueras del tribunal de Garantía

 

La voluntad de los trabajadores del Cobre y las organizaciones sociales a juicio del timonel de la CTC es lograr no solo que el juicio persiga a los autores de este brutal atentado sean juzgados , sino además se determinen las responsabilidades políticas e institucionales que están envueltas en la muerte del dirigente sindical en julio del 2015 en el marco del proceso de acuerdo marco que llevaba a cabo el campamento Salvador.

 

En tanto la Presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados políticos  Alicia Lira consideró impresentable la actitud del Fiscal Artigas en cuanto a cerrar la causa por el asesinato de Nelsón Quichillao , sobre todo cuando hay pruebas contundentes de la agresividad y abuso de poder cometido por Carabineros en una manifestación pacífica.

 

Alicia Lira hizo una llamado además a terminar con esta lógica criminal con que actúa las fuerzas policiales en nuestro país, las mismas que se han ensañado con nuestros pueblos  originarios en la Araucanía ,con los estudiantes y  con el movimiento sindical , tal como lo confirman las muertes de Jose Huenante , Jose Vergara y el propio Nelson Quichillao , dando cuenta de una política  de represión  particularmente con los movimientos sociales y de Derechos Humanos.

 

Por su parte Francisco Quichillao, padre del mártir de 48 años ultimado por Carabineros en  Julio del 2015 condenó el retraso y la pasividad con que la justicia ha enfrentado la muerte de un dirigente sindical que sólo buscaba las legítimas reivindicaciones para su gremio.

 

Dentro de la familia Quichillao -como como reseñó Francisco- condenan la posibilidad de que la causa se cierre sin condenar a los culpables, anunciando que seguirán hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia para Nelson.

 

Desde el interior de la Confederación de Trabajadores del Cobre , y las agrupaciones de Derechos Humanos junto con lamentar que exista una condena del asesinato de Nelson Quichillao a nivel de organizaciones internacionales y no el seno de la justicia chilena , insistieron que lo que hubo aquí fue un crimen y no un accidente casual que repudiaran el próximo miércoles 28 a las afueras del Juzgado de Garantía de Diego de Almagro de concretarse el interés de la fiscalía local.




Alicia Lira: “Repudiamos nombramiento de Cardemil y exigimos su salida por cómplice de la dictadura y por corrupción”

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos repudió la designación del ex subsecretario del interior de la dictadura militar, Alberto Cardemil como nuevo Seremi de Hacienda de la Región del Maule, exigiendo así su destitución del cargo.

Al respecto la presidente de la AFEP, Alicia Lira, afirmó que es inaceptable que un personaje políticos vinculado a la dictadura como Alberto Cardemil, haya sido nombrado en un cargo público, por ello es que como agrupación de derechos humanos exigen la salida de Cardemil.

 

Asimismo, la dirigente de derechos humanos, expresó que si bien no les sorprende el nombramiento del cómplice de la dictadura de derecha formalizado por delito tributario en el  caso Penta, advirtió que se mantendrán en alerta, pues no permitirán que violadores de derechos humanos se mantengan en la  impunidad.

 

Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alberto Cardemil,  dijo que Cardemil representa el más nefasto de los civiles que fueron cómplices activos de los crímenes de la dictadura cívico militar, agregando que el nombramiento  de Cardemil es una ofensa a las víctimas y a los familiares. 

 

Cabe señalar que los cuestionamientos a Alberto Cardemil como nuevo Seremi de Hacienda por la Región del Maule, surgen a partir de su fuerte vinculación con la dictadura militar de Augusto Pinochet, ya que fue además de ser ex subsecretario del interior en dictadura, el ex diputado de derecha fue formalizado por delitos tributarios en el Caso Penta donde optó por pagar 10 millones de pesos divididos en 10 pagos de un millón más firma mensual, como salida alternativa.




El gabinete de Piñera en la mirada crítica de actores políticos y sociales

Empresarios, accionistas, representantes de los grandes grupos económicos, esos son principalmente los nuevos ministros de Sebastián Piñera.

En la presentación de su gabinete en el Congreso de Santiago, el presidente electo empresario Sebastián Piñera designó a 16 hombres y a 7 mujeres, como sus secretarios de Estado.

El diputado y presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier comentó que este gabinete es de empresarios, pero de los grandes empresarios de Chile y que no se ve la derecha social ni la UDI popular en él.

 

En el Congreso Nacional, una de las primeras reacciones fue del presidente de la cámara baja Fidel Espinoza quien se refirió al ministro de Educación, Gerardo Varela, presidente del directorio de Soprole, quien también es columnista en el diario El Mercurio donde volcó durante el gobierno de Bachelet opiniones en contra de la misma Reforma Educacional.

Al respecto Espinoza declaró que es el cargo que más les preocupa, además de Alfredo Moreno en Desarrollo Social.

 

El ex jefe de los empresarios más grandes del país será el nuevo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

El ingeniero civil industrial dejó la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio para integrarse al gabinete presidencial de Sebastián Piñera.

El concejal de Valparaíso Iván Vuskovic interpretó este nombramiento como la relación inseparable entre la derecha y el empresariado.

 

Finalmente, las carteras más sensibles como Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Justicia, fueron copadas por empresarios y políticos que han tenido una reacción adversa a las reformas sociales y temas controversiales de derechos humanos.

************************************************************************************************************

Controversia por nombramientos del gabinete en áreas sociales

Empresarios, accionistas, representantes  grandes grupos económicos y algunos cómplices civiles de la dictadura cívico militar, ese es el nuevo gabinete de Sebastián Piñera. Los ministerios tan sensibles como Educación, Trabajo, Salud, Hacienda, Mujer y Desarrollo Social, serán ocupados por personas que generan contrasentido y algunos hasta conflictos de interés con sus respectivas carteras.

En la presentación de su gabinete en el Congreso de Santiago, el presidente electo empresario Sebastián Piñera designó a 16 hombres y a 7 mujeres, como sus secretarios de Estado.

Los primeros en dar sus opiniones fueron los parlamentarios quienes se encontraban sesionando en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza se refirió al nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela, presidente del directorio de Soprole, quien también es columnista en el diario El Mercurio donde volcó durante el gobierno de Bachelet opiniones en contra de la misma Reforma Educacional.

Al respecto Espinoza declaró que es el cargo que más les preocupa, además de Alfredo Moreno en Desarrollo Social.

 

“Un gabinete de empresarios” así lo definió el diputado y presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, “pero de los grandes empresarios de Chile”, sostuvo el parlamentario y que no se ve la derecha social ni la UDI popular en él.

 

La diputada comunista, Camila Vallejo, dijo que el gabinete de Piñera es mucho peor de lo que esperaban ya que destaca por lo conservador y perjudicial en las carteras como Educación y de Mujer y Equidad de Género. Con esto, destacó que la  intensión de Sebastián Piñera queda expuesta, la de retroceder con la agenda de reformas de la Presidenta Michelle Bachelet.

 

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola sostuvo que muchos de los derechos sociales serán postergados con este nuevo gabinete de corte empresarial, lo que se ve expresado en el nombramiento de Alfredo Moreno, ex presidente de la CPC y de Gerardo Varela en Educación, quien defiende este derecho como un bien de consumo.

 

El rechazo al nuevo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno no es gratuito, ya es el ex jefe de los empresarios más grandes del país.

El ingeniero civil industrial dejó la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio para integrarse al gabinete presidencial de Sebastián Piñera, ha sido parte entre otros cargos, del Grupo Cruzat, miembro del directorio del Banco Chile y de Empresas Penta.

El concejal de Valparaíso Iván Vuskovic interpretó este nombramiento como la relación inseparable entre la derecha y el empresariado.

 

En el mundo de los derechos humanos se resintió el nombramiento del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos estimó que este nombramiento es nefasto ya que Larraín es un hombre vinculado a la dictadura cívico militar, donde ha encubierto sus crímenes y horrores.

 

Finalmente, en la jornada de presentación del nuevo gabinete, el mundo político de la nueva oposición, así como también agrupaciones del mundo social, advirtieron estar en un estado de alerta. Para ellos, luego de conocer a cada uno de los 23 secretarios de Estado, no caben dudas de que las  medidas del Presidente irán en contra de los derechos básicos y fundamentales de todos los chilenos.




DD.HH. : Valoran envío de proyecto de ley sobre indultos pero lo califican de tardío y no exime la demanda por cierre de Punta Peuco

Dirigentas de Derechos Humanos criticaron el envío tardío del ejecutivo al proyecto de ley que  da término al indulto presidencial para los reos con enfermedades terminales condenados por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, si bien valoró el proyecto en general, al mismo tiempo consideró que el mensaje de la mandataria debió ser enviado con anterioridad, ya que corre el riesgo de no ser aprobado y se genere incertidumbre para el próximo gobierno de derecha.

 

Entre las propuestas del proyecto de ley que otorga beneficios a los reos implicados en delitos de lesa humanidad, la libertad vigilada es una de las aristas que la representante de la AFEP, Alicia Lira, manifestó estar en desacuerdo, ya que considera que los reos han utilizado artimañas para obtener beneficios carcelarios.

 

Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sostuvo que más allá de respaldar o rechazar el proyecto de ley, la idea está en poner acento en  cómo en Chile no se avanza en el término de la impunidad, criticando de paso que a 15 días del cierre del periodo parlamentario el ejecutivo ingrese un proyecto de ley.

 

Asimismo, la dirigente de derechos humanos, Lorena Pizarro, emplazó a la máxima autoridad de Gobierno a tomar una  opción inmediata respecto a cerrar el penal punta peuco, a fin de avanzar de manera definitiva en el término de la impunidad con medidas de carácter urgente.

 

Agregar que el proyecto de ley que otorga el beneficio de arresto domiciliario en causas de lesa humanidad a reos con enfermedades terminales, fue enviado  por la presidenta Michelle Bachelet al Senado, el cual busca dar término al indulto presidencial, traspasando estas atribuciones al tribunal de garantía.




Como una primera señal de justicia recuerdan la querella contra Pinochet presentada hace 20 años

El 12 de enero se cumplen 20 años de la querella contra Augusto Pinochet, la primera acción judicial contra el dictador presentada en la Corte de Apelaciones por el Partido Comunista representado por Gladys Marín y abogados querellantes.

Para el mundo de los derechos humanos fue la primera señal de justicia para las víctimas de la represión militar en Chile. Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, fue una querella que abrió la puerta y sin la cual no habría sido posible privar de libertad al dictador en Londres.

 

Para el artista y diputado electo del Partido Comunista, Amaro Labra, gracias a esta querella se logró dejar claro mundialmente que Augusto Pinochet fue un criminal de los derechos humanos. Además, valoró a los dirigentes que encausaron esta querella.

 

El abogado de derechos humanos Cristian Cruz, precisó que lo que activó la alarma en Chile para apresarlo fue el derecho internacional. Además se refirió a qué marco el punto de inflexión para investigar y luego juzgar.

 

Finalmente, enfatizar que este 12 de enero se realizará un encuentro con el abogado querellante de la causa, Eduardo Contreras; el juez que investigó la querella, Juan Guzmán; y la doctora en derecho Nancy Yáñez, llamado “Mesa Redonda” organizado por la Universidad de Chile.




Asunción de Haroldo Brito como Pdte. de la Corte Suprema es valorada por mundo de los DD.HH.

Fotos: Jorge Cadenas

El nuevo presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió al cierre de Punta Peuco como una materia en que los jueces no tienen por qué opinar, esto a sólo días de haber asumido la máxima representación de la justicia en Chile y de marcar distancia con su antecesor Hugo Dolmestch.

Al respecto Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valoró la elección del juez Brito, debido a su positiva participación en investigaciones de crímenes de lesa humanidad.

 

Cabe recordar que el anterior presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch declaró que no tenía sentido cerrar Punta Peuco. Para la dirigente de derechos humanos, Haroldo Brito les da confianza debido a que dejó claro su autonomía frente a las violaciones de derechos humanos.

 

Por su parte, Cristian Cruz, abogado de derechos humanos, destacado por ser querellante del caso Caravana de la Muerte, sostuvo que el nuevo presidente de la Corte actuó de forma correcta y legal, resaltando que esta es una decisión política y no judicial.

 

De igual manera, el abogado afirmó que se sigue esperando que el gobierno pueda tomar una decisión sobre el penal Punta Peuco antes del 11 de marzo.

 

Finalmente, consignar que la nueva cabeza del Poder Judicial, Haroldo Brito, mantuvo su opinión con respecto a los indultos, reiterando que es una potestad de la Presidenta de la República.