Pisagüa, a 30 años, ¡nada ni nadie está olvidado!

Este 2 de junio se cumplen  30 años desde el hallazgo de una fosa común  en la localidad nortina de Pisagua, la cual contenía 19 cuerpos de víctimas de la de la Dictadura, hecho que pudo ser descubierto gracias a la investigación judicial por inhumación ilegal solicitada  por la Vicaría de la Solidaridad, el 31 de mayo de 1990, en el Juzgado de Pozo Almonte. Situación de gran impacto nacional y mundial.

Al respecto la presidenta de la Corporación de Exprisioneros de Pisagua, Juana Torres, señaló que los restos encontrados de prisioneros políticos masacrados por la represión, son hoy una verdad histórica que aun clama por la justicia.

 

La activista por los DD.HH. enfatizó que pese al transcurso del tiempo, muchas víctimas sobrevinientes de lo ocurrido en Pisagua, aun mantienen el dolor físico y moral por lo que allí sufrieron.

 

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira saludo el coraje, el valor y la entrega de estos mártires de la Dictadura a 30 años de que sus restos fueran encontrados en medio de la sal del desierto.

 

Alicia Lira expresó que el recuerdo de las víctimas de Pisagua sigue plenamente vigente en la memoria y el corazón de las demandas que el pueblo de Chile hoy clama en las calles.

 

Consignar que entre el 26 de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron 26 los prisioneros del campamento de Pisagua asesinados, luego de Consejos de Guerra militares sin ningún tipo de resguardo al debido proceso.

Tras la denuncia por Inhumación ilegal presentada ante los tribunales nortinos, las diligencias a cargo del  juez  Hernán Sánchez Marré permitieron encontrar el 2 de junio de 1990, una fosa común en el sector norponiente del cementerio de Pisagua, cuyos cuerpos presentaban un alto nivel de conservación gracias al salitre, lo que facilitó su posterior identificación.

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Ver video conmemorativo y homenaje en Iquique

Posted by Fosa Clandestina de Pisagua, 30 años on Tuesday, June 2, 2020




Afep junto a otras organizaciones y personalidades lanzan campaña por la salida de Rozas desde dirección de Carabineros

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, exigió la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas, debido a la fuerte represión policial contra los vecinos de la comuna de El Bosque y otras, cuando protestaban este semana por la falta de alimentos en medio de la cuarentena.

La dirigenta aclaró que esta solicitud contempla el mal precedente del accionar criminal de Carabineros durante los 5 meses de revuelta popular, tratándose de la represión más violenta registrada en Chile post Dictadura.

 

Del mismo modo, Alicia Lira criticó que el gobierno pretenda resolver el problema del hambre por la vía de una serie de políticas asistencialistas y de corto alcance, lejos de garantizar la subsistencia de las familias.

 

La presidenta de la AFEP consideró grave que la ciudadanía tenga que salir a reclamar derechos tan esenciales como la alimentación, siendo nuevamente víctima de una fuerte represión por parte de agentes del Estado.

 

Alicia Lira concluyó que para ir en ayuda de las familias golpeadas por esta crisis, el gobierno debiera recurrir al fisco y al gran empresariado, pues este último se ha caracterizado por reiterados casos de colusión y saqueo de riquezas naturales.




Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos exigen renuncia de ministro Larraín y subsecretaria de DD.HH.

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados Políticos a nivel nacional rechazaron en forma categórica, los nuevos intentos del Gobierno por dejar libres a criminales de lesa humanidad, apelando de manera oportunista al contexto de Coronavirus.

En ese sentido, denunciaron la concomitancia de sectores negacionistas enquistados en el poder, y que se suman al fallo de la Corte de Apelaciones, quienes el pasado viernes dejaron en libertad a los asesinos de 17 víctimas de la Dictadura.

En primer término, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la indecencia de la derecha al buscar un rédito político en medio de una crisis tan dramática para el país.

 

Lorena Pizarro añadió que la actitud de Sebastián Piñera responde a su compromiso con la mal llamada familia militar a cambio de votos durante su campaña presidencial.

 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró que pese a esta nueva arremetida, el Tribunal Constitucional haya rechazado el requerimiento de la derecha para liberar a los criminales de la Dictadura.

 

Alicia Lira afirmó que el debate jurídico realizado al interior del TC vino a constatar la improcedencia de estos indultos, considerando que están en una situación privilegiada en comparación a los presos comunes.

Ante este afán de impunidad, ambas agrupaciones exigieron la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien sindican como cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de su fundador, Paul Schaefer.

DESCARGUE DECLARACION CONJUNTA  AFDD AFEP




Diversas organizaciones y mundo de los DD.HH. exigen que el INDH intervenga a favor de la libertad de los presos políticos del estallido social

Desde el Colegio de Profesores, partidos de oposición y organizaciones de Derechos Humanos exigen al Instituto Nacional de Derechos Humanos que intervenga para modificar las medidas cautelares que fueron establecidas contra más de 2 mil personas detenidas en contextos de protesta social, remplazándolas por arresto domiciliario debido a la propagación del Coronavirus.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se sumó a la petición al INDH, exigiendo cambiar las medidas cautelares dictadas contra jóvenes, niños y adolescentes por ejercer su derecho a manifestarse.

 

Alicia Lira denunció que este tipo de encarcelamientos contraviene tratados internacionales en materia de Derechos Humanos al no existir pruebas de ningún delito.

 

En ese sentido la presidenta de la AFEP aclaró que será responsabilidad del Gobierno y el poder judicial si ocurre cualquier situación grave producto de una eventual propagación del Coronavirus dentro de las cárceles.

Esto, añadió, sumando el saldo de más de 35 crímenes registrados tras el estallido social en Chile.

 

A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, denunció que el Gobierno ha optado por la fórmula judicial de la prisión preventiva como estrategia para limitar el alcance de las manifestaciones sociales.

 

Camilo Sánchez sentenció que el encarcelamiento en contextos de protesta es una medida injusta e inhumana en un contexto de hacinamiento extremo y emergencia sanitaria.

 

El presidente de la JOTA ratificó que en Chile se siguen violando los Derechos Humanos por la vía de ejercer violencia judicial y militar, a lo cual se suma la vulneración del derecho a la salud,

 

Por su parte, la dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena, aclaró que la solicitud hecha al Instituto Nacional de Derechos Humanos corresponde a una medida de seguridad sanitaria para los presos políticos que se encuentran en condiciones de hacinamiento y falta de un debido proceso.

 

Además, la dirigenta del Magisterio detalló que muchos menores de edad estuvieron recluidos en centros del Sename por más de 60 días y de manera arbitraria.

 

Paulina Cartagena remarcó que en lo concreto están solicitando cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, lo cual no afecta el curso de la investigación, sino que viene a resguardar la integridad física de los detenidos.

 

Cabe consignar que son más de 2.500 personas, la mayoría jóvenes, las que se encuentran en prisión preventiva dictadas en procesos seguidos a partir del 18 de octubre.




A 35 años: Nada ni nadie está olvidado

Este 28 y 29 de marzo se cumplen 35 años del secuestro y posterior asesinato de los tres  profesionales del partido Comunista:  Santiago Nattino, Manuel Guerrero y  Jose Manuel Parada, quienes fueron degollados vivos por efectivos de Carabineros, en el marco de la sangrienta represión de la Dictadura de Pinochet.

Respecto al simbolismo de esta fecha, donde en pocos días fueron ejecutados además los hermanos Vergara, Paulina Aguirrre y Oscar Fuentes los primeros días de abril, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira  señaló que pese al freno social que representa esta pandemia del Coronavirus, esto no ha impedido que se siga recodando con afecto a los tres mártires de la represión.

 

La dirigenta de los DD.HH.   advirtió que el crimen y la crueldad ejercida en contra de los tres profesionales del partido Comunista  en 1985 y tal como ocurrió con otros activistas sociales, refleja la forma en que impuso su voluntad la tiranía de Pinochet.

 

Alicia Lira lamentó que a 30 años del advenimiento de la democracia, aun persiste un principio de justicia en la medida de lo posible, lo cual a su juicio, es una burla para los familiares de la victimas del terrorismo de Estado.

 

Consignar que Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros .El 30 de marzo, camino a Quilicura ,frente al fundo «El Retiro», y cerca del aeropuerto Pudahuel, los cuerpos de los profesionales fueron encontrados degollados y con signos de tortura.​Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Jose Cánovas Robles condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del entonces General Director de Carabineros y Miembro de la Junta militar César Mendoza.




Abogad@s y organizaciones de DD.HH. junto a dirigentes sociales entregan carta al TC en respaldo a diputado Gutiérrez

Abogad@s junto a organizaciones de derechos humanos y dirigentes sociales solidarizaron con el diputado Hugo Gutiérrez mediante una carta de rechazo al Tribunal Constitucional, luego de que el organismo admitiera a tramitación el requerimiento de Chile Vamos, solicitando el cese del cargo del legislador comunista.

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, denunció que este requerimiento obedece a una persecución política sin fundamentos de parte de un tribunal deslegitimado.

 

Julia Urquieta consideró inaceptable que un supra poder como el Tribunal Constitucional tenga la posibilidad de destituir a un parlamentario, pasando a llevar el veredicto popular de quienes lo eligieron.

 

 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, acusó una política de acosamiento contra el diputado Gutiérrez, debido a la lucha que el abogado ha mantenido por décadas en defensa de los Derechos Humanos.

 

Alicia Lira destacó que Hugo Gutiérrez ha marcado un precedente al no reconocer legitimidad alguna al Tribunal Constitucional, optando por defenderse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Finalmente, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, afirmó que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un cuarto poder del Estado, lo cual atenta contra la democracia y los avances sociales en materia legislativa.

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Muchísimas gracias por tanto apoyo!!! Esta lucha y persecución es a tod@s quienes luchamos contra este sistema corrupto y explotador ! #tribunalconstitucional

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La carta

 

Señora

María Luisa Brahm Barril

Presidenta

Tribunal Constitucional

Presente

 

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, abogados de derechos humanos, diputados, profesionales, artistas y dirigentes en general, expresamos lo siguiente:

1.- Nuestro rechazo al requerimiento presentado ante este Tribunal Constitucional por Diputados/as de derecha, en contra del Honorable Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez y que este Tribunal, sorprendentemente ha admitido a trámite.

2.- Que producto de años de lucha del pueblo chileno, hemos conquistado el derecho y reconocimiento de la libertad de expresión y el derecho a la protesta social. Junto a estos derechos fundamentales, consideramos que el principio rector de cualquier democracia, es la voluntad popular expresada en las elecciones libres e informadas. Sin embargo, aún no tenemos una democracia real y verdadera manteniéndose los enclaves dictatoriales en la institucionalidad vigente y todas las esferas de la sociedad chilena. ante lo cual la ciudadanía se ha manifestado por una nueva Constitución.

3.- Que nos parece inexplicable, que el pleno del Tribunal Constitucional admita a  trámite un requerimiento en contra del Diputado Hugo Gutiérrez, cuando ya con anterioridad en la causa Rol 7724-2019, había declarado inadmisible este requerimiento fundado en los mismos hechos, presentado por parte de los Diputados Jorge Alessandri y Celso Morales que se repiten en la actual presentación.

4.- Que el Tribunal Constitucional en los considerandos 21º, 23º y 27º de la resolución que declaró inadmisible el requerimiento anterior Rol 7724-2019, ya se pronunció respecto a los mismos argumentos y supuestos alegados que hoy resultan resueltos en forma contraria.

5.- Que el cambio en apenas dos meses del razonamiento del mismo Tribunal Constitucional no hace menos que prever la existencia de presiones y decisiones tomadas con criterios políticos y no jurídicos constitucionales, de una instancia cuyos fallos han sido permanentemente rechazados por la ciudadanía por su falta de imparcialidad.

6.- Ante lo anterior, manifestamos nuestro profundo rechazo al actuar discriminatorio y político del Tribunal Constitucional y su rol de garante de la antidemocrática Constitución de 1980, transgrediendo la voluntad popular expresada democráticamente por los ciudadanos que han elegido reiteradamente en elecciones populares al Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez a quien le expresamos toda nuestra solidaridad y lo acompañaremos en todas las instancias que sean necesarias.

Santiago, 24 de enero 2020




Conmemoran con masiva y emotiva marcha los 46 años del golpe de Estado de 1973

Este domingo 8 de septiembre se realizó la marcha contra el negacionismo y la impunidad, convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, en conmemoración de los 46 años desde el golpe de Estado de 1973.

Miles de personas marcharon por el centro de la capital hasta el Cementerio General, donde tuvo lugar la tradicional romería que reivindica la memoria histórica de Chile, recordando a las víctimas del genocidio de Estado. Actividades que también se realizaron en las principales ciudades del país.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, destacó que esta marcha significa un homenaje a la figura de Salvador Allende, y a los luchadores sociales que han sido asesinados, tanto en Dictadura como en democracia.

 

El presidente nacional de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, se refirió a la importancia de seguir exigiendo verdad y justicia, en un contexto donde la derecha sistemáticamente niega las violaciones a los Derechos Humanos.

 

La diputada de Comunes, Claudia Mix, aclaró que no se puede construir una verdadera democracia sobre la base de impunidad y negacionismo, aludiendo a la falta de voluntad política del Gobierno, para hacerse cargo de las temáticas de Derechos Humanos.   

 

El vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, se sumó a dicha convocatoria, rechazando los discursos de odio dirigidos hacia la población migrante, así como el exterminio contra la izquierda en dictadura. 

 

El diputado Boris Barrera, repudió que Sebastián Piñera no saliera de forma enérgica a rechazar los dichos de Jair Bolsonaro contra la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, pues se enmarcan en un discurso negacionista que se está gestando en Latinoamérica.  

 

Claudia Hasbún, vicepresidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, reivindicó la lucha de cientos de funcionaros públicos que fueron asesinados por la dictadura, entre ellos el ex titular de la ANEF, Tucapel Jiménez.

 

Para la vicepresidente del Partido Socialista, Karina Delfino, es muy importante que la ciudadanía pueda salir a marchar para que la memoria se mantenga viva ante un Gobierno que no cree en los Derechos Humanos. 

 

A 46 años del Golpe de Estado, esta vez el llamado fue a rechazar el negacionismo y reivindicar el derecho a la memoria. Además, se instó a las autoridades a respetar los Derechos Humanos del pueblo migrante.




En nuevo aniversario del triunfo de la UP y Salvador Allende llaman a masiva conmemoración de los 50 años el 2020

El Comité de Conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular dio a conocer la iniciativa, por parte de una gran cantidad de organizaciones e instituciones, de comenzar una serie de actividades y construcción político-social encaminada hacia la celebración, en septiembre de 2020, de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular.

Junto a la estatua del presidente mártir, recordaron que un 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende triunfaba en las urnas, tal como lo expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

 

Del mismo modo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, sostuvo que es un deber honrar a un presidente que puso en el centro de las transformaciones sociales a la clase trabajadora, y que hoy es inspiración en la lucha por frenar las contrarreformas que pretende imponer este gobierno.

 

Por su parte, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, rescató la memoria y la tradición democrática de nuestro país-representada por Salvador Allende, como una forma de avanzar en las reivindicaciones sociales que el país demanda.

 

En el mismo contexto, el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó que gran parte de la solución al drama que vive Chile por causa de este sistema neoliberal, se encuentran en los postulados de la Unidad Popular representada por Allende, en donde la soberanía económica, la industrialización de nuestros recursos naturales   y la participación democrática adquieren un rol fundamental.

 

Lautaro Carmona valoró el programa que el presidente Allende ofreció al pueblo de Chile, en donde cada uno de los colectivos sociales y políticos estaban integrados en un modelo socialista de raigambre popular, el cual fue compartido y aun es defendido por el PC

 

Señalar que tanto este acto de celebración del triunfo de Salvador Allende aquel 4 de septiembre de 1970, como la marcha por los DD.H.H que tendrá lugar el próximo domingo 8 de este mismo mes, son el comienzo de una serie de actividades político sociales que buscan rememorar los 50 años del gobierno de la Unidad Popular, durante el año 2020.




Derechos Humanos: Piden proteger sitios de memoria

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; la representante del Centro Cultural  Museo y Memoria Neltume, Ida Sepúlveda; el Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Lawner; y la coordinadora de la Red de Sitios de Memoria, Shaira Sepúlveda, entre otros activistas de los derechos humanos y el patrimonio, se reunieron para denunciar la compleja situación de protección que enfrentan la Villa San Luis y el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, declarados Monumento Nacional en la categoría de histórico, el 2017 y 2019 respectivamente.

El pasado mes de junio se acordó revocar la declaratoria de Monumento Nacional a la Villa San Luis, cediendo con ello a las presiones de las inmobiliaria Presidente Riesco S.A., actual dueña del terreno. Asimismo, la reciente declaratoria del Cofomap generó una serie de cuestionamientos desde el oficialismo, específicamente de la UDI y RN, por su vínculo con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lugar durante la dictadura cívico militar.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que esta revocación no es al azar, ya que responde a una escalada de atentados contra monumentos y sitios de memoria.

 

En ese sentido, Alicia Lira acusó una política económica y negacionista por parte de los sectores que fueron cómplices activos de la dictadura militar y pretenden eliminar la memoria histórica del país.

 

La presidenta de la AFEP ratificó que se sumarán a todas las acciones que emprenda la Red de Sitios de Memoria a nivel nacional, más los integrantes de la Villa San Luis.

 

Las declaratorias de Monumento Nacional para los sitios de memoria son parte de las obligaciones de los Estados para avanzar en las garantías de no repetición y para la reparación simbólica de las víctimas. El Consejo de Monumentos Nacionales ha ido especializándose en la particularidad de estas declaratorias de monumentos nacionales en la categoría de históricos para los sitios de memoria vinculados con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura cívico militar, aportando con ello a los compromisos adquiridos por el Estado en materia de justicia transicional.




Alicia Lira frente a fallo que condena a diario La Tercera: «Es también un acto reparatorio para todas las víctimas»

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección y ordenó a la empresa periodística Copesa S.A. la rectificación la falsa información que publicó el diario «La Tercera» el 2 de octubre de 1973, en la que se daba cuenta de la ejecución de Jorge Oyarzún Escobar y Juan Escobar Camus, tras supuestamente atacar con disparos una población militar.

Luego de una exhaustiva investigación judicial, en diciembre de 2016 se estableció que Oyarzún Escobar y Escobar Camus fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad. Resolución que fue ratificada por la Corte Suprema en octubre de 2018.

Conocida esta resolución, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró esta decisión judicial que permite reivindicar la honra de dos jóvenes que fueron víctimas de la represión y objeto de la más grosera manipulación de los medios de comunicación afines a la Dictadura.

 

Alicia Lira recordó que en época de la Dictadura este manejo comunicacional  por parte de algunos diarios estaba orientado  a deshumanizar  a las víctimas,  justificando  así crímenes  horrendos  y desapariciones que aun no han sido resueltas por los Tribunales.

 

En la parte final de este fallo del Tribunal de Alzada de Santiago, se acoge el recurso obligando a la empresa periodística Copesa S.A. a través de su diario «La Tercera», a publicar la rectificación que le fue requerida por comunicación de 24 de octubre de 2018, solicitando  públicas disculpas y en el mismo tenor de la publicación de 1973, con la misma extensión y visibilidad con la que fue publicada, sin costas por no haber sido solicitadas.