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Lorena Pizarro, nueva Constitución y nuevo Parlamento debe terminar con doctrina del enemigo interno tanto de FF.AA. como de policías

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y candidata a diputada del pacto “Apruebo Dignidad” por el distrito 13, Lorena Pizarro, dijo que el próximo Parlamento deberá asumir el gran desafío de materializar a través de leyes, los pilares de la nueva Constitución.

La dirigenta de derechos humanos añadió que uno de los elementos fundamentales que debiese incorporarse a la futura Carta Magna, es el término de la Doctrina de Seguridad Nacional con que operan las policías, bajo la tesis del enemigo interno.

En ese sentido, Lorena Pizarro sostuvo que la composición del próximo Congreso va a ser un factor determinante a la hora de abordar las transformaciones de fondo que el país requiere.

La presidenta de la AFDD, afirmó que la construcción de un nuevo Chile también pasa por terminar con la represión policial hacia quienes acuden a La Moneda, año tras año, para homenajear a las víctimas de la Dictadura.

Lorena Pizarro indicó que la revuelta popular representa entre otras cosas, el rechazo de las primeras naciones, a la violación sistemática de los Derechos Humanos, a partir de fines de los años 90, por parte de agentes del Estado.

La candidata a diputada del distrito 13, compuesto por las comunas de La Cisterna, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón, repudió que un Gobierno como el de Sebastián Piñera, que se dice democrático, recurra a las Fuerzas Armadas y de Orden para reprimir a la ciudadanía, cada 4 y 11 de septiembre, fechas en que se recuerda el triunfo de la Unidad Popular en 1970 y posterior golpe de Estado en 1973.




Lorena Pizarro: «Las luchas históricas del mundo social deben materializarse en leyes que mejoren la calidad de vida de l@s trabajador@s y sus familias»

Lorena Pizarro, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro y de la dirigente social Sola Sierra, anunció su candidatura a diputada por el Distrito 13 – el cual comprende las comunas de El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Ramón y San Miguel, cupo que actualmente tiene el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien luego de tres periodos competirá por un escaño en el Senado por la región Metropolitana.  

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos inscribió su candidatura ante el Servicio Electoral por la lista única del Pacto Apruebo Dignidad, compuesto por Partidos y movimientos de Chile Digno y el Frente Amplio.  

La postulante al Parlamento calificó como un gran privilegio poder continuar con el trabajo de Teillier, el cual se ha visto reflejado en su cercanía con los habitantes del distrito.  

 

A juicio de la dirigente, lo que se requiere es impulsar cambios sustanciales en la estructura legislativa, ante la ausencia de normas que garanticen la defensa y promoción de los Derechos Humanos.   

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sostuvo que el próximo Parlamento tiene que defender férreamente el derecho a la vida y la dignidad humana, pues ambos principios han sido relativizados desde el retorno a la democracia.  

 

Lorena Pizarro dijo que las luchas históricas del mundo social deben materializarse en leyes que apunten a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.  

 

La diputada por el distrito 13 indicó que el hecho de que la zona sur del país concentre la mayor cantidad de detenidos en el contexto de la revuelta popular, responde a que esas comunas fueron sometidas a un nivel de marginalidad extrema, y que se expresa en la lucha constante por mayor justicia social.  

 

Pizarro desde el 2003 es presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, misma dirigencia que realizó su madre desde 1977 hasta 2003, año de su fallecimiento.  

Derechos humanos ayer, hoy y siempre:

El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, en este contexto se realizó una serie de seminarios en donde diversos actores sociales se refirieron a la forma en que el terrorismo de Estado se ha desplegado  especialmente en nuestro Continente.

En primer término la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos Lorena Pizarro, recordó  que desde el regreso a la Democracia, lamentablemente la autoridad no ha hecho ninguna gestión concreta en justicia y reparación.

 

Lorena Pizarro lamentó que la desaparición  forzada se haya extendido de manera preocupante   no solo en América, sino que por todo el Mundo.

 

Del mismo modo el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. Carlos Margotta recordó que ya desde principios  de la década de los 70, se frenaron  las reivindicaciones  sociales mediante  el uso de la represión y el asesinato, en directa alusión a la Dictadura de Pinochet.

 

Carlos Margotta enfatizó que unos de los principales desafíos de la Convención Constituyente  en torno al nunca más, son reestructurar las F.F.A.A y de Orden, además de la reformulación del Poder Judicial.

 

Así mismo el abogado y académico Claudio Nash saludó  la labor de las agrupaciones   humanitarias   en el Continente, pues su luchas han permitidos  la concreción de una importancia jurisprudencia  que condena las violaciones de DD.HH.

 

El integrante  del departamento de DD.HH. de la Universidad de Chile manifestó su preocupación  por el aumento creciente de los gobiernos autoritarios defensores del modelo neoliberal, quienes podrían replicar la violencia y el autoritarismo  para imponer sus ideas.

 

En Chile las agrupaciones de familiares de víctimas, y el mundo de los derechos humanos conmemoran como el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Durante el período de dictadura cívico militar vivido en nuestro país, fue una práctica sistemática utilizada por la Junta Militar y sus organismos represivos para eliminar a quiénes consideraron «enemigos internos».




Carta AFDD a Piñera: Exigen término de los indultos a los criminales condenados por violaciones de derechos humanos y que no se otorguen nuevos indultos

Hasta la Moneda llegó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera, exigiendo el término de los indultos a los criminales condenados por violaciones de derechos humanos y que no se otorguen nuevos indultos. La misiva destacaba entre otros puntos que Chile viola todos los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, concediendo estos indultos, con la excusa de la pandemia.

Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación sostuvo que es de suma gravedad lo que está ocurriendo con este gobierno violador de derechos humanos, que además quiere garantizar la impunidad a los que no pudieron evadir la justicia haciendo  un absoluto desconocimiento al derecho internacional humanitario.

 

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, explicó que el gobierno tras estos indultos infringe varias garantías contenidas en la Constitución, al haber establecido y otorgado este beneficio  a violadores de derechos humanos, violentando  con ello el derecho internacional y poniendo  a Chile al margen de la comunidad internacional.

 

Consignar que Mediante el mecanismo del indulto establecido en la ley  N° 18.050  y su reglamento, Sebastián Piñera y el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, han conmutado la pena a tres sentenciados y rebajado a otros siete, todos ellos condenados rematados, por crímenes de lesa humanidad, revirtiendo las decisiones judiciales que habían recaído sobre ellos.

La Carta:

Excelentísimo Pdte. de la República

Don Sebastián Piñera Echeñique

Presente

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De nuestra consideración:

 

                        Con fecha 12 de agosto de 2021, tomamos conocimiento a través de una publicación en el medio electrónico “ El Desconcierto”, que usted como Presidente de la República y el Ministro de Justicia, por delegación suya, mediante el mecanismo del indulto establecido en la ley  N° 18.050  y su Reglamento, han conmutado la pena a tres sentenciados y rebajado a otros siete, todos ellos condenados rematados, por crímenes de lesa humanidad, revirtiendo las decisiones judiciales que habían recaído sobre ellos.

                         Los indultos se habrían materializado mediante la dictación de los respectivos decretos, los que fueron firmados por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por delegación suya, ya que se trata de facultades propias de su cargo, de acuerdo a lo establecido en la ley que los regula.

 

Los indultos otorgados violan las siguientes garantías constitucionales:

  1. Debido proceso .

1.- El artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, establece a todos los ciudadanos la igual protección en el ejercicio de sus derechos, y dentro de ellos un racional y justo procedimiento .2.- La garantía de un justo y debido proceso está establecida tanto en favor del imputado como de la víctima y tiene en su centro en garantizar una aplicación equitativa del principio de contradictorio. En este sentido existe un derecho a impedir esta situación siempre que no haya sido consentida ni provocada por la parte, y que la privación al derecho a defensa sea sustancial.

3.- La garantía de un justo y racional proceso ha sido extendida por la jurisprudencia al ámbito administrativo e incluso al ámbito de las relaciones privadas.

4.- Los indultos impugnados, son actuaciones administrativas, dictadas dentro del marco legal y reglamentario, que datan del año 1981, y que, no obstante afectar a las víctimas del delito de detención forzada, estas no han sido escuchadas, infringiendo con ello el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado.

  1. La Corte Interamericana ha señalado que de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.[1]
  2. Por otra parte, desde la perspectiva estrictamente del procedimiento judicial, igual derecho a ser oída tienen las víctimas, ya que la ejecución de las sentencias es parte integrante del derecho al acceso a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Caso Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú, de 30 de mayo de 2018, en los párrafos 30 y 31 expresó que la ejecución de la pena forma parte de las obligaciones asumidas por el Estado de sancionar las violaciones a los derechos y que durante la misma no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad .
  3. – En definitiva, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al conceder por delegación del Presidente de la República, un beneficio penitenciario de indulto, sin notificar a los familiares de las víctimas, configura una vulneración de un justo y racional proceso.

7.- Que la obligación anterior se ve reforzada por lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y, del artículo 7.1. de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, por las cuales los estados se encuentran obligados a disponer tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativa de las medidas necesarias para hacer efectivo los derechos de las víctimas, ambos tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y que se encuentran actualmente vigentes, además por la obligación de jus cogens, de investigar, juzgar y sancionar efectivamente crímenes de Derecho internacional, todos aplicables y vinculantes para el Estado chileno en razón de lo establecido en el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política.

 

  1. Derecho a la integridad psíquica .

1.- Los indultos otorgados, por las autoridades, a criminales de lesa humanidad, han vulnerado la garantía del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política, esto es el derecho a la integridad psíquica de los familiares, derecho que debe ser respetado en su esencia por mandato del artículo 19 Nº 26 de la Carta Fundamental.

2.-. En este caso, como familiares de las personas detenidas desaparecidas, somos víctimas de acuerdo al derecho internacional, y es presumible   que nuestra integridad psicológica se vea afectada por el perdón otorgado a los autores, cómplices o encubridores de estos graves crímenes que los afectaron directamente.

  1. Cabe recordar que la justicia solamente se ha alcanzado después de más de 40 años de ocurridos los hechos criminales y que las penas a las que han sido sancionados los responsables, como en los casos indultados, no guardan relación alguna con la gravedad de los delitos.

4.- Los indultos operan en la subjetividad nuestra como familiares, como una nueva injusticia cometida por el Estado en nuestra contra, al ver que el esfuerzo de tantos años por obtener una condena, aunque sea mínima, se ve frustrado por el perdón que el Estado otorga al victimario.

5.- Actos como los denunciados producen una retraumatización de las víctimas, generándo daño que  incluso numerosos autores lo han perfilado como constitutivo  de una forma de tortura, o al menos de trato cruel, inhumano y degradante en los términos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, del Sistema Regional de Derechos Humanos.

                        Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos que los indultos otorgados sean dejados sin efecto y que no se otorguen nuevos indultos a criminales de lesa humanidad lo cual viola las normas internacionales en materia de derechos humanos ya expuestas.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS.

26 de agosto de 2021




Lorena Pizarro: «El próximo Parlamento tiene que defender férreamente el derecho a la vida y la dignidad humana»

Lorena Pizarro, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro y de la dirigenta de DD.HH. Sola Sierra, anunció su candidatura a diputada por el Distrito 13 – el cual comprende las comunas de El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Ramón y San Miguel, en reemplazo del diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien  competirá por un cupo en el Senado por la Región Metropolitana buscando romper la exclusión de la colectividad en la Cámara Alta.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos inscribió su candidatura ante el Servicio Electoral por la lista única del Pacto Apruebo Dignidad, compuesto por los partidos y movimientos de Chile Digno junto al Frente Amplio.

La postulante al Parlamento calificó como un gran privilegio poder continuar con el trabajo de Teillier, el cual se ha visto reflejado en su cercanía con los habitantes del distrito.

 

A juicio de la dirigente, lo que se requiere es impulsar cambios sustanciales en la estructura legislativa, ante la ausencia de normas que garanticen la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sostuvo que el próximo Parlamento tiene que defender férreamente el derecho a la vida y la dignidad humana, pues ambos principios han sido relativizados desde el retorno a la democracia.

 

Lorena Pizarro dijo que las luchas históricas del mundo social deben materializarse en leyes que apunten a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

 

La candidata a diputada por el distrito 13 indicó que el hecho de que la zona sur del país concentre la mayor cantidad de detenidos en el contexto de la revuelta popular, responde a que esas comunas fueron sometidas a un nivel de marginalidad extrema, y que se expresa en la lucha constante por mayor justicia social.

 

Pizarro desde el 2003 es presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, misma dirigencia que realizó su madre desde 1977 hasta 2003, año de su fallecimiento.




Mundo político, social, de DD.HH. repudió decisión de mantener a general Rozas al mando de Carabineros

Distintos personeros del mundo político, social y de los Derechos Humanos, repudiaron la decisión del gobierno respecto a continuar con la permanencia del director General de Carabineros, Mario Rozas, en su actual cargo. Esto, debido a las múltiples acusaciones y denuncias de violaciones a los DD.HH. cometidas por Carabineros bajo su mandato, incluidas muchas querellas criminales.

El diputado Hugo Gutiérrez consideró grave que en una sociedad democrática, sea un general director de Carabineros quien direccione la seguridad pública, y no el ministro del interior.

 

Hugo Gutiérrez aseguró que el respaldo de Sebastián Piñera al director general de Carabineros, obedece a que el mandatario busca escudarse en la figura de Mario Rozas, en caso de ser inculpado por hechos delictivos.

 

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, calificó como un “despropósito” que todavía se mantenga a Mario Rozas en el cargo, habiendo querellas pendientes en su contra.

 

Julia Urquieta repudió que Sebastián Piñera se siga negando a pedir la salida del general director de Carabineros, siendo uno de los principales responsables de las violaciones a los Derechos Humanos junto al presidente de la República.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó complicidad entre el Gobierno y Carabineros, respecto a los crímenes cometidos a partir del estallido social.

 

Lorena Pizarro indicó que la postura del presidente es propia de quien encabeza un régimen autoritario, y sólo sabe responder con represión frente a las demandas del pueblo soberano.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, explicó que si Mario Rozas sigue al mando de Carabineros, es porque su gestión se ajusta a las políticas criminales represivas que ha mantenido el Gobierno.

 

Alicia Lira aclaró que no basta con remover a Rosas del cargo, pues la solución pasa por terminar con la doctrina del enemigo interno, aún presente en las Fuerzas Armadas y de Orden.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sostuvo que la reestructuración de Carabineros es una medida urgente, pero que en ningún caso puede ser liderada por Mario Rozas, en su condición de querellado en múltiples procesos penales.

 

Carlos Margotta se mostró a favor de una reforma profunda de las Fuerzas Armadas y de Orden, en concordancia con los planteamientos del representante regional del alto comisionado de Naciones Unidas, Jan Jarab.

 

La exministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, afirmó que no existe ninguna justificación para mantener al general Rozas en el cargo, y en consecuencia, la postura del gobierno sólo se explica en su búsqueda de coartar el derecho a la libre expresión.

 

Claudia Pascual dijo que los protocolos de las Fuerzas Armadas y de Orden deben ser reestructurados desde su origen, basándose en el compromiso con los Derechos Humanos y el abordaje de la violencia de género en distintos ámbitos.

 

Cabe consignar que pese a los múltiples cuestionamientos en su contra, y a la salida de tres ministros del Interior a causa de las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de Carabineros, el general director  Mario Rozas se ha mantenido en su cargo.




Lorena Pizarro: «La institucionalidad dictatorial ya no tiene cabida en Chile»

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que la institucionalidad dictatorial ya no tiene cabida en Chile, tal como quedó demostrado tras la victoria del apruebo en el plebiscito constitucional.

Asimismo, Pizarro indicó que el triunfo de la convención constitucional es otra muestra del carácter autoritario del Estado chileno y sus poderes.

 

Lorena Pizarro añadió que el resultado del plebiscito también se traduce en un emplazamiento de la ciudadanía al poder judicial, para que este último no siga actuando en función de los intereses de la elite económica.

 

La dirigenta aclaró que la impunidad de los criminales de la Dictadura ha permitido que esas mismas violaciones a los Derechos Humanos se repliquen en democracia, y muy especialmente a partir de la revuelta popular.

 

Lorena Pizarro explicó que la institucionalidad pinochetista se ha reconfigurado a través de nuevas formas de autoritarismo ejercidas por cómplices activos de la Dictadura cívico-militar.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, concluyó que la ciudadanía ha dicho “basta” a la impunidad de agentes del Estado en graves violaciones a los Derechos Humanos.




Como un paso contra la impunidad califican decisión de justicia australiana de autorizar extradición de exDina Adriana Rivas

La Justicia de Australia declaró este miércoles procedente la extradición de Adriana Rivas, exsecretaria de Manuel Contreras y exagente de la DINA, acusada por su presunta participación en la desaparición de siete personas en los primeros cuatro años de la dictadura de Augusto Pinochet.

La decisión fue adoptada por el juez Philip Stewart del Tribunal Local del estado de Nueva Gales del Sur, quien desestimó una solicitud de la defensa de Rivas que había cuestionado la legalidad de la solicitud de extradición de la mujer, quien vive en Australia hace más de 30 años, donde se mantiene detenida desde 2019.

La abogada Adriana Navarro, quien representa a diversas organizaciones de DD.HH. y a otros chilenos en esta causa, consideró poco probable que Rivas quede en libertad.

 

Asimismo, Adriana Navarro valoró el trabajo que ha realizado la Fiscalía australiana para lograr finalmente extraditar a la ex agente de la DINA, considerando que se trata de un caso entre ese país y Chile, el cual involucra crímenes de lesa humanidad.

 

La diputada del Partido Comunista y abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, recordó la participación de Rivas en el secuestro del secretario general del PC, Víctor Díaz, y de otros dirigentes hace 44 años.

 

Carmen Hertz acusó una suerte de denegación de justicia, tras más de 40 años en que la exsecretaria de Manuel Contreras goza de libertad, pese a haber sido procesada como coautora del secuestro calificado de siete personas.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, destacó que una vez más es la comunidad internacional quien le da una lección al Estado chileno en materia de justicia.

 

Lorena Pizarro señaló que Adriana Rivas fue el brazo armado del aparato represivo contra los opositores a la Dictadura, entre ellos el padre de la dirigenta, Waldo Pizarro.

 

Según la prensa australiana, la decisión se produce después de que el magistrado solicitara reservar su decisión final a fines de septiembre, para sopesar más los 20 volúmenes de material presentados durante el caso, y luego de una audiencia de extradición realizada en junio.




Duro cuestionamiento de Lorena Pizarro a protección institucional hacia Carabineros y general Rozas

Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, cuestionaron la protección institucional que ha tenido Carabineros por parte del Ministro del Interior Víctor Pérez, pese a la represión y violencia ejercida en contra de la ciudadanía.

Así lo señaló su presidenta, Lorena Pizarro, agregando que está postura del jefe de gabinete corresponde a la misma lógica que tenía cuando era funcionario de la Dictadura, esto es, avalando la agresión, la muerte y la tortura.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  expresó que si viviéramos en un país que no negocia ni tranza tras una tiranía, Víctor Pérez seguramente hubiera sido condenado por ser colaborador activo de un régimen que hizo del asesinato una política de Estado.

 

Junto con solicitar la salida inmediata de Mario Rozas a cargo de Carabineros , Lorena Pizarro consideró imperioso revisar la función, existencia y doctrina formativa  de las Fuerzas Armadas y de Orden, proceso que pasa  necesariamente  por un camino en la Constitución, enfatizó.

 

Finalmente, Lorena Pizarro insistió en que partir de  los hechos ocurridos desde el 18 de octubre, deben los uniformados que fueron parte de la represión ser condenados, pero también esta misma responsabilidad debe extenderse a quienes impartieron las ordenes, esto es, tanto los exministros del Interior como el actual, pues de lo contrario seguirán los civiles sin asumir sus culpas, tal como ocurrió en Dictadura.




Se cumplieron 34 años del caso quemados: Actores políticos y organizaciones de derechos humanos llaman a no olvidar

Este 2 y 3 de julio se cumplieron 34 años  del asesinato en Dictadura de Rodrigo Rojas De Negri y el intento de homicidio de Carmen Gloria Quintana, en la causa conocida como caso quemados, donde una patrulla militar roció con gasolina a ambos jóvenes y posteriormente los abandonó.

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, afirmó que este hecho tiene que estar muy presente en la memoria colectiva para que nunca más se vuelva a repetir.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, calificó el caso quemados como un claro ejemplo de la crueldad con que actuó la Dictadura, asesinando y haciendo desaparecer al pueblo chileno.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó el horror de recordar ese día lleno de lucha, pero conociendo una vez más la barbarie de la Dictadura en contextos de revuelta social.

 

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, afirmó que el caso quemados debe servir de lección para avanzar hacia un mejor futuro, con respeto irrestricto a los Derechos Humanos y a la Democracia.

 

El diputado del PC, Boris Barrera, hizo un llamado a no perder la memoria histórica, ni abandonar la lucha contra el negacionismo, a 34 años de uno de los crímenes más horrendos de la Dictadura.

 

El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, indicó que tanto el asesinato el crimen de Rojas de Negri como las secuelas físicas y psicológicas de Quintana, son la evidencia más brutal de lo que está dispuesta a hacer la derecha con tal de defender sus intereses.

 

Rodrigo Rojas falleció cuatro días después, mientras que Quintana, que actualmente es profesora universitaria, sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del cuerpo. La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según datos oficiales consignados en el llamado informe Rettig.




Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos exigen renuncia de ministro Larraín y subsecretaria de DD.HH.

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados Políticos a nivel nacional rechazaron en forma categórica, los nuevos intentos del Gobierno por dejar libres a criminales de lesa humanidad, apelando de manera oportunista al contexto de Coronavirus.

En ese sentido, denunciaron la concomitancia de sectores negacionistas enquistados en el poder, y que se suman al fallo de la Corte de Apelaciones, quienes el pasado viernes dejaron en libertad a los asesinos de 17 víctimas de la Dictadura.

En primer término, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la indecencia de la derecha al buscar un rédito político en medio de una crisis tan dramática para el país.

 

Lorena Pizarro añadió que la actitud de Sebastián Piñera responde a su compromiso con la mal llamada familia militar a cambio de votos durante su campaña presidencial.

 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró que pese a esta nueva arremetida, el Tribunal Constitucional haya rechazado el requerimiento de la derecha para liberar a los criminales de la Dictadura.

 

Alicia Lira afirmó que el debate jurídico realizado al interior del TC vino a constatar la improcedencia de estos indultos, considerando que están en una situación privilegiada en comparación a los presos comunes.

Ante este afán de impunidad, ambas agrupaciones exigieron la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien sindican como cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de su fundador, Paul Schaefer.

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