«Acusación a Mañalich permitió a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en riesgo la vida de miles de personas»

La diputada Karol Cariola insistió en la importancia de haber presentado la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Mañalich, pues aunque  fue rechazada permitió a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en riesgo la vida de miles de personas.

 

Asimismo, la parlamentaria comunista lamentó que exista un doble discurso en sectores de la oposición, que fue lo que llevó a que se rechazara en Sala esta acusación.

Consultada sobre en qué pie queda la oposición luego de esta votación, la diputada  aseveró que hace mucho que hay sectores que no buscan la unidad ni ponen los intereses de la ciudadanía en el centro.

Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez quien además es presidenta de la Comisión Investigadora sobre fallecidos por COVID, criticó el resultado de la votación indicando que un tema tan sensible como este no puede quedar en una votación.

 

Por último, Marisela Santibáñez,  recordó que existe una querella contra el exMinistro Mañalich y dijo que espera que sea esa querella más el trabajo de las tres comisiones investigadoras lo que permita finalmente esclarecer los datos sobre la real magnitud de los fallecidos en esta pandemia.

 

La diputada Santibáñez valoró  la defensa del libelo que hiciera la diputada Hernando, indicando que sus palabras permitieron aliviar en  parte el dolor de muchas familias que perdieron un ser querido producto del COVID 19.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, y quien fuera firmante de la Acusación Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que fue rechazada hoy en la Cámara de Diputados, por 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, criticó principalmente a los diputados que se abstuvieron, en su mayoría del Comité Demócrata Cristiano, y que permitieron desechar el libelo.

Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta, lamentó que a pesar de los datos duros, antecedentes indesmentibles y  argumentos importantes que entregaron especialistas en el tema y que fueron corroborados con estadísticas y con cifras, esta acusación fuera finalmente  desechada.




Como una medida necesaria para romper la impunidad calificó Lautaro Carmona acusación constitucional contra Víctor Pérez

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ratificó que la acusación constitucional contra el ministro del interior, Víctor Pérez, es una medida necesaria para romper con el clima de impunidad que se ha venido profundizado en Chile a partir de la revuelta popular, por parte de Carabineros.

En su diagnóstico, la sociedad quedaría aún más desamparada si la Cámara de Diputados no ejerciera este recurso de fiscalización dirigido a autoridades políticas y funcionarios del Estado.

 

El dirigente comunista criticó la diferencia de trato por parte de Carabineros, entre quienes se manifiestan en Plaza Dignidad por demandas legítimas, y la movilización del gremio empresarial de Camioneros, quienes no fueron reprimidos, pese a provocar el desabastecimiento del país en medio de una emergencia sanitaria de proporciones.

 

Lautaro Carmona remarcó que el mandatario debiese pedir la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, siendo este el primer paso, para garantizar el cumplimiento riguroso de la ley frente al actuar criminal de una institución del Estado.

 

El secretario general del PC refutó los dichos del vocero de gobierno, Jaime Bellolio, quien sostuvo que habría una especie de chantaje al plantear que si  concreta la salida del general Mario Rosas, sería entonces necesaria la acusación constitucional contra Víctor Pérez.

Al respecto, el dirigente aclaró que ambas acciones son necesarias para terminar con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas de manera sistemática por funcionarios policiales.

 

Finalmente, Lautaro Carmona sostuvo que tanto la destitución del ministro del interior, Víctor Pérez, como la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, son medidas necesarias para dar una señal al país de fin a la impunidad y el abuso policial.




Bancada PC impulsará acusación constitucional, presentará querella y rechazará presupuesto 2021 de Carabineros mientras continúe al mando general Rozas

La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista de Chile repudia la represión violenta y desmedida de Carabineros del viernes 2 de octubre, donde un joven de 16 años fue empujado por un efectivo policial desde un puente sobre el río Mapocho, resultando con múltiples fracturas y TEC cerrado.

Estos gravísimos hechos se suman a las generalizadas violaciones a los derechos humanos, cometidas por funcionarios del Estado desde el 18 de octubre de 2019, como parte de una política deliberada del gobierno para dañar a los manifestantes.

Ante ello, exigimos la salida inmediata del General Director de Carabineros, Mario Rozas. De no ocurrir aquello, nos sumaremos a la oposición y no aprobaremos el presupuesto institucional.

Al mismo tiempo, como Bancada presentaremos una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por su responsabilidad política en estos graves hechos que, nuevamente, sitúan a Chile como un país donde se atropellan los Derechos Humanos.

Sin perjuicio de ello, demandamos que, esta vez, las instituciones responsables faciliten todos los elementos necesarios para que la justicia lleve a cabo una investigación rigurosa que sancione a él o los responsables de estos delitos.

Finalmente, como Bancada presentaremos una querella por el delito de homicidio frustrado en contra de quienes aparezcan como responsables.

3 de octubre de 2020

 




Jaime Gajardo Falcón: «Acusación constitucional es un mecanismo para perseguir responsabilidades de índole político-constitucional y así garantizar vigencia del Estado de Derecho»

El abogado constitucionalista, Jaime Gajardo Falcón, refutó las declaraciones de Ricardo Lagos Escobar, respecto a que la oposición no estaría autorizada a acusar constitucionalmente al exministro de Salud Jaime Mañalich, porque según él la forma de abordar la pandemia se limita una discusión de políticas públicas, y desde esa perspectiva, implicaría dolo al acusado.

El experto en derecho constitucional explicó que precisamente las acusaciones constitucionales corresponden a una facultad del Congreso para fiscalizar que ninguna autoridad ejerza más atribuciones de las que le corresponden, ni vulnere la Constitución y las leyes.

 

Jaime Gajardo Falcón añadió que este tipo de acusaciones son un mecanismo para perseguir responsabilidades de índole político-constitucional, y por esa vía, garantizar la vigencia del Estado de Derecho.

 

En ese sentido, el experto en derechoconcluyó que la acusación constitucional contra el ex ministro de salud es una acción completamente democrática, pues busca fiscalizar si el actuar de Jaime Mañalich durante la pandemia se ajusta o no al ejercicio de sus funciones en el marco del Estado de Derecho.

 

Es así que Jaime Gajardo Falcón hizo un llamado a desdramatizar la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, tratándose de una herramienta democrática para resguardar el Estado de Derecho.




Las claves y antecedentes que sustentan la acusación contra exministro Mañalich

Por “vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República” y “vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad“; el domingo  13 de septiembre diputadas y diputados de oposición presentaron una acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich.

El líbelo fue interpuesto por 10 diputados, entre los que se encuentran representantes de los partidos Radical, Comunes, Comunista, Revolución Democrátiva, Unir, Acción Humanista, PPD, Convergencia Social y el FRVS, entre los que se encuentra el representante de nuestra zona, Esteban Velásquez.

En primer término, el diputado Tomás Hirsch calificó esta acusación como “un acto de responsabilidad con la ciudadanía”, sobre la base de argumentos sólidos y fundados.

En ese sentido, el parlamentario y miembro del movimiento político y social Acción Humanista, aclaró que sería un “error histórico” no haber presentado esta acusación.

 

Tomás Hirsch dijo que el ex ministro de salud infringió artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la propia Constitución, en lo que respecta al ejercicio de derechos fundamentales e información política.

 

Asimismo, el diputado de Acción Humanista acusó una transgresión constitucional de Jaime Mañalich al derecho a la información fidedigna por parte de las autoridades, ya que más de 5 mil muertes no fueron informadas a la ciudadanía, pese a ser entregadas diariamente a la Organización Mundial de la Salud.

 

Por su parte, la diputada Marcela Hernando, respaldó la acusación constitucional contra Mañalich en la movilidad descontrolada y la pérdida de trazabilidad que marcaron su gestión, impactando directamente en el aumento de las tasas de mortalidad.

 

Marcela Hernando agregó que los testimonios recogidos por las comisiones investigadoras del caso dan cuenta de cómo el ministro ocultaba la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud.

 

De igual forma, la parlamentaria por Antofagasta criticó que Jaime Mañalich abordara el manejo de las estadísticas desde una mirada hiper-focalizada y centralista, dejando de lado la situación de las regiones.

 

La encargada de la secretaría de salud de la Central Unitaria de Trabajadores, Karen Palma, ratificó que sus 17 organizaciones respaldan la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, cuyas decisiones erráticas se tradujeron en miles de muertes.

 

Karen Palma recordó que mucho antes del descontrol en las cifras de contagio, el ex secretario de Estado fue advertido sobre los riesgos de su estrategia sanitaria mediante un documento suscrito por los partidos de oposición y los gremios de la salud.

 

La encargada de la secretaría de salud de la CUT, sostuvo que Jaime Mañalich tiene la obligación de responder ante la ciudadanía, respecto a su forma de abordar la crisis sanitaria y las graves consecuencias de sus decisiones políticas.

 

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, remarcó que el Parlamento cuenta con la facultad de ejercer este tipo de acciones cuando se presume que un ministro ha pasado por sobre su mandato constitucional.

 

El diputado Teillier destacó que la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, como una oportunidad para comprobar si efectivamente la autoridad fue negligente en la forma de enfrentar la pandemia.

 

Ahora la Cámara elegirá al azar a cinco diputados que conformarán una comisión que analizará la acusación.




Marcos Barraza: «Gobierno ha ejercido un autoritarismo extremo»

Marcos Barraza, integrante de la comisión política del Partido Comunista y exministro de Desarrollo Social, calificó como “débiles e irreales” los planteamientos del oficialismo, acusando a la oposición de instalar un parlamentarismo de facto que según ellos, no permitiría gobernar y estaría usurpando atribuciones presidenciales, junto con alterar la conformación del gabinete. Esto a propósito de la acusación constitucional contra el ministro del interior, Víctor Pérez.

Al respecto, Barraza aclaró que es el gobierno quien ha ejercido autoritarismo extremo, con tal de imponer una agenda legislativa que carece de respaldo por ser absolutamente contraria al interés popular.

 

El ex ministro de desarrollo social afirmó que la acusación constitucional contra Víctor Pérez se sustenta jurídicamente en el hecho de que la autoridad no quiso aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, en circunstancias donde la ciudadanía se veía directamente afectada por el corte de la cadena de suministros básicos impuesto por los camioneros.

 

Marcos Barraza señaló que el paro del gremio empresarial de camioneros fue una estrategia política, articulada por la derecha y la cual contó con la participación activa del gobierno al no ejercer las atribuciones que la ley impone para una movilización de esas características.

 

Asimismo, el dirigente comunista repudió que la derecha los tilde de “totalitarios”, cuando muy por el contrario, su partido ha aportado mucho en la construcción de la ética política que la ciudadanía exige.

En su diagnóstico, esto es parte de una campaña “anticomunista” orquestada desde la derecha para debilitar la opción de una candidatura presidencial del PC.

 

Marcos Barraza concluyó que el oficialismo ha llevado a cabo una estrategia sistemática de desprestigio a los comunistas, la cual se ha intensificado a partir del posicionamiento de Daniel Jadue en las encuestas, liderando las opciones presidenciales.




Karol Cariola y los fundamentos de la acusación constitucional contra Víctor Pérez

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a los fundamentos de la acusación constitucional contra el ministro del interior Víctor Pérez, anunciada por su bancada y respaldada transversalmente por la oposición, argumentando que la autoridad de Estado comprometió gravemente la seguridad del país al permitir el bloqueo de las carreteras por parte del gremio empresarial de camioneros.

La parlamentaria denunció que Víctor Pérez incumplió su deber de entregar seguridad al país, en relación a garantizar el abastecimiento y el libre tránsito en carreteras.

 

Karol Cariola fue enfática en sostener que es el gobierno quien estuvo detrás de la construcción del paro de camioneros, a objeto de presionar la aprobación de sus leyes en el Congreso.

 

La diputada Cariola aclaró que el Parlamento no puede ceder a las amenazas del gremio empresarial de camioneros, pues aprobar los proyectos de ley que ellos exigen, significaría coartar la acción democrática de un poder autónomo.

 

Asimismo, Karol Cariola afirmó que esta acusación también se fundamenta en la desigualdad de trato ante la ley, ya que contrasta con el que se le dio a los manifestantes de la revuelta social.

 

A la acusación constitucional contra el ministro del interior, Víctor Pérez, también se incluirá el trato dispar de Carabineros en las manifestaciones registradas este sábado, donde dispersaron con el carro lanzaguas y lanzagases, la marcha de enfermeras que exigen la inclusión de las TENS al Código Sanitario, mientras que al mismo tiempo, en Las Condes, los uniformados escoltaron una manifestación por la opción «Rechazo».




Es muy importante que se establezcan las responsabilidades políticas en la vulneración sistemática de los Derechos Humanos señala Juan A. Lagos

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, valoró que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional presentada por la oposición contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

El analista y dirigente PC afirmó que tanto Guevara como Piñera y sus ministros tienen responsabilidades políticas en las violaciones de Derechos Humanos en Chile, las cuales se han producido por la vulneración sistemática del derecho constitucional a reunión pacífica.

 

Juan Andrés Lagos aclaró que quienes se abstuvieron de votar la acusación contra Guevara son los mismos sectores de derecha y centro-izquierda que han aprobado la agenda criminalizadora del gobierno.

 

El dirigente comunista confirmó el fracaso del sistema presidencialista, pues ha permitido a Sebastián Piñera pasar por encima de la soberanía del país, resguardándose en el Parlamento para imponer sus leyes.

 

A juicio del analista, lo que está haciendo Piñera es arrastrar al Parlamento hacia una crisis sin retorno, al enviar proyectos de ley sin ningún diálogo previo con el movimiento social.

 

Juan Andrés Lagos concluyó que la crisis social está fuertemente marcada por el fracaso del régimen presidencialista y de la institucionalidad pinochetista en su conjunto.

 




Cámara de Diputados aprueba Acusación Constitucional contra Intendente Guevara y este queda suspendido a espera de decisión final del Senado

Por 74 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención, se aprobó en la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional contra el Intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social vivida por el país. Asimismo, por 74 votos a favor, los parlamentarios y parlamentarias definieron a los tres diputados que sostendrán la acusación ante el Senado, definiendo para ello a la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien estuvo también a cargo este jueves de sostener el libelo en la Cámara; y a los diputados Diego Ibáñez (CS) y Jaime Naranjo (PS).

Sobre esta nueva designación, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda señaló que se hará presente en el Senado el próximo 3 de febrero, y para ello estudiará en términos mucho más acuciosos la defensa que hicieron los dos abogados del Intendente, y como contrarrestar dichos argumentos.

 

Consultada por las palabras de la autoridad y en particular del ministro del Interior, que calificaron de “injusta” la acusación constitucional, la parlamentaria regionalista recalcó hubiese esperado del Ejecutivo una actitud quizás más humilde frente a lo que ha ocurrido con miles de familias que han debido enfrentar la violación de sus derechos humanos.

 

Alejandra Sepúlveda adelantó que su argumentación a favor de acusar al Intendente  Guevara se enfocará en una mayor   lectura de los tratados internacionales, sobre todo en el tema del copamiento y cómo esos tratados plantean que esta práctica represiva, no es una herramienta que se pueda utilizar.

 

En tanto, el diputado Diego Ibáñez –otro de los legisladores que sostendrá eta acusación en el Senado, expresó que esta situación refleja una ausencia de conducción  de Sebastián Piñera, así como el conflicto  permanente de su gobierno con normas dictadas por la propia Comisión Interamericana de D.D.H.H.

 

Señalar que el proceso ahora pasa al Senado, y, en tanto, el Intendente quedará suspendido en sus funciones desde este momento, acto que cesará solo si la Cámara alta desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los treinta días siguientes.




Cuestionan limitaciones al derecho a reunión impuestas por Intendente Guevara y uso del Decreto 1086

Esta semana la comisión que analiza la Acusación Constitucional, y que es presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), recibió al profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, quien expuso que el derecho a reunión se ejerce sin permiso previo. Asimismo, su colega Luis Silva calificó como inconstitucional el decreto que regula el derecho a reunión.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y que es presidida por la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda; recibió, en su tercera y cuarta jornada de audiencias, a los profesores de Derecho Constitucional, Christian Viera de la Universidad de Valparaíso, y a Luis Silva, ligado a Fundación Jaime Guzmán, respectivamente.

En la instancia desarrollada el pasado miércoles, el profesor Viera abordó la importancia del control político a cargo del Congreso Nacional para evitar abusos de poder y la forma en que se ejercen el derecho a reunión y la libertad de la protesta. Esto, en relación a lo que señala el libelo acusatorio sobre que habría habido por parte del intendente una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social que vive el país.

En este sentido, Viera calificó de grave la comprensión del derecho a reunión del Intendente, ya que reunirse pacíficamente se ejerce sin permiso previo y no procedería, como estima ocurrió, inhibir el ejercicio del derecho a la protesta.

“¿Qué es lo que supone? Supone una violación de derechos fundamentales, en este caso, uno muy importante, que está en la Constitución junto con la libertad de expresión, que supone la inhibición del derecho a la protesta y eso constituye una infracción a la Constitución y no solamente tuvo un efecto en el ejercicio a la protesta, sino que esto se saldó con heridos, con un muerto y con una represión desmedida de parte de la fuerza policial”, argumentó.

Otro punto que abordó el abogado Viera es el decreto supremo 1.086, de 1983, sobre reuniones públicas, que sería contrario a la Constitución. Añadió que, con la referencia de que las reuniones en lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía (art. 19 número 13 Constitución), se ha entendido que un reglamento puede limitar los derechos fundamentales, lo que no corresponde, ya que debe ser regulado por ley.

Y fue precisamente, refiriéndose al cuestionado decreto, que basó su exposición del día jueves, el abogado constitucionalista asociado a la Fundación Jaime Guzmán, Luis Silva, quien señaló que el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido a la autoridad regional, “en realidad es un reproche al Decreto Supremo Nº1086”.

Según explicó, este decreto “le da al intendente amplias atribuciones, quizás demasiado amplias, para prohibir reuniones y disolverlas si tienen lugar pese a que se prohíba”. Por lo tanto, a su juicio, “el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido al intendente Guevara en la acusación constitucional, en realidad es un reproche al D.S. Nº 1086 que regula de una manera inadecuada un derecho fundamental como el derecho de reunión. Por lo tanto, creo que la acusación no puede prosperar, porque no es el intendente Guevara quien ha infringido la constitución, sino el D.S. Nº 1086”, indicó

Tras las dos jornadas, la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda, junto con agradecer la asistencia de ambos abogados, recalcó que “el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente y cómo éste tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la complicación desde el punto de vista constitucional”, discrepando con quienes insisten en “culpar solo al Decreto Supremo”.

“Hay un posición hoy día de algunas personas al interior de la comisión que están enfocándose principalmente en el Decreto Supremo 1.086, y a mi juicio el problema no está ahí, o sea yo creo que tiene un problema de inconstitucionalidad sin duda que tenemos que mejorar, pero el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente, y como ese copamiento tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la síntesis de las complicaciones desde el punto de vista constitucional, entonces si realmente el intendente utilizó esta herramienta si mandató a Carabineros que al final se concluya que esa herramienta que es el copamiento preventivo limita o reduce o elimina un derecho fundamental como es el derecho a reuniones”.

Finalmente, la diputada adelantó que el próximo lunes será una jornada especial, pues recibirán en audiencia secreta a algunas víctimas “que nos van a exponer de las complicaciones que han tenido de su vida cotidiana, en su quehacer a partir de los hechos ocurridos principalmente a partir del 20 de diciembre”, concluyó.