Es muy importante que se establezcan las responsabilidades políticas en la vulneración sistemática de los Derechos Humanos señala Juan A. Lagos

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, valoró que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional presentada por la oposición contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

El analista y dirigente PC afirmó que tanto Guevara como Piñera y sus ministros tienen responsabilidades políticas en las violaciones de Derechos Humanos en Chile, las cuales se han producido por la vulneración sistemática del derecho constitucional a reunión pacífica.

 

Juan Andrés Lagos aclaró que quienes se abstuvieron de votar la acusación contra Guevara son los mismos sectores de derecha y centro-izquierda que han aprobado la agenda criminalizadora del gobierno.

 

El dirigente comunista confirmó el fracaso del sistema presidencialista, pues ha permitido a Sebastián Piñera pasar por encima de la soberanía del país, resguardándose en el Parlamento para imponer sus leyes.

 

A juicio del analista, lo que está haciendo Piñera es arrastrar al Parlamento hacia una crisis sin retorno, al enviar proyectos de ley sin ningún diálogo previo con el movimiento social.

 

Juan Andrés Lagos concluyó que la crisis social está fuertemente marcada por el fracaso del régimen presidencialista y de la institucionalidad pinochetista en su conjunto.

 




Cámara de Diputados aprueba Acusación Constitucional contra Intendente Guevara y este queda suspendido a espera de decisión final del Senado

Por 74 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención, se aprobó en la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional contra el Intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social vivida por el país. Asimismo, por 74 votos a favor, los parlamentarios y parlamentarias definieron a los tres diputados que sostendrán la acusación ante el Senado, definiendo para ello a la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien estuvo también a cargo este jueves de sostener el libelo en la Cámara; y a los diputados Diego Ibáñez (CS) y Jaime Naranjo (PS).

Sobre esta nueva designación, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda señaló que se hará presente en el Senado el próximo 3 de febrero, y para ello estudiará en términos mucho más acuciosos la defensa que hicieron los dos abogados del Intendente, y como contrarrestar dichos argumentos.

 

Consultada por las palabras de la autoridad y en particular del ministro del Interior, que calificaron de “injusta” la acusación constitucional, la parlamentaria regionalista recalcó hubiese esperado del Ejecutivo una actitud quizás más humilde frente a lo que ha ocurrido con miles de familias que han debido enfrentar la violación de sus derechos humanos.

 

Alejandra Sepúlveda adelantó que su argumentación a favor de acusar al Intendente  Guevara se enfocará en una mayor   lectura de los tratados internacionales, sobre todo en el tema del copamiento y cómo esos tratados plantean que esta práctica represiva, no es una herramienta que se pueda utilizar.

 

En tanto, el diputado Diego Ibáñez –otro de los legisladores que sostendrá eta acusación en el Senado, expresó que esta situación refleja una ausencia de conducción  de Sebastián Piñera, así como el conflicto  permanente de su gobierno con normas dictadas por la propia Comisión Interamericana de D.D.H.H.

 

Señalar que el proceso ahora pasa al Senado, y, en tanto, el Intendente quedará suspendido en sus funciones desde este momento, acto que cesará solo si la Cámara alta desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los treinta días siguientes.




Cuestionan limitaciones al derecho a reunión impuestas por Intendente Guevara y uso del Decreto 1086

Esta semana la comisión que analiza la Acusación Constitucional, y que es presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), recibió al profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, quien expuso que el derecho a reunión se ejerce sin permiso previo. Asimismo, su colega Luis Silva calificó como inconstitucional el decreto que regula el derecho a reunión.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y que es presidida por la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda; recibió, en su tercera y cuarta jornada de audiencias, a los profesores de Derecho Constitucional, Christian Viera de la Universidad de Valparaíso, y a Luis Silva, ligado a Fundación Jaime Guzmán, respectivamente.

En la instancia desarrollada el pasado miércoles, el profesor Viera abordó la importancia del control político a cargo del Congreso Nacional para evitar abusos de poder y la forma en que se ejercen el derecho a reunión y la libertad de la protesta. Esto, en relación a lo que señala el libelo acusatorio sobre que habría habido por parte del intendente una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social que vive el país.

En este sentido, Viera calificó de grave la comprensión del derecho a reunión del Intendente, ya que reunirse pacíficamente se ejerce sin permiso previo y no procedería, como estima ocurrió, inhibir el ejercicio del derecho a la protesta.

“¿Qué es lo que supone? Supone una violación de derechos fundamentales, en este caso, uno muy importante, que está en la Constitución junto con la libertad de expresión, que supone la inhibición del derecho a la protesta y eso constituye una infracción a la Constitución y no solamente tuvo un efecto en el ejercicio a la protesta, sino que esto se saldó con heridos, con un muerto y con una represión desmedida de parte de la fuerza policial”, argumentó.

Otro punto que abordó el abogado Viera es el decreto supremo 1.086, de 1983, sobre reuniones públicas, que sería contrario a la Constitución. Añadió que, con la referencia de que las reuniones en lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía (art. 19 número 13 Constitución), se ha entendido que un reglamento puede limitar los derechos fundamentales, lo que no corresponde, ya que debe ser regulado por ley.

Y fue precisamente, refiriéndose al cuestionado decreto, que basó su exposición del día jueves, el abogado constitucionalista asociado a la Fundación Jaime Guzmán, Luis Silva, quien señaló que el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido a la autoridad regional, “en realidad es un reproche al Decreto Supremo Nº1086”.

Según explicó, este decreto “le da al intendente amplias atribuciones, quizás demasiado amplias, para prohibir reuniones y disolverlas si tienen lugar pese a que se prohíba”. Por lo tanto, a su juicio, “el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido al intendente Guevara en la acusación constitucional, en realidad es un reproche al D.S. Nº 1086 que regula de una manera inadecuada un derecho fundamental como el derecho de reunión. Por lo tanto, creo que la acusación no puede prosperar, porque no es el intendente Guevara quien ha infringido la constitución, sino el D.S. Nº 1086”, indicó

Tras las dos jornadas, la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda, junto con agradecer la asistencia de ambos abogados, recalcó que “el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente y cómo éste tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la complicación desde el punto de vista constitucional”, discrepando con quienes insisten en “culpar solo al Decreto Supremo”.

“Hay un posición hoy día de algunas personas al interior de la comisión que están enfocándose principalmente en el Decreto Supremo 1.086, y a mi juicio el problema no está ahí, o sea yo creo que tiene un problema de inconstitucionalidad sin duda que tenemos que mejorar, pero el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente, y como ese copamiento tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la síntesis de las complicaciones desde el punto de vista constitucional, entonces si realmente el intendente utilizó esta herramienta si mandató a Carabineros que al final se concluya que esa herramienta que es el copamiento preventivo limita o reduce o elimina un derecho fundamental como es el derecho a reuniones”.

Finalmente, la diputada adelantó que el próximo lunes será una jornada especial, pues recibirán en audiencia secreta a algunas víctimas “que nos van a exponer de las complicaciones que han tenido de su vida cotidiana, en su quehacer a partir de los hechos ocurridos principalmente a partir del 20 de diciembre”, concluyó.




Diputada Sepúlveda: “No queda claro si el copamiento tiene protocolo al interior de Carabineros”

La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, recibió en su primera sesión con invitados, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.

Lo anterior, pues a juicio de la autoridad este hace que en la práctica se requiera autorización para reunirse, cuestión que según dictámenes internacionales no se requerirían, y fue claro en señalar que  “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que  “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.

Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”

Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.

Por su parte, el diputado integrante de la comisión, Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DDHH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DDHH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DDHH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”

“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.

Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.




Diputada Sepúlveda presidirá comisión que analiza Acusación Constitucional contra Intendente Guevara

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, fue elegida por unanimidad como la presidente de la Comisión que analizará la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Al respecto, la parlamentaria, junto con agradecer el apoyo de sus colegas – todos hombres – a la propuesta del diputado Diego Ibáñez, recalcó que “queremos una comisión donde puedan ser todos escuchados los que quieran venir a poder dar su testimonio, su reflexión, su conocimiento en relación al tema”.

Asimismo, informó que “vamos a sesionar todos los días en que estemos en la Cámara de Diputados, pero también en Santiago, desde las 11 a las 13.30 hrs. Y si es necesario, me han dado la facultad, desde las 18 hasta las 22 hrs. Pues aquí lo importante es cómo hacemos un buen trabajo, lo más acucioso posible, y para ello nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”. Además, adelantó que partirán este martes para definir lista de invitados, sin perjuicio de que ya fueron citados el director del INDH, Sergio Micco, y representantes Amnistia Internacional y Human Rights Watch. 

Consultada por las fechas que tiene el Intendente para dar respuesta a la acusación, Sepúlveda indicó que “el día 16 de enero tiene como límite, a las 12 de la noche, la presentación de los descargos por parte del Intendente, sin embargo nosotros esperamos que lo realice antes, pues recordar que es un solo capítulo de acusación, y posteriormente nosotros tenemos 6 días para poder estudiar su respuesta”.

En este sentido, y tras ser consultada por los dichos del propio Guevara refiriéndose a que él solo hacia su trabajo, por tanto quitándole fundamento a la acusación, la diputada recalcó que “para nosotros es importante que a través de lo que él diga, del escrito que vaya a presentar en términos de la defensa, de la exposición que sus abogados quieran realizar lo planteen todo ahí, y nosotros por cierto no tenemos ninguna dificultad en escucharlos, pero tenemos hoy día un mandato, que es un mandato constitucional, que es absolutamente claro, que es además es un proceso de fiscalización lógico de la Cámara de Diputados, donde la Sala nos ha mandatado a hacer el estudio como corresponde en esta acusación, no vamos a emitir ningún juicio sino en la medida que vamos escuchando a las distintas instituciones que van a venir a dar su exposición a la Comisión”.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a los dichos de autoridades del oficialismo, que han criticado la presentación de esta acusación, y señaló que “están en su justo derecho de plantearlo así y defender al Intendente, pero nosotros tenemos hoy día una misión que es muy importante, que tiene que ver además con una cantidad no menor de diputados que son representantes de la transversalidad de la Oposición, que son los firmantes de la Acusación Constitucional, por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa es que sea lo más ecuánime posible, con el estudio que corresponde, esta Acusación Constitucional, más allá de los dichos del gobierno”.

Finalmente, y ante la pregunta de si esta acusación tiene mayor piso que las anteriores, Sepúlveda fue clara en señalar que “es una acusación que tiene, por lo menos desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en la ciudadanía, fundamentalmente lo que ha ocurrido en Santiago, tiene un asidero de realismo de lo que está ocurriendo hoy día en la calle y en base a eso, la mayoría de los bloques de Oposición hicieron esta Acusación Constitucional, pero nosotros esperamos revisarla en su mérito, en derecho y hacerlo con un debido proceso tanto para el Intendente como para los diputados acusadores”, concluyó. 




Diputada Sepúlveda (FREVS): “Aquí el único responsable es el Presidente de la República”

La jefa de la Bancada Regionalista, adelantó que no firmarán la acusación constitucional contra el Intendente Guevara, e instó a sus colegas a “a poner los votos para las cosas importantes, y definir que el único común denominador es Sebastián Piñera”

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, adelantó la postura de la bancada que preside, anunciando que no firmarán la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, Felipe Guevara.

 “Como Federación no vamos a firmar la acusación porque aquí el común denominador no es el Intendente, no es el Ministro del Interior, no son los Carabineros, aquí hay un único común denominador que es el Presidente de la República. Y entonces, cuando empiezan a firmar acusaciones constitucionales, y han rechazado la acusación contra el propio Presidente Piñera, quien es la persona que manda al resto, entre esos al Intendente, entonces quién es el responsable, quién es el que debería decir qué es lo que está ocurriendo hoy día en el país, el único común denominador es el Presidente de la República”.

 

Y en este sentido, la jefa de la Bancada Regionalista recalcó, “dejémonos de firmar acusaciones constitucionales y de verdad coloquemos los votos para las cosas importantes, y aquí el único que es responsable es el Presidente de la República, Sebastián Piñera”.




Buscaron darle impunidad a Piñera con el agravante de los diputados que se hicieron cómplices señala Juan A. Lagos

El dirigente Juan Andrés Lagos, denunció que Sebastián Piñera ha quedado en total impunidad, tras rechazarse la acusación constitucional en su contra, en el marco de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas a partir del estallido social.

En su diagnóstico, lo más grave es que esta impunidad hace cómplices a los diputados que frenaron esta acción en la Cámara.

 

A juicio del también analista, el problema de fondo radica en que Sebastián Piñera ha quedado impune de transgredir el Estado de Derecho, lejos de ser un problema de derrotas o victorias políticas.

 

En ese sentido, Juan Andrés Lagos considero grave que la vulneración al Estado de Derecho fuera legitimada por el Parlamento, tras desechar la acusación constitucional contra el mandatario.

 

El dirigente del PC de Chile aseveró que los parlamentarios de centro izquierda que rechazaron la acusación también son cómplices de las violaciones a los Derechos Humanos cursadas en Chile, así como las que se cometan a partir de ahora.

 

Juan Andrés Lagos dijo que es hora de acudir a Tribunales Internacionales de Justicia, paralelamente a seguir sosteniendo el camino de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera y su ex ministro del interior, Andrés Chadwick.

 

El analista Juan Andrés Lagos sostuvo que los organismos internacionales llegaron tarde a constatar las violaciones a los Derechos Humanos, aunque sus informes serán relevantes y por lo tanto esta vez hay que adelantarse a los hechos, recurriendo a Tribunales de Justicia nacionales e internacionales.




Marcos Barraza: Acusación Constitucional es un mecanismo democrático para la responsabilidad política ante gravedad de situaciones de derechos humanos

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, afirmó que la acusación constitucional contra Sebastián Piñera es un mecanismo democrático mediante el cual buscan evitar que la impunidad, ya sea penal o política, se instale nuevamente en Chile.

En ese contexto, Barraza consideró lamentable que a 71 años de la declaración universal de los Derechos Humanos, éstos sean violados al igual que en Dictadura.

 

El dirigente del Partido Comunista dijo que las violaciones permanentes y sistemáticas a los Derechos Humanos se explican en la impunidad que prevalece en Chile desde la Dictadura.

 

Marcos Barraza sostuvo que el presidente de la República es el principal responsable del terrorismo de Estado que se instaló a partir del estallido social, tratándose de quien ha recurrido a la violencia para reprimir las protestas sociales.

 

Al mismo tiempo, Barraza rechazó la postura del ex ministro del Interior Jorge Burgos, quien tras reunirse con Piñera para abordar la defensa contra la acusación constitucional, calificó esta medida como un grave daño a la democracia.

En su diagnóstico, lo que está haciendo Burgos es defender una gobernabilidad deslegitimada política y socialmente.

 

A juicio del dirigente comunista, Burgos relativiza las violaciones a los Derechos Humanos al señalar que esta acusación sería un atajo para suprimir un mandato constitucional.

 

El ex ministro Barraza no descartó que deban recurrir nuevamente a organismos internacionales, así como se hizo con el dictador Augusto Pinochet cuando hubo denegación de justicia.

Agenda anti abusos e impuestos

El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, cuestionó que Sebastián Piñera proponga una agenda “anti abusos”, sin hacerse cargo de sus millonarias transferencias a paraísos tributarios, ni de otras acciones de tipo económico igualmente grave.

A su juicio, resulta igualmente preocupante que estos anuncios no se hagan cargo de las demandas del bloque sindical de la mesa de Unidad Social.

 

Marcos Barraza detalló que Sebastián Piñera es parte de una investigación en curso, respecto a la elusión tributaria que fue detectada por el Servicio de Impuestos Internos en 2017 a partir del traspaso de la fortuna Piñera Morel a paraísos fiscales.

 

Asimismo, el ex ministro de desarrollo social aclaró que la agenda de Piñera no contempla ninguna medida que implique reformar los pilares del modelo neoliberal, pues se limitan a seguir subsidiando a las grandes empresas.

 

Marcos Barraza aseguró que Piñera ha demostrado no estar dispuesto a generar transformaciones sustantivas al modelo económico, erradicando la subsidiariedad, o el lucro en los derechos sociales.

 

El exministro Barraza afirmó que el país requiere de un Estado con capacidad productiva para invertir en regiones y financiar una verdadera agenda social sobre la base de derechos.




Teillier y acusación Constitucional a Piñera: “El Presidente ha contribuido a un clima de conflicto, represión y violencia”

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, justificó la acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera al considerar que el mandatario ha contribuido al clima de conflicto, represión y violencia que ha experimentado el país durante el último tiempo.

Para el timonel comunista, el gobierno de manera irresponsable, justifica la violación a los DD.HH.  en los casos de disturbios y saqueos, olvidando que en un estado de derecho, son los tribunales quienes deben sancionar este tipo de hechos.

 

Del mismo modo, Guillermo Teillier, advirtió que existe de manera  generalizada un clima de decepción respecto a lo que ha sido la gestión de Piñera al mando de la nación, lo cual ha obligado a su gobierno a cambiar en parte su agenda neoliberal.

 

Así mismo, el diputado Guillermo Teillier comentó que la Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera se sustenta además en impedir que prolifere en el país un sentido persistente de impunidad.

 

Finalmente, el presidente del partido Comunista Guillermo Teillier consideró de extrema gravedad que pese a los sucesos ciertos de violaciones  a los DD.HH. ocurridos en los últimos días en Chile, el gobierno no reciba a los representantes  de Amnistía Internacional, y más aun,  avale el actuar agresivo y brutal de Carabineros y el Ejército en contra de la población.




Abogado Luis Cuello y acusación Constitucional: “Presidente incumplió las leyes y la Constitución, comprometiendo la honra de la nación”

A partir de este lunes comenzará el estudio de la Acusación Constitucional  en contra de Sebastián  Piñera por parte de la comisión parlamentaria  sorteada para este efecto.

Respecto a este libelo en contra del mandatario, el abogado Luis Cuello sostuvo que esta se fundamenta  en que Piñera, junto con incumplir  la Constitución y las leyes, ha puesto en tela de juicio la honra de la nación, dado su actuar de las últimas semanas.

En la primera parte del libelo se tratan las consideraciones generales: cuentan básicamente el contexto histórico en el que nos encontramos y los hechos principales. En el primer capítulo, acreditan como la violación a los DDHH cometida por los agentes del Estado son consecuencia directa de un conjunto de decisiones políticas y adm. del Presidente de la República. Los DDHH que fueron vulnerados:

19 n°1: vida e integridad física y psíquica

19 n°7: libertad personal

19 n°12: libertad de expresión

19 n°13: derecho a reunión.

Después, se explicitan todas las convenciones violadas:

  1. Convención americana de DDHH
  2. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos
  3. Convención de derechos del niño
  4. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

Del mismo modo, el abogado y asesor legislativo, expresó que incluso más allá del Estado de Excepción Constitucional, Piñera ha permitido e incentivado que las fuerzas policiales y miliares  repriman  cada vez con mayor violencia  a la población.

Es así que el segundo capítulo trata de cómo los actos de la administrativa del pdte. comprometieron gravemente el honor de la nación ya que el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles desarmados y los actos de protesta fueron ampliamente cubiertos por medios internacionales. Situación que desencadenó en declaraciones y preocupación de la ONU y la CIDH y también de parlamentarios de distintas partes del mundo. Chile termina por ser una democracia objeto de un severo cuestionamiento a la comunidad internacional.

Luis Cuello advirtió que el hecho que los grandes medios de comunicación afines al Gobierno no haya dado mayor cobertura a esta Acusación en contra  de Sebastián Piñera, demuestra  que no existen los argumentos suficientes para desestimar esta herramienta ejercida por los parlamentarios.

Recordar que el libelo acusatorio contra el Presidente fue presentado el pasado martes por 11 diputados de oposición representantes de los principales partidos de oposición, acusando violaciones a los derechos humanos debido al actuar de Carabineros y las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia decretado por el Mandatario tras el estallido social, y los toques de queda efectuados en este contexto.