A 51 años del triunfo de la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende, el secretario general del Partido Comunista y candidato a diputado por Atacama, Lautaro Carmona, calificó dicho hito histórico como el inicio del proceso más democrático y en sintonía con las demandas populares, que ha cursado Chile en toda su historia republicana.

Un ciclo que según recordó Carmona, se vio interrumpido por el golpe militar y la dictadura cívico-militar, que cambió la estructura del Estado, instalando un modelo neoliberal en Chile

Respecto al legado de la Unidad Popular, Lautaro Carmona sostuvo que la nacionalización del cobre fue una de las cuestiones más estratégicas, desde el punto de vista de la soberanía económica, toda vez que permitió aumentar la producción del metal rojo en beneficio de los propios habitantes del territorio.

El dirigente comunista indicó que tanto el boicot económico, por parte de Estados Unidos, como el paro de los camioneros, orquestado desde la elite económica, propiciaron un golpe de Estado, y a partir de eso, el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente.

Lautaro Carmona agregó que el bombardeo a La Moneda, se gestó para sembrar terror en la ciudadanía, y muy especialmente hacia quienes luchaban por defender las transformaciones democráticas del gobierno de Allende.  

Carmona concluyó que el golpe de Estado fue la respuesta de los sectores fascistas, al ver sus intereses amenazados por el proyecto más democrático y transformador que ha impulsado un gobierno en Chile.

En el nuevo espacio Te quiero Libre promovido por el Grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta, conocemos junto a la panelista e integrante de la organización, Raquel Torres, lo que ha sido el surgimiento de la organización y cómo avanza el proyecto de ley del indulto general.

Actualmente, el proyecto que ingresó en diciembre del 2020 se espera que pase a la sala del Senado antes de fin de mes,  pese al contexto electoral que puede afectar en el tiempo de su tramitación, explica Raquel. Ante ello, enfatizó que una importante diferencia respecto a la agilidad regular de los procesos legislativos, acá se trata de vidas humanas y para las familias el avances es un imperativo.

En voz de Yuri Vásquez, abogado de la Mesa Técnica del Grupo Iniciativas e integrante de la Comisión Chilena de DDHH, se recalca estar frente a una crítica situación de quienes continúan privados de libertad por haberse manifestado de manera legítima en un  contexto político que hoy tiene como resultado la instalación de la Convención y la redacción de una nueva Constitución.

El abogado también señaló que el proyecto de Indulto General como salida política recurre a un instrumento legítimo y regulado por la Constitución del 80, y que frente a  la abrumadora mayoría de los casos en donde hubo una absoluta vulneración del principio de inocencia, de la libre circulación y de la igualdad ante la ley, se concluye que los agentes del estado no solo vulneraron derechos de personas sino que cometieron crímenes de lesa humanidad lo que acredita su justificación por el derecho internacional humanitario y por el derecho internacional.

Una tensa sesión se ha desarrollado durante la mañana de este jueves en el pleno de la Convención Constitucional, luego de que varios convencionales plantearan su desacuerdo con la fórmula propuesta por la mesa directiva para deliberar y votar en general el reglamento principal, el de ética y de participación indígena.

Todo se originó luego de que la presidenta del órgano, Elisa Loncon, junto al vicepresidente, Jaime Bassa, dieran cuenta de un acuerdo al que llegó esta mañana la testera ampliada para que durante el proceso de definición programado para esta jornada algunas normas se votaran por dos tercios y otras por mayoría absoluta.

Según afirmó la representante  de escaños reservados, Isabel Mamani, la aplicación de esa norma impide la posibilidad de que se pueda desarrollar una consulta indígena sobre las materias que se aborden en la Convención, lo cual contraviene, a su juicio, acuerdos internacionales ratificados por nuestro país.

Esta postura fue compartida por Isabel Godoy, quien agregó que temas vinculados a los D.D.H.H no pueden sometidos al quórum de los 2/3, afirmando  que la Derecha teme cuando figura el concepto de “vinculante”.

En tanto la constituyente  Margarita Vargas sostuvo que ya basta de los discursos  y las palabras en la Convención sin que se de paso a la votación del reglamento.

Asimismo, los convencionales Ingrid Villena, Natalia Henríquez (Pueblo Constituyente), Alondra Carrillo (IND), Hugo Gutiérrez y Marcos Barraza (PC) cuestionaron la determinación “unilateral” adoptada por la mesa, la cual aseguraron fue impulsada por parte de los “sectores más conservadores” de la Convención.

No se puede actuar con discrecionalidad cambiando las reglas del juego en la @convencioncl y menos en relación a normas que afectan a los pueblos originarios. Algunos siguen insistiendo en los 2/3 como si esto fue un dogma para la Nueva Constitución. pic.twitter.com/dYbwetjYhR

— Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) September 9, 2021

❌SE SUSPENDE SESIÓN DEL PLENO. Aquí te cuento qué pasó hoy en la #ConvenciónConstitucional y el correo que lo complicó todo.
La mesa ampliada se encuentra reunida esperamos que pronto retomemos nuestras funciones. VIDEO: https://t.co/y32byyhUkz#Jueves #votaciones #reglamento pic.twitter.com/9Tney8kHTX

— Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) September 9, 2021

Con el reinicio de la sesión, hemos aprobado continuar la deliberación de las propuestas reglamentarias.
Les comparto acá la propuesta aprobada. pic.twitter.com/a9RMtz4XRX

— Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) September 9, 2021

Karol Cariola, diputada del Partido Comunista integrante del comité político del Comando Presidencial de Gabriel Boric, dijo que hay espacios de coordinación importantes entre el bloque “Chile Digno” y el Frente Amplio, con miras a conquistar tanto un futuro gobierno, como las correlaciones de fuerzas que se requieren en el Parlamento.

En su diagnóstico, la inscripción de una lista única del pacto “Apruebo Dignidad”, reafirmó su voluntad política de trabajar en torno a un proyecto transformador y anti-neoliberal.

La parlamentaria destacó que Gabriel Boric ha manifestado su total disposición a llevar adelante el proceso de cambios que el país demanda y entregar todas las herramientas posibles a la Convención Constitucional para lograr los objetivos trazados.

Karol Cariola enfatizó que el programa de Gobierno del “Apruebo Dignidad”, viene a romper con la lógica de administración neoliberal, propia de los Gobiernos de derecha y concertacionistas durante los últimos treinta años.

La diputada comunista sostuvo que a diferencia del resto de la oposición, lo que buscan como bloque es generar transformaciones de fondo al modelo neoliberal, y ofrecer al país una nueva alternativa de desarrollo.

Karol Cariola remarcó que esta transformación debe ser lo más profunda posible, tomando en cuenta que el modelo neoliberal ha generado una desigualdad extrema y grave daño medioambiental.

La integrante del equipo político del Comando Presidencial de Gabriel Boric, valoró que desde “Apruebo Dignidad”, hayan logrado unificar a las fuerzas anti neoliberales para contrarrestar la arremetida de los defensores del modelo, en contra del ecosistema y la dignidad humana. 

El dirigente del Partido Comunista y convencional del distrito 13, Marcos Barraza, valoró que entre las propuestas de la comisión de Derechos Humanos del órgano constituyente, se estableciera dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura –conocida como “Comisión Valech”.

El académico afirmó que esta iniciativa es consistente con el derecho a reserva de las víctimas, y se ajusta al estándar internacional en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición.  

El exministro de desarrollo social aclaró que en todos los casos, debe conocerse la identidad de los violadores de Derechos Humanos, pues mantenerlos en el anonimato no entrega la garantía de no repetición.  

Asimismo, el convencional ratificó el respaldo de su colectividad a la machi Francisca Linconao, quien ha sido víctima de injurias y ataques racistas, dentro y fuera de la Convención Constitucional.  

A juicio de Barraza, lo que se le está penalizando a la machi es ser una autoridad ancestral del pueblo mapuche, y que se ha enfrentado al Estado chileno por su negación sistemática a los derechos de las primeras naciones.  

El convencional del distrito 13 advirtió que la derecha busca retrotraer la discusión del periodo dictatorial en Chile, al promover la violencia de sectores extremistas en contra de los pueblos originarios.  

Finalmente, Marcos Barraza reiteró que los comunistas van a seguir defendiendo el derecho de la machi Linconao a vivir a plenitud en su condición de integrante del pueblo mapuche.  

En conversación con Antonia Rolland, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES y quien integra la toma de las dependencias centrales del INDH,  señala que solo un tercio de quienes ha sufrido represión estatal tras el estallido social, han sido defendidos por la entidad bajo la dirección de Sergio Micco.

Frente a la potestad del organismo público no ejercido y ante el no cumplimiento de sus obligaciones, los activistas han interpelado recientemente al principal encargado de la entidad sin encontrar un escenario de diálogo efectivo frente a su petitorio por la libertad de los presos de la revuelta y la reparación de los sobrevivientes de la violencia estatal.

La vocera de la Aces tras dos meses de toma, señaló que seguirán interpelando desde la calle en donde la ocupación del edificio refleja una intención de avanzar y apoyar a los grupos y comunidades afectadas, así como la construcción de una experiencia para generar comunidad y la sociedad que se quiere en base al apoyo mutuo.

Tras una investigación de más de dos años, el colectivo vuelve a escena con este montaje que aborda los conflictos socioambientales derivados de la extracción minera.

En conversación con el director y dramaturgo, Eduardo Luna, conocemos junto a Richard Sandoval y Javiera Larraín, detalles de la obra que  da cuenta de una comunidad afectada tras la construcción del tranque de relaves minero El Mauro, ubicado en la Región de Coquimbo que con 1.700 millones de toneladas de desechos, es considerado el más grande y tóxico de Latinoamérica.

Organizaciones humanitarias  y sociales convocaron a una Marcha por los DD.HH.  para el sábado 11 de septiembre  bajo la consigna “la impunidad  de ayer, es la causa de las injusticias de hoy”.

Tal como lo expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira, esta movilización   busca además condenar los dichos del ex presidente Ricardo Lagos y otros personeros, quienes se han manifestado  en contra del levantamiento del secreto por 50 años de la información recabada por la Comisión de Prisión Política y Tortura, obtenida de los testimonios de las víctimas de la Dictadura.

Alicia Lira cuestionó que el  ex mandatario se arrogue la representación de los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos a manos de la represión, pues  ha sido participe  de la ausencia  de justicia  efectiva y reparación.

En la convocatoria  el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Jose Pérez Debelli señaló que recibe con gran esperanza la proposición de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente,  en relación al levantamiento del secreto establecido en Comisión  Nacional de Prisión Política y Tortura.

Para el timonel de la ANEF,  ningún gobierno, ha tenido preocupación por las víctimas ni los familiares de las víctimas que llevan más de 4 décadas luchando, existiendo aun más 900 detenidas y detenidos desaparecidos, sin que exista una unidad estatal de búsqueda de ellos.

Junto reiterar su llamado a esta marcha para el 11 de septiembre a las 10 de la mañana desde Plaza Los Héroes, las organizaciones  de D.D.H.H insistieron en que la verdad y la Justica, la Reparación y las Garantías de no Repetición son derechos inalienables que corresponden no solo a las víctimas sobrevivientes sino que al conjunto de la sociedad.