Con una marcha desde Plaza Italia hasta La Moneda, denominada “Paro Social por la Educación”, el Colegio de Profesores realizará una protesta en contra del veto del Presidente Sebastián Piñera a la ley de estatuto docente, que elimina la causal de despido por evaluación, entre otras materias de orden laboral.

La vicepresidenta del Magisterio, Paulina Cartagena, dijo que esta es una convocatoria amplia y de toda justicia, frente al arduo trabajo que llevaron a cabo junto al Parlamento para aprobar un proyecto de larga data, y que tiene que ver con las movilizaciones de 2019.  

Paulina Cartagena repudió que Sebastián Piñera recurra al veto presidencial, pasando a llevar las demandas históricas del profesorado, así como la voluntad mayoritaria del Parlamento.  

La dirigenta del Colegio de Profesores acusó falta de voluntad política del Gobierno para avanzar en materias concretas, frente a la situación de agobio permanente en que se encuentran los docentes.  

En ese sentido, Paulina Cartagena se mostró expectante de que el Congreso logre alcanzar el supra-quórum de dos tercios que se requiere para rechazar el veto presidencial.  

El Colegio de Profesores criticó este domingo que el Gobierno anunciara que vetará el proyecto de ley que entrega mejoras en las condiciones laborales del profesorado, dado que -aseguraron- “son acuerdos importantes” que se habían logrado hace años.

Según anunció durante la semana el Ejecutivo, este veto supresivo busca eliminar algunas indicaciones de la iniciativa de modificación al estatuto docente, la consagración legal de las vacaciones de invierno y la titularidad docente, entre otras medidas aprobadas en su trámite final por la Cámara Baja el 9 de septiembre.

Esta semana una decena de personas se reunieron en las calles céntricas de Valparaíso para “enjuiciar” y exigir la renuncia de Sebastián Piñera a la presidencia de la República.

En la performance política, que se desarrolló en las calles aledañas a la Intendencia Regional, se le leyeron una serie de “cargos” como por ejemplo el Robo al Banco de Talca, Evasión de impuestos y violaciones a los derechos humanos, causado sorpresa y múltiples abucheos al actor caracterizado del Presidente.

Presente en la actividad, el candidato a diputado por el distrito 7, Luis Cuello aprovechó para entregar una carta en la Intendencia donde exigió la renuncia del mandatario.

Al respecto Cuello señaló: “Esta mañana entregamos una carta al delegado presidencial Jorge Martínez, en su calidad de representante directo del Presidente de la República. Creemos que lo que está pasando en Chile es grave. El Presidente Piñera está investigado penalmente por el ministerio público por cohecho, soborno y delitos tributarios y creemos que en esta condición está inhabilitado moralmente, y por eso esperamos que renuncie a su cargo”.

Carta a Piñera:

Señor

Jorge Martínez Durán

Delegado Presidencial

Región de Valparaíso

De mi consideración :

Me dijo a usted en su calidad de representante del Presidente de la República en nuestra región. Las recientes revelaciones del Pandora Papers, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han puesto nuevamente al Gobierno de Chile en el centro de la atención internacional. Primero nuestro país fue cuestionado por las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Hoy, el mundo se entera de oscuras operaciones financieras del Presidente en paraísos fiscales sobre un proyecto minero que atenta contra el medio ambiente.

La apertura, por parte del Ministerio Público de una investigación penal por cohecho, soborno y delitos tributarios, en contra del Presidente Piñera hacen insostenible su permanencia en el cargo. Sin perjuicio de la acusación constitucional que se presentará en la Cámara de Diputadas y Diputados, creemos necesario que, por el bien de nuestro país y de su imagen en el exterior, el Presidente Piñera presente su renuncia. Un Presidente investigado por delitos contra la probidad está inhabilitado moralmente para gobernar.

Saluda atentamente a usted,

Luis Cuello

Candidato a Diputado

Partido Comunista

A propósito del reciente informe por el caso del gas licuado, la parlamentaria solicitó en la Comisión de Economía se oficiara a las entidades correspondientes a fin de analizar los precios de distintos productos de uso cotidiano de las familias que han subido notoriamente en pandemia.

La jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social, diputada Alejandra Sepúlveda, ofició este martes a través de la Comisión de Economía, a la Fiscalía Nacional Económica y al Ministerio de Economía, a fin de solicitar se realice un estudio de los precios de diversos productos contenidos en la canasta familiar, principalmente alimentos, que han visto incrementado su valor de manera importante en este tiempo de pandemia.

Según explicó la parlamentaria, “hemos solicitado en la Comisión de Economía que se pueda oficiar lo antes posible a la Fiscalía Nacional Económica para que pueda estudiar, de la misma forma como hizo con el gas, con el papel confort, con los pollos, con las farmacias, si existe colusión o si existe concentración en los precios que hoy día están afectos a la canasta familiar. Éstos son fundamentalmente los alimentos, la vida cotidiana de las personas, de las familias, por lo tanto nosotros hemos visto cómo ha ido en aumento y queremos revisar, a través de este organismo que hoy día a mostrado una eficiencia muy importante, de que también pueda controlar, chequear, fiscalizar y analizar los distintos precios en la canasta familiar”, concluyó.

Cumpliendo 25 años de existencia, la encuesta Latinobarómetro 2020 que se realiza en 18 países de la región arrojó múltiples conclusiones y análisis de lo que ha estado ocurriendo en los países de América Latina.

En entrevista con su directora la economista Marta Lagos se comentan importantes tendencias a nivel continental como la crítica a los gobiernos  y la profunda queja por la falta de acceso a las garantías sociales.

Observando que todas las demandas manifiestas durante el ciclo de protesta social del 2019 se mantienen pendientes, la directora de Latinobarómetro indicó la alta probabilidad de que los pueblos salgan a las calles nuevamente al finalizar la pandemia.

Al respecto, se refirió al elevado descontento registrado respecto a la labor de los gobiernos, en donde casi el 90% señala que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio. De manera similar, se testearon altos grados de insatisfacción por falta de acceso a la  justicia, educación y salud, en donde uno de los países que percibe mayor injusticia resulta ser Chile con porcentajes iguales o mayores al 90%.

En relación al apoyo a la democracia  Chile presenta uno de los números más altos por sobre los 11 puntos promedio, lo que de acuerdo al análisis de la especialista es consecuencia del proceso institucional y democrático de la Convención.

En relación a las elecciones presidenciales, Marta Lagos señaló que el próximo gobierno deberá prioritariamente atender a las demandas por cambios estructurales, dado que la actual situación impide que el país de un paso efectivo al desarrollo.

Frente a la carrera presidencial la economista criticó que ciertos temas secuestren el real propósito informativo de la campaña, impidiendo que el elector se entere de las políticas y posiciones de cada candidato, al tiempo que produce un efecto muy perverso en hacer que la gente se reste de ir a votar.

De esta manera, señaló, una votación baja impactará en la distribución de las fuerzas al interior del Parlamento y en las posibilidades de que el futuro gobierno tenga alguna mayoría razonable para proporcionar cambios legislativos  durante su período.

El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo Teillier, defendió la presentación de una acusación constitucional  en contra de Sebastián Piñera, al considerar que el mandatario ha afectado fuertemente  la honra del país, tras su vinculación con los denominados  “Pandora Papers”.

Para el parlamentario  sólo se ejercen las herramientas  de fiscalización que la propia Constitución  de la Dictadura ha establecido como juicio político en contra del presidente de la republica.

Guillermo Teillier acusó un cinismo de la Derecha al señalar que la oposición busca propiciar un golpe de Estado blando en contra de Piñera, a propósito de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Junto con quitar dramatismo  a una posible destitución  de Piñera, el candidato a senador por la región Metropolitana, afirmó que la preocupación cabe para quienes defienden y buscan prolongar  la labor de este gobierno, como es el candidato  presidencial oficialista Sebastián Sichel.

Finalmente el timonel comunista expresó que los ilícitos en los que pueda estar involucrado Sebastián Piñera y su familia, deben ser investigados a fondo por la justicia, siendo los parlamentarios  quienes iniciaran al mismo tiempo, un juicio político ante sucesos que lesionan gravemente la fe pública , concluyó Guillermo Teillier .

El vicepresidente de regiones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Carlos Insunza, se refirió a la millonaria compra-venta de minera Dominga, sellada entre las familias Délano y Piñera en un paraíso fiscal, a propósito de la investigación que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos (SII), para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados ‘Pandora Papers’.

En su diagnóstico, resulta improbable que la investigación que cursa el Ministerio Público por sospechas de soborno, cohecho y delitos tributarios, derive en procesos sancionatorios, tratándose de operaciones que se cursaron hace más de 10 años.

Por ende, el dirigente del Partido Comunista indicó que se requiere con suma urgencia de la acción del poder legislativo en la reestructuración del sistema tributario vigente.

El vicepresidente de regiones de la ANEF sostuvo que hay que evaluar los plazos de prescripción de delitos tributarios, así como el establecimiento de mecanismos sancionatorios.

El consejero nacional de la CUT, dijo que también es necesario terminar con el secreto bancario, a objeto de que el Servicio de Impuestos Internos pueda fiscalizar los flujos de aquellos contribuyentes de más altos ingresos.

Asimismo, Carlos Insunza afirmó que la ley de modernización tributaria vino a retrotraer los pocos avances del Gobierno anterior, respecto a poder sancionar la elusión de impuestos.

El dirigente comunista repudió que el gran empresariado y el propio presidente de la República, estén dispuestos a defraudar al fisco en perjuicio directo de la clase trabajadora, con tal de maximizar sus ganancias.

Carlos Insunza concluyó que el caso “Pandora Papers” vino a remecer a la institucionalidad en su conjunto, dejando en evidencia la falta de instrumentos de fiscalización al gran empresariado y a la elite política.

Mediante un comunicado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), exigió la investigación por parte del Poder Judicial y del Poder Legislativo, a raíz de la venta accionaria del Proyecto Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas de la familia Piñera Morel al empresario y amigo personal del Presidente, Carlos Alberto Délano.

La multisindical solicitó, de este modo, que el Poder Judicial y el Poder Legislativo, por la capacidad fiscalizadora de las y los diputados y una eventual acusación constitucional, investiguen todas las aristas delictuales de los nuevos antecedentes surgidos, en un contexto en que la ciudadanía castiga más la falta de transparencia, el tráfico de influencias y la evasión de impuestos.

Al respecto, el secretario general de la CUT y presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, Eric Campos, dijo que junto a los trabajadores de la salud, se manifestaron a las afueras de La Moneda, para expresar su indignación frente a un negocio que deja en entredicho la calidad moral del presidente de Chile.

Eric Campos añadió que el mandatario está dejando un legado de evasión de impuestos y violaciones a los Derechos Humanos, que a su vez, viene a develar la falta de ética de la derecha en el poder.

El secretario general de la CUT criticó que en medio de una crisis socio-sanitaria de proporciones, Piñera haga negocios que le permiten evadir impuestos a costa de afectar el erario nacional.

El presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, sostuvo que el abuso de poder y falta de probidad del mandatario, afecta directamente al sistema político, toda vez que sus negocios se enmarcan en una red internacional de saqueadores del Estado, compuesta por ex presidentes de la República, ministros de justicia y otras autoridades.

Eric Campos calificó como “vergonzoso” el rol que ha jugado la justicia en todo este proceso, demostrando en los hechos, que existe una construcción jurídica que privilegia la expansión del capital.

El secretario general de la CUT indicó que el poder judicial es permanentemente funcional a los grandes poderes económicos y políticos del país, en los procesos de corrupción en Chile.

Finalmente, Eric Campos consideró lamentable que el poder judicial actúe en complicidad del abuso del gran empresariado, tal como lo hizo en Dictadura con los violadores a los Derechos Humanos.

Respaldamos la acusación constitucional contra el presidente empresario #FueraPiñera 👊 pic.twitter.com/d7Wmg0ItR4

— CUT Chile ✍️🗳 (@Cutchile) October 8, 2021

La revelación sobre la compraventa de la minera Dominga en 2010, realizada entre la familia de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano, con el adicional posible conflicto de intereses en la bajada del proyecto Barrancones, llevó al Fiscal Nacional Jorge Abbott a instruir una investigación a la unidad anticorrupción del Ministerio Público en orden a determinar la existencia de delitos tributarios, negociación incompatible y un eventual tráfico de influencias.

El abogado Manuel Monsalve, quien patrocinó la querella en contra de Sebastián Piñera por el presunto uso de información privilegiada en el llamado caso Exalmar se refirió a los nuevos antecedentes sobre la venta de Minera Dominga y cuestionó duramente la labor investigativa que podría llevar adelante la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Sin embargo, el profesional dijo que lo positivo es que se ha demostrado el trato diferente que tiene el gran empresariado, por parte del ministerio público y el poder judicial, respecto a personas detenidas por otras causas, como los presos de la revuelta popular.

Manuel Monsalve destacó que ha quedado en evidencia la necesidad de modificar de raíz el Ministerio Público y el poder judicial, a propósito del debate constitucional en curso.

El abogado aclaró que el caso de la Minera Dominga nunca fuera investigado, pese a la solicitud hecha al fiscal Manuel Guerra de ampliar la diligencia, e investigar el eventual delito de cohecho.

Manuel Monsalve también fue consultado por los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien aseguró que la decisión del Fiscal Nacional es una muestra que en Chile las instituciones funcionan, además de afirmar que esto va en la misma línea que ha planteado el propio Presidente Piñera en cuanto a esclarecer por todas las vías necesarias que no existió delito y que su proceder no tiene cuestionamiento penal.

Al respecto, el abogado sostuvo que Galli representa lo peor de este Gobierno, el cual no aplica en sus declaraciones la igualdad ante la ley, y recurre permanentemente a la mentira.

Respecto a las actividades indagatorias encargadas a la Unidad anticorrupción del Ministerio Público por parte del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, Monsalve explicó que  podrían configurarse eventuales delitos tributarios, de negociación incompatible y de tráfico de influencias  e incluso una posible conducta elusiva de impuestos de parte del Presidente de la República.

Jose Parra y Richard Sandoval abordan el impactante y crudo juego de la sobrevivencia que vuelve en esta realización coreana y que se encuentra en las pantallas de Netflix desde septiembre.