Durante la jornada del viernes 23 de abril, fue presentado por un grupo de parlamentarios, un requerimiento de implicancia contra la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm Barril, con lo que se busca inhabilitarla ante el recurso constitucional presentado por el presidente Sebastián Piñera, frente a la aprobación en el Congreso del proyecto de reforma constitucional que busca el tercer retiro de un porcentaje de fondos previsionales.
La acción, según explicó el diputado por el distrito 2 de la región de Tarapacá, Rubén Moraga Mamani, uno de los legisladores que respaldaron la acción que fue impulsada por el diputado Karim Bianchi Retamales, se fundamenta en el vínculo de la ministra con el mandatario, tras haberse desempeñado durante los años 2010 y 2013 como su jefa de asesores, cargo de exclusiva y directa confianza del presidente, y que por su naturaleza, implica una alta cercanía con el primer mandatario.
“Yo fui uno de esos diputados que apoyó la acción del diputado Bianchi para impugnar a la presidenta del TC, para que quedara al margen por tener conflicto de intereses, pero al final del día esperamos que las estrella iluminen a los integrantes del tribunal y voten a favor de las mayorías que están esperanzados en este tercer retiro, para sortear esta crisis económica agravada por la pésima gestión de este desgobierno que no tiene humanidad”, enfatizó.
Esta acción se suma a la anunciada desde el senado y que persigue el mismo fin. Esperando exista un pronunciamiento del tribunal el lunes 26 de abril, mismo día en que se esperan novedades respecto de esta iniciativa de reforma constitucional catalogada de urgente para los chilenos y chilenas.
“Parece que en el gobierno no entienden las demandas y urgencia de todos los ciudadanos y ciudadanas que están pasando hambre y bastante complicados con la crisis. Los bonos, la gran mayoría se ha dado cuenta del portazo que significó porque no califican, lo dijimos, son bonos con letra chica mayúscula”, expresó el parlamentario comunista. “Ahora, es otro portazo en nuestras narices al llevar esta propuesta al tribunal constitucional, es una indolencia, es una falta de humanidad de este gobierno”, agregó el diputado Moraga Mamani.
Proyecto
La sala de la cámara de diputadas y diputados, aprobó este viernes 23 de abril, con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, las modificaciones hechas en el senado al proyecto, concluyendo con ello su trámite legislativo en el congreso nacional. El diputado Moraga fue uno de quienes votaron a favor, cuya participación fue de manera telemática.
La iniciativa conservó lo aprobado inicialmente, que permite un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones, con 150 Unidades de Fomento (UF) como tope máximo, y 35 como mínimo.
Agrega un nuevo artículo transitorio a la Constitución, que especifica que este retiro es para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado por el COVID-19, y que autoriza, voluntaria y excepcionalmente, un nuevo retiro de los fondos previsionales. En el caso, si el fondo acumulado en la capitalización individual es inferior al tope mínimo de 35UF para acceder al tercer retiro del 10%, el afiliado podrá retirar la totalidad de sus fondos.
Además, los fondos que se retiren, se consideran como intangibles que no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual. Tampoco constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, por lo que no estarán afectos a comisiones o descuentos por parte de las administradoras de fondos de pensiones.
Dentro de las modificaciones realizadas por el senado y ratificadas por la cámara baja, están el garantizar la cancelación de deudas por pensiones de alimentos, y que los pensionados de rentas vitalicias puedan solicitar anticipo con cargo a sus rentas vitalicias futuras.
