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Pandora Papers vino a remecer la institucionalidad en su conjunto, dejando en evidencia la falta de instrumentos de fiscalización al gran empresariado y a la elite política señala Carlos Insunza

El vicepresidente de regiones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Carlos Insunza, se refirió a la millonaria compra-venta de minera Dominga, sellada entre las familias Délano y Piñera en un paraíso fiscal, a propósito de la investigación que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos (SII), para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados ‘Pandora Papers’.

En su diagnóstico, resulta improbable que la investigación que cursa el Ministerio Público por sospechas de soborno, cohecho y delitos tributarios, derive en procesos sancionatorios, tratándose de operaciones que se cursaron hace más de 10 años.

Por ende, el dirigente del Partido Comunista indicó que se requiere con suma urgencia de la acción del poder legislativo en la reestructuración del sistema tributario vigente.

El vicepresidente de regiones de la ANEF sostuvo que hay que evaluar los plazos de prescripción de delitos tributarios, así como el establecimiento de mecanismos sancionatorios.

El consejero nacional de la CUT, dijo que también es necesario terminar con el secreto bancario, a objeto de que el Servicio de Impuestos Internos pueda fiscalizar los flujos de aquellos contribuyentes de más altos ingresos.

Asimismo, Carlos Insunza afirmó que la ley de modernización tributaria vino a retrotraer los pocos avances del Gobierno anterior, respecto a poder sancionar la elusión de impuestos.

El dirigente comunista repudió que el gran empresariado y el propio presidente de la República, estén dispuestos a defraudar al fisco en perjuicio directo de la clase trabajadora, con tal de maximizar sus ganancias.

Carlos Insunza concluyó que el caso “Pandora Papers” vino a remecer a la institucionalidad en su conjunto, dejando en evidencia la falta de instrumentos de fiscalización al gran empresariado y a la elite política.

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