Alertada por la cifra de contagios que cifró en más de 9000 casos esta jornada, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social Alejandra Sepúlveda insistió en su llamado al gobierno al no llevar al Tribunal Constitucional el  tercer retiro del 10 %.

La parlamentaria por la región de O’Higgins expresó que ante este dramático escenario sanitario, las autoridades deben  tomar medidas para que las personas no se vean  obligadas a buscar su sustento  a las calles  en medio de la pandemia.

Del mismo modo, la diputada regionalista sostuvo que el confinamiento  estricto requiere medidas económicas  como el tercer retiro del 10 %, focalizando el Estado su  ayuda en aquellas personas que ya no cuentan con fondos previsionales.

Alejandra Sepúlveda advirtió que pese  al inminente  requerimiento  ante el Tribunal Constitucional, su fallo anterior contra el segundo retiro, no constituye  una jurisprudencia  definitiva, recordando  que no hubo unanimidad en este organismo respecto al rechazo.

Finalmente la diputada Alejandra Sepúlveda reiteró que el Ejecutivo debe hacer un mea culpa por el mal manejo de la pandemia y colaborar incluso con sus propios parlamentarios  para promover soluciones, que si bien consideró no son las mejores, tienen un impacto importante en la población como es el proyecto  del 10 % que abordará el Congreso la próxima semana.

Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, señaló que la designación de Patricio Melero como ministro del Trabajo, obedece al afán del presidente de la República de seguir adelante con su gobernanza pro empresarial en circunstancias donde el Congreso presiona una serie de medidas estructurales para sortear los efectos de la pandemia.

En su diagnóstico, lo que Piñera busca es evitar a toda costa que la oposición interfiera en los negocios de las 10 familias más ricas del país, sector al cual pertenece, y cuya fortuna se ha incrementado en un 73 % durante la crisis sanitaria.

El dirigente comunista dijo que en el periodo de la Unidad Popular, Melero tomo posición a favor del gremialismo, siendo el sector de la derecha que patrocinó los golpes de Estado en Chile y  Latinoamérica.

Juan Andrés Lagos sostuvo que el mandatario ya superó todos los límites del sistema democrático, al gobernar para la oligarquía de la cual es parte, a costar de la violación permanentemente de los Derechos Humanos.

El analista político afirmó que el nuevo ministro del trabajo va a perpetuar las lógicas de dominación propias de la elite, cerrando toda posibilidad de entregar ayudas reales a la ciudadanía en tiempos de crisis económica, ya sea por la vía represiva o mediante requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Juan Andrés Lagos calificó como un contrasentido que el propio Fondo Monetario Internacional esté planteando un impuesto “temporal” y solidario a los más ricos del mundo, en paralelo a que un documento estadounidense advierta que en Chile se están violando los Derechos Humanos de manera brutal.

En su diagnóstico, el verdadero temor del FMI y Estados Unidos es que la estabilidad del sistema monetarista se vea amenazada por el recrudecimiento de la crisis social y las potenciales consecuencias de un descontento generalizado.

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, aclaró que tanto el FMI como organismos de Derechos Humanos estadounidenses están preocupados de la estabilidad del sistema monetarista, siendo esa su verdadera preocupación, más allá del crecimiento económico, la superación de la pobreza o el término de la violencia estatal.

El próximo lunes 12 de abril será de manera oficial el inicio de las negociaciones  entre el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores para definir el salario mínimo, ya que recordemos que el 1 de mayo concluye el plazo para evaluar la cifra actual que suma 326.500 pesos.

Al respecto, la presidenta de la multigremial Bárbara Figueroa expresó que previo a esta proceso de reuniones con Hacienda, han entregado una nota en donde detallan que junto al petitorio del reajuste del ingreso mínimo viene adosada la necesidad de una renta Básica Universal  para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.

Del mismo modo el Secretario General de la CUT, Nolberto Díaz, manifestó que los chilenos  han sufrido una gran precariedad los últimos años, agudizado este escenario  por la pandemia, por lo que ahora es justo que las autoridades  se sienten en serio a conversar para  resolver estas demandas.

Al interior de le Central Unitaria de Trabajadores adelantaron que el piso de este proceso de reajuste del salario mínimo contempla   una cifra que logre superar la línea de la pobreza, equivalente a 500 mil pesos, mas una renta básica Universal que ronde este mismo guarismo.

🔴 AHORA | CUT se reúne con ministro de Hacienda para solicitar inicio de las negociaciones del Salario Mínimo. pic.twitter.com/0UsOCYzLoQ

— CUT Chile ✍️🗳 (@Cutchile) April 8, 2021

PRENSA | El lunes se inicia proceso de negociación del Salario Mínimo: CUT plantea $500 mil

"Queremos una conversación seria, urgente y necesaria, porque es lo que el país necesita", exige @NolbertoDiaz

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— ND Sindical (@NDsindical) April 9, 2021

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP,  señalaron que la designación de Patricio Melero como ministro del Trabajo, es la confirmación de la declaración de guerra hecha por Sebastián Piñera al pueblo de Chile.

Así lo expresó su presidenta, Alicia Lira, recordando que el exdiputado UDI representa la complicidad del mundo civil con una Dictadura que impuso su voluntad a sangre y fuego.

La dirigenta de DD.HH. señaló que tras este nombramiento, el Ejecutivo  prosigue una política de represión  y rechazo feroz a las demandas  de la ciudadanía organizada.

Alicia Lira se refirió a la designación del hijo  del genocida Cristian Labbé como diputado, advirtiendo  que más allá de las responsabilidades  personales, la UDI ofende con este nombramiento  los principios básicos de nuestra democracia,

Así mismo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos reiteró que el actuar político de Sebastián Piñera con estos cargos ministeriales  y tras la revuelta social, confirman su simpatía y admiración por los mecanismos  del terror que caracterizaron  al dictador Augusto Pinochet.

Las y los candidatos por las alcaldías de Chile deberán enfrentar importantes desafíos en la próxima votación de mayo, en especial, quienes disputen los municipios cuyos actuales ediles no pueden renovar su elección.

Uno de ellos es el candidato y actual Concejal de la comuna de Pudahuel, Gonzalo Lizana, quien aboga por el levantamiento de una alcaldía popular, con participación efectiva y proyectos cuya prioridad son  los adultos mayores, las mujeres, cultura, vivienda, deportes y educación, entre otros.

Mauro Tamayo, quien  en el 2016 fue electo como alcalde  de Cerro Navia con el  46,09% de los votos, hoy postula a la reelección con el propósito de profundizar en las transformaciones efectuadas dentro del municipio, que en su gestión sumó  la Óptica, la Librería y  la Farmacia Popular, entre otros  avances y aportes.

En medio de las cuarentenas y el confinamiento, nace la primera experiencia colectiva de la comunidad gorda en Chile. Se trata de Yoga Gorde, un espacio protegido para cultivar los beneficios del yoga, especialmente pensado para los cuerpos voluminosos.

En conversación con su creadora, la filósofa, escritora, investigadora y activista gorda Andrea Ocampo Cea, conocemos de esta experiencia  reciente que este mes, abre el primer curso para Gordes Gestantes y otro de Prácticas para el Buen Dormir.

Para inscribirse y conocer más sobre el espacio puedes ir al instagram de @yogagorde o escribir a afocampo@uc.cl

Sin existir actos administrativos ni licitaciones públicas, durante 2020 la directora del IND, Sofía Rengifo, autorizó pagos superiores a las 4500 UTM vía trato directo a la empresa de seguridad “JCA Segurity Ltda” para instalar guardias en el centro acuático del Estadio Nacional. El requerimiento a Contraloría fue presentado por las diputadas Marisela Santibáñez (PC), Maya Fernández (PS) y Gonzalo Winter (CS) a raíz de la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional del Deporte (ANFUCHID).

El 23 de enero del 2020 se contrató vía trato directo, a la empresa de Seguridad “JCA Segurity Ltda”, con el objeto de instalar guardias de seguridad para el centro acuático del Estadio Nacional, cuyos servicios fueron utilizados hasta el 23 de marzo del mismo año, cobrando la suma de $127.500.051.

Al no existir ningún acto administrativo ni licitación para la contratación de la empresa, en junio del 2020 la directora del IND, Sofía Rengifo, ordenó el pago de la millonaria suma a través de resolución exenta bajo el fundamento que estos servicios habían sido prestados. Además, la directora ordenó una investigación sumaria para determinar responsabilidades en dicha contratación irregular.

El Presidente Nacional de Anfuchid, Álvaro Muñoz, explicó que “ante la gravedad de estos hechos, las Directivas de la Región Metropolitana y Nacional, acudieron a las diputadas para solicitar iniciar una fiscalización y denunciar ante la opinión pública, los evidentes hechos ilegales que pudieran constituir actos de corrupción, y que atentan contra la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos fiscales; en tiempos de crisis global donde son más necesarios que nunca”.

Al respecto, la diputada Marisela Santibáñez (PC) planteó que “las denuncias realizadas por la asociación de funcionarios son gravísimas, porque estos pagos se realizaron en los meses en que vivíamos los peores momentos de la pandemia y cuando el ministerio de Hacienda instruía a los servicios públicos la máxima austeridad fiscal para concentrar recursos en salud”.

A pesar de ordenar una investigación sumaria, el IND ejecutó un segundo pago de $107.000.000 dado que la misma empresa siguió entregando servicios de seguridad en el centro acuático del Estadio Nacional en los meses siguientes. Nuevamente, estos pagos fueron realizados sin contar con licitaciones ni actos administrativos.

Por su parte, la diputada Maya Fernández (PS) señaló que “es clave poder determinar si es que existieron anomalías en la contratación ya que se juega con la fe pública y la confianza en las instituciones. Si esto se comprueba, nos encontramos frente a una grave irregularidad y es gracias a los funcionarios y funcionarias que podemos solicitar que se investigue”.

Al cierre, la diputada Santibáñez enfatizó en la urgencia de realizar esta auditoría al Instituto Nacional del Deporte por parte del órgano contralor y agregó que “es importante que la contraloría determine las responsabilidades en esta millonaria contratación irregular para así tomar medidas administrativas y no seguir manchando el trabajo de muchísimos funcionarios y funcionarias públicas”.