Marcos Barraza, quien es candidato a constituyente por el distrito 13, que integra las comunas de Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, Lo Espejo y San Ramón, acusó una falla del Estado en la protección de la niñez, a propósito del crimen de tres menores en sólo una semana; Tomás Bravo en Lebú y otros dos baleados en encerronas.

En ese sentido, el exministro de desarrollo social afirmó que la nueva Constitución debe garantizar el cumplimiento integral de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, tratándose del sector más desprotegido en la actualidad por el modelo neoliberal.

Marcos Barraza dijo que es necesario revisar el protocolo de funcionamiento de Carabineros, en lo que respecta al abordaje de situaciones de vulneración a los derechos de la infancia.

El candidato a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad”, denunció que el Estado no está actuando oportunamente en la detección de eventuales riesgos a los que se vean expuestos menores de edad, aún cuando existe el precedente de denuncias previas.

Marcos Barraza indicó que las políticas destinas a la niñez no han avanzado a la velocidad que se requiere, debido a la ausencia de una mirada integral, por parte del Estado, así como los limites que permanentemente, los sectores neoliberales colocan en el debate.

Asimismo, el dirigente criticó el abordaje mediático del caso de Tomás Bravo y otros niños vulnerados en sus derechos, al priorizar el sensacionalismo, desvirtuando así los debates de fondo.

Finalmente, Marcos Barraza llamó a poner término a los despliegues comunicacionales que actúan con sensacionalismo extremo en situaciones tan límite como el asesinato de un niño.

Junto a Jose Parra, esta semana en Función Vermú ha sido dedicada principalmente a Christopher Nolan, realizador británico que en agosto del 2020 llevó a los cines la desbordante cinta “Benet”, la cual ya se encuentra disponible en Netflix.

Distintos actores sociales se manifestaron en  el frontis de los tribunales de justicia para exigir libertad e indulto de las y los presos políticos de la revuelta social.

Junto con denunciar la represión policial de la que fueron objeto en esta intervención urbana, la dirigenta de la Salud Municipal Carolina Espinoza, cuestionó que hoy en Chile la justicia actúe a favor de los poderosos.

Así mismo el consejero de la Central Unitaria de Trabajadores, José Galaz, acusó al gobierno de actuar en contra de los presos políticos  de la revuelta, con los mismos parámetros usados en la Dictadura.

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, exigió la disolución inmediata de Carabineros  dada su condición de agente represor  del pueblo organizado.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Asistentes de la Educación, Manuel Valenzuela, lo ocurrido  con estos jóvenes activistas  demuestran  lo desigualdad  de la Justicia chilena, la cual permite su prisión ilegitima, pero asegura impunidad para la corrupción y el cohecho.

Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Felipe Riquelme solidarizó,  con los presos de la revuelta, señalando que el Estado ha negado la reparación y el debido proceso en favor de quienes han reivindicado garantías esenciales.

Nolberto Díaz, Secretario General de la CUT, resaltó el apoyo sindical en favor de todos aquellos que ha sido objeto del terrorismo institucional  de este Gobierno.

Todos los dirigentes  instaron a los parlamentarios a aprobar el proyecto de indulto general a favor de aquellos privados de libertad a raíz de los hechos de octubre del 2019, pese a las presiones políticas y las amenazas del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar su avance legislativo.

La presidenta del Sindicato Nacional PRODEMU, Oriana Rengifo, reiteró la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que al igual que la autoridad sanitaria, instan a los empleadores a promover el teletrabajo como mecanismo de protección de las y los trabajadores.

Esto, ya que desde la dirección de PRODEMU han insistido en volver a funciones presenciales, exponiendo gravemente la salud de quienes deben ceñirse a las instrucciones de sus jefaturas, en medio de una ola de despido a personal con mucha antigüedad. Como resultado de esta medida, a inicios de febrero se registró el tercer contagio de Covid-19 en la oficina central de la institución, ubicada en pleno centro de Santiago.

Oriana Rengifo criticó que PRODEMU esté presionando para que vuelvan a las oficinas, sin entregar ningún argumento concreto, ni considerando que sus labores se siguen realizando de manera remota por no corresponder a trabajadores esenciales.

La presidenta del Sindicato Nacional PRODEMU denunció que además de las numerosas desvinculaciones ya cursadas, la institución infunde temor hacia quienes continúan con sus contratos vigentes.

Oriana Rengifo informó que el próximo viernes se reunirán con la directora nacional y su comité ejecutivo, instancia donde van a insistir en la continuidad de las medidas de auto cuidado.

Todo lo anterior tiene un correlato en la encuesta nacional y anónima realizada a las y los trabajadores/as sindicalizados de Fundación PRODEMU, con el apoyo de Fundación SOL para evaluar el impacto de la pandemia en ellas y ellos. Uno de los resultados que más preocupan, fue que el 42% de las y los encuestados, declaran haberse sentido presionados por sus jefaturas para volver al trabajo presencial.

“24/7” es el hito de regreso de la banda chilena Drogatones (DRGTNS) quienes nacen en el año 2005. Con una nueva narrativa temática y bajo un contexto de pandemia, la reciente creación de los músicos nos envuelve con su alusión de la nueva rutina de encierro.

Este tema está dedicado al amor hacia una hija o hijo y a la fuerza que ellos entregan a sus familias cada día. Se trata de una balada reggae que hace aflorar todas aquellas sensaciones de amor real a quienes la escuchan y que ha sido interpretada de las formas más libres entre sus seguidores.

Javier Castillo Julio, quien es candidato a  gobernador de Atacama por la lista “Dignidad Regional” y exdirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, subrayó que la impronta de su propuesta está basada en tres ejes fundamentales: defensa de Atacama, experiencia y mentalidad transformadora.

Profundizando en cada uno de ellos, el dirigente sindical detalló que su objetivo apunta a proteger los intereses de los trabajadores mineros ante la bonanza de los recursos naturales, y que esos recursos puedan ser re direccionados, en función de las necesidades locales.

El candidato a gobernador dijo que de asumir el cargo, continuará en la senda transformadora que marcó su gestión como consejero regional entre 2018 y 2020, periodo en el cual generaron una serie de iniciativas en reconocimiento del patrimonio histórico del sector minero.

Javier Castillo añadió que paralelamente a respaldar a los convencionales del mundo progresista electos en abril próximo, buscará mecanismos de diálogo bajo la legalidad actual, con aquellas empresas que teniendo responsabilidad social en Atacama, no han sido capaces de retribuir en ese aspecto, pese a sus cuantiosas ganancias a costa de los recursos naturales del territorio.

Del mismo modo, el exdirigente de la CUT fue enfático en sostener que las empresas de energía deben pagar un royalty por disponer de la luminosidad de la zona para instalar paneles solares, sin compensar su uso.

Javier Castillo aseguró que existen herramientas y la expertís suficiente para avanzar en la construcción de un gobierno regional, aún en medio del proceso de descentralización aún inconcluso.

Javier Castillo concluyó que la aprobación de los habitantes de la región es el gran instrumento político que tendrá el gobernador electo democráticamente a la hora de querer tomar decisiones estructurales, tal como lo hizo cuando en su calidad de Core, fue generando nuevas divisiones de fomento productivo y desarrollo social.

Andrés Solimano, economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, indicó que Chile cursa un proceso gradual, pero persistente de privatización y desnacionalización de la minería.

Para graficar dicho escenario, el exdirector del Banco Mundial remarcó que cuando el cobre atraviesa un ciclo alcista como el actual, la mayoría de las ganancias van al sector privado, desatendiendo las necesidades del Estado chileno.

Asimismo, el economista respaldó la propuesta presentada por el diputado por Atacama y la bancada regionalista, Jaime Mulet, de crear un impuesto adicionar al precio del cobre cuando éste supere los tres dólares la libra.

Andrés Solimano dijo que también es necesario reformar el gobierno corporativo de Codelco, dotando a la cuprífera de mayor autonomía a la hora de generar planes de inversión.

El presidente del CIGLOB destacó que el proceso constituyente es una gran oportunidad para cambiar la estructura institucional del cobre, considerando que el metal rojo sigue siendo el sueldo de Chile.

El economista Andrés Solimano se mostró expectante de que la Convención Constitucional sea una instancia para revisar en profundidad tanto la Ley Orgánica que rige a la gran minería, como el Estatuto de Inversión Extranjera, pues la Constitución actual viene a privilegiar la inversión extranjera por sobre el sector público y sus necesidades más urgentes.

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, acusó una intencionalidad de fondo por parte del gobierno, que es aplastar las reivindicaciones del pueblo mapuche, sobre todo la demanda del reconocimiento constitucional de las primeras naciones.  

El parlamentario afirmó que la militarización de la llamada Macro Zona mapuche es un hecho gravísimo, toda vez que se da en medio de una serie de situaciones confusas y contradictorias.  

Guillermo Teillier aclaró que frente al robo de madera, la ley podría aplicarse sin necesidad de recurrir a la represión estatal, paralelamente a investigarse quienes son los verdaderos responsables de esos delitos, en vez de culpar sin pruebas a supuestos extremistas mapuche.   

Asimismo, el timonel del PC criticó que el gobierno ponga el foco en la violencia, sin referirse a las consecuencias fatales que tuvo el Plan Araucanía, o a los grupos de derecha fascista que operan en el Wallmapu con armas de guerra.  

Guillermo Teillier miró con preocupación que algunos sectores del oficialismo lleguen al extremo de pedir que se declare Estado de sitio en la región de La Araucanía, insistiendo en la violencia como salida al conflicto mapuche.  

Finalmente, el diputado Teillier indicó que la postura del gobierno se traduce en una intencionalidad clara de frenar las reivindicaciones del pueblo mapuche, ad portas de la Convención Constitucional, en la cual todos los planteamientos de las comunidades indígenas serán puestos en debate.