El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ratificó que la acusación constitucional contra el ministro del interior, Víctor Pérez, es una medida necesaria para romper con el clima de impunidad que se ha venido profundizado en Chile a partir de la revuelta popular, por parte de Carabineros.

En su diagnóstico, la sociedad quedaría aún más desamparada si la Cámara de Diputados no ejerciera este recurso de fiscalización dirigido a autoridades políticas y funcionarios del Estado.

El dirigente comunista criticó la diferencia de trato por parte de Carabineros, entre quienes se manifiestan en Plaza Dignidad por demandas legítimas, y la movilización del gremio empresarial de Camioneros, quienes no fueron reprimidos, pese a provocar el desabastecimiento del país en medio de una emergencia sanitaria de proporciones.

Lautaro Carmona remarcó que el mandatario debiese pedir la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, siendo este el primer paso, para garantizar el cumplimiento riguroso de la ley frente al actuar criminal de una institución del Estado.

El secretario general del PC refutó los dichos del vocero de gobierno, Jaime Bellolio, quien sostuvo que habría una especie de chantaje al plantear que si  concreta la salida del general Mario Rosas, sería entonces necesaria la acusación constitucional contra Víctor Pérez.

Al respecto, el dirigente aclaró que ambas acciones son necesarias para terminar con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas de manera sistemática por funcionarios policiales.

Finalmente, Lautaro Carmona sostuvo que tanto la destitución del ministro del interior, Víctor Pérez, como la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, son medidas necesarias para dar una señal al país de fin a la impunidad y el abuso policial.

El Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero entregó una carta dirigida al Director General de Carabineros, Mario Rozas, exigiendo una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos el 2 de octubre en relación al joven de 16 años arrojado desde el Puente Pio Nono, además de estudiar y redefinir el rol que cumple dicha institución.

Jaime Gajardo, vicepresidente del Colegio de Profesores, informó que mediante esta nota, exigen a Carabineros, cesar con la doctrina del enemigo interno aplicada contra quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano, sostuvo que Carabineros tiene que terminar con su política de represión sistemática a partir de un debate estructural sobre el rol de la institución.

Ambos dirigentes del Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero, emplazaron a Carabineros y el gobierno a realizar una refundación institucional, con miras a erradicar su política de represión contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social.

Mujeres del comité de Allegados “todos por un sueño” se manifestaron para exigir que un terreno perteneciente a Bienes Nacionales sea entregado a la municipalidad de San Ramón para construir viviendas sociales. El sector en cuestión está ubicado a pasos del edificio del municipio y de momento se encuentra ocupado por una automotora.

María Mora, presidenta del comité de allegados “todos por un sueño” detalló que la seremi de Bienes Nacionales, Magaly Romero, reiteradamente ha puesto trabas, respecto a la documentación requerida para agilizar el cambio de uso de suelo.

Del mismo modo, María Mora criticó haber tenido que llegar al punto de manifestarse para recién obtener respuestas por parte del gobierno, tras nueve años de una serie de trabas burocráticas y mentiras emanadas de la autoridad.

La manifestación mantuvo cortada la caletera de Américo Vespucio hacia el sur, específicamente en su intersección con avenida La Bandera, y finalizó tras lograrse un acuerdo entre Carabineros y el municipio.

Quien presidiera la Comisión Investigadora por acuerdo Corfo – SQM, Esteban Velásquez (FRVS), señaló que “después no nos preguntamos por qué la gente está enardecida, pues son precisamente casos como éste, más el silencio de tantos padrinos, los que hacen que la sinvergüenzura salga tremendamente barata en este país”.

“La vida empresarial de Julio Ponce Lerou es un fraude”, así reaccionó el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, y quien presidiera en 2018 la Comisión Investigadora tras el acuerdo CORFO – SQM, tras ser consultado por la “nefasta decisión” de la Corte Suprema, que redujo la sanción desde los US$ 62 millones originales a menos de US$ 3 millones, por una serie de irregularidades por las que Julio Ponce Lerou tras seis años de juicio en el denominado caso Cascadas.

Al respecto, el parlamentario por Antofagasta señaló que ”de verdad, Ponce Lerou ha sido nefasto para la vida empresarial de Chile y lamentablemente vemos como se ha anotado otra nueva presea, esta rebaja que la Corte Suprema le provoca para no impactar en su patrimonio, rebaja increíble por decirlo de una manera decorosa. Que lamentablemente, nos dejan un poco perplejos, cuando si uno revisa además los jueces, los abogados que dictaminan a favor de Julio Ponce Lerou, nos damos cuenta de la influencia increíble de la relación de esos abogados en el mundo privado, incluso algunos de ellos prestando servicios a los propios sectores mineros ligados a SQM y a su dueño. Así, utilizando una jerga deportiva, así no se puede jugar, así no se puede salir a la cancha en igualdad de condiciones.

“Entonces mañana cuando nos preguntemos por qué la gente está enardecida, no nos sorprendamos, porque son justamente acciones como las de Ponce Lerou y además con el silencio cómplice de tanto padrino, lo que efectivamente hacen que nuestro país sea una bomba de tiempo, porque la sinvergüenzura aquí para algunos sale tremendamente barata”.

Por su parte, la jefa de  Bancada FRVS – IND y quien también integrara la Comisión Investigadora Corfo – SQM, Alejandra Sepúlveda (FRVS), recalcó que “en este país hay personas de primera, segunda y tercera categoría, y yo creo que Ponce Lerou es super premium, porque lamentablemente no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pese a los abusos que Ponce Lerou ha hecho en este país permanentemente”.

“Esto de esta rebaja de pasar de 62 millones de dólares a 3 es absolutamente impresentable, la gente no entiende lo que ha ocurrido, y yo creo que aquí hay una sola institución responsable y es el Tribunal Constitucional que una vez mas utiliza estos argumentos para proteger a los grandes empresarios y a las grandes empresas. Yo lamento lo que ha ocurrido en el TC pero más lamento que además sea vinculante para lo que significó la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema”, concluyó.

El dirigente político y exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció que Carabineros sigue actuando al margen del Estado de Derecho, incumpliendo protocolos que fueron establecidos por la propia institución para efectos de resguardar el orden público.

En su diagnóstico, ya se ha instalado en Chile una percepción negativa, respecto al actuar policial, tanto por la violación sistemática de Derechos Humanos, como numerosos hechos de corrupción que siguen impunes.

Marcos Barraza sostuvo que Carabineros perdió completamente el norte desde el estallido social en adelante, priorizando la defensa de los intereses de grupos dominantes, por sobre la protección de la ciudadanía.

El dirigente comunista señaló que Carabineros está lejos de ser una institución policial democrática, apegada a los principios de probidad, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

Asimismo, Marcos Barraza sostuvo que hay que erradicar el racismo que históricamente se ha ejercido contra el pueblo mapuche a partir de la militarización de La Araucanía, y una serie de montajes policiales.

El ex ministro de desarrollo social, manifestó que la defensa férrea a Carabineros, por parte del secretario del interior, Víctor Pérez, da cuenta de que el Gobierno ha optado por legitimar la represión con tal de mantener el orden político vigente.

Finalmente, Marcos Barraza sindicó al Gobierno como el principal responsable de que Carabineros persevere en una doctrina que colisiona con los parámetros democráticos propios de un Estado de Derecho.

Asimismo, adelantó que citarán al titular de Hacienda a la Comisión de Trabajo, de la que es integrante, para que aclare sus dichos.

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, calificó como un “nuevo chantaje”, los recientes dichos del ministro del Interior, Ignacio Briones, referentes a que de aprobarse un segundo retiro del 10%, no habría reforma previsional.

Al respecto, la parlamentaria integrante de la Comisión de Trabajo, señaló que “no veo al Ministro diciendo nada cuando se pierden miles de millones de pesos cuando baja la rentabilidad de los fondos, no pone en cuestionamiento absolutamente nada. Es por eso que queremos una explicación a lo que hay dicho el Ministro de Hacienda o esto solamente es un nuevo chantaje que tiene el Gobierno para no tener los votos para este segundo retiro.

“Yo lo encuentro de muy mal gusto este chantaje y es por eso que vamos a pedir y solicitar que pueda ir a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a explicar estos dichosa y cuáles van a ser las consecuencias si existiera este segundo retiro. A mí me parece impresentable este nuevo chantaje del Gobierno”.

Finalmente, Sepúlveda recalcó que “en definitiva queremos nos gustaría entender lo que técnicamente quiso decir el Ministro de Hacienda, respecto a si se daba el segundo retiro no iba a continuar con la reforma previsional, porque conceptualmente no correspondía. O aprovechar la instancias para volver a explicarme al Ministro de Hacienda que el 10% de las AFP en la nueva reforma que está plateando el Gobierno no se toca, que sólo estamos hablando del 6% y precisamente ese 6% tenemos que ver cómo se distribuye, para nosotros es importante que vaya a reparto”, concluyó.

Desde los años ‘60, las Brigadas Ramona Parra (BRP) han desarrollado un trabajo de muralismo artístico-político ampliamente reconocido a lo largo de nuestro territorio. La identidad gráfica de las BRP busca plasmar las necesidades y luchas del pueblo chileno en un estilo contemporáneo y profundamente latinoamericano, que ha sido reconocido en distintas instancias nacionales e internacionales como patrimonio cultural del país.

En el marco del plebiscito constitucional del 25 de octubre, el histórico colectivo muralista levantó la campaña 100 murales por el Apruebo, en la que han puesto en práctica todos los aprendizajes del 18 de Octubre, y también han debido adaptarse a los desafíos de hacer arte callejero en medio de una pandemia de escala global.

Anayka Luna, Coordinadora Nacional de las BRP, aclara que en esta oportunidad pusieron no sólo sus brochas, sino también su experiencia y capacidad de coordinación, para actuar como una verdadera plataforma que conectó a la BRP con colectivos de artistas y ciudadan@s, con personas y organizaciones que tuvieran muros disponibles para la campaña.

De esta forma, en menos de un mes lograron alcanzar la meta de 100 murales, pintando en lugares como La Rotonda del Sol en Iquique, el Barrio Franklin en Santiago o el Liceo Industrial de Punta Arenas. Incluso, destacan los muralistas, llegó un mural pintado en Estocolmo, Suecia, desde donde la colonia chilena se ha manifestado mayoritariamente a favor del Apruebo.

Este domingo la Brigada Ramona Parra pintó su mural número 100 en la comuna de La Cisterna, en un hito que, lejos de concluir con la campaña, tiene por objetivo convocar a más personas a seguir pintando. “Se han sumado otros artistas, y la idea es que sea lo más social posible, manteniendo siempre las medidas de prevención”, explica la brigadista.

Con más de una década de carrera y un mundo de singles publicados, hoy es el turno de “Metanoia”, un disco conceptual compuesto por 11 canciones en las que VerDor recorre las diversas etapas del desamor.