Luego de las manifestaciones y la filtración de las preguntas de la prueba de historia que obligó a la suspensión nacional de la prueba, el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) se encuentra reunido para dar soluciones al inconcluso proceso de admisión. Mientras tanto, las Juventudes Comunistas presentaron hoy una propuesta al CRUCH que contempla la suspensión de la PSU y la utilización de las notas de enseñanza media como principal criterio de admisión para acceder a la Educación Superior.

Hoy las Juventudes Comunistas, encabezadas por su Presidente, Camilo Sánchez Pizarro, junto a dirigentes estudiantiles presentaron una carta en el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) con la finalidad de anular los resultados de la PSU de este año. En tal sentido, el dirigente comunista indicó que “la PSU fracasó para siempre y no desde el próximo año, sino que a partir de este”.

A propósito de las cifras y balances entregados el día de hoy por el DEMRE, organismo a cargo de ejecutar la Prueba de Selección Universitaria, Camilo Sánchez fue mucho más categórico y cuestionó la legitimidad de la prueba, pues “la rindió solo el 80%, además no se ejecutó la prueba de historia, se filtraron preguntas de 3 pruebas y se demostró que no hay legitimidad para darla nuevamente” indicó.

Mientras el CRUCH debe definir el curso de acción que seguirá el truncado proceso de admisión a la educación superior, por su parte, las Juventudes Comunistas solicitan a los rectores desechar los resultados de la PSU y, en cambio, relevar las trayectorias de cada estudiante a partir de las notas de enseñanza media, permitiendo así mayor equidad en el sistema de educación. Al respecto, Sánchez señaló “los rectores quienes tienen atribuciones para implementar un acceso sin PSU para este año, y lo que nosotros proponemos es que se contemple la trayectoria de notas de enseñanza media y de las asignaturas más relevantes según la carrera a la cual un o una estudiante postule, lo cual aporta equidad al sistema”

Así mismo, la propuesta contempla ampliar los procesos de nivelación y aumentar los cupos con criterios de equidad con tal de permitir el acceso de jóvenes más pobres a la Educación Superior y que hayan demostrado sus talentos a lo largo de su trayectoria académica. Al respecto, Camilo Sánchez señaló, “lo anterior debe ser acompañado por planes de nivelación al menos durante el primer año de estudio, aumentar los cupos PACE y fortalecer tanto propedéuticos como bachilletaros”.

Frente a la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en aquellos jóvenes que hayan participado en manifestaciones en los recintos durante los días de ejecución de la PSU, Camilo Sánchez, señaló que “a los estuidantes sencundarios no los escucharon por años y con ello no les dejaron más opción que la protesta, lo cual se mantiene porque en vez de diálogo, la respuesta del gobierno a una exigencia estudiantil son querellas”.

Al cierre, Camilo Sánchez anunció que están trabajando con las parlamentarias de la bancada comunista en miras de presentar un proyecto de ley que contemple el acceso universal a la Educación Superior. Al respecto, “como Juventudes Comunistas vamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley de nuevo sistema de acceso a la educación superior, el cual tendrá como base el acceso universal a esta”.

{Descargue en PDF} Carta al CRUCH

Cinco semanas han pasado desde la reunión sostenida en La Moneda entre el ministro del interior, Gonzalo Blumel, y representantes de la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 150 organizaciones del país, a objeto de discutir las mejores alternativas para enfrentar la crisis social y política que vive el país.

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y de la CUT, confirmó que decidieron suspender las conversaciones con el gobierno, ya que desde esa fecha no ha habido ningún pronunciamiento, respecto a su petitorio.

El dirigente de la ANEF aclaró que el gobierno ha sido incapaz de jugar un rol democrático, cumpliendo su compromiso de entregar respuesta a las demandas del movimiento social.

En ese sentido, Carlos Insunza criticó que el gobierno siga empeñado en impulsar su propia agenda legislativa, en un contexto donde además la oposición no ha sido capaz de articularse para enfrentar dicha arremetida.

El dirigente de la ANEF instó a la oposición a jugar un rol determinante en el Parlamento, articulando las mayorías requeridas para frenar el avance de los proyectos del Ejecutivo, así como responder al petitorio de la mesa de Unidad Social.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó el doble estándar de Chile Vamos al anunciar su rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito del 26 de abril, pese a haber suscrito con gran pompa previamente un acuerdo con sectores de oposición en la materia.

En su diagnóstico, la postura de la derecha viene a ratificar que el pacto por nueva Constitución fue firmado bajo advertencias de golpe de Estado y manipulaciones.

A juicio de Carmona, es una burla para el pueblo que sectores de oposición digan haber confiado en las buenas intenciones de la derecha cuando firmaron el acuerdo constituyente.

El secretario general del PC dijo que la nueva Constitución debiese ser diseñada por una Asamblea Constituyente que garantice la deliberación popular en materia de quórums.

Lautaro Carmona aclaró que el quórum de 2/3 es un enclave de la Dictadura que en este caso fue fijado de antemano en el proceso constituyente para frenar el alcance de las transformaciones sociales.

No se puede actuar con ingenuidad, ni con miedos para asumir tareas que representen decisiones de Estado, vinculadas a la democracia y la calidad de vida de los chilenos.

La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, recibió en su primera sesión con invitados, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.

Lo anterior, pues a juicio de la autoridad este hace que en la práctica se requiera autorización para reunirse, cuestión que según dictámenes internacionales no se requerirían, y fue claro en señalar que  “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que  “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.

Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”

Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.

Por su parte, el diputado integrante de la comisión, Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DDHH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DDHH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DDHH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”

“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.

Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier, respondió a los dichos del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien sostuvo que el PC entiende poco de cómo funciona la democracia al anunciar una presentación contra Sebastián Piñera en la Corte Penal Internacional.

Al respecto, el parlamentario afirmó que es el gobierno quien ha hecho fracasar la democracia en Chile, a propósito de las numerosas violaciones a los Derechos Humanos registradas en el marco del estallido social.

Asimismo, Teillier remarcó que los comunistas han actuado dentro de la Constitución y las leyes para establecer la responsabilidad política y jurídica de Sebastián Piñera en estos graves hechos.

El timonel del PC aclaró que la derecha carece de legitimidad para acusarlos de antidemocráticos, tratándose del sector que produjo el golpe de Estado contra el presidente Allende, en complicidad con el gobierno norteamericano y los grandes medios de comunicación.

A juicio de Teillier, para garantizar una democracia plena se requiere de una nueva Constitución que consagre la soberanía popular, a objeto de garantizar la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

El congresista adelantó que van a recurrir al fiscal del Tribunal Penal Internacional en la búsqueda de establecer la responsabilidad jurídica de Sebastián Piñera en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo su mandato.

El diputado Teillier detalló que aún hay juicios pendientes contra el mandatario, los cuales no podrán ser revisados por el Tribunal Penal Internacional, mientras no los dilucide la justicia chilena.

Sin embargo, añadió el parlamentario, van a tomar la opción de recurrir a la figura del fiscal del Tribunal Penal Internacional.

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, fue elegida por unanimidad como la presidente de la Comisión que analizará la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Al respecto, la parlamentaria, junto con agradecer el apoyo de sus colegas – todos hombres – a la propuesta del diputado Diego Ibáñez, recalcó que “queremos una comisión donde puedan ser todos escuchados los que quieran venir a poder dar su testimonio, su reflexión, su conocimiento en relación al tema”.

Asimismo, informó que “vamos a sesionar todos los días en que estemos en la Cámara de Diputados, pero también en Santiago, desde las 11 a las 13.30 hrs. Y si es necesario, me han dado la facultad, desde las 18 hasta las 22 hrs. Pues aquí lo importante es cómo hacemos un buen trabajo, lo más acucioso posible, y para ello nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”. Además, adelantó que partirán este martes para definir lista de invitados, sin perjuicio de que ya fueron citados el director del INDH, Sergio Micco, y representantes Amnistia Internacional y Human Rights Watch. 

Consultada por las fechas que tiene el Intendente para dar respuesta a la acusación, Sepúlveda indicó que “el día 16 de enero tiene como límite, a las 12 de la noche, la presentación de los descargos por parte del Intendente, sin embargo nosotros esperamos que lo realice antes, pues recordar que es un solo capítulo de acusación, y posteriormente nosotros tenemos 6 días para poder estudiar su respuesta”.

En este sentido, y tras ser consultada por los dichos del propio Guevara refiriéndose a que él solo hacia su trabajo, por tanto quitándole fundamento a la acusación, la diputada recalcó que “para nosotros es importante que a través de lo que él diga, del escrito que vaya a presentar en términos de la defensa, de la exposición que sus abogados quieran realizar lo planteen todo ahí, y nosotros por cierto no tenemos ninguna dificultad en escucharlos, pero tenemos hoy día un mandato, que es un mandato constitucional, que es absolutamente claro, que es además es un proceso de fiscalización lógico de la Cámara de Diputados, donde la Sala nos ha mandatado a hacer el estudio como corresponde en esta acusación, no vamos a emitir ningún juicio sino en la medida que vamos escuchando a las distintas instituciones que van a venir a dar su exposición a la Comisión”.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a los dichos de autoridades del oficialismo, que han criticado la presentación de esta acusación, y señaló que “están en su justo derecho de plantearlo así y defender al Intendente, pero nosotros tenemos hoy día una misión que es muy importante, que tiene que ver además con una cantidad no menor de diputados que son representantes de la transversalidad de la Oposición, que son los firmantes de la Acusación Constitucional, por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa es que sea lo más ecuánime posible, con el estudio que corresponde, esta Acusación Constitucional, más allá de los dichos del gobierno”.

Finalmente, y ante la pregunta de si esta acusación tiene mayor piso que las anteriores, Sepúlveda fue clara en señalar que “es una acusación que tiene, por lo menos desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en la ciudadanía, fundamentalmente lo que ha ocurrido en Santiago, tiene un asidero de realismo de lo que está ocurriendo hoy día en la calle y en base a eso, la mayoría de los bloques de Oposición hicieron esta Acusación Constitucional, pero nosotros esperamos revisarla en su mérito, en derecho y hacerlo con un debido proceso tanto para el Intendente como para los diputados acusadores”, concluyó. 

El diputado Hugo Gutiérrez criticó que el gobierno guarde silencio frente a las violaciones de Derechos Humanos cometidas a partir del 18 de octubre, pero se escandalice por el dibujo de un niño, donde “él aparece disparando a Sebastián Piñera”.

En ese contexto, acusó doble estándar del gobierno al denunciar incitación al odio en un contexto de violencia estatal extrema.

El diputado del Partido Comunista aclaró que Sebastián Piñera es quien ha incitado el odio en Chile, promoviendo una escalada de violaciones a los Derechos Humanos.

Hugo Gutiérrez sostuvo que los comunistas han sido víctima de permanentes amenazas y persecución política por denunciar la violencia estatal contra quienes cuestionan el modelo neoliberal.

El diputado integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dijo esperar que el proceso constituyente conduzca a cambios reales en materia de justicia social, paralelamente a resguardar la representatividad de todos los sectores del país.

Finalmente, el diputado Hugo Gutiérrez ratificó que desde el Parlamento seguirán trabajando por asegurar que la futura Convención Constitucional cuente con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y real participación de los independientes.