ALCALDESAS Y ALCALDES CONSTITUYENTES

Frente al unilateral e irresponsable anuncio, por parte del gobierno, del retorno al trabajo de las y los funcionarios públicos, lo que sumado a la publicación de un protocolo para reabrir los Centros Comerciales y otras áreas de la economía, además del intento, también autoritario, del retorno a clases, los Alcaldes y Alcaldesas abajo firmantes venimos a declarar públicamente lo siguiente:

1. Si bien los municipios somos autónomos y esta medida no afecta a nuestros funcionarios y funcionarias, expresamos toda nuestra solidaridad con la ANEF y con los las funcionarias y funcionarios públicos del resto de los organismos y servicios centralizados del Estado, que se ven afectados una vez más  por medidas insensatas del Gobierno de turno.
2. Nuestro primer compromiso debe ser el cuidado de la salud y el bienestar de todas y todos aquellos que viven bajo nuestra administración y muy principalmente, de nuestros funcionarios públicos, por lo que junto con rechazar este intento forzado de retornar a la normalidad, en la misma línea de la imposición absurda del retorno a clase y la posibilidad de reabrir los centros comerciales justo en el tiempo para el cual está proyectado el pick de contagio, deseamos informar que la modalidad de trabajo remoto, con turnos éticos esenciales y rotativos, se mantendrá en todas las dependencia de nuestras municipalidades, Servicios Traspasados y Corporaciones Municipales, mientras no hayamos superado el Pick de contagio y se tenga bajo control la Pandemia que enfrentamos, objetivos que al parecer, el actual gobierno no comparte.
3. Que a pesar de las dificultades que implica la modalidad de trabajo remoto, este se ha cumplido de buena forma y ha contribuido a llevar tranquilidad a nuestras y nuestros colaboradores y a sus familias, con lo que podemos dar plenas garantías de la continuidad de nuestros servicios, pero manteniendo en primer lugar el cuidado de la salud de las personas y de nuestros trabajadores y trabajadoras.
4. Aprovechamos de reiterar las medidas de autocuidado, de higiene de manos y de uso de mascarilla, así como las medidas de distanciamiento físico recomendado para aquellas y aquellos que permanecen en sus puestos de trabajo y para aquellos que ante la falta de ayuda y la compleja situación económica, están impedidos de quedarse en casa y deben seguir trabajando.
5. Reiteramos el llamado a nuestros vecinas y vecinos a quedarse en sus casas, y al Gobierno reiteramos la solicitud de cuarentena total, sobre todo después de tomar conocimiento de las significativas diferencias que muestra la evolución de la Pandemia y las cifras de aumento de casos, entre aquellas comunas que fueron protegidas por esta medida, que solo presentan un aumento del 8%, y aquellas en donde dicha medida no ha llegado, que en promedio, presentan aumentos en torno al 80% y en algunos casos, se han triplicado. Nos parece que seguir corriendo detrás de la Pandemia y forzar a retornar a la normalidad económica como quiere este gobierno, puede constituir un error fatal cuyo costo lo pagaran nuestras vecinas y vecinos.
6. Reiteramos la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal para ir en ayuda directa de quienes más lo necesitan, las familias de Chile, mediante una Renta Básica de Emergencia de carácter universal, mientras contenemos la Pandemia.
7. Por último, reiteramos también la necesidad de poner fin al secretismo, de actuar con mayor rigurosidad y transparencia y establecer una relación de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de Gobierno.

Audito Retamal, Alcalde San Pedro de la Paz

Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta

Brunilda González, Alcaldesa de Caldera

Isaías Zavala, Alcalde de Diego de Almagro

Ramona Reyes, Alcaldesa de Paillaco

Gonzalo Montoya, Alcalde de Macul

Juan Carrasco, Alcalde de Quilicura

Mauro Tamayo, Alcalde de Cerro Navia

Rodrigo Sánchez, Alcalde de La Ligua

Boris Chamorro, Alcalde de Coronel

Bernardo Leighton, Alcalde de Canela

Manuel Marcarian, Alcalde de Los Vilos

Alejandro Huala, Alcalde de Coyhaique

Enrique Olivares, Alcalde de Rauco

Cristian Tapia, Alcalde de Vallenar

Juan Carlos Reinao, Alcalde de Renaico

Rodrigo Loyola, Alcalde de Huasco

Cesar Orellana, Alcalde de Freirina

Adolfo Millabur, Alcalde de Tirúa

Manuel Painiqueo, Alcalde de Lumaco

Alfonso Coque, Alcalde de Cunco

Gustavo Valdenegro, Alcalde de Petorca

Patricio Aliaga, Alcalde de Cabildo

Gonzalo Durán, Alcalde de Independencia

Gerardo Espíndola, Alcalde de Arica

Juan Paillafil, Alcalde de Saavedra

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

Marcos López, Alcalde de Copiapó

Claudio Sepúlveda, Alcalde de Mafil

Mario Morales, Alcalde de Tierra Amarilla

Distintas entidades sociales vinculadas a la educación lamentaron una conducta errática del Mineduc al no entregar  ninguna definición especifica respecto a la inminente suspensión del año escolar producto de la extensión del Covid 19, insistiendo la autoridad en que no se descarta regresar a las clases a fines de abril, pese a la advertencia de los expertos de que en ese periodo comenzará el peak de la pandemia.

Al respecto la presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, Dafne Concha, fustigó los argumentos del gobierno en torno a que restablecer la clases normalmente  implica sacar a los estudiantes  de los posibles  casos de violencia  que ocurren en el hogar por el hacinamiento, pues esto representa, a su juicio , condenarlos a un contagio de insospechadas  consecuencias.

La timonel de la Corpade acusó una indolencia de parte del Ministro de Educación quien insiste en un tono gerencial en su administración  , obligando a las comunidades  escolares a convivir  en establecimientos estrechos, con espacios limitados e infraestructura deficiente , lo que cual puede derivar en un expansión masiva del Covid 19 entre los estudiantes , docentes y sus familias.

Dafne Concha señaló que esta modalidad de enseñanza online en que insiste el Mineduc ha ampliado la estrecha social entre los estudiantes, pues muchos niños, niñas  y jóvenes no cuentan con las condiciones mínimas para realizar sus procesos  de enseñanza.

Otro de los puntos exigidos desde la Corpade es que sea personal de las FF.AA. debidamente  capacitado y con las medidas de seguridad correspondientes  quienes entreguen  la alimentación de la Junaeb directamente   en los hogares de las y los estudiantes, terminando  así con los turnos éticos en liceos, escuelas y colegios, que solo representan un riesgo patente para miles de familias.

En fallo unánime la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por el término anticipado de la contrata del año 2019 de Ramón Vargas, funcionario de la Unidad de Comunicaciones de esta repartición, en junio del mismo año. La sentencia señala que el ministerio deberá pagar todas las remuneraciones que el funcionario no percibió luego del despido hasta el 31 de diciembre de ese año.

Tal como lo explicó el propio Ramón Vargas, señaló que es lamentable que llegue una nueva autoridad y en menos de una semana, sin ni siquiera preguntarle sobre la labor que desempeñaba y que realizó  durante 4 años con buena evaluación en dos gobiernos de distinto color político, proceda a despedirlo señalando que ´no era de su confianza´ para traer a su propio equipo”.

El ex funcionario desvinculado explicó que el máximo tribunal del país señaló en su fallo que el termino anticipado de contrata realizado por el ministerio fue un acto ilegal y que el argumento esgrimido por la autoridad que era “pérdida de confianza” no corresponde, ya que su labor de Administrador de Redes Digitales, “no puede ser considerada como una de exclusiva confianza por cuanto no se inscribe en categoría alguna de aquellas que contempla el Estatuto Administrativo”.

Ramón Vargas enfatizó que en su sentencia, la Corte Suprema le recuerda a la autoridad de Gobierno  que el uso de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios» en las contratas de los funcionarios permite “que la autoridad administrativa pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice”, tal como ocurrió en este caso.

Por su parte el abogado Leonardo Mena Díaz, representante  del ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social ilegalmente desvinculado, celebró el fallo señalando que esto ratifica la abundante jurisprudencia que reconoce el derecho de estabilidad en el empleo de los funcionarios a contrata, ratificando que transitoriedad no significa precarización”. También agregó que “la autoridad administrativa debe respetar dichos criterios, de tal forma de no incurrir en actos ilegales”.

[Declaración]  El jueves 9 de abril de 2020 quedará en la historia del poder judicial como una muestra más de su ya larga e ignominiosa defensa de violadores de derechos humanos y del dictador Augusto José Ramón Pinochet. Un nuevo fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago[1] que redujo y liberó de algunas condenas a ex agentes de la DINA sentenciados en 2017 por los delitos de lesa humanidad (secuestro calificado y homicidio calificado), que cometieron entre 1974 y 1977, al amparo de la envestidura que les daba su pertenencia al Ejército del Estado de Chile.

¿Sabrán estos ministros qué es el control de convencionalidad[2]? ¿Conocerán el derecho internacional de los derechos humanos?

Efectivamente, como señala la sentencia -que se critica- en su considerando octavo parte final:

“No se trata, en el caso sub lite, de un grupo de militares que procedieron por sí y ante sí deteniendo arbitrariamente a una persona y matándola una vez privada de libertad, se trata de un proceso de política de Estado fijada por el nuevo orden de cosas imperante a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, en que las Fuerzas Armadas y de Orden derrocaron el gobierno constituido y comenzaron una persecución de los militantes y simpatizantes del gobierno anterior, de suerte tal que los agentes que dieron muerte a las víctimas de este proceso no buscaron ellos personalmente la situación de superioridad armada que les daba su condición de militares sino que ello iba de suyo en un régimen controlado precisamente por las Fuerzas Armadas y de Orden desde más de dos años antes de sucedidos los hechos. Razonar en contrario equivale a concluir que todo homicidio cometido por los funcionarios de la Administración a partir del 11 de septiembre de 1973, por el sólo hecho de ser miembros de los organismos armados del Estado, es alevoso, idea que lleva al reprochable derecho penal de autor, vale decir, se juzgaría a los autores por su condición de militares en un régimen político autoritario y no por sus actos; no parece ser entonces una doctrina que se adecue a las exigencias del Derecho Penal liberal el ver siempre un obrar sobre seguro en delitos de esta índole.”

Justamente por ese argumento, es que estamos frente a delitos de lesa humanidad, delitos que no son comunes, sino violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, que claramente viola las normas del derecho internacional de  los derechos humanos y que debe ser sancionado con el máximo rigor y no es un argumento exculpatorio de quienes proceden criminalmente, muy por el contrario es un fundamento para aplicar el mayor rigor de la ley.

La sentencia, es un culto a la ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, no resulta tan extraño el fallo de la octava sala, quienes, pese a su argumentación, fallan en contra de normas del Derecho Internacional, que lo que busca es generar mínimas garantías de la no repetición de  crímenes como: la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, las torturas.  Delitos inamnistiables e imprescriptibles y cuyo principio básico, que guía en general la aplicación de las penas, es que éstas sean proporcionales a la gravedad de los hechos.

Los Tribunales de Justicia chilenos y sus órganos auxiliares, con honrosas excepciones, ratifican una conducta que ya tiene siglos, la defensa de las oligarquías, de los privilegios de éstas y el olvido de la justicia, son muestras de la indignidad con que los jueces, en la historia de nuestro Chile, han abordado el resguardo de los derechos fundamentales de los más pobres y marginados.

Iniciado el régimen del terror y en el momento que se vivían  las más brutales violaciones a los derechos humanos, se presenta, el 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar ante el pleno de la Corte Suprema. Los supremos, con una cobardía moral y jurídica que los caracterizará, no son capaces de elevar su voz en defensa de quienes en ese mismo momento eran objeto de la muerte, la detención arbitraria y la tortura. Con genuflexos gestos prestan su reconocimiento a los criminales.

En 1974, fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien le pone la banda presidencial al dictador.

Pero suma y sigue, el poder judicial, se hace cómplice de la dictadura y de la violación de los derechos humanos:

• Legitima la Junta en 1973, ofreciéndole un manto de juridicidad a los actos inconstitucionales y criminales de la dictadura.
• Aplica irrestrictamente Ley de (auto)Amnistía, que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978.
• En su acto de mayor abandono de sus deberes jurisdiccionales, niega la aplicación del recurso de amparo, el Habeas Corpus, que es la solicitud que se hace a la Corte, de protección de una persona ante el riesgo de su vida, su integridad física y o su libertad.  Entre 1973 y 1983 rechaza más de 5000 recursos de amparo, renunciando a su rol de cautelar, la vida, la libertad y la seguridad individual.
• La Corte Suprema llegó a un acuerdo con el dictador, en que la información de los recursos de amparo serían centralizados a través del Ministerio del Interior, el que informaba carecer de antecedentes y con la sola información, de quien era acusado de la violación del derecho, resolvía en contra del recurso de amparo.

Así, la Corte Suprema se convierte en aliada de la dictadura y cómplice de sus crímenes; amparando no a las víctimas, sino que a los victimarios. La DINA,  hasta 1978, y luego la CNI.

Es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación quien en su informe de 1991 pág 97,  refiriéndose a la acción del poder judicial en dictadura señala con claridad y precisión que:

“Produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.

En septiembre de 2013, el presidente de La Corte Suprema, de ese momento, Rubén Ballesteros, hace un reconocimiento de lo que llama las graves acciones y omisiones en que incurre este poder del Estado durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, señalando que constituyó una dejación de sus funciones jurisdiccionales.

Tardío y poco sincero reconocimiento si, a poco andar, el poder judicial vuelve a traicionar con sus fallos, la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Es un desafío de los nuevos tiempos el que los procesos formativos de nuestros futuros juristas tengan como principal acento la educación en el respeto de los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia, en la igualdad, dignidad de todos/as, en la solidaridad y no en un formalismo jurídico inhumanos, defensor de un desorden establecido, de la desigualdad y alejado de los dolores y de las esperanzas de las personas.

Pero por sobre todo, seguimos teniendo esperanza en que sabremos construir “el buen vivir”.

Ven seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA,  HÉCTOR SOTO,  VALENTINA CASTRO.

[1] La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministro Mireya López Miranda y por el abogado integrante  Cristián Lepín Molina, redujo y revocó condenas a los violadores de DD.HH. que habían pasado solo tres años en prisión (Rol Nº 1734-2017).

[2] “…la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia”.

La asociación gremial expresó su malestar ante la decisión del gobierno, ya que según indican no están las condiciones sanitarias para cumplir con ese mandato.

Una petición que haga efectivo el dictamen 3610 del 17 de marzo del presente año decretado por la autoridad de la cartera de educación solicitó la Aprojunji a la Subsecretaría de Educación Parvularia.

El gremio de trabajadoras y trabajadores de Junji, exige a la autoridad que se resguarde el derecho a la vida y salud  de todos nuestros funcionarios/as ya que lo peor según la misma autoridad de salud “está por venir”.

En un comunicado oficial el Directorio Nacional APROJUNJI, manifestó su rechazo a la medida de retorno a las labores presenciales en las direcciones regionales y provinciales, porque según dice “ya estamos cumpliendo a través del trabajo remoto estas funciones y salvaguardando las funciones criticas de este servicio”.

El comunicado es claro en precisar que las medidas y el control de la gestión que se está realizando demuestran un pronto colapso sanitario si no se siguen las instrucciones de autocuidado. Es en este contexto, dice el directorio nacional que “las medidas tomadas en la institución han sido básicas, qué no aseguran la entrega de insumos de aseo y contención para evitar el contagio como mascarillas, guantes y pecheras desechables, como también la sanitización y desinfección”.
Agrega la comunicación pública que esta medida se adopta en momentos que las estadísticas de contagio y fallecimientos en el país están en aumento. “Los países de Europa están pagando un alto costo en vidas humanas, por la temprana decisión de normalizar el trabajo en los servicios públicos del país. Nos parece una medida apresurada que no es consensuada con el Colegio Médico y organismos internacionales que llaman a resguardar la salud psíquica y física ante esta enfermedad”, señala.

Así también advierte  “que los espacios físicos en las direcciones regionales no garantizan la distancia que asegure la no propagación del coronavirus”, y que el aumento de atención de público promoverá el contagio en los trabajadores/as en las direcciones regionales

A partir de esta posición el Directorio Nacional de Aprojunji está a la espera de la respuesta de la autoridad nacional de Junji. “Estamos a la espera de la respuesta de la autoridad para evaluar próxima acción a seguir”, se informa.

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, afirmó que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de aplicar las medidas sanitarias que correspondan, en paralelo a ocuparse de la economía nacional, del tema social, pero en ningún caso priorizar la actividad de las empresas por sobre la salud de la población.

En ese sentido, el analista internacional emplazó a las autoridades a abrir espacios de solidaridad y diálogo con Cuba y otras naciones que ofrecen ayuda humanitaria de emergencia sin importar el color político de cada nación.

El dirigente comunista apeló a la urgencia de destinar recursos materiales y económicos a medidas de prevención del Coronavirus para funcionarios de la salud, así como la planificación de una cuarentena sistemática y ordenada que permita evitar aglomeraciones.

Al mismo tiempo, Juan Andrés Lagos dijo que se requiere generar un control de precios sobre todos los medicamentos, asegurando mecanismos de distribución para los sectores más precarios.

El analista miró con preocupación que Chile no tenga una estructura burocrática al servicio de la función social, sino por el contrario, una legalidad que favorece al gran empresariado por sobre las mayorías del país.

El analista Juan Andrés Lagos añadió que en el terreno económico se requiere fortalecer el Estado y el sistema de producción tal como lo ha hecho Cuba, pese al bloqueo norteamericano.

Desde la comisión nacional sindical partido Comunista de Chile emitieron un comunicado en donde denuncian que sectores de la Derecha empresarial, amparados por el gobierno, han iniciado lo que denominaron “la más  violenta ofensiva legislativas de los últimos 30 años”, la cual tiene como único objetivo profundizar la hegemonía neoliberal en las relaciones de producción.

Así lo expresó el encargado sindical de dicha colectividad, Jaime Gajardo, quien advirtió que tras iniciativas  como el teletrabajo, la flexibilidad  laboral y la ley de supuesta protección del empleo, se esconde la perpetuación de un modelo neoliberal que pone en los hombros de los trabajadores los costos de esta crisis sanitaria.

Del mismo modo el también dirigente del nagisterio nacional acusó que grandes empresas se han visto y se verán  aun más favorecidas con propuestas tan injustas como las que autorizan  el finiquito electrónico, limitando así la opción de que los trabajadores puedan apelar ante un despido injustificado, o aquella que permite  frenar los procesos de negociación colectiva, instrumento clave en el ámbito de los derechos sindicales.

Jaime Gajardo denunció que estos supuestos créditos blandos que postula el gobierno para favorecer a la industria, en definitiva discriminan a la pequeña y mediana empresa y sólo favorecen a los grandes consorcios, tal como ocurrió en épocas de la Dictadura cuando el Estado literalmente  salvo a la Banca nacional durante la recesión económica de principios de la década de los ´80.

Del mismo modo, el encargado sindical el partido Comunista manifestó que esta pandemia del Coronavirus, ha desnudado las falencias y lo esencialmente injusto del modelo neoliberal  tal como lo demuestra  la crisis en que se encuentran los sistemas de Seguridad Social, así como la educación y la salud pública.

Finalmente desde la Comisión Sindical del partido Comunista reafirmaron que no se puede seguir legislando y aprobando proyectos que van en dirección de disminuir derechos, tanto individuales, emplazando al Estado a deje atrás las claves neoliberales que tanta desigualdad han causado a miles de trabajadores y asumir las medidas para enfrentar la crisis, sentando así las bases para un nuevo Chile, concluyeron.

El presidente de la Corporación Pilmaiquen y miembro de la mesa social de Osorno: Ante la  grave amenaza que el COVID-19 representa para la salud y la vida de la población llamamos a la ciudadanía a acatar todas las medidas e instrucciones que la autoridad política y sanitaria ha estado impartiendo. Este es el momento de actuar como “comunidad” y para ello el gobierno debe incorporar en la toma de decisiones, de manera efectiva en los territorios, a representantes del mundo científico y de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Ven con preocupación la poca transparencia de la información, la falta de datos que reclama la comunidad científica, el triunfalismo que se desprende de las declaraciones cotidianas del gobierno sin dar cuenta que la crisis sanitaria está lejos de llegar a su punto más álgido.

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Lea las declaraciones de Corporación Pilmaiquen

COMUNICADO PUBLICO DE ORGANIZACIONES DE DD.H.H DE OSORNO

1.- En primer lugar queremos partir valorando altamente el comportamiento de las y los trabajadores de la Salud que han demostrado cabalmente su razón de ser como servidores públicos, aun teniendo que trabajar con escasas condiciones de seguridad, al no contar con los elementos de protección necesarios. Al mismo tiempo valoramos y agradecemos el trabajo que están realizando todas y todos los trabajadores del sistema público, de supermercados y demás servicios básicos.

2.-  Vemos con preocupación la poca transparencia de la información, la falta de datos que reclama la comunidad científica, el triunfalismo que se desprende de las declaraciones cotidianas del gobierno sin dar cuenta que la crisis sanitaria está lejos de llegar a su punto más álgido.

3.- Llamamos a las autoridades a escuchar a las organizaciones sociales y a la comunidad científica (terminando con el “oscurantismo” que ha denunciado la Presidenta del Colegio Médico), a incorporar de verdad a instituciones independientes y organizaciones sociales en las mesas o comités de manejo de crisis. Les pedimos demostrar con hechos la voluntad de enfrentar esta crisis con una mirada de país dentro de su diversidad social, cultural y política. Es el gobierno el primer llamado a buscar la convergencia de voluntades.

7.- Hacemos un fraternal llamado a todas las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, en especial al mundo cristiano, a coordinarse y prepararse para enfrentar las consecuencias de esta pandemia que va a golpear aún con más fuerza a muchos hogares.Es demasiado dramático lo que está sucediendo, no podemos, no debemos quedarnos en silencio. Es la hora de la responsabilidad social con sentido comunitario.

¡UNIDAD, DIALOGO, ORGANIZACIÓN, AUTOCUIDADO Y SOLIDARIDAD!

• Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén
• Corporación de Mujeres Siglo XXI
• Comunidad de Laicos y Laicas de Osorno

Osorno 12 de abril del 2020.-

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CORONA VIRUS: DECLARACION PUBLICA DE LA CORPORACIÓN PILMAIQUÉN

Ante la  grave amenaza que el CORVID-19 representa para la salud y la vida de la población llamamos a la ciudadanía a acatar todas las medidas e instrucciones que la autoridad política y sanitaria ha estado impartiendo. Este es el momento de actuar como “comunidad” y para ello el gobierno debe incorporar en la toma de decisiones, de manera efectiva en los territorios, a representantes del mundo científico y de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Saludamos y valoramos la conformación de la Mesa Social en el día de hoy.

Las medidas que se han tomado en el país y en Osorno, en general nos parecen pertinentes y necesarias, pero es urgente  prever los escenarios más complejos que vienen los próximos días, semanas y meses, que pueden implicar colapsos totales o parciales del sistema de salud y graves problemas de abastecimiento para la población.

Junto con informar de manera clara, transparente y oportuna a la ciudadanía, es necesario implementar acciones que aseguren que el personal de salud cuente con preparación, y equipamientos necesarios para una atención segura de la población, los trabajadores y profesionales de la salud deben ser incorporados a todas las instancias de decisión al respecto. Son ellos  la primera línea de contención de la epidemia.

 Llamamos a los empleadores y particularmente a las empresas del retáil a cuidar a sus trabajadores y apoyarles de manera concreta para enfrentar los días duros que se nos avecinan. Por su parte el Gobierno debe tomar medidas en el plano económico que castiguen los abusos de precios y de ayuda en bienes de consumo básico a las familias que se verán afectadas en sus ingresos.

Estimamos que es urgente ir a la conformación de Comités o Mesas Técnico Sociales en la Región, Provincias y Comunas que sean encabezados por la máxima autoridad política respectiva, con la participación de representantes de las organizaciones e instituciones  de la sociedad civil.

Como organización de derechos humanos sabemos que, en circunstancias como esta, no solo es el derecho a la salud, sino que es el derecho a la vida el que está en juego. Esperamos que se tomen las mejores decisiones y de manera oportuna, que el gobierno escuche a la comunidad científica, partiendo por el Colegio Médico de Chile, que escuche y respalde a los Alcaldes, que haga entrega de  recursos oportunamente a los municipios para que estos puedan ayudar de manera  efectiva a la comunidad (se necesita entregar cloro gel, jabón y otros artículos que ayudan a la prevención).

Es el momento de la solidaridad, de la unidad de acción, de restablecer confianzas, de poner en primer lugar la salud de la población por cualquier otro tipo de consideración. La vida del ser humano no tiene precio.

NADA ES TAN IMPORTANTE COMO LA VIDA.

CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  PILMAIQUÉN

Durante estos días circulo profúsamente un video en redes sociales en donde el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ex UDI, insulta a la concejala de su comuna Marcela Abebrapo. En el registro, se observa al edil de la Derecha  señalando  textualmente “que no le sorprende la mala voluntad ni la mala intención permanente de la concejala Abedrapo, su maldad no tiene límites. El nivel de maldad, mala fe, veneno… usted es una mala persona”, expresiones que para muchos da cuenta de una actitud misógina.

Al respecto la concejala Marcela Aberdrapo denunció que desde que Rodolfo Carter asume como alcalde de La Florida siempre ha tenido actitudes agresivas hacia ciertos concejales que le han discutido ciertos temas o son contrarios a su línea política.

Asimismo, la concejala comunista explicó que la animosidad de Rodolfo Carter hacia ella se originó cuando dio a conocer en sus redes sociales algunas situaciones que el municipio quería mantener en secreto, con respecto a la forma en la que estaban trabajando los funcionarios municipales, en el contexto de la pandemia COVID-19.

Marcela Abedrapo acusó una actitud hipócrita de parte del alcalde La Florida pues insiste en manifestar públicamente  una imagen de simpatía  y bondad, pero en su gestión, maltrata habitualmente a concejales y funcionarios municipales, conducta errática que incluso puede representar, a su juicio y al  de algunos expertos,  una  personalidad esquizoide.

Junto con anunciar que presentará una querella por injurias y calumnias en contra del alcalde Carter, la concejala comunista Marcela Abedrapo adelantó  que ya se encuentran elaborando con los demás concejales de oposición, un documento que revela ante la Contraloría un nuevo capítulo  de manejos irregulares con recursos de la comuna por parte del edil de la Derecha.

Finamente, respecto de las duras descalificaciones que emitió en su contra el alcalde de la Florida, la concejala Adebrapo sostuvo que “cuando él dice ‘callen a esa mujer’ o ‘controlen a esa mujer’ lo hace porque cree que las mujeres no podemos hablar. Él cree que las mujeres no tenemos el derecho de expresarnos, menos el de expresarnos espontáneamente a lo que él ha planteado, lo cual revela a una persona muy machista, muy misógina, una persona que no ha entendido el respeto que tenemos que tener entre los géneros, concluyó.

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La declaración del área de género del PC [Descargar PDF] edc-convertido.pdf