Mütrüm es un llamado en lengua mapuche y así denomina Ficwallmapu a la convocatoria de películas que visibilicen las miradas de los pueblos originarios y afro del mundo, para su sexta edición en enero de 2021. Cuyo foco temático son las autonomías y gobernanzas, sin excluir las categorías anuales. Fecha límite: 31 de julio de 2020.

Entre el lunes 11 y el viernes 15 de enero de 2021 se desarrollará el sexto Festival internacional de cine y artes indígenas en Wallmapu en la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía, en lo que hoy es llamado Chile por los estados modernos. Como cada año se invita a realizadorxs audiovisuales indígenas y no indígenas, de diversas nacionalidades y territorios a ser parte de este encuentro que desde el sur del Abya Yala reúne las voces, experiencias y el arte hacia el meli witran mapu/los cuatro puntos cardinales del orbe.

Ficwallmapu no es un festival competitivo, reconoce a las obras según el área en el cual realizan un aporte. Para esta versión, son nueve las categorías que se proponen: Derechos de las mujeres Indígenas o Afrodescendientes, Diversidades sexuales en los Pueblos Originarios o Afrodescendientes, Defensa del territorio, Pueblos Afrodescendientes, Cine comunitario, Nuevos lenguajes audiovisuales indígenas (cine experimental, videodanza, video musical, cine arte, nuevas narrativas, entre otros), Choyün (brotes, infantil), Wallmapu: realizador/a o equipos indígenas y Revitalización lingüística.

En cada edición, el festival propone un tema que será foco en los visionados, foro y otros espacios del evento central y en la itinerancia posterior. Este año es “Autonomías y gobernanzas desde los pueblos originarios y afrodescendientes”, un llamado al diálogo entre distintas experiencias de organización que los pueblos ancestrales llevan adelante, como parte de la historia y tradición de las comunidades desde tiempos remotos.

Desde la organización señalan que “en el contexto actual de crisis de los proyectos coloniales que han tenido como centro el capital y las políticas neoliberales, se hace imprescindible volver la mirada y el compromiso hacia estos procesos”, y su directora
Jeannette Paillán enfatiza: “A la base de todos estos procesos de autonomías y gobernanzas de los pueblos, siempre encontramos la lucha por la defensa del territorio como eje común, lo vemos cada año con las películas que llegan producto de nuestra
convocatoria: el territorio como un impulso por la reproducción de la vida”

Por este motivo, desde Ficwallmapu quieren dar protagonismo a los procesos organizativos de las comunidades que buscan la construcción del Küme mongen, es decir, el buen vivir, como propuestas frente a modelos extractivistas, coloniales y de despojo.

La postulación puede ser mediante las plataformas Festhome, ClickForFestivals y FilmFreway o descargando y llenando la ficha en www.ficwallmapu.cl/festival.

Dudas a ​contacto@ficwallmapu.cl
Fecha límite para postular: viernes 31 de julio de 2020.

Tras un extenso debate en la Cámara de Diputados, finalmente  la Sala aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia propuesto por el gobierno, pese al rechazo de la oposición a los montos asignados, los cuales consideraron además de insuficientes, incapaces de incorporar a grupos como los trabajadores independientes y la clase media, quienes nuevamente serán excluidos de la ayuda estatal.

Durante su intervención en el hemiciclo, la diputada regionalista Alejandra Sepúlveda denunció una letra chica y la manipulación nuevamente por parte del Ejecutivo de los instrumentos de medición para entregar beneficios sociales.

En tanto, el diputado comunista y presidente de la Comisión de Desarrollo social de la Cámara, Boris Barrera, acusó al oficialismo de utilizar nuevamente el discurso del obstruccionismo en contra de los legisladores que han intentado sólo corregir las graves injusticias que encerraba la iniciativa del Ejecutivo.

Del mismo modo, el diputado y timonel de la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet enfatizó que tras los escuálidos montos de este Ingreso Familiar de Emergencia se encuentra un  Gobierno que ha preferido invertir los recursos públicos en favorecer a las grandes empresas en desmedro de los trabajadores.

Desde la oposición consideraron insuficiente  la aprobación de 802 millones de dólares  que contiene este Ingreso Familiar de Emergencia pues el monto del aporte de 65 mil pesos por persona dentro del 60 % mas vulnerable , durante tres meses irá decreciendo, además no incorpora a las personas que reciben pensión de invalidez. El proyecto pasará ahora al senado para su votación.

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La posición de la CUT

Desde la Central Unitaria de Trabajadores rechazaron la decisión del gobierno de insistir mediante un veto presidencial con el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia , el cual fue rechazado en su monto por parte de la oposición al considerar su monto insuficiente  y acotado  a apenas 3 meses, pese a la incertidumbre  respecto a la duración real de la pandemia.

Para la presidenta de la multigremial Bárbara Figueroa  nuevamente la administración de Sebastián Piñera utiliza el resquicio del veto presidencial para frenar el avance y mejoramiento de la calidad de vida de las familias chilenas, tal como ocurrió antes con el debate  por el salario mínimo.

Bárbara Figueroa acusó al gobierno de persistir majaderamente  en medidas de mitigación e hiperfocalizacion, sin tocar ni a los grandes empresarios ni a los recursos fiscales como fórmula para   colaborar en la superación de esta crisis.

La timonel de la CUT sostuvo que el Ejecutivo debe asumir que mas temprano que tarde tendrá que recurrir a un mayor esfuerzo del fisco, así como de los grandes fortunas, mediante una acción tributaria, para solventar los estragos económicos causados por el Covi 19.

Finalmente la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores señaló que si Sebastián Piñera cree que con un monto de 65 mil peso por tres meses, el cual irá decreciendo, las familias chilenas podrán sobrellevar este complejo escenario que hoy vivimos de forma global, esto significa que  carece de la mas mínima empatía con el dolor de sus compatriotas.

Frente al anuncio del Ministro de Educación en que señala que la realización del SIMCE en el año 2020 será solo con fines de Diagnóstico, nos parece pertinente declarar o siguiente:

Un supuesto básico para una evaluación válida y justa es que exista garantía de que los evaluados han tenido acceso a aquello que se va a evaluar. Esto actualmente no ocurre, por lo que no es técnicamente sostenible que, en las condiciones del presente año, su aplicación resulte en alguna utilidad.

Estamos en un contexto en que tanto los expertos académicos como representantes de los docentes han dicho que la prioridad debe ser la contención y el bienestar psicológico y emocional, así como la flexibilidad para ajustar y contextualizar el currículum. Una medida como mantener el SIMCE va en contra de todas estas directrices. Ello se suma a la opinión casi unánime de la academia y los actores educacionales en orden a la suspensión del SIMCE.

El SIMCE no ha demostrado tener efectos positivos sobre la calidad y la equidad. Muy por el contrario, sus consecuencias negativas en términos pedagógicos, de condiciones de trabajo de los docentes y de segregación han sido ampliamente documentadas por la investigación de los últimos 10 años. Si ya no se entiende por qué se continúa con esta evaluación en general, más inexplicable resulta apelar a su utilidad en un contexto como el actual.

Considerando lo que genera en las comunidades escolares en términos de agobio, estrés y distorsión de sus actividades, este anuncio resulta insensible y vuelve a reflejar la necesidad de que los gestores de política conozcan la realidad de las escuelas y empaticen con ella. El retorno a clases presenciales deberá ser un periodo de reencuentro, contención emocional, reconstrucción de seguridades y relaciones. En términos educacionales, de recuperación y nivelación.

Vale la pena recordar que la aplicación de esta prueba tiene un presupuesto asignado de más de 18 mil millones de pesos. Dado el contexto nacional, las rebajas presupuestarias ya realizadas por el Mineduc y lo evidentemente innecesario de su aplicación, no resultan explicables ni justificables. Por ello invitamos al gobierno a redestinar dichos recursos a objetivos que tengan mayor urgencia y utilidad para mejorar efectivamente la educación de nuestro país.

Finalmente, queremos recordar que se ha solicitado en distintas oportunidades al Ministerio de Educación, y frente a diversas medidas que resultan cuestionables, a abrir espacios de diálogo para recibir los aportes y opiniones de organizaciones, especialistas, académicos y comunidades escolares a través de una mesa amplia que entregue propuestas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Lamentamos profundamente la negativa que se ha dado a esta idea, por lo que invitamos a los distintos actores sociales del sector a auto convocarnos y formar una instancia amplia que pueda entregar propuestas concretas al Ministerio de Educación, opinión pública y ciudadanía.

Firman:

Senadora Yasna Provoste

Diputada Cristina Girardi

Diputado Rodrigo Gonzalez

Diputada Camila Vallejo

Diputada Camila Rojas

Diputado Juan Santana

Senador Juan Ignacio Latorre

Senador Guido Girardi

Senador Carlos Montes

Senador Jaime Quintana

Colegio de Profesoras y Profesores de Chile

Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública (EVEP)

Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Centre UC para la Transformación Educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Mesa Social Educación Chile (MeSECh)

Coordinador de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)

Organización, unidos por la educación (Liceos Emblemáticos y Escuelas Básicas) Dra. Teresa Florez Petour, Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile.

Víctor Orellana Calderón, Fundación Nodo XXI

Iván Salinas Barrios, Fundación Nodo XXI

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La opinión del magisterio comunista

El profesorado, entre otras responsabilidades profesionales, por excelencia es un evaluador. Su quehacer obliga a la constante revisión de la marcha del proceso en sus estudiantes; desde la observación de la actividad o un instrumento de medición dirigido a los objetivos de aprendizajes del momento, es para obtener información para las correcciones que seguramente se necesitan para el siguiente momento del proceso. Del mismo modo, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) debiera ser la fuente de información para el mejoramiento en los aspectos deficitarios, que en los hechos, no ocurre, se ha transformado en una fuente para la justificación de despidos de docentes, en la amenaza constante de cierre de escuelas y liceos, estigmatizando negativamente a la Educación Pública y favoreciendo la proliferación y mercadeo de quienes profitan de la educación privada. Bien sabemos del deterioro sostenido que tuvo la Educación Pública desde la instauración de la dictadura de Pinochet, que comienza con el traspaso de administración de los establecimientos públicos a las municipalidades desde el año 1981 (hasta el año 1987), perdiendo sólo por este hecho la cobertura pública medio millón de alumnos hacia el año 1990^[1], postura ideología que aún permanece presente en la derecha y que lo ejemplifica el concepto acuñado por el Piñera, donde la Educación es un bien de consumo.

En horas de esta mañana, y utilizando las redes sociales para conocimiento de las comunidades educativas, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció la aplicación de la prueba Simce 2020 a los estudiantes de 4° básico, 6° básico y 2do medio, debido a la importancia de los resultados que entrega la medición para mejoras del Sistema, asegurando que este proceso “tendrá un carácter diagnóstico sin consecuencias para las escuelas”. ¿Qué diagnóstico se espera en una situación de catástrofe sanitaria? ¿Qué respuesta se espera de la comunidad escolar en todos los territorios del país?.

Estamos en una situación donde los efectos del Covid-19 comienzan a sentirse con mayor intensidad en el sistema de salud, decretándose hoy cuarentena total para el Gran Santiago, y sin claridad de un retorno a clases bajo condiciones necesarias de salubridad. Asumiendo este complejo escenario sanitario, creemos que la tozudez del Ministro Figueroa de avanzar en la aplicación del SIMCE no responde a necesidades educativas para la implementación de mejoras al Sistema, sino que a obligaciones puramente económicas, como la elaboración, producción, aplicación, corrección y publicación de resultados. El presupuesto de 18 mil millones de pesos asignado para la aplicación del SIMCE este año, debiera tener otro destinatario, como por ejemplo abastecer de insumos a la red de salud pública del país o en mejorar la entrega de canastas familiares del programa JUNAEB. Asimismo, no hay certeza de que los resultados que arroje el SIMCE 2020 tengan un carácter de diagnóstico, sin consecuencias para las escuelas, puesto que la actitud ministerial del último tiempo ha sido contradictoria y errática, a la hora de establecer acciones concretas que beneficien a las comunidades escolares frente a la Pandemia.

Como Profesores/as y Dirigentes/as de Magisterio Comunista hemos denunciado desde el inicio de la aplicación del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, los efectos negativos que tienen este tipo de mediciones sobre la Educación Pública y que permiten el avance de la estandarización y el libre mercado en el sistema. Nuestro rechazo a este tipo de evaluaciones, que no buscan medir la calidad y equidad del sistema escolar, sino que establecer criterios de selección y rankings de los establecimientos, se fundamenta en los hechos a partir de la lamentable situación han sufrido con el cierre 416 establecimientos educativos el último año. El Sistema Escolar Público, puesto en primer lugar como aseguramiento de una calidad educativa, debe administrarse por el Estado a través del aceleramiento de los traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLE), y ciertamente se requieren de mediciones que permitan conocer el estado de la educación del país, pero sobre la base de una evaluación formativa, cuya información sea recibida por las escuelas y liceos para el desarrollo de instancias de retroalimentación y mejoras continuas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, involucrando a toda la comunidad escolar.

La excepcionalidad de este año escolar requiere que las medidas que busque adoptar el Ministerio de Educación cuente con la participación de Los/as Trabajadores/as de la Educación, puesto que son ellos/as y sus familias quienes se ven afectados con este tipo de medidas que agudizan el agobio y el estrés provocado por la pandemia. Nosotros continuaremos demandando el derecho a la Educación para todas y todos, garantizada en una Nueva Constitución para Chile.

COMISIÓN NACIONAL MAGISTERIO COMUNISTA

[1] Manuel Riesco, “La crítica a la Educación Chilena”, CEME, Pág. 6

“Supongamos que tú asumes como Presidente/a de Chile en este momento, ¿Cuáles serían tus 3 primeras medidas?”, “¿Cómo financiarías esas y tus futuras medidas?”.
Éstas y otras, son algunas de las preguntas que realizó el proyecto independiente “La propuesta de Chile”, estudio que ha buscado dar forma a los contenidos de las demandas emanadas en el estallido social: https://lapropuestadechile.cl/quienessomos/
En entrevista, conversamos con Tomás Prado, uno de los precursores de la investigación.

Considerando la significativa brecha digital, la complejidad burocrática para la adquisición de derechos de propiedad y que solo el 20% de los proyectos artísticos es seleccionado por FONDART, los artistas escénicos en la voz de Eduardo Luna, buscan abolir el trabajo en negro en el arte y dejar atrás una política competitiva que no reconoce su labor como trabajadoras y trabajadores que aportan de manera estable al Producto Interno Bruto del país.

Escucha Mutis por el Foro, todos los martes a las 16:15 hrs. junto a Javiera Larraín y Richard Sandoval.

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, acusó una doble intencionalidad del gobierno al resituar políticas neoliberales para aumentar las ganancias de las grandes empresas en el contexto de crisis sanitaria.

En su diagnóstico, desde un inicio el ejecutivo ha impulsado medidas que desatienden la protección del empleo y los ingresos de los trabajadores para así resguardar las utilidades del sector empresarial.

Asimismo, el dirigente del Partido Comunista sostuvo que el gobierno ha actuado con clasismo y exclusión al optar por mantener activos a los trabajadores de comunas populares.

Marcos Barraza dijo que se requiere un abordaje multidimensional de la crisis sanitaria para efectos de proteger fuentes laborales, en paralelo a extender medidas de prevención del virus.

El exministro de Estado añadió que el gobierno debiese impulsar una política fiscal más agresiva desde el punto de vista del gasto social, para invertir en costos  asociados a la protección integral de las personas.

Marcos Barraza criticó que Sebastián Piñera insista en que no hay recursos para una mayor deuda pública y en cambio optara por pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional, generando mayores intereses a la banca privada.

El economista Iván Vuskovic analizó el impacto que tendrá en Chile la “histórica” contracción económica de un 7,7% pronosticada por la Comisión Europea para la eurozona en 2020, debido a la crisis de la pandemia del Coronavirus.

Tras crecer un 1,2% en 2019, el PIB de las 19 economías del euro en su conjunto se contraerá un 7,7% en el presente año, antes de volver a crecer en 2021 al 6,3%, según la Comisión Europea, que prevé una caída dos décimas mayores que el Fondo Monetario Internacional.

Iván Vuskovic dijo que Chile se verá particularmente golpeado por ser una economía abierta, además de uno de los principales clientes de las exportaciones extranjeras.

El economista explicó que la economía chilena está atravesando un fuerte déficit comercial que no se experimentaba hace muchos años, pues habrá menos posibilidades de vender lo producido localmente.

Iván Vuskovic aclaró que la única manera de superar estas dificultades es mediante la reactivación del mercado interno por la vía de un mayor aporte fiscal a las familias de menores ingresos.

El profesional añadió que el déficit comercial se podría reducir a medida que se promueva la producción local, cuyo desarrollo se ve muy limitado a causa del modelo de desarrollo chileno.

El economista Iván Vuskovic señaló que el discurso al emprendimiento no se condice con las dificultades que presenta la producción local, y las facilidades que ha dado el gobierno a las grandes cadenas productivas para posicionarse en este contexto de pandemia.

Organizaciones de funcionarios del Instituto  Nacional de DD.HH. se manifestaron en contra del rol que ha tenido el director Sergio Micco a cargo del organismo, así como de los dichos de este último condicionando al cumplimiento de deberes el ejercicio DD.HH. causando un profundo daño a la institución.

Mauricio Carrasco, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de DD.HH del INDH, señaló que han iniciado un proceso de movilización en protesta por el actuar negligente y contrario a la doctrina y enfoque de derechos humanos que ha tenido Sergio Micco desde que inició su gestión.

El dirigente de los trabajadores del INDH denunció que a raíz de expresiones poco afortunadas como las hechas por Sergio Micco en El Mercurio donde cuestionó el valor de los DD.HH., luego debieron los funcionarios salir una y otra vez a desmentir estas expresiones, lo cual resulta carece de toda lógica, enfatizó.

Mauricio Carrasco reveló que un estudio reciente de la Universidad Diego Portales informó que ni Sergio Micco ni el consejero electo Cristian Partuzé, vinculado a la Derecha, cuentan con la idoneidad suficiente para integrar el  órgano ejecutivo del Instituto Nacional de DD.HH.

Del mismo modo el investigador del Instituto  Nacional de D.D.H.H , acusó al su actual director de diluir la responsabilidad que le cabe a este Gobierno en los atropellos ocasionados a la ciudadanía en el marco del estallido social, al aprobar normas  tan absurdas como es la denominada ley anti barricadas.

En una declaración pública la Asociación Nacional de Funcionarios del INDH, solicitaron la renuncia inmediata del director Sergio Micco, por considerar que carece de formación y competencias técnicas para el ejercicio del cargo, y por su comportamiento negligente y contrario a la doctrina y enfoque de los derechos humanos.