La posición de la Izquierda Cristiana sobre la reforma a la ley 19.974 Sobre inteligencia del Estado.
Podemos caracterizar el presente momento como aquel en que recrudece la pandemia COVID 19, lo que obliga al gobierno a decretar la cuarentena total en Santiago, con un retraso de 54 días de acuerdo a la sugerencia de los expertos.
Cuando la preocupación del gobierno debería estar puesta en dar respuestas efectivas a los graves problemas de empleo y de subsistencia diaria de una gran mayoría de la población, cuando la ocupación de los hospitales llega a sus puntos críticos en todo el país, cuando, que duda cabe, todas las prioridades del Estado deben concentrarse en el combate de la pandemia y de sus perniciosas secuelas sanitarias, sociales, económicas y culturales, es en ese contexto que, el Presidente Piñera reflota un proyecto de 13 de noviembre de 2018 que “Moderniza el Sistema Nacional de Inteligencia”, y que propone modificaciones a la ley 19.974, éste ya ha pasado su primer trámite constitucional en el Senado (un dato muy relevante: no ha obtenido ni un voto en contra, sólo una abstención) y ahora inició el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y al que el día 12 de mayo de 2020 el gobierno le pusiera suma urgencia.
El proyecto lo que hace es redefinir el Sistema de Inteligencia del Estado, crea un Consejo Asesor, crea el cargo de Subdirector para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), entrega el diseño de una estrategia Nacional de Inteligencia para los próximos cuatro años al director de la ANI con la aprobación del Presidente, incorpora en tareas de inteligencia a las FFAA y de orden y seguridad, entrega los objetivos y la conducción de la inteligencia policial a sus mandos superiores y lo más relevante es que retoma la idea del enemigo interno en los objetivos de la inteligencia, ya no sólo se piensa en los enemigos externos, como es hasta hoy.
Cuatro son los gravísimas disposiciones que contiene este proyecto, que se convertirá en ley de ser aprobado por la cámara de Diputados:
Primero, reestablece la Doctrina de la Seguridad Nacional, en la figura del enemigo interno, si bien explícitamente no está dicho, se desprende de todas las modificaciones que propone (parece obvio, que quienes van a definir quien es este enemigo interno será por una parte el consejo asesor y por otra el plan nacional de inteligencia elaborado por el director de la ANI).
Segundo, la incorporación de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas a las tareas de inteligencia de grupos nacionales.
En tercer lugar, el proyecto de ley propone trabas al control democrático por parte de la cámara de Diputados, ya que establece que las Diputados/as miembros de la comisión de Inteligencia del Estado, solo podrán citar con el acuerdo de 2/3 de sus miembros en ejercicio al Director de la ANI a dar cuenta de las acciones de la agencia, en simple, a través de un veto de la minoría, habrá la posibilidad de cierta impunidad y objetivamente la imposibilidad para fiscalizar a la ANI.
Finalmente, la absoluta ausencia en el proyecto de cualquier referencia al debido respeto de los derechos humanos, en el desarrollo de las tareas de inteligencia, lo que debiera ir en consonancia con las obligaciones del Estado con el derecho internacional de los derechos humanos.
No nos parece liviano señalar que el gobierno del Presidente Piñera lo que intenta es consolidar su política represiva y de control en contra de los movimientos sociales, las organizaciones de los pueblos indígenas y los partidos más progresistas, criminalizándonos y convirtiéndonos en potenciales peligros para la seguridad de nuestro país, por el solo hecho de soñar y proponer un Chile con bases económicas, sociales, políticas y culturales lejanas al capitalismo.
Lo que ha hecho, no es otra cosa que un intento por reposicionar la tristemente celebre Doctrina de la Seguridad Nacional con su historia de sistemática violación de derechos humanos.
Recordemos que La Doctrina de Seguridad Nacional es una macroteoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares. Por ello sirvió para “legitimar” el nuevo militarismo surgido en los años sesenta en América Latina. La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de las organizaciones sociales, políticas y religiosas que ponían de manifiesto las desigualdades sociales y que promovían el socialismo.
La Doctrina de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano para militarizar el concepto de seguridad, al ubicar el componente militar en el centro de la sociedad, trascendiendo las funciones castrenses, la Doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región.
El convertir al adversario político en enemigo es, sin lugar a dudas, un grave peligro para el respeto de los derechos humanos.
El cambio político y militar contemporáneo más importante a nivel profesional fue la sustitución del viejo profesionalismo de “defensa externa”, por el nuevo profesionalismo de “la seguridad interna y el desarrollo nacional”. Se justificaba, asi, el golpe militar y la instauracion del terrorismo de Estado como sistema de accion política. Este terrorismo logra no solo identificar y destruir al enemigo actual, y disuadir a los enemigos potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridad personal es función inevitable y obligada de su incondicionalidad frente al modelo. Así, en esta guerra antisubversiva se dió prioridad al componente psicológico mediante la labor de inteligencia. Para ella se copiaron las instituciones estadounidenses del Estado de Seguridad Nacional diseñadas con este propósito, en particular las de “inteligencia”, Los servicios de inteligencia se militarizaron, y fueron ubicados, al igual que en el sistema nazi, por encima de la jerarquía que le corresponde en la organizacion institucional tradicional. De este modo, los metodos psicológicos, como la persecucion, el hostigamiento, la detencion arbitraria, la tortura y la desaparición, fueron prioritarios en esta guerra “irregular”. Reproducir esta doctrina entraña los peligros descritos. Hay suficientes antecedentes como para creer que de aprobarse el proyecto en discusión, se consolidará la búsqueda del control social y la derrota, por el terror y la desmovilización, del movimiento social.
Estas políticas del Estado y de su agentes no nos resultan tan lejanas si pensamos en la acción concertada y criminal con que enfrentó la revuelta social de 18 de octubre de 2019.
Sin embargo, hoy la tarea de dominar no les resultará fácil, cuando hay un pueblo movilizado, consciente y dispuesto a la lucha no violenta y a la desobediencia civil, por una vida más digna, cuando hay un pueblo con la convicción que hará valer su condición de soberano.
Ven-seremos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.
FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, VALENTINA CASTRO, JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA.
Valparaíso, 17 de mayo de 2020.
La derecha reaccionaria está buscando sacar del parlamento al Diputado comunista Hugo Gutiérrez. Ha recurrido al Tribunal Constitucional, un ente parte de la institucionalidad política vigente, severamente desprestigiado y carente de legitimidad popular y sin representación democrática.
