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Aumenta preocupación por situación de presos políticos mapuche y violencia racial en La Araucanía

El violento desalojo de cinco municipios de La Araucanía por fuerzas policiales, con la participación de grupos civiles organizados bajo consignas manifiestas de odio racial anti mapuche la noche del 1 y la madrugada del 2 de agosto, marca un hito crítico en el ya largo conflicto inter étnico e inter cultural que se vive en esa zona.

La ocupación pacífica de cinco municipios de la región por personas y organizaciones mapuche en días previos a su desalojo, buscaba visibilizar su demanda por la aplicación de un tratado internacional ratificado por Chile –el Convenio 169 de la OIT– que dispone que cuando se imponen sanciones penales a los miembros de pueblos indígenas, se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

Ello, en el contexto de una huelga de hambre de condenados y procesados mapuche que se prolonga en algunos casos por más de 90 días, quienes, en el marco de la pandemia, demandan la adopción de un reglamento carcelario para la población indígena acorde con dicho convenio, así como el cumplimiento de condenas dentro de sus comunidades. A Esto se sumó en las últimas horas el desalojo de la municipalidad Tirúa que había sido también ocupada como forma de visibilización de la causa mapuche y sus presos políticos.

Para el encargado de Pueblo Originarios del Partido Comunista, Luis Catrileo, el conflicto en La Araucanía se ha venido intensificando, debido a la postura autoritaria del ministro del interior, Víctor Pérez, y la permanencia de los herederos de movimientos fascistas en La Araucanía.

 

En ese sentido, Luis Catrileo denunció la persecución y judicialización al pueblo mapuche, enmarcada en una discriminación racial histórica, por parte del aparato estatal.

 

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión de desarrollo social, Boris Barrera, manifestó su preocupación frente a la condición riesgosa de salud en que se encuentra el machi Celestino Córdova, y los otros huelguistas de Angol.

 

Boris Barrera añadió que Víctor Pérez es quien ha desatado la violencia racista en la octava región, a partir de su discurso, afirmando que no hay presos políticos en Chile.

 

A su vez, la exministra de Estado, Claudia Pascual, denunció que el ministro del interior, Víctor Pérez, busca polarizar políticamente el conflicto en La Araucanía, promoviendo el enfrentamiento entre civiles y la comunidad indígena.

 

La dirigenta PC, Claudia Pascual, afirmó que la orden civil de desalojo se enmarca en una acción simbólica del ministro del interior para ratificar su postura a favor del terrorismo de Estado, como lo ha venido haciendo desde la Dictadura.

 

Cabe consignar que los hechos de violencia racial ocurrieron un día después que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, visitara la región de La Araucanía negándose a hablar con los presos mapuche en huelga de hambre e instando a los autoridades edilicias a desalojar los municipios ocupados, desalojo que en última instancia fue solicitado por la respectiva Gobernación, que depende de dicho ministerio.

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