El  marco del  Foro Latinoamérica  de D.D.H.H que se está llevando a cabo en nuestra capital, el exjuez español  Baltasar Garzón se refirió a lo ocurrido en Chile a partir del estallido social del 18 de octubre pasado, considerando que  las protestas han dejado al menos 27 muertos y un total de 3.649 heridos, según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El exmagistrado fue figura central del FOLADH y se reunió además con organizaciones de familiares de víctimas de la represión política tanto en dictadura como durante el estallido social, también concurrió  a plaza de la dignidad el viernes 24, cuando se cumplían 100 días de protestas y fue testigo presencial de la represión policial en el lugar.

Para el abogado y jurista ibérico es lamentable  que pese a los graves sucesos que afectaron a los manifestantes, la justicia y las autoridades políticas no hayan tenido una actitud más decisiva  para sancionar estos hechos.

Baltasar Garzón  consideró preocupante  que  luego de 100 días de represión y violencia policial, ningún uniformado haya tenido una condena efectiva tras la imputación de estos sucesos.

Respecto a la posibilidad de reunirse con personeros de gobierno, el jurista español Baltasar Garzón, señalo que si bien no ha existido ningún contacto, descartó de plano cualquier contacto con quien no responde a la defensa de las víctimas de la represión, enfatizó.

Finalmente Baltasar Garzón -juez español que logró el procesamiento y detención en Londres del Dictador Pinochet, abogó porque los hechos sean investigados, “pero con la condición” de que si no se da una respuesta desde el propio país “sí puede haber una exigencia internacional ante crímenes que claramente trascienden lo que es el ámbito territorial” de una nación.

Abogad@s junto a organizaciones de derechos humanos y dirigentes sociales solidarizaron con el diputado Hugo Gutiérrez mediante una carta de rechazo al Tribunal Constitucional, luego de que el organismo admitiera a tramitación el requerimiento de Chile Vamos, solicitando el cese del cargo del legislador comunista.

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, denunció que este requerimiento obedece a una persecución política sin fundamentos de parte de un tribunal deslegitimado.

Julia Urquieta consideró inaceptable que un supra poder como el Tribunal Constitucional tenga la posibilidad de destituir a un parlamentario, pasando a llevar el veredicto popular de quienes lo eligieron.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, acusó una política de acosamiento contra el diputado Gutiérrez, debido a la lucha que el abogado ha mantenido por décadas en defensa de los Derechos Humanos.

Alicia Lira destacó que Hugo Gutiérrez ha marcado un precedente al no reconocer legitimidad alguna al Tribunal Constitucional, optando por defenderse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, afirmó que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un cuarto poder del Estado, lo cual atenta contra la democracia y los avances sociales en materia legislativa.

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La carta

Señora

María Luisa Brahm Barril

Presidenta

Tribunal Constitucional

Presente

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, abogados de derechos humanos, diputados, profesionales, artistas y dirigentes en general, expresamos lo siguiente:

1.- Nuestro rechazo al requerimiento presentado ante este Tribunal Constitucional por Diputados/as de derecha, en contra del Honorable Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez y que este Tribunal, sorprendentemente ha admitido a trámite.

2.- Que producto de años de lucha del pueblo chileno, hemos conquistado el derecho y reconocimiento de la libertad de expresión y el derecho a la protesta social. Junto a estos derechos fundamentales, consideramos que el principio rector de cualquier democracia, es la voluntad popular expresada en las elecciones libres e informadas. Sin embargo, aún no tenemos una democracia real y verdadera manteniéndose los enclaves dictatoriales en la institucionalidad vigente y todas las esferas de la sociedad chilena. ante lo cual la ciudadanía se ha manifestado por una nueva Constitución.

3.- Que nos parece inexplicable, que el pleno del Tribunal Constitucional admita a  trámite un requerimiento en contra del Diputado Hugo Gutiérrez, cuando ya con anterioridad en la causa Rol 7724-2019, había declarado inadmisible este requerimiento fundado en los mismos hechos, presentado por parte de los Diputados Jorge Alessandri y Celso Morales que se repiten en la actual presentación.

4.- Que el Tribunal Constitucional en los considerandos 21º, 23º y 27º de la resolución que declaró inadmisible el requerimiento anterior Rol 7724-2019, ya se pronunció respecto a los mismos argumentos y supuestos alegados que hoy resultan resueltos en forma contraria.

5.- Que el cambio en apenas dos meses del razonamiento del mismo Tribunal Constitucional no hace menos que prever la existencia de presiones y decisiones tomadas con criterios políticos y no jurídicos constitucionales, de una instancia cuyos fallos han sido permanentemente rechazados por la ciudadanía por su falta de imparcialidad.

6.- Ante lo anterior, manifestamos nuestro profundo rechazo al actuar discriminatorio y político del Tribunal Constitucional y su rol de garante de la antidemocrática Constitución de 1980, transgrediendo la voluntad popular expresada democráticamente por los ciudadanos que han elegido reiteradamente en elecciones populares al Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez a quien le expresamos toda nuestra solidaridad y lo acompañaremos en todas las instancias que sean necesarias.

Santiago, 24 de enero 2020

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, valoró que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional presentada por la oposición contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

El analista y dirigente PC afirmó que tanto Guevara como Piñera y sus ministros tienen responsabilidades políticas en las violaciones de Derechos Humanos en Chile, las cuales se han producido por la vulneración sistemática del derecho constitucional a reunión pacífica.

Juan Andrés Lagos aclaró que quienes se abstuvieron de votar la acusación contra Guevara son los mismos sectores de derecha y centro-izquierda que han aprobado la agenda criminalizadora del gobierno.

El dirigente comunista confirmó el fracaso del sistema presidencialista, pues ha permitido a Sebastián Piñera pasar por encima de la soberanía del país, resguardándose en el Parlamento para imponer sus leyes.

A juicio del analista, lo que está haciendo Piñera es arrastrar al Parlamento hacia una crisis sin retorno, al enviar proyectos de ley sin ningún diálogo previo con el movimiento social.

Juan Andrés Lagos concluyó que la crisis social está fuertemente marcada por el fracaso del régimen presidencialista y de la institucionalidad pinochetista en su conjunto.

Por 74 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención, se aprobó en la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional contra el Intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social vivida por el país. Asimismo, por 74 votos a favor, los parlamentarios y parlamentarias definieron a los tres diputados que sostendrán la acusación ante el Senado, definiendo para ello a la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien estuvo también a cargo este jueves de sostener el libelo en la Cámara; y a los diputados Diego Ibáñez (CS) y Jaime Naranjo (PS).

Sobre esta nueva designación, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda señaló que se hará presente en el Senado el próximo 3 de febrero, y para ello estudiará en términos mucho más acuciosos la defensa que hicieron los dos abogados del Intendente, y como contrarrestar dichos argumentos.

Consultada por las palabras de la autoridad y en particular del ministro del Interior, que calificaron de “injusta” la acusación constitucional, la parlamentaria regionalista recalcó hubiese esperado del Ejecutivo una actitud quizás más humilde frente a lo que ha ocurrido con miles de familias que han debido enfrentar la violación de sus derechos humanos.

Alejandra Sepúlveda adelantó que su argumentación a favor de acusar al Intendente  Guevara se enfocará en una mayor   lectura de los tratados internacionales, sobre todo en el tema del copamiento y cómo esos tratados plantean que esta práctica represiva, no es una herramienta que se pueda utilizar.

En tanto, el diputado Diego Ibáñez –otro de los legisladores que sostendrá eta acusación en el Senado, expresó que esta situación refleja una ausencia de conducción  de Sebastián Piñera, así como el conflicto  permanente de su gobierno con normas dictadas por la propia Comisión Interamericana de D.D.H.H.

Señalar que el proceso ahora pasa al Senado, y, en tanto, el Intendente quedará suspendido en sus funciones desde este momento, acto que cesará solo si la Cámara alta desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los treinta días siguientes.

Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, valoró que el Senado haya modificado sustantivamente el proyecto de reforma tributaria que fue aprobado en tercer trámite por la Cámara este miércoles.

Insunza recordó que la propuesta inicial incorporaba la reintegración tributaria, junto con debilitar las capacidades fiscalizadores del servicio de impuestos internos.

Carlos Insunza explicó que lo que hizo el Senado fue incrementar levemente la recaudación de impuestos para responder a demandas sociales, sin embargo a su juicio, sigue siendo un proyecto insuficiente desde el punto de vista regulatorio.

El dirigente de la ANEF aclaró que se podría recaudar cuatro veces más de impuestos anuales por la vía de franquicias y extensiones que ocupa el 1% más rico de la población.

Carlos Insunza concluyó que el proyecto de reforma tributaria presenta pequeños avances, respecto a la propuesta inicial, pero en ningún caso es suficiente para financiar los derechos sociales que la ciudadanía exige.

Finalmente, Insunza afirmó que esta iniciativa no constituye una respuesta real a las exigencias del país, en cuanto a financiamiento de una verdadera agenda social sostenible en el tiempo de manera estructural..

Desde el Comando “Apruebo Chile Digno” que aglutina  a los partidos Progresista, Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Izquierda Libertaria, Igualdad  más el movimiento Walmapuwen e independientes, se manifestaron expectantes a la campaña en pos de aprobar un cambio en la Constitución de Pinochet mediante una Asamblea Constituyente .

Así lo expresó el vicepresidente del PRO, Ricardo Godoy, afirmando que este proceso constituyente implica también una transformación, política, cultural y social para el país.

El dirigente de la coalición “Unidad para el Cambio”, enfatizó que uno de los principales  desafíos de este nuevo referente en pos de una renovada Constitución, es romper la idea cupular que se tiene de la política, abriendo espacios de participación y dialogo democrático.

Ricardo Godoy sostuvo que no es sorprendente la actitud virulenta de la Derecha en contra de este proceso constituyente, pues  corresponde a un discurso sostenido durante estos 30 años de democracia

Consignar que desde esta Coordinación “Apruebo Chile Digno” abogan por un Chile plurinacional, feminista, democrático, libertario, ecologista y soberano. Asimismo, defienden una nueva Carta Magna que “promueva un modelo de desarrollo sustentable, solidario, regionalista, comunitario, democrático, participativo, y que garantice el buen vivir para todas y todos”.

Finalmente, el vicepresidente del PRO, Ricardo Godoy, señaló que esta articulación de la campaña “Apruebo por un Chile Digno”  puede integrar otras fuerzas políticas y ciudadanas, que coincidan en el diagnostico general,  que es sin duda cambiar la Constitución  de la Dictadura.

La iniciativa no consiguió el quórum que requería, “por el rechazo de diputados que incluso habiendo firmado el proyecto, luego sucumbieron a las presiones del gobierno que no quiere voto obligatorio para el próximo plebiscito”, señaló Esteban Velásquez uno de los autores del proyecto.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez y Jaime Mulet, calificaron de lamentable el rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional que buscaba reinstalar el sufragio obligatorio en las elecciones populares, por no alcanzar la aprobación de su articulado, y del cual eran autores.

Al respecto, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, señaló que “cuando decidimos presentar uno de los dos proyectos para que se restableciera el voto obligatorio, lo hicimos como una forma de contribuir a estas propias demandas que tiene la ciudadanía, que en diversas encuestas ciudadanas han manifestado que más del 80% ha solicitado que el voto una vez más sea obligatorio, y por cierto que nos parece lamentable que hoy día se haya rechazado particularmente porque la parlamentarios de gobierno, han votado en contra y no han permitido mayor participación en este sistema democrático en que las instituciones están bastante deslegitimadas”.

“No puede ser que algunos parlamentarios incluso firmaron el proyecto, lo presentaron y después votaron en contra, esas contradicciones hoy día no son respetables. Nosotros fuimos testigos de cómo el ministro Ward particularmente y el gobierno mandó mensajes a los parlamentarios de su propio sector, ¿al temor de qué?. Si lo que nos interesa es dar todos los instrumentos para que participen los ciudadanos y ciudadanas, y nos parecía que así como pagamos impuestos, se respetan las leyes del tránsito y una serie de obligaciones que tenemos como ciudadanos, también correspondía con el voto”.

Por su parte, el diputado por la Región de Atacama, Jaime Mulet, señaló que “claro que es lamentable, nosotros somos partidarios del voto obligatorio, pues vimos como el ejercicio que se hizo durante estos años con el voto voluntario no fue un buen ejercicio, agudizó el alejamiento que hay de la ciudadanía a la política, y en ese sentido, creo que el voto obligatorio era un camino más para invitar a la ciudadanía a también participar. No sólo porque obliga a la gente a participar, sino porque también le permite, por último, ejercer un voto nulo o votar, en fin, da la alternativa, pero lo obliga a participar. Siempre ha sido un tema discutible y complejo, pero había una mayoría, sin embargo el quórum de los 3/5 no se logró, y faltaron apenas 5 votos”, concluyó.