(Por: Sergio Reyes Tapia / Editor general de prensa / Radio Nuevo Mundo). Llama la atención que en las últimas semanas se diera el caso de la irrupción en el debate público de la esposa de Piñera, Cecilia Morel.

Cecilia Morel ha manifestado su interés para incidir en las acciones de políticas públicas del gobierno y que no han logrado mayormente el interés de la ciudadanía como son las contra reformas tributaria y laboral, pero que sí tienen intereses gravitantes para el sector socio-económico que ella y su marido representan.

Efectivamente, la esposa del presidente concluye, junto a éste, que se debe independizar, a través de decretos, el debate ético-público de cualquier ser colectivo o del pueblo representado en el Congreso Nacional, dejando de esta forma en el abandono a la gran mayoría de la población, y sólo buscando acreditar las promesas de campaña que benefician a su clase social.

Concluyendo de esta forma que los muros de la pobreza participativa ciudadana se levantarán aún más alto, para que la población no permita observar sus propios intereses de clase, es decir, Cecilia Morel junto a Piñera, se revalorizan a sí mismos quedando el debate público sólo en el espacio individual; por tanto, existe una nueva revalorización de sí mismos, y no revalorización del mundo ciudadano popular.

Lo anterior se posibilitó ante la falta de identidad, y la espectacularización de lo que hacen públicamente sus ministros, quienes no han logrado estar a la altura de las exigencias ciudadanas y sociales.

La desesperada acción de Cecilia Morel evidencia que los ministros de Piñera no han tenido la capacidad de desarrollar las políticas públicas encomendadas, y no lo logran por las constantes contradicciones que levanta una y otra vez Piñera al ver como empeora en las encuestas.

Así, y ante la incapacidad del gobierno, Cecilia Morel desde el espacio de actor social popular se ha ido transformando en un actor  institucional que defiende las privaciones que desde el gobierno se ejecutan en contra de los trabajadores en general.

Al igual que Piñera, Cecilia Morel nos explicita una vida sobre abundante de sentidos y contradicciones negativas en el propio seno de su gobierno, y que no logran asentar y comprender los espacios de participación ciudadana.

Por otra parte, encontramos en los discursos de Morel un rechazo al espacio público de la oposición, fragmentando los valores de la mayoría de los vecinos, los que le dieron el mandato a los parlamentarios para fiscalizar al gobierno de Piñera.

Morel y Piñera han caído en el descrédito, ya que no han logrado, a pesar de los años de experiencia, poner sus responsabilidades finales al servicio de la población, y no de intereses industriales transnacionales.

Piñera-Morel no nos abren las puertas al debate público, al contrario, sus intereses golpean sus convicciones últimas para beneficios institucionales, porque de esta forma manifiestan su verdad final, ante que el desarrollo de espacios colectivos.

Claro que sí, Piñera y Morel deben expresar sus convicciones políticas porque están en su derecho y en espacios de privilegio social, político, económico, comunicacional entre otros, y eso es lo que hace finalmente Morel, expresa su verdad, y que es contraria al interés de la gran mayoría de la población que ve que sus pensiones y jubilaciones no se reajustarán porque Piñera, su esposo, ha rebajado los impuestos a los más ricos, incluido él.

Max Weber nos habló en su política como vocación, que en esta condición moderna es exigencia principal la ética de la responsabilidad.

Morel no está atenta a las consecuencias de su espacio de valor, de responsabilidad y de convicción, lo que hace es tratar de intervenir directamente en las decisiones y opiniones de la población, pero estableciendo desde qué términos del discurso político deben los demás fijarse para emitir sus juicios en contra del adversario: Una oposición antipatriota y obstruccionista; el mismo discurso de Piñera.

Sergio Reyes Tapia es periodista y editor general de prensa en radio Nuevo Mundo

El secretario general del partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró que la opinión pública instale con visibilidad el abuso que cometen las Isapres mediante el alza indiscriminada de sus planes de salud que pretenden implementar los próximos meses.

El dirigente político repudió que el modelo económico instale el lucro, transformando el derecho a salud en una mercancía.

A juicio de Lautaro Carmona, el Estado debe consagrar la salud como un derecho universal vinculado a la calidad de vida de la población, frente a cualquier patología o enfermedad.

El secretario general del Partido Comunista remarcó que la salud es un derecho humano, el cual debe ser garantizado por el Estado, a la par con los avances en materia de medicina e infraestructura.

Lautaro Carmona aclaró que el derecho a la salud está directamente vinculado al derecho a la vida, siendo ambos sistemáticamente vulnerados por la derecha a nivel mundial.

Organizaciones de trabajadores del transporte se reunieron en la Central Unitaria de Trabajadores con el fin de sumar su apoyo y llamar al Paro Nacional Activo de este 11 de abril. A juicio de los dirigentes el actual escenario de precariedad laboral y el anunciado proyecto de pensiones del gobierno son motivos más que suficientes para plegarse a las calles y movilizarse.

En primer término, el presidente de la federación de choferes de camiones de Chile, José Sandoval manifestó que existe un rechazo transversal a los proyectos de Sebastián Piñera, en particular la anunciada reforma previsional, pues a su juicio engaña a los trabajadores con un principio de beneficencia, pero que en la práctica no entrega hoy soluciones de fondo.

En representación de los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Lucrecia Flores expresó su legitima desconfianza con un gobierno que ha sido incapaz de cambiar un modelo de pensiones impuesto por la Dictadura y que en la actualidad obliga a los jóvenes a incorporarse a él, sólo con el objeto de engrosar las riquezas de las AFPs.

Desde la Confederación de Trabajadores Aeroportuarios de Chile su director Manuel Álvarez hizo un llamado a todo su gremio a sumarse a este paro nacional de este 11 de abril, ante un gobierno que no escucha las demandas vinculadas a la precarización del trabajo, reforma laboral, automatización y las AFPs.

Luis Higuera dirigente de DHL advirtió especialmente a los jóvenes que proyectos del oficialismo como el teletrabajo –el cual carece a su juicio, de condiciones mínimas de seguridad y salud laboral, no resultan positivos ni generan ninguna conveniencia, que no sea para los grandes empresarios y el gobierno, enfatizó.

A nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, su vicepresidenta Amalia Pereira junto con agradecer el apoyo de los dirigentes del transporte a esta movilización del 11 de abril, insistió que cuando organismos internacionales como la OIT conmina al Estado de Chile a asegurar empleos decentes y de calidad, no se refiere a la precariedad laboral que ofrece Sebastián Piñera con sus fallidos “Tiempos Mejores”, aseveró.

Los dirigentes del transporte justificaron su apoyo a este Paro Nacional Activo de este 11 de abril a raíz de  una política de creciente demagogia de este gobierno, quien arremete con un modelo neoliberal que se nutre del trabajo y el ahorro de los trabajadores, sosteniendo  un modelo previsional deficiente e injusto, además la burla que representa la irrupción de los supuestos medidores inteligentes y la precarización que significa el tele trabajo y el empleo joven, todas iniciativas que representan un gesto de sumisión al gran empresariado, concluyeron.

Jefas y jefes de bancadas fijaron líneas de acción para un trabajo coordinado y avanzar en la profundización de los derechos sociales. “La oposición avanza hacia una mejor coordinación” se titula el documento que este martes firmaron los jefes y jefas de las bancadas opositoras de la Cámara de Diputados, en el que reafirman  su disposición a trabajar de manera más coordinada y comprometida con los intereses del país.

El documento fija 8 líneas de acción para impedir que “el Gobierno de Sebastián Piñera pueda generar retrocesos en el reconocimiento de derechos de las personas”.

“Asumimos la responsabilidad de que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados y Diputadas se traduzca en una herramienta a favor de la profundización de derechos sociales y protección de la ciudadanía” señala el documento.

En primer lugar, se comprometen a “construir una posición compartida en torno a la reforma al sistema de pensiones propuesta por el Gobierno, que asegure la ampliación del pilar solidario, el reforzamiento del rol del Estado y que no entregue ni un peso más a las AFP, si no que abramos paso al desarrollo de un auténtico sistema de seguridad social”.

En materia de reforma tributaria, se proponen impedir que “se lleven adelante modificaciones que reduzcan los recursos indispensables del Estado para abordar necesidades sociales crecientes”.

Tampoco aceptarán “ningún retroceso a la Ley de Inclusión, que devuelva la segregación, afectando el derecho de las familias para elegir el establecimiento escolar de sus hijos e hijas, sin importar su condición socioeconómica”.

En el punto 4 del acuerdo, las bancadas señalan que están dispuestos a “construir acuerdos mínimos frente a la agenda laboral, sobre la base del fortalecimiento de la organización sindical y la negociación colectiva y evitando la precarización de los derechos de los trabajadores”.

En otros puntos, señalan que ejercerán la  mayoría parlamentaria para que el Congreso abra espacios institucionales de diálogo con los Pueblos Indígenas; responder al populismo y demagogia legislativa del Gobierno con la promoción de un debate político riguroso; legislar a favor del combate a la delincuencia, con medidas integrales y efectivas y apoyar aquellas iniciativas que busquen una verdadera Descentralización.

El jefe de la bancada PC, Boris Barrera, afirmó que “esta es una importante partida de las nuevas jefaturas de las bancadas de oposición que llegamos a concretar lo que habíamos  acordado, que era sacar un documento con algunas ideas mínimas en cuanto a la coordinación”.

Frente a los proyectos del gobierno en materia de reforma previsional, tributaria, control de identidad e inclusión, Barrera afirmó que “como oposición vamos a actuar en bloque y eso es lo relevante. Si lo vamos a aprobar o rechazar, esa es una decisión que finalmente vamos a hacer en bloque”.

El documento fue firmado por los jefe y jefas de las bancadas Manuel Monsalve, PS; Gabriel Ascencio, DC; Andrea Parra, PPD; Diego Ibáñez, Convergencia FA; Boris Barrera, PC; Alejandra Sepúlveda, Frente Regionalista Verde y Social; Pablo Vidal, Revolución Democrática; Alexis Sepúlveda, PR, Vlado Mirosevic,  Partido Liberal y Claudia Mix,  Comunes FA.

Con preocupación miran desde la comunidad magallánica la reciente visita de los reyes de Noruega a la zona, pues ven tras este aparente traslado turístico la intención de generar un lobby para instalar empresas salmoneras noruegas en nuestro país, tal como ha ocurrido en Argentina y más recientemente en la zona de Chiloé, generando un impacto altamente negativo en el ecosistema marino.

Así lo expresó el presidente regional del partido Comunista de Magallanes, Dalivor Eterovic, señalando que el rechazo a esta visita tiene que ver no sólo con los monarcas europeos y los actos de sumisión con que el alcalde de Punta Arenas les entregó las llaves de la ciudad, sino además con la comitiva de empresarios que los acompañan- mayoritariamente del rubro salmonero, interesados en enriquecerse a costa de los recursos naturales de Magallanes.

El timonel local del partido Comunista y ex Core de Magallanes, denunció que tras esta visita de los reyes noruegos se esconde un lobby feroz de las empresas de este país europeo por incrementar su producción de salmones en nuestro país a un menor costo y sin ningún tipo de restricciones ambientales, amparados en la libertad que les entrega este gobierno.

Sobre las externalidades que pueden surgir tras esta arremetida de estas firmas salmoneras en Magallanes, Dalivor Eterovic comentó que en Noruega los costos económicos y las exigencias ambientales en la producción pesquera son altas, motivo por el que se trasladan a Chile aprovechando la escasa protección ecológica, dañando el ecosistema marino, efecto que no es compensado de manera alguna por los escasos puestos de trabajo que puedan generarse en esta industria.

Finalmente, el presidente regional del partido Comunista de Magallanes, Dalivor Eterovic. lamentó que en una zona cuya aguas han sido declaradas patrimonio ambiental de la UNESCO, Piñera y su gobierno pongan a disposición de los grandes empresas nacionales y foráneos los beneficios económicos y la institucionalidad ambiental para intervenir y dañar lugares que cuentan con un paisaje y una riqueza marina incalculable, los mismos que hoy se encuentran en peligro, concluyó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está siendo objeto de ataques “terroristas brutales” y constantes desde el 7 de marzo con el fin de destruir al país.

Según informó el líder venezolano, a objeto de combatir esta guerra eléctrica, inmediatamente ordenó que se pusieran en marcha los pertinentes trabajos de recuperación con científicos, ingenieros y hackers para liberar el cerebro del SEN que fue penetrado por virus desde Estados Unidos.

Además, Nicolás Maduro indicó que los ataques efectuados contra las líneas de transmisión fueron una combinación de “elementos electromagnéticos y elementos de infiltración.

El mandatario venezolano acusó a “la oposición golpista” de estar detrás de estos sabotajes eléctricos para “generar violencia y caos” en el país caribeño.

De hecho, recordó que ya en su día cuando una vez restablecido el correcto suministro de electricidad en el país tras los primeros ataques cibernéticos, aviso del plan opositor para desestabilizar Venezuela.

En su alocución, el líder chavista comunicó a la nación que su Ejecutivo aprobó un plan de administración de carga para los próximos 30 días y llamó a todas las cuadrillas de paz a resguardar las calles de Venezuela.

El diputado Socialista, Leonardo Soto, anunció que su partido va a rechazar el proyecto de control preventivo de identidad a jóvenes desde los 14 años, paralelamente a realizar una propuesta para combatir el problema de la delincuencia.

El parlamentario argumentó que la iniciativa del Gobierno es absolutamente desorientada en materia de seguridad ciudadana, además de no contar con el respaldo necesario.

Leonardo Soto explicó que el control preventivo es una desviación muy grande de recursos humanos y financieros, siendo ésta una de las principales causas por las cuales se mantienen los niveles de delincuencia en Chile.

El diputado socialista añadió que controlar a menores de edad es una actividad de bajo impacto en el control de la delincuencia juvenil, ya que Carabineros va a priorizar su realización, en vez de dedicarse a perseguir bandas criminales.

El diputado Leonardo Soto llamó a fortalecer el control investigativo, el cual opera cuando hay pruebas de que la persona estaba disponiéndose a cometer una falta o delito.

(Por Juan Gajardo López / miembro Comisión Política PC de Chile). En el año durante el cual el gobierno está obligado a hacer cursar su agenda legislativa, hizo un llamado a los presidentes de los partidos de la oposición a negociar en La Moneda. Esto en un clima marcado por el pesimismo de los agentes económicos ante la escasa probabilidad de un repunte económico significativo, cual fue la demagógica promesa de campaña del actual presidente; a lo cual se suma que en todas las encuestas se verifica un incremento en los niveles de desaprobación del gobierno, incluido Piñera y agreguemos  el fracaso de su incursión en política internacional, donde esperaba lograr aprobación ciudadana, dada la chabacanería que primó en su Prosur y sus invitados encabezados por Bolsonaro.

Obviemos y no porque carezca de importancia, lo impropio de los canales por los cuales se intentó “informar” al presidente de nuestro Partido de esta “invitación”, para buscar precisar cuál es el sentido de este movimiento político gubernamental. No se trata de aquellos diálogos de “unidad nacional” de principios de gobierno, al cual se sintió convocada una ralea de personeros. Tampoco se puede aducir la ausencia de canales de comunicación, porque todo gobierno los tiene partiendo por los institucionales (hay un ministerio especializado en esos menesteres). Lo a tratar tampoco está referido a temas que amenacen la integridad del Estado, la república o la nación. Lo cierto es que al gobierno lo que le interesa es aprobar en el parlamento SUS proyectos.

Entonces lo a discutir es si se vuelven a “integrar” los impuestos, lo que en lo práctico se traduce, tal como lo precisó una amplia mesa de expertos de todos los partidos de oposición, que una ínfima minoría retiene para sí una cantidad significativa de recursos y para mitigar esa pérdida el gobierno propone más impuestos indirectos, que afectan a toda la gente o, lo a discutir son ajustes al sistema tributario que no invaliden un mínimo sentido de redistribución de recursos. Situación similar es con la reforma previsional, en la cual el gobierno enmascara su voluntad de seguir fortaleciendo las AFP inyectándoles más recursos de los trabajadores, uniéndolas al fondo solidario que tiene un sentido opuesto y que permite pensiones mínimas de sobrevivencia, a cargo del Estado, para los sectores más precarizados. Podríamos seguir abundando en ejemplos, pero el caso es que todo lo a negociar debe hacerse con transparencia, explicando a la ciudadanía el porqué de las definiciones que cada cual tome. Y ese espacio es el Congreso en sus dos cámaras.

Sin duda cada fuerza política es responsable de sus decisiones, pero cuando los comunistas decidimos no ir a La Moneda, estábamos diciendo que.no nos prestamos para juegos de corte, que jamás hemos rechazado el diálogo y la negociación, pero no estamos disponibles para aprobar proyectos de ley que vulneran o atentan contra los intereses de las mayorías. Optamos por el movimiento popular y sus reivindicaciones , que se expresan día a día en las calles de nuestro país.

Directivas del PRO y el PC junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el nuevo presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, Alejandro Navarro, se reunieron en la antesala del viaje del parlamentario a Ginebra para el examen de Chile ante el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.

En la cita los dirigentes le hicieron notar al parlamentario el grave incumplimiento del Estado en cuanto a acatar las normas internacionales que sancionan esta práctica de exterminio y obliga a la consecución de la justicia y la verdad.

En el marco de esta reunión, el senador Alejandro Navarro adelantó que solicitará tanto a la subsecretaría de DD.HH, como a los familiares de las víctimas de la dictadura, un registro acucioso e informado de la desaparición forzada en nuestro país, para de esta manera informar de manera clara y categórica de esta situación en Ginebra.

En tanto la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, quien concurrió junto a Marta Vega, advirtió que el Estado de Chile no ha cumplido de manera eficaz las convenciones internacionales en contra de la desaparición forzada, pues pese a existir muchos casos de víctimas de esta modalidad de exterminio a nivel nacional,los nombres de los condenados se repiten recibiendo penas exiguas en relación a la gravedad de los crímenes ejecutados.

Desde el partido Comunista, su secretario general, Lautaro Carmona, valoró el gesto del senador Navarro al tomar especial atención a la experiencia e inquietudes de los partidos políticos, pero especialmente de las organizaciones de DD.HH en un ámbito tan relevante como es rendir examen sobre la situación de las desapariciones forzadas en nuestro país ante entidades internacionales.

Del mismo modo, el presidente del PRO Camilo Lagos, enfatizó que frente a un gobierno como el de Sebastián Piñera que relativiza y construye shows mediáticos en el ámbito de los DD.HH, es relevante que los partidos progresistas y de Izquierda se tomen en serio este tema y colaboren para que se conozca la realidad que se ha vivido en nuestro país ante el genocidio de Estado.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro tomó nota acerca de las observaciones  hechas por las y los dirigentes políticos  , entre las cuales se cuentan la necesidad de terminar con el uso de la figura del secuestro permanente como forma de disminuir las penas de los criminales de lesa humanidad , eliminar todo efecto de la amnistía que impida la persecución penal por terrorismo de Estado y revisar la situación de los reos de Punta Peuco quienes cuentan con enormes privilegios en relaciona  los reos comunes, entre otros puntos consignados en la reunión.